De manera pragmática el Ministerio de Hacienda ha tomado la decisión de recortar, aunque la reorientación del gasto sacrifique las metas de ministerios que durante el 2024 recibieron generosos recursos. La reducción del gasto está motivada, principalmente, por la ineficiencia de las carteras correspondientes. A pesar de que hay recortes sustantivos, el presupuesto del 2025 continúa siendo mayor que el del 2024, y estos cambios no amplían el margen para responder por la creciente deuda, que en el 2025 tendrá niveles históricamente altos.
Es una lástima que las prioridades del gobierno se vayan al traste por la incapacidad de ejecución. La tabla es diciente. Las dos primeras columnas comparan, en miles de millones de pesos corrientes, los presupuestos del 2024 y del 2025. La tercera columna presenta, en términos porcentuales, las variaciones entre los dos años. Las entidades se han ordenado, de mayor a menor, de acuerdo con el porcentaje de la reducción.
Entre los dos años los cambios son significativos. De acuerdo con las prioridades definidas en el plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el sector agrícola es fundamental, y por esta razón en el 2024 se le asignó un presupuesto considerable de $9,2 billones. Pero como la ejecución ha sido muy baja, en el presupuesto del 2025 el monto se redujo a $5 b. La caída sería de ‑45,33%. Esta modificación es preocupante, porque la modernización del sector agropecuario es una prioridad del Plan de Desarrollo.
En el capítulo Derecho Humano a la Alimentación se diseñan los mecanismos que permiten consolidar la productividad y la competitividad del sector agropecuario. El principal instrumento es el catastro multipropósito. Al final de esta administración se debe llegar al 70% de cobertura del catastro, cobijando a 660 municipios.
El catastro es la pieza central para consolidar la reforma agraria, porque pone en evidencia la asimetría que actualmente existe entre la vocación y el uso del suelo. Además, la actualización del catastro se expresa, inmediatamente, en un aumento de los ingresos de los municipios. En algunos municipios, gracias a la actualización, el recaudo por predial se ha duplicado.
La disminución de los recursos del Ministerio de Agricultura afecta el desarrollo de proyectos estratégicos de agroindustria que sean suficientemente atractivos para que los pequeños campesinos abandonen la coca y la minería ilegal. Estos dineros también son necesarios para mejorar la productividad y la competitividad del agro, ya que actualmente el país está importando, cada año, 12 millones de toneladas de alimentos. Desde otra perspectiva, los programas agrarios son la concreción de los acuerdos de La Habana, así que la inversión rural favorece la consolidación de la paz.
La segunda reducción importante corresponde a la inclusión social. El presupuesto pasó de $15,1 b. a $10 b. Una disminución de ‑33,7%. Es relevante la baja de los recursos del Departamento de Protección Social que pasan de $10,7 b. a $5,6 b. El gobierno ha insistido en la importancia de la renta ciudadana, pero continúan presentándose numerosos errores de inclusión. Es decir, reciben subsidios quienes no deberían porque sus ingresos son relativamente altos. En el Plan de Desarrollo se aprobó el registro universal de ingresos (RUI) que permitirá eliminar la estratificación, el Sisbén y formularios como los de Familias en Acción. Gracias al RUI se tendrá un instrumento confiable para diferenciar a los hogares que deben pagar impuestos, y los que no tienen capacidad de pago y tendrían que recibir subsidios.
El gasto destinado a tecnología de la información baja de $4 b. a $2,6 b. El cambio es de ‑32,75%. La pandemia puso en evidencia la brecha profunda que existe en materia el uso de internet, y la disposición de computadores. Los menores recursos hacen más lento el proceso de cierre de brechas.
Es significativa la disminución de los recursos que maneja el Ministerio de Hacienda. Se pasó de $52,3 b. a $36,7 b.. Una caída de ‑29,93%. La destinación de estos dineros no es precisa porque Hacienda tiene que contar con recursos disponibles para responder a urgencias e imprevisto. Esta reducción es una forma de ajuste del balance fiscal.
La disminución del presupuesto de vivienda se reflejará en un debilitamiento de la actividad económica, ya que este sector tiene encadenamientos hacia delante y hacia atrás que permiten dinamizar otros sectores de la economía. El presupuesto pasa de $9,7 b. a $8,6 b.
Los recursos para las actividades mineras bajan de $12,5 b. a $11,2 b., y esta reducción no favorece la relevancia que le ha dado el gobierno a la transición energética.
Por el lado positivo, se observan aumentos importantes en defensa (de $37,7 b. a $41,7 b.), educación (de $70,4 b. a $79,2 b.), justicia (de $9,1 b. a $10,3 b.) y trabajo (de $44,3 b. a $53,4 b.) El crecimiento de este último tiene que ver con los compromisos pensionales. El gobierno insiste en priorizar la educación, sobre todo la universitaria, técnica y tecnológica.
Estos cambios en el presupuesto, que corresponden a modificaciones importantes en las prioridades del gobierno, no logran reducir el gasto y ampliar el espacio para pagar el servicio de la deuda que en el 2025 será de $112,6 b., una cifra altísima, que obliga a restringir la inversión pública y a realizar ajustes adicionales en el gasto. La ley de financiamiento que presentó el gobierno al Congreso no tiene buen ambiente y probablemente no se aprobará. Así que vendrán reducciones adicionales.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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