“Formense porque necesitamos todo el conocimiento,
Conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo,
Organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza para vencer”
Gramsci, Cuadernos de la cárcel, 2000
Luego de que en la capital Antioqueña, por orden y con la intervención personal del alcalde Fico Gutiérrez, fueran borrados los grafitis alusivos a la busqueda de las madres de Medellin de sus hijos desaparecidos, se desató una inmensa movilización de jóvenes, artístas y ciudadanos indignados que se extendío por todo el país.
Una reacción inmediata de rabia e indignación se ha apoderado de las voces de protesta que condenan esta afrenta a la memoria de las víctimas de la siniestra Operación Orión, ocurrida durante el mes de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Un estallido artístico y ciudadano solo comparable con el ocurrido durante el estallido social de los años 2020 -2021 que, como un regero de polvora, se está tomando las calles de muchas ciudades capitales del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Pasto, Neiva y Tunja.
Las Cuchas de Medellin siempre tuvieron la sospecha que sus hijos -asesinados y desaparecidos durante la Operación Orión por los narcoparamilitares, con el apoyo y complicidad de las FFMM, la Policía de Medellín y los gobiernos del expresidente Uribe (2002 – 2006) y del alcalde de Medellin de esa época- habían sido enterrados en La Escombrera, un lugar en la Comuna 13 que se mantuvo vedado al acceso de las Madres y familiares, durante más de 20 años.
Sin embargo, los resientes hallazgos de restos humanos en la Escombrera, como por parte de las investigaciones que adelanta la JEP para dar con el paradero de los desaparecidos y las víctimas de los “falsos positivos”, revivieron la polémica sobre la resposabilidad del Estado Colombiano y, particularmente, del gobierno del expresidente Uribe en la ejecución de estos crimenes de lesa humanidad. Razón por la cual el acto de borrar las imágenes del mural de las “Cuchas”, ha sido considerado un grotesco y vulgar intento de los negacionistas y del uribismo por borrar la memoría de las víctimas de la Escombrera.
La Escombrera es el simbolo del ocultamiento de los oscuros y siniestros acontecimientos ocurridos bajo el mandato del “embrujo autoritario “ del expresidente Uribe que, por más de 20 años ha tratado de mantener en el olvido. Sin embargo, la valentia y la perseverancia de las cuchas de Medellin no solo ha mantenido viva la llama de la esperanza de dar con el paradero de sus hijos, sino el clamor de justicia y reparación de las víctimas de la “Operación Orión”.
Este hecho abominable solo es comparable con la afrenta cometida por el Representante a la Cámara del CD, Miguel Polo Polo que, en un acto de sinismo y desfachatez, decidió tirar a la basura las botas intervenidas artísticamente recordando a los 6.402 jóvenes desaparecidos y muertos por el Ejercito Nacional en lo que se conoce como “falsos positivos”. O con la posición negacionista expresada por el exdirector del Centro de Memoria Histórica durante el gobierno de Duque, Darío Acevedo.
Estos hechos constituyen la expresión más clara de la quiebra moral de la lumpen-burguesía criolla, que ha perdido su hegemonia ética y cultural.
La quiebra de la hegemonia política y cultural
La hegemonía política y cultural de las elites dominantes en Colombia comenzó a agrietarse durante el gobierno de Duque. Un mandatario incapaz de resolver los problemas económicos y sociales derivados de la pandemia de Covid, que no pudo afrontar el estallido social ocurrido con ocasión de la reforma tributaria regresiva que gravaba los alimentos de consumo popular y otorgaba mayores exensiones tributarias a los grandes capitales financieros y rentísticos de Colombia.
En estas circunstancias, las élites en el poder perdieron toda su capacidad para generar consensos y trámitar la protesta social dentro de los causes democráticos, obligandolos a aferrarse a las formas tradicionales de barbarie y opresión para sofocar el clamor popular, haciendo trizas las bases éticas del pacto social. Dejando como saldo más de 65 colombianos asesinados durante el Paro Nacional, de los cuales 44 fueron jóvenes víctimas de los disparos de la fuerza pública (ONG Temblores, 2021). Mientras tanto 160 jóvenes, pertenecientes a la “primera línea”, fueron detenidos y 50 de ellos judicializados por el Fiscal Barbosa con imputaciones de delitos penales que suman más de 25 años de carcel.
Las erraticas políticas económicas del Gobierno de turno dejaron un hueco fiscal de 77 billones equivalente al 7,1% del PIB y un sobre endeudamiento del país que alcanzó los US$197 mil millones (47,9% del PIB)
El otro gran déficit que nos dejó la quiebra de la hegemonia política y cultural durante el gobierno de Duque fue la crisis humanitaria y de los derechos humanos[1], que tuvo como saldo más de 200 líderes y lideresas asesinados y la cifra record de 100 masacres.
