“Sin la profundización de la participación popular en la vida nacional-cultural, no hay cambio. Tenemos que recuperar la noción de que la política consiste en ampliar las capacidades populares, las capacidades de la gente corriente”.
Gabriel Winant
Después de 29 meses de ejercicio de gobierno progresista ha llegado la hora de hacer un serio balance tanto de las realizaciones concretas y sus contenidos (transformadores o no) como de las formas (tradicionales o no) como se ha intentado gobernar este complejo y conflictivo país. Se trata de identificar con la mayor precisión si el “Cambio” propuesto por el presidente Petro está abriéndose camino en la sociedad y el pueblo colombiano, o hasta ahora han sido intentos, amagues y anuncios frustrados, que no han tenido mayor concreción práctica. Y así, analizar a conciencia, cuáles son las causas de una u otra situación y, avizorar cómo ello influirá en el devenir político y electoral, que de alguna manera ya se inició y se desarrollará en el año 2025.
Punto de arranque
Antes de avanzar es importante recordar cómo el progresismo y las izquierdas llegaron al gobierno. De acuerdo a nuestra visión, en lo fundamental, se presentó una continuidad con el proceso que se formó en el gobierno de Santos (2010-2018) que denomino “alianza interclasista por la paz”, y que había sido interrumpido por el gobierno de Duque (2018-2022).
Desde un principio estaba claro que se llegó al gobierno pero que el Poder seguía en manos de la oligarquía financiera y sus aliados, dado que controlan la economía y, en ese momento, monopolizaban los demás órganos del Estado a pesar de que pregonan la división de poderes en el Estado colombiano y el sistema de pesos y contrapesos. Hoy no tienen control total sobre la fiscalía, procuraduría y defensoría del pueblo, lo cual es un avance para las fuerzas progresistas y para la sociedad en general.
Dicho proceso de paz de Santos hizo confluir a importantes sectores de la oligarquía financiera, empresarios nacionales, burguesía burocrática, burguesías emergentes de diferente tipo, y a los sectores populares (trabajadores formales e informales, campesinos, indígenas y afros). La meta y tarea de “conquistar la paz” unió a esa amplia franja de la sociedad.
Para la oligarquía y los “demócratas” de los EE.UU., el objetivo principal de desmovilizar y desarmar a las Farc era apropiarse e “invertir” en regiones estratégicas que esa guerrilla controlaba. Además, se impulsaron algunas reformas cosméticas a fin de atenuar el conflicto social. Así, colocaron sus líneas rojas en defensa del modelo de desarrollo económico existente y la continuidad de su Estado “democrático”. El reto para el pueblo era superar esa guerra manipulada por el gran capital y acumular fuerzas transformadoras hacia el futuro.
Los grandes terratenientes y los nuevos latifundistas que instrumentalizaron a la insurgencia para impulsar su “contrarreforma agraria armada”, despojando de sus tierras a cientos de miles de campesinos, se opusieron a ese “proceso de paz” en alianza con lo más reaccionario de las élites de los EE.UU., con el argumento de la amenaza comunista o el “castro-chavismo”. Y, con esa posición lograron influir en amplios sectores de la población que en las décadas anteriores fueron violentadas por las Farc en su dinámica “guerrerista”, que se degradó con el tiempo.
Así, el gobierno de Iván Duque fue elegido en 2018 debido a que Santos y las mismas Farc cometieron enormes errores (“demagogia pacifista”) que les dieron fuerza a las derechas para llegar nuevamente al gobierno y tratar de “hacer trizas la paz”. No obstante, algunos sectores de nuestro pueblo, especialmente, los jóvenes profesionales precariados de las ciudades, asumieron las banderas de la paz y con su acción de finales del año 2019, alimentaron el “estallido social” de 2021. Hoy están a la expectativa y un poco defraudados.
Luego del estallido social, Gustavo Petro se colocó al frente del pueblo para canalizar política y electoralmente lo sucedido con las protestas y movilizaciones sociales, pero debido a una serie de errores, especialmente la idealización de los jóvenes de la llamada “primera línea”, que se dejaron infiltrar de grupos armados de todo tipo y conducir a cometer actos violentos, el progresismo y las izquierdas no lograron encauzar plenamente la potencia y amplitud de esas protestas y se vieron obligadas a cederles terreno (“aliarse”) con los partidos tradicionales para poder elegir presidente.
