“Diluidas sus cenizas, como las de los demás, en el polvo y la escoria…”
Pablo Montoya[1]
Las dudas sobre la existencia de restos de personas asesinadas y desaparecidas en la comuna 13 de Medellín, durante la Operación Orión, y arrojadas al botadero La Escombrera empiezan a resolverse. Hace una semana la JEP dio a conocer un primer balance quincenal sobre la intervención realizada por la Unidad de Búsqueda. Los hallazgos iniciales corresponden, al menos, a cuatro víctimas. Se espera encontrar los restos de más de 500 personas.
El informe señala que los restos encontrados hasta el momento, y entregados a Medicina Legal para su análisis, corresponden al menos a cuatro personas, entre ellas una mujer joven. Todas las víctimas tuvieron una muerte violenta, y sus cuerpos presentan lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, disparados a corta distancia, es decir tiros de gracia. “En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas”. También se encontraron sogas que permiten inferir que algunas víctimas estaban amarradas.
Los hallazgos realizados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) se lograron tras excavar 15 metros de profundidad, remover 37.022 m³ de tierra y de escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material, y llegar al área de interés forense en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13, correspondiente al periodo 2002 – 2004, años en los que se registró el mayor número de desapariciones forzadas en el sector occidental de Medellín. En total se han hecho 38 hallazgos, además de restos humanos y estructuras óseas, se encontraron prendas de vestir y un documento de identidad; también paquetes de alimentos con fechas de caducidad. El análisis de estos elementos permitirá determinar la posible fecha de la inhumación, identificar a las víctimas y las circunstancias de modo y lugar de los asesinatos, y a sus responsables.
Este descubrimiento les da la razón a quienes desde hace más de 22 años vienen denunciando los crímenes cometidos por las Fuerzas Militares y grupos paramilitares cuando decidieron expulsar de allí a las milicias guerrilleras, quienes también perpetraron crímenes contra la población civil. Estas denuncias fueron ratificadas por exjefes paramilitares.
La JEP ha dicho que en La Escombrera fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13 San Javier y que esa verdad judicial se encuentra respaldada de manera inequívoca por evidencia documentada y por numerosos detalles del proceso forense. “Cualquier intento de ponerla en duda o sugerir lo contrario es, además de infundado, una ofensa para las víctimas y, ante todo, socialmente inmoral”[2].
Hoy, los procesos de investigación reconocen que en el marco de los operativos militares adelantados por la fuerza pública se cometieron irregularidades, abusos y violaciones a los derechos humanos. Cada intervención, luego de un largo proceso de infiltración y vigilancia, inició con el corte del suministro de electricidad dejando la población a oscuras, se produjeron ametrallamientos, disparos desde el helicópteros, cientos de detenciones arbitrarias, ejecución de personas señaladas de ser terroristas, incluso de menores de edad, torturas, decapitaciones, desplazamiento intraurbano, violaciones sexuales, múltiples hurtos, allanamientos irregulares y desapariciones forzadas.
“El informe de la Comisión de la Verdad recoge testimonios de exparamilitares y militares comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes afirman que la Operación Orión fue una intervención coordinada entre el Ejército Nacional desde la Cuarta Brigada, la Policía y el Bloque paramilitar Cacique Nutibara que comandaba Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. De hecho, él mismo aseguró que sus hombres fueron a la comuna, muchos encapuchados, con el fin de identificar personas, algunas de las cuales luego fueron asesinadas, otras capturadas y otras desaparecidas. También sostuvo que se cavaron más de 100 fosas que contendrían al menos 300 cadáveres.
Asimismo, un exmilitar que estuvo en la operación confirmó ante la Comisión de la Verdad que hubo connivencia con los paramilitares. “¿Mi misión cuál fue? Ir a Medellín, recoger los guías de las autodefensas, estaba ‘Don Berna’, ‘Doble Cero’, estaba todo unido, no habían peleado: ‘Vamos a recuperar la comuna 13’; reuní los manes en un jeep y una camionetica, los llevé a la Cuarta Brigada, les dije: ‘Mi general, aquí están los informantes que conocen todo, todo’, los dejé ahí. Se reunieron, salimos y llevé a los mismos informantes y se los presenté a los comandantes que iban a entrar. Ellos sí sabían que ‘Don Berna’ se los había mandado, y que se los había mandado ‘Carlos’ y ‘Doble Cero’”. [3]
La Comisión de la Verdad pudo establecer que “la Operación Orión fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó (capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones), por las serias denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado (además de fuerza pública, DAS y Fiscalía) y por la participación de grupos paramilitares”. Este relato, así como detalles sobre la crueldad de los asesinatos perpetrados antes, durante y después de la operación quedó consignado en el libro del CNMH, Medellín; memorias de una guerra urbana[4].