La crisis de hegomia política abrió la posibilidad -después de más de 200 años de vida republicana- de un cambio en la dirección del Estado para la alternancia hacia un régimen más democrático y progresita, capaz de hacer realidad los avances logrados en la Constitución del 91 que estableció el Estado Social de Derecho.
Pero para lograrlo era necesario que un proyecto político progresista que, respetando el marco Constitucional y las reglas de juego de la democracia representativa, fuese capaz de llevar a cabo las reformas económicas y sociales necesarias para disminuir la pobreza y superar las desigualdades sociales.
Esa opción la consolidó el proyecto político “Cambio por la Vida”, encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, que se proponía realizar profundas reformas sociales para lograr una mayor justicia social, ambiental y económica, mediante una Agenda de Transición que incluía: las reformas a la protección social y laboral, la reforma agraria integral, la transformación del aparato productivo, la transición energética, la protección del ambiente y los recursos naturales, la consolidación del Acuerdo de Paz, la inclusión y transformación de los territorios olvidados de la “Colombia profunda”, el restablecimiento de las relaciones internacionales, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, para ganar la presidencia y acceder a la dirección del Estado era necesario conquistar unas mayorías y, luego, tener la capacidad para hacer gobierno. Lo primero se logra mediante consensos y alianzas con distintas fuerzas políticas, afines al programa de gobierno, que garanticen obtener esas mayorías. Y lo segundo se logra acumulando experiencias y capacidades para realizar una gestión de gobierno eficaz que lograr los propósitos y metas de gobierno.
En relación a conquista de la hegemonía política, sí bien es necesario lograr las mayorias, no es suficiente, se requiere diseñar la forma como se logran. De acuerdo con Gramsci (Cuadernos de la cárcel, 1975) la hegemonia política y cultural se logra mediante la conformación de un “bloque histórico” de fuerzas y clases sociales que comparten un programa o propósito común.
En nuestro caso, la apuesta de Petro fue constituir un frente amplio, que tenia como eje el “Pacto Histórico”, mediante alianzas y/o coalisiones con sectores progresistas del Liberalismo y de movimientos y personalidades del llamado “centro político”, principalmente, del partido Alianza Verde Co. Sin embargo, cuando conformó su primer gabinete se tropezó con ministros y funcionarios del primer anillo de gobierno que tenián agendas propias y solo respondian a sus ambiciones personales. De tal manera que no tuvieron nunca un compromiso con el programa de Gobierno y, ante las primeras dificultades de gobierno, salieron a expresar públicamente sus desacuerdos[2].
Estos agrietamientos en la gobernabilidad fueron aupados y exacervados por los enemigos del Gobierno del Cambio agazapados, tanto dentro de las entidades gubernamentales como desde fuera, aprovechando la caja de resonancia de los medios tradicionales que, con la anuencia de sus verdaderos dueños, abrieron fuego cruzado e insesante contra el Gobierno de Petro.
De tal manera que la carencia de un verdadero “bloque histórico” comenzó a sentirse cuando, en el segundo año de su mandato, el Gobierno de Petro perdió las mayorias relativas en el Congreso y se vió enfrentado a una creciente, mediática y obstruccionista oposición que comenzó a sabotear sus iniciativas de reforma. El proyecto de reforma a la Salud, una de las reformas emblemáticas del programa de Cambio, fue hundida en la Comisión Séptima del Senado después de haber sido aprobada por la Cámara de Representantes, en un trámite lleno escollos, impedimentos y filibusterismo.
Igual suerte corrió la reforma a la Educación que terminó hundida por el mismo Gobierno ante la cantidad de mutilaciones que sufrió, en medio de un torpe y lamentable tramité por parte de la ponente del proyecto y de la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Ante esta situación, el presidente Petro reaccionó apelando a la voluntad popular de dos maneras, intentando cambiar la correlación de fuerzas: de una parte, convocando a la movilización popular para reconstruir el bloque de fuerzas sociales que le permitió ganar la legitimidad y el triunfo electoral. De otra parte, profundizando las acciones de gobierno en favor de la economía popular y de la inclusión de los grupos étnicos y de los sectores populares, tradicionalmente ausentes de las políticas públicas y marginados de los beneficios del crecimiento económico.