Así, se rehízo la “alianza interclasista” pero en términos nuevos. Ahora es la burguesía burocrática la que se coloca al frente del bloque oligárquico para negociar con Petro y el progresismo, con la clara intención de detener, sabotear y/o ralentizar el proceso de cambio. Las izquierdas y las organizaciones sociales en este período se dedican a aprobar o aceptar las “jugadas” de Petro, dado que son conscientes que para ganar la presidencia era necesario “dividir a las derechas” y tratar de conformar una fuerte alianza parlamentaria mayoritaria.
Y así, se logra la elección de un presidente progresista y de izquierda que contaba con una minoritaria bancada parlamentaria del Pacto Histórico. En esa fase de elección y de posesión del nuevo presidente se pregonaba que se había constituido el llamado “frente amplio”, que en realidad nunca se concretó y unificó alrededor de un programa de gobierno y menos de una estructura organizativa. La “buena voluntad” y la acción sobre la marcha eran la constante de esa alianza interclasista e interpartidaria.
En ese “frente amplio”, que nunca fue “frente” y si, muy “amplio”, se cuadraron para la foto, la izquierda tradicional y el progresismo petrista; los verdes, liberales y conservadores; y toda clase de trepadores y arribistas, entre ellos, gentes que habían sido “uribistas” como Roy Barreras y Armando Benedetti o “santistas” como Alfonso Prada y Mauricio Lizcano. Ellos y muchos otros hoy pelechan en el “gobierno del cambio” y aprovechan burocracia y contratos.
La pregunta que surge de este recordatorio tiene que ver no tanto de si fue conveniente realizar acuerdos con los partidos tradicionales para llegar a la cabeza del Ejecutivo, sino en cómo se ha manejado a ese “toro de lidia” (partidos tradicionales) a lo largo de estos dos (2) años largos. Si una vez “enlazada la bestia” se le ha ido apretando la cuerda para sacarlo de sus terrenos y costumbres o, por el contrario, se le ha cedido más de la cuenta. Lo abordaremos más adelante.
Las realizaciones del gobierno Petro
Los cinco (5) temas que concentran las realizaciones del gobierno progresista son: la política de paz, y dentro de ella, la reforma rural integral; las reformas sociales y políticas (salud, pensiones y laboral); la política económica y el cambio de matriz productiva y energética; la política social (subsidios y servicios públicos), y la política exterior.
En el proceso de paz, el principal logro después de ceses al fuego y tires y aflojes, ha sido develar ante la sociedad colombiana la descomposición política y organizativa de esos grupos armados. Todas esas “insurgencias” se han dividido en ese proceso de “paz total”, pero la situación de seguridad en el país sigue siendo crítica, con un aumento de la extorsión, reclutamiento de niños y adolescentes, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de líderes y lideresas en los territorios, principalmente, a manos de las llamadas “disidencias” (EMC) que han utilizado los acercamientos y diálogos para fortalecer su presencia en diversos territorios. Así mismo, el Clan del Golfo ha fortalecido y ampliado su control territorial en la Costa Caribe, Chocó, Antioquia y otras zonas estratégicas.
El aspecto a destacar, especialmente en reforma rural integral, ha sido la voluntad que ha mostrado el gobierno por dotar de tierras a los campesinos despojados y desplazados durante el conflicto armado, logrando acuerdos con los ganaderos (aunque la oferta de tierras ha sido limitada) y destinando importantes recursos para lograr tal propósito, pero, de acuerdo a la mayoría de dirigentes campesinos, la entrega de tierras todavía es más simbólica que real. El presidente habla de 440 mil has entregadas, pero la posesión real está lejos de esa cifra. Cabe destacar lo aprobado en jurisdicción agraria obtenida básicamente por la presión campesina y el apoyo de la bancada del Pacto Histórico.
