1. Examinar el gasto
Las dificultades fiscales del 2024 estuvieron acompañadas de un bajo nivel de gasto. Algunas entidades ni siquiera lograron ejecutar el 50% del presupuesto. Es significativa, por ejemplo, la débil ejecución del Ministerio de Agricultura, y del Departamento de la Prosperidad Social.
En el plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, se le dio prioridad al sector agrícola. Y, en consecuencia, en el 2024 se le asignó un presupuesto sin precedentes, de $9,2 billones. En vista de los bajos niveles de ejecución, en el presupuesto del 2025 el monto se redujo a $5 billones. También vale la pena destacar lo que sucedió con los recursos destinados a la inclusión social. Entre el 2024 y el 2025 el presupuesto se redujo de $15,1 billones a $10 billones. Y, de manera más específica en el caso del Departamento de Protección Social el presupuesto pasó de $10,7 billones a $5,6 billones. Estas caídas pueden ser mayores, ya que en el cónclave del gobierno que se tuvo esta semana, se propuso una reducción más drástica del gasto.
El menor gasto es la oportunidad para reflexionar sobre la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Es evidente la ausencia de proyectos estratégicos, y por esta razón la inversión se dispersa en proyectos pequeños sin impacto significativo. Es clara, además, la falta de coordinación entre los ministerios, y entre éstos y los gobiernos locales (municipios y departamentos). Este panorama lleva a una atomización, que debilita la incidencia del gasto.
Es conveniente, entonces, poner en práctica el presupuesto por programa, como fue definido en el plan de desarrollo. La definición de programas con un horizonte de mediano y largo plazo obliga a que haya concurrencia de fuentes, con una visión que supera los enfoques puramente coyunturales.
2. Flexibilizar la política monetaria
La política monetaria se tiene que flexibilizar. La tasa de interés de política monetaria, que ahora es de 9,50% continúa muy alta. La inflación ha ido cediendo, y no se justifica continuar con intereses tan altos. La autoridad monetaria continúa negando la llamada “tasa de sacrificio”. En la errada opinión del Banco de la República, el crecimiento de la economía y el empleo no se afectan con las altas tasas de interés. Por tanto, la política monetaria restrictiva no conlleva ningún “sacrificio”. Esta mirada es equivocada. El crecimiento de la economía podría haber sido mayor con una tasa de interés más baja. La reducción de la inflación por la vía de elevadas tasas de interés tiene efectos perversos en la actividad económica y en el empleo.
Ahora que llegan dos nuevos miembros a la Junta del Banco de la República es posible que la política monetaria se flexibilice, y que se armonice con el empleo y la producción. Además, esta coordinación entre los mundos real y monetario es una disposición legal, y es de la esencia de la normatividad del Banco de la República.
3. Discutir la regla fiscal
La fracasada ley de financiamiento, ya comenzaba a abrir espacios para discutir los alcances de la regla fiscal. Allí se introdujo la regla fiscal verde. El principio básico es sencillo: las inversiones en activos ambientales, que estén debidamente certificadas, no se deben incluir en la contabilidad del déficit fiscal primario.
Es importante que la discusión continúe, sobre todo después de la COP 16. Como los recursos disponibles para conservar la biodiversidad son tan limitados, es fundamental ampliar las fuentes de financiación. Además de la regla fiscal verde se deben estimular otros mecanismos como la compra-venta de bonos, o la sustitución de deuda por inversiones que contribuyan a la adaptación y a la mitigación climática.
4. Definir competencias de los gobiernos locales
Después de la aprobación del acto legislativo que modifica las transferencias del Sistema General de Participaciones, se impone la necesidad de definir competencias. El nuevo acto legislativo busca que, de manera progresiva, el porcentaje de transferencias a los municipios y departamentos, con respecto a los ingresos corrientes, suba al 39,5%. El porcentaje actual está en 23,8%. En la norma no se definen las competencias porque éstas se determinarán en una ley posterior.
La primera tarea para definir competencias y distribución de recursos es la clasificación de los municipios. Al modificar las competencias se tendrán que revisar la ley 715 de 2001 y la ley 1176 de 2007. También es importante reflexionar sobre los alcances de las leyes 142 y 143 de 1994. Esta tarea es urgente y se debe llevar a cabo en el 2025. El asunto es neurálgico para el futuro de la descentralización.
5. Estimular el mercado interno y la reindustrialización
El Conpes 4129 de 2023 fija el derrotero de la reindustrialización. Se busca ir abandonando de manera progresiva la dependencia del petróleo y de minerales como el carbón. Aunque se ha ido avanzando en algunos sectores, como la agroindustria y el turismo, todavía se está lejos de la consolidación de una dinámica industrial que, adicionalmente, esté soportada en tecnologías limpias.
En el Conpes se proponen cuatro áreas estratégicas: i) la transición energética justa; ii) la agroindustria y la soberanía alimentaria; iii) la reindustrialización a partir del sector de la salud y iv) reindustrialización a partir del sector de la defensa para la vida.
En el campo la tarea más importante es el catastro multipropósito, que es la condición básica para la modernización del sector agropecuario. En el plan de desarrollo se puso la meta ambiciosa de actualizar el catastro de 660 municipios. El proceso va lento porque se han presentado enormes dificultades.
Y, finalmente, la consolidación del mercado interno se logra gracias al desarrollo de la infraestructura. En el plan de desarrollo se destaca la relevancia de la conexión férrea y fluvial, además del modo carretero. Los atrasos del país son evidentes.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Valora Analitik
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