En ambos casos los resultados han sido muy pósitivos, tanto en materia de reducción de la pobreza[3] como en materia del empoderamiento de los grupos étnicos y de los sectores populares en la construcción de nuevas formas de relaciones sociales de producción basadas en la solidaridad y la colaboración, y en la resignificación de las culturas populares como prácticas cotidianas que adquieren nuevos significados vinculados a los espacios territoriales donde adquieren sentido de pertenencia e identidad dentro de la diversidad de expresiones y sensibilidades, en lo que Gramsci definió como la lucha por una nueva cultura (Gramsci, 2000, IV:243).
En relación la capacidad de gobierno, entendida como la capacidad del equipo de gobierno para conducir y realizar una gestión eficiente que posibilite llevar a cabo, de manera éxitosa, las reformas propuestas en el Programa de Gobierno.
Balance de los dos años del Gobierno del Cambio
En general, el desempeño macroeconómico del Gobierno ha sido calificado como éxitoso, con un crecimiento económico del 2% en el año 2024[4] y se espera un crecimiento del PIB cercano al 3% en el año 2025[5], impulsado por la expasión del gasto familiar (1,8%) y la inversión privada (22,7%). En cuanto a los sectores económicos, la producción agropecuaria creció un 10.2%, las actividades culturales, del entretenimiento y otros servicios turísticos crecieron un 12,3%, las actividades financieras aportaron un 4,4% al crecimiento. En el sector externo, las exportaciones colombianas aumentarón en 3,8% y las importaciones subieron un 11,0%. En el presente año, se espera un despegue de la construcción con un crecimiento del 4,2% y las ventas de vivienda un 26%.
Desde el punto de vista de la inflación, el Gobierno logro reducirla a una tasa de 5,7% anual, cercana a la meta del 3,6% que se prevé el Banco de la República se alcanzará en el presente año. Igualmente, el Gobierno logro cerrar el año con una tasa de desempleo de un dígito (9,7%) y el déficit fiscal del -5,6% del PIB.
Así mismo, el Gobierno hizó un enorme esfuerzo fiscal para reducir la deuda pública al 54% del PIB, después de recibir un nivel record de endeudamiento del 65% como resultado de una equivocada política de endeudamiento externo -para financiar los gastos poco transparentes de la pandemia del COVID-19 con endeudamiento de corto plazo-. Con lo cual se sembro la pandemia fiscal que ahora está afrontando el Gobierno del Cambio, restringuiendo el gasto social para cubrir el déficit presupuestal, respetando la regla fiscal[6].
En otro frente en el cual el Gobierno ha obtenido logros en la reducción de la pobreza, mediante la combinación de políticas sociales que unificaron el otorgamiento de los subsidios a la población más vulnerable, en una sola renta básica (RBU), con los estímulos a la economía popular.
Sin embargo, pese al éxito de las políticas económicas y sociales del Gobierno, la carencia de un acumulado de experiencias y conocimientos en las ciencias y técnicas de gobierno ha limitado su capacidad para gestionar eficientemente los programas de gobierno y alcanzar las metas del Plan de Desarrollo. Lo cual parece ser el talón de aquilles del Gobierno del presidente Petro.
En este sentido, el Gobierno ha tropezado con múltiples escollos y dificultades que le han impedido avanzar con mayor celeridad en la dirección de las transformaciones esperadas. En primer lugar, la limitada capacidad para mantener y ampliar una coalición de fuerzas democraticas y progresistas capaz de vencer la irreflexiva resistencia de la oposición y la incercia del establecimiento. En segundo lugar, la limitada experticia para conducir las acciones de gobierno en la dirección adecuada para lograr las metas propuestas en el Plan. Y, en tercer lugar, la baja capacidad para organizar, orientar y controlar el funcionamiento de las estructuras institucionales para afrontar los macro problemas de gobierno, lidiar con las circunstancias adversas y hacer más eficientes las prácticas de trabajo de la administración pública.
En relación con el primer déficit, la limitada capacidad de gobierno tiene que ver con la baja capacidad para comprender y afrontar la complejidad de los procesos sociales y políticos que exigen altas dosis de experiencia política, pero también suficientes conocimientos técnicos para prever y anticiparse a las situaciones adversas que generan la incertidumbre de las grandes transformaciones sociales y la resistencia, legal e ilegal, de las élites y grupos de poder que se benefician del orden de cosas existentes. Este ha sido el caso de las dificultades para avanzar en las negociaciones de la Paz Total con los grupos armados ilegales y concretar acuerdos en medio del conflicto.