En cuanto a las reformas sociales en salud, pensiones y laboral, que ha tenido como principal escenario al Congreso Nacional, los resultados son agridulces, más agrios que azucarados. En un primer momento se obtuvo la aprobación de la reforma tributaria y del plan nacional de desarrollo, pero luego, los avances legislativos han ido al ritmo que han colocado los partidos tradicionales, a veces, aliados con el Centro Democrático y Cambio Radical (derechas) para sabotear el trámite legislativo o presionar para obtener contratos y burocracia.
Hasta ahora la única reforma social que ha sido aprobada es la pensional. El logro de las mil semanas para las mujeres (proceso proyectado a varios años) y la ampliación del aporte de $80 mil a $223 mil para adultos mayores sin pensión, son aspectos a destacar, pero también es cierto que, se incluyeron puntos concertados con los fondos privados (capital financiero), que seguirán administrando parte de los recursos, podrán operar como entidades administradoras en el ahorro individual del pilar contributivo del nuevo sistema, y los aportes a pensión por encima de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes seguirán siendo administrados por ellos.
En cuanto a la reforma de la salud y la laboral, avanzan al ritmo que imponen los acuerdos burocráticos y los amagues que hacen todos los sectores interesados, y por el camino van quedando ministros “quemados” y acusados de tráfico de influencias. El pueblo, que debería estar presionando, ha sido parcialmente neutralizado con propaganda apocalíptica sobre la inconveniencia de ambas reformas (salud y laboral) y, aunque han existido importantes movilizaciones de apoyo, su fuerza no ha sido contundente. Algunos errores en su trámite, cometidos por ministros acelerados e intemperantes, han servido de excusa a los “aliados” para unirse con la oposición para sabotear el trámite normal de las reformas o para “hundirlas” como pasó con la reforma política (que propiamente no era del gobierno).
En el manejo de la economía, el gobierno Petro ha sido relativamente “juicioso” y “disciplinado”. Es consciente que en ese terreno debe lidiar con la “independencia” del Banco de la República y la supervisión de las calificadoras “internacionales” de riesgo, que están atentas a impedir cualquier tipo de medida que se salga de la ortodoxia neoliberal, y en especial, el respeto de la Regla Fiscal. En ello también están todas las cortes judiciales que defienden la “doctrina jurisprudencial” desarrollada en los últimos 34 años. Las experiencias de Ecuador y Bolivia son un buen referente para entender que romper con las dinámicas del gran capital no sólo depende de las fuerzas internas en cada país sino de la construcción de un bloque de países latinoamericanos y de un movimiento socio-político global que enfrente y rete ese poder.
En cuanto a las transformaciones del aparato productivo, la industrialización y el cambio de la matriz energética, han habido algunos anuncios relacionados con la economía popular y la democratización del crédito, pero en lo fundamental, no se observa una estrategia que se apoye con claridad y decisión en los sectores sociales y económicos que están interesados en esas políticas, como los pequeños y medianos empresarios y productores (especialmente agrarios) y el grueso de los profesionales precariados, que en su mayoría son “emprendedores” o subempleados. En este campo el gobierno progresista sigue atado, como los anteriores, a quienes tienen acceso al aparato productivo formal, cuando la mayor parte de la población es informal. Muchos de ellos están migrando hacia el mundo desarrollado porque no encuentran soluciones y oportunidades en nuestro país.
No obstante, hasta ahora, a pesar de los anuncios de crisis o apagones energéticos o financieros que pregonan las cabezas de los gremios empresariales, los exministros de hacienda y los medios de comunicación “prepagos”, el gobierno Petro ha reducido la inflación, el desempleo se mantiene por debajo del 10% y el crecimiento de la economía va en alza, aunque no lo suficiente para generar un amplio espíritu de optimismo. También ha ayudado la coyuntura internacional que ha disparado los precios del café y el cacao, que han contribuido con el aporte de la agricultura al PIB, al igual que las remesas que se envían desde el exterior. El sector del turismo también ha contribuido al crecimiento económico.