Ahora, sobre los hallazgos forenses realizados en las últimas semanas, la JEP informó que “dado que las personas halladas en La Escombrera fueron víctimas de desaparición forzada entre julio y septiembre de 2002, período en el que se desarrollaron varias de estas operaciones, sus crímenes forman parte del universo provisional de hechos y conductas del Subcaso Antioquia – Caso 08, que investiga los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. En esta investigación, la Sala de Reconocimiento aborda los hechos perpetrados antes, durante y después de las operaciones realizadas en las Comunas 7 y 13 de Medellín. Como parte de este proceso judicial, varios miembros de la fuerza pública, incluidos altos mandos militares, han sido citados a rendir su versión”[5].
El comandante de la Cuarta Brigada, Mario Montoya, quién pedía resultados en litros de sangre y lideró la operación junto con el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín Leonardo Gallego, declaró que su acción militar estuvo dirigida contra «la guerrilla, las autodefensas ilegales y la delincuencia común» que dominaban los barrios enteros de la Comuna. “Hacia el año 2000 se había consolidado la presencia de milicias de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), del ELN y las FARC, que ejercían autoridad y control territorial”[6]. Y podría ser cierto, pero el objetivo se convirtió en pretexto para la violación de derechos humanos y la intimidación de la población civil. Varios testigos de los hechos declararon que el objetivo era entregar la comuna al control de los paramilitares, como de hecho sucedió.
“Algunos paramilitares desmovilizados le dijeron a la Fiscalía que después de la Operación Orión las AUC se tomaron esos barrios. “La entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la Policía nos ayudó. No sé si por miedo, pero trabajamos en conjunto”. También algunas mujeres señalaron esos vínculos”[7].
La Comuna 13 fue un territorio en disputa por el control de los grupos armados. En esta zona, guerrilla y paramilitares libraron una intensa confrontación armada por el dominio de este sector. La JEP estableció que, entre 2001 y 2004, se llevaron a cabo 34 operaciones militares, las cuales dejaron tantas víctimas como relatos sobre el horror padecido por sus habitantes. “En el marco de estas investigaciones, buscamos a todas las víctimas de asesinatos y desapariciones que se encuentren en La Escombrera, sin ningún tipo de distinción, con el compromiso de esclarecer la verdad y garantizar justicia”[8].
Luego de hacerse pública la noticia sobre los hallazgos y el informe preliminar de la JEP empezaron a circular falsas declaraciones a través de redes sociales, atribuidas a miembros de este entidad. Una de ellas decía: “Acaba de salir el vocero de la JEP a aclarar que en el informe sobre las víctimas de la escombrera no se menciona en ningún momento la Operación Orión. También aclaró que las heridas de bala que tenían los cuerpos eran tiros de gracia y que corresponden a municiones de armamento ruso utilizado por FARC y ELN en el 2002 y 2003”-
Esto es totalmente falso. La JEP no ha afirmado ni negado que las víctimas correspondan a la ‘Operación Orión’, no podría hacerlo de modo categórico hasta no tener los resultados de los análisis de Medicina Legal. Y tampoco se ha referido a armamento ruso. Por ahora sólo caben las inferencias razonables sobre la veracidad de los testimonios brindados de manera coherente durante dos décadas por testigos y sobrevivientes, y de las versiones dadas por actores armados que participaron en los operativos. La investigación apenas está iniciando y todavía no se han identificado a las cuatro víctimas encontradas.
La Unidad de Búsqueda contabiliza 502 personas dadas por desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, y por ahora, con a intención de acelerar el proceso de identificación de los hallazgos óseos, ha lanzado un llamado para que quienes no han aportado muestras de ADN de sus familiares desaparecidos en esta zona del país lo hagan a la mayor brevedad[9].
