Garay y Espitia identifican 4 problemas históricos en el sistema tributario colombiano, no ha sido progresivo, equitativo y eficiente, dado que no grava de manera adecuada a los ricos y super ricos; en segundo lugar es un sistema que es muy complejo, opaco, poco transparente ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales, sin evaluación de un costo beneficio de estas medidas, presenta tratos diferenciales sin justificación social y económica en términos de beneficios productivos para el país, como por ejemplo el hecho de que el impuesto de renta del sector de la agricultura como la caza y la pesca, sea similar al de la minería. En resumen, es un sistema que está regido por una economía política de exclusión social, favoreciendo intereses poderosos a costa del interés público y colectivo.
Esto se superó parcialmente con la propuesta de reforma tributaria del gobierno del Presidente Gustavo Petro en el año 2022, que tenía como propósito avanzar en un recaudo por 30 billones de pesos, no obstante en el trámite parlamentario esto se redujo a 20 billones de pesos, y en un fallo de la Corte Constitucional después de una demanda en el cual, de manera absurda y vulnerando su propia jurisprudencia, se recortaron 6 billones de pesos de recaudo, permitiendo a las empresas extractivistas deducir los impuestos de las regalías.
Esta situación se sumó a la debilidad de las finanzas públicas que encontró el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, con un déficit del fondo de estabilización de los combustibles por 37 billones de pesos, en cuanto al servicio de la deuda externa se pagaron este año alrededor de 95 billones, el anterior 75 billones, el próximo año tendrían que pagarse 112 billones, en donde más de la mitad son sólo intereses, la mayoría de estos adquiridos en la pandemia a intereses muy altos, esto sumado a un bajo grado de inversión en el año 2021.
El gráfico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestra la estructura del presupuesto general de la nación, y el peso del servicio de la deuda externa y el pago de sus intereses.
Para solventar esta difícil situación, el gobierno presentó un proyecto de ley de financiamiento, que permitía recaudar recursos que permitieran ajustar el presupuesto del año 2025, que presentaba una desfinanciación en 12 billones de pesos. Para la adquisición de los mismos se presentó una ley de financiamiento que tenía como objetivo avanzar en la reactivación económica, en la adaptación al cambio climático y fortalecer la fiscalización, bajo los principios de equidad, progresividad y eficiencia.
Para la adaptación al cambio climático se propuso el incremento del impuesto al carbono, que en Colombia se encuentra por debajo de los estándares internacionales, se propuso pasar de 25 mil por tonelada a 75 mil, lo que generaría un recaudo adicional de 1,3 billones de pesos. También se propusieron beneficios fiscales para energías limpias, otra medida importante contenida en el proyecto de ley era la deducción del 50% en impuesto de renta por inversión en energías renovables y la exención del IVA para equipos de energía limpia, bajo la justificación ambiental, social y económica de avanzar en la transición energética.
En cuanto al fortalecimiento de la fiscalización, se le aplicaría el 19% del IVA a los juegos de azar en línea, con un recaudo de 2 billones de pesos, se propuso un cambio en el impuesto al patrimonio que implica una bajada del umbral de 72,000 UVT (aproximadamente 3.000 millones de pesos) a 40,000 UVT (1,700 millones de pesos), lo que excluía la vivienda principal y genera impulso a la productividad gravando activos improductivos.
En cuanto a la reactivación económica, algunas de las medidas estimadas era la reducción gradual de la tarifa de renta corporativa hasta el 27,3%, lo cual beneficiaría a 563.705 empresas pequeñas y medianas para mejorar su capacidad de inversión. Se propuso la exclusión del IVA para servicios turísticos en municipios con menos de 200,000 habitantes, lo que generaría un aumento de turistas e ingresos en 1,089 municipios. También se contempló la modalidad de Préstamos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para mejoras en viviendas.
A todas luces, la ley de financiamiento iba en el sentido correcto poniendo el énfasis en la reactivación económica, la transición energética, y recaudando recursos para la inversión social, sin debatir si quiera la ponencia, se hundió esta iniciativa en el Congreso de la República, con esto se afectó la posibilidad de subsidiar la energía a las poblaciones más vulnerables del país, afectaron al pequeño y mediano empresario que podría mejorar la inversión, obstruyeron un instrumento fiscal para impulsar la transición energética y el mejoramiento de vivienda. Todo esto por el único objetivo de la mezquindad política de obstruir al gobierno de Gustavo Petro, sin importar si se afecta a la gente y a la economía del país.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra.
Foto tomada de: Presidencia de la República
Este artículo de la próxima Presidente de Colombia nos indica el alto conocimiento que ella tiene sobre los fundamentales problemas del país que tiene que solucionar dándole continuación al proceso de Cambio iniciado por nuestro Presidente Petro. Este es el siglo de las mujeres del pueblo al poder. Jorge Camilo Moreno. Barranquilla. Colombia.