Una de las principales propuestas del presidente Petro giran en torno a una política social adecuada para cerrar las brechas socioeconómicas y alcanzar una sociedad más justa y menos desigual. No obstante, en esta materia las realizaciones han sido bastante limitadas. Los cambios que se habían proyectado en el manejo de los “subsidios” o transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas, para que esos recursos se focalicen en las familias más vulnerables y necesitadas, todavía no se han concretado. Existe la propuesta de darle a algunos subsidios el carácter de incentivo a la producción, pero todavía no se avanza en esa dirección, y la coyuntura político-electoral que se aproxima va a dificultar esa tarea.
La creación del Ministerio de la Igualdad que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez, ha sido hasta ahora algo funesto e inconveniente, dado que muchos de los institutos que tienen que ver con esa materia como el ICBF y el Departamento de Prosperidad Social DPS, siguen actuando en forma separada y descoordinada. Se mantiene la superposición, duplicidad y contraposición de competencias y de recursos. Por otro lado, programas tan importantes como el Plan de Alimentación Escolar PAE, continúa con el mismo esquema de contratistas y operadores privados sin que el gobierno haya intervenido para darle mayor participación a la comunidad educativa.
En política social están los temas de vivienda y servicios públicos. En estas materias el gobierno progresista ha querido intervenir para romper con el control del gran capital, pero hasta ahora no se han desarrollado acciones concretas y efectivas. Los grandes monopolios privados que expropiaron a las comunidades y se apropiaron de las empresas de servicios públicos en los años 90s y principios del siglo XXI, no están dispuestas a reformar o cambiar las condiciones normativas de sus negocios (, que les han generado inmensas ganancias en estas últimas tres (3) décadas. Con el “apagón” (paro empresarial) de un día en Vichada, ya mostraron lo que son capaces de hacer. Son un duro hueso de roer.
La política exterior, liderada directamente por el presidente Petro, pareciera ofrecer los mejores resultados, a pesar de la alta complejidad de ese terreno geopolítico y diplomático. Se normalizó la relación con Venezuela y se abrieron las fronteras; las relaciones con el gobierno estadounidense se han mantenido estables a pesar de la posición del gobierno colombiano que ha sido firme en no alinearse con los bloques geopolíticos enfrentados en Ucrania y que se rompieron las relaciones con Israel frente a la guerra de exterminio que ese gobierno impulsa y ejecuta contra el pueblo palestino. En este aspecto, Petro rompió con toda la tradición oligárquica que se sometía a los dictados del imperio estadounidense, y alrededor del tema de la crisis ambiental y las consecuencias del cambio climático ha logrado construir un liderazgo internacional que ningún presidente colombiano había podido construir en el pasado. Si esa “línea estadista”, firme pero sosegada, se aplicara en lo interno, seguramente estaríamos mejor. Claro, con lo ocurrido últimamente en el país hermano y la elección de Trump, las cosas se pueden complicar hacia el futuro inmediato.
En otras áreas como las comunicaciones (TICs), la SAE, transporte, educación, cultura, justicia y demás, hay realizaciones parciales y logros interesantes. No obstante, no logran todavía generar importantes impactos que trasciendan hacia la sociedad. A pesar de algunos esfuerzos iniciales (“diálogos regionales”), la participación de las comunidades en la gestión gubernamental ha sido muy limitada y subordinada, y por ello, la lucha contra la corrupción sigue dependiendo de la voluntad de los funcionarios sin que exista un verdadero control social.
El problema de fondo, lo que se cuestiona en este escrito, es que el presidente Petro, a fin de dejar un legado (o de querer, tal vez, inconscientemente, hacerse reelegir) ha querido hacer más de lo que materialmente se podía hacer. No había logrado un triunfo electoral contundente; no contaba con los recursos económicos que tuvo, por ejemplo, Chávez; no tenía las mayorías parlamentarias que acompañaron a AMLO en su mandato, y no existe en Colombia un movimiento social fuerte como los de Ecuador o Bolivia (en su momento). Por ello, por querer hacer más, le ha entregado gran parte del gobierno a los “mismos de siempre” (politiqueros de todos los pelambres) para que sigan con las mismas. “Poco pero bueno”, pedía aquel revolucionario ruso de antaño, que implica, antes que todo, apoyarse realmente en la gente y generar en verdad un “proceso de cambio” basado en nuevos valores y prácticas efectivamente transformadoras.