Las pesquisas en curso sobre terreno indican que la Escombrera no sólo fue un sitio destinado a desaparecer restos de personas asesinadas, sino que también fue un lugar de ejecución, donde varios detenidos fueron obligados a cavar su tumba y allí mismo fueron masacrados. La JEP confirmó que dos de las personas halladas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas Por eso este sitio se asume como la escena de un múltiple crimen.
Sistematicidad e impunidad
La Comisión de la Verdad, sostiene que crímenes como la detención arbitraria, tortura, violencia sexual y homicidio son violaciones de derechos humanos que se dan en el marco de la desaparición forzada. Con el tiempo, las prácticas de ejecutar personas y desaparecer sus restos se llenaron cada vez de más sevicia y de deshumanización hacia las víctimas. “A partir de los años 90, los paramilitares convirtieron en una práctica el decapitar, descuartizar o eviscerar a quieres desaparecían. Esta modalidad de desaparición forzada fue una práctica sistemática y cometida a gran escala. Se caracterizó porque estaba dirigida a eliminar ciertas personas consideradas guerrilleros o miembros de otros grupos armados ilegales. No importaba quién era esa persona, lo determinante era contar con un cuerpo”. En ese entonces las condiciones para la impunidad estaban aseguradas, pues en ausencia de cuerpo no había crimen demostrable, y tampoco había un límite social o simbólico que impidiera esta práctica criminal. Incluso en el primer proyecto de Ley llevado al congreso en 1987, como lo recordó el jurista, docente y defensor de derechos humanos, Federico Andreu, “el ministro de justicia que lo presentó en ese momento dijo: “presentamos esta ley para probar que aquí no hay desaparecidos forzados. Se trata de borrachos o de maridos infieles que no vuelven a su casa… Esto muestra el contexto como era un Estado que negaba la desaparición forzada”[10].
En la normatividad colombiana, la tipificación de la desaparición forzada estuvo ausente durante el siglo XX, lo que permitió un amplio margen de impunidad jurídica y social. Solo a partir de la Ley 589 de 2000, Colombia cumplió sus obligaciones de tipificar la desaparición forzada, adquiridas como signataria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta ley estableció el delito de desaparición forzada y creó la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (CBPD), el Registro Nacional de Desaparecidos y el Registro de Personas Capturadas y Detenidas[11].
Durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se registran dos picos en la desaparición forzada: 2002 y 2007. En 2002 se registraron 9.293 víctimas. El aumento en el registro está relacionado con el mayor despliegue de violencia que impusieron las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2007 fue el segundo pico más alto registrado, con 5.535 víctimas, que coincide con las denuncias de desaparición forzada que se presentaron en casos de falsos positivos y con el inicio del rearme paramilitar[12]. Las desapariciones forzadas aumentaron en un 200% y la mayoría de los casos tuvieron un componente político, pue se trataba de eliminar a la oposición y generar terror en la familia de las personas desaparecidas y su entorno social, como lo afirmó la defensora de derechos humanos Luz Marina Hache Contreras, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)[13].
Las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad, la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica, así como los informes publicados por diferentes organizaciones sociales, y también por el CINEP, muestran que al delito de la desaparición forzada ha alcanzado cifras aterradoras en el país, que, incluso, se comparan o superan al número de víctimas de este delito bajo dictaduras militares en el Cono Sur. Hablamos de más de 200 mil víctimas. Sin embargo, el debate público ha sido tímido, las familias de los desaparecidos han dado una batalla solitaria por la verdad y la justicia, y el Estado ha aparecido no como aliado en su lucha sino como una figura amenazante, en cuyas instituciones no se puede confiar, como declararon víctimas de la Comuna 13 respecto a la Fiscalía.
“Esta situación de que existieran infiltrados del Estado en los grupos ilegales, hizo que la gente desistiera de denunciar los casos de violencia, por temor a las retaliaciones, que de hecho ocurrieron. De ahí que la comunidad le cogió miedo a la Fiscalía. De ahí que los hechos que le sucedían no eran denunciados porque además cuando se denunciaba ante la Fiscalía, al otro día aparecía la persona muerta o sin cabeza o degolladas o se iban del barrio. Les colocaban un letrero que decía “se van por sapos” o ya estaban muertos y “este murió por sapo”[14].
