Lo que genera preocupación es que Mario Andrés Urán no es funcionario de la Supersalud, ni contratista, y no está relacionado con la interventoría designada por el gobierno nacional. Además, Caracol Radio reveló que poseía varios correos electrónicos que demostrarían la injerencia de Urán en las postulaciones de pagos de las EPS intervenidas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de estos procesos.
Un correo fechado el 16 de julio de 2024, enviado por Edgar Zamudio Pulido, vicepresidente financiero de EMSSANAR EPS, a Mario Andrés Urán, muestra una comunicación inquietante. En este correo, que se envía a una dirección institucional de Coosalud, Zamudio adjunta un archivo de postulación de pagos para clínicas y EPS, indicando: “Buena tarde Dr. Mario, adjunto la postulación final de junio para julio después del ajuste enviado por la ADRES”. Posteriormente, el 25 de julio a las 7:08 pm, Zamudio envía otro correo a Urán, en el que anexa un documento Excel de pagos y certificaciones, lo que refuerza la sospecha de su implicación en la gestión de pagos dentro de EMSSANAR EPS. (*)
Un correo fechado el 14 de junio de 2024, enviado por Lida Milena Arbeláez, vicepresidenta financiera de ASMET SALUD EPS, a Mario Andrés Urán, envía una postulación de pagos a clínicas y hospitales por giro directo, adjuntando la cuenta maestra y los presupuestos máximos del régimen subsidiado y contributivo. Dos días después, el 16 de julio de 2024, a las 8:26 am, Lida Milena vuelve a contactar a Urán, enviándole el reporte de giro directo y la postulación de pagos antes de que fueran remitidos a la Superintendencia, lo que sugiere su implicación directa en el proceso de autorización de pagos. (*)
Cito: “Caracol Radio puso en conocimiento de esta situación al Superintendente de Salud. Confirmó que no conoce al señor Mario Andrés Urán y que ese personaje no tiene ningún vínculo con la Superintendencia y no se sabe cuál es su interés” (*) Se ha iniciado una indagación al respecto, tomaron copias de los discos duros de los computadores de las directivas de las tres EPS involucradas. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido un mes y cuatro días desde que se conocieron estas irregularidades, los interventores continúan en sus cargos,
Tras el anuncio de la salida del superintendente de salud Luis Carlos Leal, la entidad emitió un comunicado en el que se ratificaron los indicios de posible injerencia de Mario Andrés Urán en la gestión de recursos de la salud en varias EPS. El comunicado enfatizó que se habían encontrado irregularidades significativas, como la presunta confabulación de Urán para (1) direccionar contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, (2) la concentración injustificada de pagos en determinadas IPS, sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud,(3) pago a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores generando sobrecostos en la intervención.(4) Solicitud de autorización previa por parte de los interventores al señor Mario Andrés Urán para la postulación de los giros directos de los recursos. (5) Favorecimiento de unos laboratorios y marcas especificas a través de un plan de compra presuntamente direccionado por el señor Mario Andrés Urán con Indira Ocando y Tony Negrette. (6) Solicitud de perfilamiento a funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, atentando contra su seguridad, integridad física y mental, además de interferir en sus funciones dentro de la entidad. (**)
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, se destaca que los interventores de las EPS intervenidas no fueron destituidos, lo cual suscita preocupación sobre la efectividad del control y vigilancia del sistema de la salud. La Superintendencia anunció que los archivos recopilados se enviarían a la fiscalía general de la Nación para que se investiguen las pruebas obtenidas, pero la permanencia de los interventores en sus cargos plantea preguntas sobre la voluntad de la entidad para abordar la corrupción y proteger los recursos destinados a la salud pública.
Los interventores son designados exclusivamente por el Superintendente Nacional de Salud, por lo que la responsabilidad política de su nombramiento recae únicamente en él, según la confianza que les otorgue. Así lo afirma para la revista cambio.
Desde esta discrecionalidad, el Superintendente puede remover a los interventores y solicitar su renuncia para liberar esos espacios. Cabe destacar que el actual Superintendente ya había removido, de manera discrecional, a los interventores que encontró en ASMETSALUD y en EMSSANAR y nombró a quienes actualmente cumplen con esa función en dichas EPS. Los interventores son agentes especiales y no se declaran insubsistentes; se remueven por las causales definidas en el acto administrativo, incluida la discrecionalidad (Resolución 2599 de 2016, Artículo 23). (***)
La confianza es esencial en cualquier relación social, y su erosión representa una traición a los principios éticos que deberían guiar a los funcionarios públicos. Primero fue desmantelar la estrategia de PQRS, que llevó al aumento de las tutelas, eliminando un canal vital de participación ciudadana, con ello la superintendencia de salud traicionó el concepto de “contrato social, “en el que la legitimidad del poder deriva de representar y servir al pueblo. Al actuar en contra del respeto al derecho y desestimar las preocupaciones de la ciudadanía, se rompen la confianza fundamental para el funcionamiento de una democracia. Segundo, para construir un sistema de salud justo, no basta con hacer denuncias o señalar culpables; es necesario una postura firme contra la corrupción, sin importar su procedencia. El compromiso debe ser con la integridad y la transparencia, rechazando contundentemente cualquier forma de desvío de recursos o abuso de poder. La sociedad que hoy exige cambios y resultados merece una respuesta basada en una ética inquebrantable
La desilusión frente al fracaso moral de las EPS intervenidas deja una huella profunda en la conciencia social, pero no apaga el deseo colectivo de cambio. La indignación ante estos actos impulsa a la sociedad a persistir en la lucha por construir un país más justo que rechaza la impunidad y aspira a un sistema de salud digno y libre de corrupción.
La inacción del exsuperintendente, que solo se pronuncia tras la presión mediática y su renuncia, pone de manifiesto un patrón de irresponsabilidad y falta de compromiso con la integridad del sistema. La corrupción no debe ser tolerada, y es fundamental que quienes ocupan cargos de autoridad actúen con determinación y ética.
Pero más allá de todo esto, se deja en evidencia que en este sistema de salud implementado con la ley 100 desde 1993 ha sido terreno fértil para la corrupción, la cual solo ahora comienza a salir a la luz en toda su magnitud. Este panorama expone prácticas que han desviado recursos y afectado la calidad de la atención, mostrando la urgencia casi obligatoria de una reforma estructural que garantice la transparencia. Sin cambios profundos, el sistema continuará perpetuando las mismas fallas que hoy salen a relucir.
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(***) “Articulo 23 remoción del agente interventor, liquidador o contralor. En caso de comprobar incompetencia , no acatamiento de los lineamientos fijados por la Superintendencia Nacional de Salud , mala evaluación en el desempeño de sus funciones, incumplimiento de sus deberes o funciones, retardo injustificado en el cumplimiento de sus deberes, reportes negativos a las centrales de información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico , de cualquier agente liquidador, interventor o contralor, el mismo podrá ser removido de su cargo por el Superintendente Nacional de Salud, en cualquier momento , en decisión discrecional.”
Ana Maria Soleibe Mejía, Médica, presidenta Federación Médica Colombiana
Foto tomada de: Infobae
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