Las formas predominantes en el gobierno progresista
Las formas de gobierno están determinadas por la política trazada y la calidad de los protagonistas. En este sentido presentamos sintéticamente algunos puntos que se deben profundizar en posterior artículo. Veamos:
- El gobierno Petro y Petro como su principal protagonista
Podemos afirmar que el ejercicio del gobierno progresista durante estos 29 meses está caracterizado y determinado por la personalidad del presidente Petro y las formas como él quiere materializar el programa de gobierno que quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo PND “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Los altos funcionarios que el presidente ha nombrado han asumido el reto de hacer lo mejor desde sus cargos, pero quien impone las “formas” es Petro. Ellos o ellas, no pueden hacer casi nada frente a ese hecho fáctico. Esas formas o maneras no son discutidas en las reuniones de “gabinete” y en muchos casos, como ha ocurrido con el ministro del Interior (Cristo), van en contravía de lo que se acuerda en el momento de su posesión.
En estos dos (2) años largos, Petro ha nombrado 37 ministros y 54 viceministros. Es algo que determina en gran medida la forma como se administra el aparato de Gobierno (ejecutivo), que es parte importante del Estado. En esos ministerios e institutos se concentra el grueso de la burocracia, el manejo de los recursos financieros y las fuerzas armadas. Pero, es el primer mandatario quien impone la agenda y el debate, el ritmo y la frecuencia, el acelere o la pausa.
En una primera instancia estuvo el tema de cómo mantener el llamado “frente amplio” y aprobar la reforma tributaria y el PND. En esa fase tuvieron bastante importancia los “ministros liberales no oficialistas” (Ocampo, López Montaño, Gaviria y el director del DNP, Iván González). Si no hubiera sido por su gestión, ese importante logro hubiera sido imposible.
Una vez se tiene financiado (en teoría) el plan de desarrollo, casi que de inmediato Petro empieza a apretar en todo sentido, en especial a presionar por la presentación ante el Congreso de las reformas sociales (salud, pensional, laboral), y por aprobar un método para hacer más ágil y posible la compra de tierras para impulsar la reforma agraria (algo que la oposición llama la “expropiación exprés”). La ministra López no estuvo de acuerdo y fue despedida.
Ello significaba retar a la oligarquía financiera sin contar con una efectiva y mayoritaria bancada parlamentaria. Esos ministros y funcionarios que son bastante experimentados se percataron de inmediato que era un paso en falso. Las contradicciones con ellos estallaron en poco tiempo y se presentó la primera crisis ministerial en donde el presidente aprovechó para sacar a otras ministras que no cumplían con sus expectativas o no hacían una buena gestión (cultura y deportes).
En Hacienda nombró a Ricardo Bonilla, que en general, siguió la línea de Ocampo pero que, por sus cercanías a Petro, se involucró en tareas que, dentro de la tradición institucional colombiana de la burguesía cortesana, se hacía desde los “directorios” y en forma más que “taimada” con los llamados “cupos indicativos”. Ahora, como se trata de un gobierno progresista que intenta deslindarse del control oligárquico, todos los órganos de control y las Cortes judiciales están vigilantes y prestos a abrir investigaciones y juzgar a los funcionarios.
Es en ese terreno en donde más ha tenido problemas el gobierno Petro. Por el afán de cumplirle al pueblo, de mostrar resultados, ya sea en la aprobación de leyes reformistas o en programas concretos (caso de La Guajira), se impulsan leyes, se aprueban decretos y resoluciones que, de antemano se sabe que van a ser “tumbadas” por el establecimiento judicial o que van a ser saboteados por las mayorías retrógradas que anidan en el Congreso Nacional.
La idea, como ocurre con la reciente “ley de financiamiento” (reforma tributaria no aprobada por el poder legislativo), es mostrar ante el pueblo la intencionalidad progresista y reformista del gobierno, y demostrar que tanto magistrados como las mayorías parlamentarias no sólo bloquean los planes y proyectos que benefician a la gente, sino que está en desarrollo el “golpe blando” (“lawfare”). El mejor ejemplo de esa práctica fue la propuesta de impulsar un “proceso constituyente”, que como observamos todos, sólo la entendía e impulsaba el presidente Petro.
