Se siente la paz urbana en Medellín

En 2024 se avizoró la paz urbana como un proceso sin reversa cuando de buscar la paz se trate en Colombia, particularmente en Medellín y sus alrededores. A diferencia de las serias dificultades de otras mesas de negociación o conversación sociopolítica o sociojuridicas, en el marco de la paz total del gobierno nacional, el ejercicio que se lleva a cabo en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí ha dado muestras de su potencial para avanzar en el desescalamiento de las violencias agenciadas por organizaciones delincuenciales, capaces de afectar a la población durante más de 30 años, hasta lograr control territorial, social y económico tanto legal como ilegal, con vínculos estrechos con sectores de la institucionalidad por su cooptación de miembros de la fuerza pública, el aparato de justicia y actores de la política. El Estado ha sido incapaz de aniquilar estructuras de largo aliento como la oficina, la terraza, los triana, los mesa, los pachelli, los chatas, los pesebreros… al contrario, se han consolidado demostrando suficiencia para adecuarse a las circunstancias de los mercados delincuenciales y a los intentos de neutralización por parte de las autoridades. La delegación del gobierno nacional para la paz urbana está sentada con voceros de estructuras que gozan de buena salud, no derrotadas.

Las autoridades de distinto orden, académicos y analistas, reconocen la existencia de un para-poder en la ciudad, regulador del comportamiento criminal de cerca de 350 pequeñas organizaciones denominadas bandas o combos, compuestas, directa o indirectamente, por no menos de 6.000 o 7.000 personas, en su mayoría jóvenes, que ejercen un amplio portafolio de actividades muy rentables, ilegales o no. Pero, las autoridades civiles locales y policiales, se resisten a reconocer el fracaso acumulado por la aplicación reiterada de las mismas formulas: reclamar después de cada consejo de seguridad incremento del pie de fuerza, aplicación de recursos tecnológicos, aumento de las penas por delitos y de los montos de las recompensas o divulgación de carteles con los jefes más buscados. Todo ello se ha ejecutado, con relativo éxito, pero las estructuras siguen incólumes, dispuestas a continuar el daño a la sociedad, retar a las autoridades o, también, apostar por la solución conversada del conflicto urbano.

Con declaraciones y hechos la delincuencia organizada de Medellín y el Valle de Aburrá ha dado cuenta de su disposición para aceptar la invitación hecha por el gobierno nacional y vastos sectores desde una comunidad convencida de la paz como un derecho ciudadano y una obligación estatal. La principal expresión de esa voluntad es su contribución a la reducción de todos los indicadores de impacto delincuencial, relacionados con la defensa de la vida, la integridad y el patrimonio de las personas en 2024. Muy a pesar del querer del alcalde Federico Gutiérrez, con agenda política opositora a la del gobierno nacional, las cifras son dicientes de la incidencia positiva del camino del dialogo y la conversación, sin que ello implique menoscabar el legítimo ejercicio de la autoridad. Dos caras de la misma moneda.

El discurso del alcalde de Medellín de abrogarse los méritos por el mejoramiento de la seguridad y negarlos al gobierno nacional, del cual depende la policía y la política de paz urbana, es muy poco creíble. La tasa de homicidios al finalizar la anualidad anterior es la más baja desde cuando se registra ese indicador. Mientras en el país la reducción de homicidios fue cercana al 2%, en Medellín fue cercana al 18%. Lo mismo en el Valle de Aburrá. Veamos el siguiente cuadro con número de homicidios y tasas, para los 10 municipios de la región, según cifras de la policía metropolitana o la Meval.

Mientras el mandatario de Medellín asume una postura adversa ante el proceso pacificador en marcha, algunos analistas tratan de minimizar la incidencia del espacio de dialogo diciendo que la reducción es vegetativa o correspondiente a una tendencia que tiene la ciudad en los recientes años. Pero las cifras hablan por sí solas: la tasa de homicidios en los últimos años se sostuvo entre 15 y 14 por cada cien mil habitantes, pero en 2024 la caída llegó a 10,99, más de 3 puntos, todo un salto no registrado en varios años. Lo único distinto que hubo en Medellín el año anterior fue la consolidación del espacio de dialogo sociojuridico de Itagüí. Ahí está el milagro.

El secuestro cayó un 56% y la desaparición 35%. También el desplazamiento intraurbano y los delitos contra el patrimonio personal. Para terminar el año con logros de paz, el 19 de diciembre se dio inicio a un piloto temporal en 25 barrios de Medellín y Bello para reducir a cero la extorsión, como expresión del compromiso de las estructuras para demostrar con hechos su voluntad de paz. En el compromiso suscrito por los voceros de las estructuras, la delegación del gobierno y el consejero Comisionado Otty Patiño, se manifiesta también la decisión de eliminar la venta de estupefacientes en los entornos educativos y entregar al ICBF información sobre la explotación sexual de menores en los territorios turísticos de la ciudad. El reporte sobre el cumplimiento del experimento anti extorsión por parte de la delincuencia organizada en los territorios seleccionados, será suministrado por un calificado equipo externo del cual hacen parte entidades como la Universidad de Antioquia, la iglesia católica y las Fundaciones Ideas para la Paz, Nuevo Arco Iris y Pares. En medio del aire enrarecido por la intransigencia política, en Medellín es posible aspirar a respirar paz urbana.

Jorge Mejía Martínez   

Foto tomada de: En Otro Ángulo