En particular la carencia de una fundamentación estratégica y táctica para establecer objetivos estratégicos y fijar “linéas rojas” que eviten que los acuerdos logrados en la Mesa de Negociación de La Habana (MDP) se esfumen rapidamente en los frentes de batalla, donde la lógica de la acción del ELN está mediada por oscuros intereses y ha sido atrofiada por el narcotráfico y las prácticas criminales de una guerra irregular y prolongada. Lo cual condujo al fracaso de las negociaciones de paz y al escalamiento del conflicto armado que ha provocado una inmensa crisis humanitaria con miles de desplazados[7] en la región fronteriza del Catatumbo, en Norte de Santander.
En segundo desafío del Gobierno es el deficit en la capacidad de gobierno para vencer las inercias institucionales y conducir los diversos y enrevesados procesos e instrumentos de la administración pública hacia la realización de las acciones necesarias y legitimas para lograr los resultados propuestos en el Plan. Estas capacidades requieren del conocimiento técnico-cientifíco y la suficiente experiencia y liderazgo político del equipo de gobierno. Especialmente en cabeza de los ministerios, donde el Presidente debe contar con verdaderos “mariscales de campo”, capaces de poner en marcha las acciones gubernamentales requeridas para mantener el rumbo y la velocidad de las transformaciones propuestas y el logro de los resultados, en el corto, mediano y largo plazo.
En tercer lugar, se debe fortalecer la capacidad para organizar, orientar y controlar el funcionamiento de la administración pública mediante sistemas de monitoreo, petición y rendición de cuentas por metas trazadoras del Plan Nacional de Desarrollo que permita controlar y conducir el curso de las acciones de gobierno hacia la obtención de resultados y permitir afrontar, de manera adecuada, los macro problemas de gobierno y salirle al paso a los problemas ocasionales que generan los escandalos, la corrupción, los sabotajes y los desastres naturales que son tan frecuentes en estos momentos de cambio climático.
Solo mediante la combinación de estas acciones será posible corregir el rumbo y afrontar los problemas de gobernabilidad y gobernanza que estan incidiendo en el déficit del balance político y que afectan la credibilidad y la hegemonia política del proyecto político del Cambio.
Ñapa 1:
Tiene razón el expresidente Santos al señalar que la crisis del Catatumbo no es un hecho sobreviniente del actual Gobierno, ya que durante su mandato, el exfiscal de la época “Odebrecht” Martínez intento hacerle una zancadilla al Acuerdo de Paz, armando un entrampamiento a varios de los jefes del Estado Mayor de las Farc para debilitar la confianza ciudadana y obligarlos a abandonar los Acuerdos, que terminaron en la disidencia y fundaron la Disidencia del Estado Mayor Central que hoy se disputa a tiros esa región fronteriza, con el ELN.
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[1] En el Informe de las NNUU (2021), la Oficina de Amnistía Internacional afirmó: “Los crímenes de lesa humanidad y los abusos y violaciones de DIH, en el marco del conflicto armado interno, cobraron la vida de más de 500 líderes y lideresas sociales, defensores del medio Ambiente y los derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz, especialmente en las zonas rurales donde se concentran las disputas por el control territorial entre los diferentes grupos armados”
[2] Este fue el caso de los ministros de educación y agricultura. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en lugar de ocuparse de gestionar los temas de su cartera y liderar el proyecto de reforma a la Educación, se dedicó a torpedear la gestión de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Y la ministra de Agricultura Cecilia López, se enfrentó y cuestionó públicamente el proyecto de reforma agraria que buscaba acelerar la adquisición y entrega de tierras a los campesinos sin tierra haciendo uso a mecanismos de expropiación contemplados en la Ley 160 de 1994 y sus decretos y normas reglamentarios.
[3] De acuerdo con las cifras reveladas por el DANE (2024:2) durante los dos primeros años del Gobierno del Cambio se lograron sacar de la pobreza monetaria a más de 1,6 millones de colombianos y colombianas.
[4] Según la revista The Economist de Londres (2024), Colombia fue considerada la sexta mejor economía del mundo y la tercera de los países de la OCDE.
[5] El Banco Mundial proyectó un crecimiento de la economía Colombiana del 3% en el año 2025, mientras que Fedesarrollo espera un crecimiento del PIB del 3.2% y el Banco de la República prevé un crecimiento del 2,9%.
[6] El Gobierno Nacional tuvo que expedir el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, por un monto de $511 billones, ante la negativa del Congreso de sancionarlo. Este PGN es deficitario en 12 billones, debido al hundimiento del proyecto de financiamiento con el cual el Gobierno esperaba cubrir ese déficit y financiar el proyecto de recuperación económica.
[7] De acuerdo con las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, cerca de 35 mil personas han sido desplazadas del Catatumbo y se han refugiado en las ciudades fronterizas de Cúcuta, Ocaña y La Gabarra, del lado Colombiano, y en el territorio Venezolano.
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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