Ello explica los continuos y, a veces, desesperados llamados a la movilización popular que ha lanzado el presidente Petro contra el bloqueo institucional y contra el “golpe blando”, que con el tiempo se han ido desgastando. Es evidente que “sabíamos que no iba a ser fácil” y, por ello había que diseñar una estrategia lo más colectiva posible para acumular verdadera “fuerza popular”, mucho más allá de la que existe en los “movimientos y organizaciones sociales”, que como lo hemos observado portan dinámicas demasiado sectoriales y burocráticas.
Es decir, el presidente Petro lanza una ofensiva tras otra sin contar con una verdadera y efectiva fuerza social y política. Él se apoya en los resultados electorales de 2022, en el “mandato popular ganador”, pero parece no ser suficiente. Después de cada “intento”, debe recular y volver a la propuesta del “acuerdo nacional” con los partidos tradicionales y algunos sectores económicos. En ese proceso propone grandes proyectos, anuncia una serie de realizaciones y regaña públicamente a ministros y funcionarios, concentrando todo el esfuerzo en su liderazgo personal.
Es evidente que esa “forma de gobernar”, genera una serie de problemas tanto al interior del gobierno como de las “fuerzas del cambio” y, en general, entre el pueblo y la sociedad. Esas dificultades se pueden sintetizar así:
- El “gobierno del pueblo” termina concentrado en la persona del presidente.
- La “movilización popular” se reduce a apoyar a Petro en las calles.
- No se ha promovido una efectiva participación social y ciudadana en la gestión de gobierno.
- Los ministros y funcionarios no logran sintonizarse con las “formas” de Petro.
- La última palabra sobre casi todos los temas tiene que darla el presidente.
- Los posibles herederos de Petro terminan “quemados” en esa dinámica tensa y desgastante.
- A la sombra de ese “liderazgo omnipotente” se cuela la ineficiencia y la corrupción.
- El presidente se va quedando solo, nadie cuestiona sus errores y no hay autocrítica.
- Se fortalecen artificialmente algunos funcionarios cercanos al presidente mientras que los ministros y otros funcionarios, se desgastan y marchitan en ese ejercicio.
- Una especie de “guardia pretoriana” compuesta por “youtubers” e “influencers” van adquiriendo un poder inusitado con base en “endiosar” a Petro y acusar de “uribista” a quien se atreva a cuestionar alguna medida o actuación con el argumento de “no darle papaya a la derecha”.
- El gobierno Petro y las formas tradicionales de gobernar
Es evidente que, a lo largo de estos 29 meses de gobierno progresista, las formas de gobernar han sido absolutamente tradicionales. Pareciera que las alianzas con sectores políticos tradicionales han impedido que los dirigentes del Pacto Histórico y el mismo Petro, intenten romper con esas maneras en las que el pueblo es receptor pasivo de las políticas, planes, programas y proyectos que se trazan “desde arriba” sin que, efectivamente las gentes “de abajo”, puedan decidir y participar activamente en la concreción y control de esas iniciativas.
Solo durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se realizaron reuniones en donde los dirigentes de las organizaciones sociales participaron ‒aunque formalmente‒ en una especie de consultas en los diversos territorios pero, con el limitante de que la priorización y aprobación de las diversas iniciativas y proyectos planteados por las comunidades se realizó en altas instancias del gobierno y, por tanto, esas propuestas comunitarias no se convirtieron en una acción colectiva “desde abajo”.
La escasa cualificación y burocratización de los movimientos y organizaciones sociales, la dispersión y falta de unidad entre los diferentes sectores sociales en los territorios, y la dinámica “grupista” y personalista de los dirigentes del Pacto Histórico que sólo piensan en ser (re)elegidos en las próximas elecciones, son impedimentos y obstáculos para lograr que desde las bases de las comunidades se imprima una acción social y política que contrarreste las formas tradicionales de hacer política y de gobernar sólo “desde arriba” (“fetichismo legalista” y “estatismo obsesivo”).
Esas circunstancias han llevado a que sean los partidos tradicionales y/o grupos y dirigentes provenientes de esas prácticas politiqueras y clientelistas que se han alineado con el Pacto Histórico o que nunca superaron esa “herencia”, quienes controlen las instituciones y entidades que manejan el grueso de los recursos públicos (ministerios, Sena, Icbf, gobernaciones, alcaldías, etc.), y por tanto, esos sectores políticos son los que tienen el control de los proyectos, burocracia y recursos económicos de cara a las elecciones de 2026, tanto a nivel nacional y mucho más, en los entes territoriales, en donde la politiquería tradicional fue la que se posicionó en las pasadas elecciones regionales y locales.
Algunas previsiones hacia el inmediato futuro
A pesar de los esfuerzos del presidente Petro y de algunos dirigentes del Pacto Histórico por posicionar la idea del “Cambio”, basándose principalmente en el nombramiento de algunos funcionarios provenientes de dinámicas sociales y populares, en el impulso de algunas iniciativas (reformas legales y programas como la reforma agraria), y en la focalización de algunos recursos financieros para beneficiar a la “población vulnerable” de territorios olvidados por los gobiernos anteriores, lo que el grueso de la sociedad colombiana percibe es que el “cambio” se ha quedado enredado en los vericuetos legales y en los acuerdos con los partidos tradicionales.
Es el costo que el presidente Gustavo Petro ha tenido que pagar para lograr cierto nivel de “gobernabilidad”, que en estos dos (2) años largos ha sido bastante precaria e inestable, cuando escogió la estrategia política que hemos descrito anteriormente. Nunca se propuso otro tipo de alternativa. En vez de priorizar el escenario del Congreso para impulsar sus políticas centrales (industrialización de nuevo tipo, cambio de la matriz energética y democratización de la sociedad colombiana a todos los niveles), había podido buscar directamente (sin intermediación política) a los sectores sociales y económicos que tienen las condiciones materiales y culturales para impulsar tales transformaciones: los pequeños y medianos productores (especialmente agrarios) y los profesionales precariados de las ciudades.
Lo que podemos observar es que si ello no se intentó cuando era posible, ahora que ya entramos en los terrenos de la campaña electoral de 2026, va a ser casi imposible que el presidente Petro y el Pacto Histórico impulsen algún tipo de viraje, que implica romper con las prácticas que predominaron durante estos 29 meses de administración, mucho más cuando las limitaciones presupuestales le van a pasar una protuberante cuenta de cobro frente a las promesas y anuncios de soluciones y proyectos que hasta ahora han sido difíciles de cumplir.
Todo apunta a que quienes pretendían posicionar la idea de la reelección del presidente Petro, no tendrán mayores posibilidades de concretar esa iniciativa que implica reformar la Constitución. Igualmente, los sectores progresistas y de izquierda que aspiran a emular el camino iniciado por Petro, de enfrentar a la oligarquía financiera y a sus aliados cortesanos de la burguesía burocrática y otros sectores sociales, van a tener serios problemas para posicionar candidatas (os) con ese perfil.
Lo que va aflorando en el escenario político es que la “socialdemocracia liberal-progresista”, medrosa, miedosa, supuestamente “moderada”, “súper pragmática”, con tintes y herencias “santistas” y “samperistas”, que tiene lazos e influencias entre sectores liberales, conservadores y del “partido de la U”, sean los que “cosechen” todo lo que han sembrado dentro del gobierno progresista y de izquierda, y que por tanto, al estilo de lo que ha ocurrido en Ecuador y Bolivia, surjan en Colombia los Lenin Morenos o los Luis Arces, que en nombre de Petro se postulen para continuar con el “gobierno del cambio”.
A pesar de ese augurio bastante pesimista, pienso que la dirigencia de los movimientos sociales, y lo más avanzado del Pacto Histórico, tienen todavía la oportunidad de influir en las decisiones del presidente Petro. Una especie de “Golpe de Timón” es posible, urgente y necesario.
Fernando Dorado
Foto tomada de: Presidencia de la República
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