Este contexto de dificultad para el avance de las indagaciones se mantuvo desde cuando los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar los crímenes en 2001, pero sólo hasta ahora, por vez primera se recuperan cuerpos en este sitio y se empieza a materializar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto y de crímenes de Estado. “A la fecha, el proceso de identificación avanza de manera significativa en dos casos, ya que se logró obtener el perfil genético de las víctimas, lo que ofrece buenas probabilidades de dar pronto con su identidad. En los otros dos cuerpos, las estructuras óseas están completas en un 85%, lo que permite prever que también podrán ser identificadas”.
Sin embargo, pese a los hallazgos en La Escombrera y a las graves revelaciones hechas por las entidades responsables, el país -o parte de él- enfrenta un deterioro moral que impide la solidaridad ante el dolor, la defensa de los derechos humanos sin distinciones y el respeto y reconocimiento de las víctimas. Hace pocos días, un periodista se atrevió a insinuar un montaje por parte de las madres de los jóvenes desaparecidos. La JEP respondió a través de un comunicado, diciendo que “sugerir que fueron las propias familias quienes enterraron a sus seres queridos en La Escombrera es desconocer y negar la magnitud del sufrimiento que han atravesado por décadas. Es también menospreciar la incansable lucha que las ha mantenido firmes en su búsqueda de la verdad. Es ignorar el trabajo de investigación judicial que desarrolla la Jurisdicción y que en su momento realizó la fiscalía general de la Nación. Es desestimar los estudios de los equipos técnicos y forenses, los aportes de quienes cometieron estos graves crímenes y los testimonios de las víctimas. Por eso, desde la magistratura hacemos un llamado a abordar las diferencias con el rigor que requiere un tema tan complejo y delicado como la búsqueda de los desaparecidos y el sufrimiento indecible de sus familias”.
Los recientes avances, no obstante, son la punta del Iceberg de un crimen sistemático que abarca dimensiones espantosas, y que no ha sido debidamente documentado y reflexionado por el país. Sabemos que en todo el territorio existen cientos de fosas comunes que ocultan los restos de miles de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, que tal vez las fosas más grandes se encuentren bajo las aguas de los ríos Magdalena y Ariari, y que la mayoría de las víctimas jamás serán encontradas. En 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) presentó un universo de 124.734 personas desaparecidas[15]. Y en 2023, se registraron 5.959 desapariciones en Colombia.
Estos avances, así como el reconocimiento del delito y de un inmenso universo de víctimas se debe principalmente a la persistencia de las familias y las organizaciones que defienden los derechos humanos. La valiente lucha y la encomiable resistencia de las víctimas, madres, padres, esposas, hijos y organizaciones de víctimas de la Comuna 13, que en contextos de enorme vulnerabilidad desafiaron el miedo y la impunidad. “Han sido precisamente los familiares de las víctimas quienes, durante décadas, solicitaron la intervención del Estado, insistiendo en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en los años 2000, periodo de agudización del conflicto armado en Medellín”. Varias alcaldías desestimaron las denuncias, algún alcalde consideró que se trataba de una leyenda urbana inventada por los vencidos para deslustrar la imagen de Medellín, algún otro se atrevió a emprender excavaciones que, al no contar con un plan de búsqueda riguroso, no llevó a ninguna parte. Las víctimas dieron una larga y solitaria batalla que ahora, después de dos décadas empieza a dar resultados. Saben bien que el reto es complejo, tanto por la extensión del lugar, como por el hecho de que los restos de decenas de desaparecidos estarían sepultados bajo duras capas de cemento, pero ahora como nunca antes cuentan con una institucionalidad que los acompaña y que ha asumido el reto de llegar al fondo de La escombrera y de la verdad.
El país hoy conoce a la Comuna 13 como una zona de muerte, violencia y dolor, donde la ausencia de una agenda social y la brutalidad en la confrontación de estructuras armadas y redes de crimen organizado llevaron a la muerte prematura a cientos jóvenes y obligó al desplazamiento de decenas de familias, sin embargo, a la par del horror de la guerra, se forjaron allí mismo experiencias de organización y resistencia que se atrevieron a desafiar la muerte, el olvido y la impunidad, y que vale la pena recordar.
El reconocimiento orientado hacia la justicia histórica, pasa no sólo por encontrar los restos de los desaparecidos, revelar la ubicación e identidad de las víctimas y de sus perpetradores y elucidar el contexto que facilitó la perpetración de los crímenes; también se trata de reconocer los diversos procesos sociales de organización que convirtieron a la Comuna en un espacio de resistencia para crear y desarrollar iniciativas comunitarias a través de organizaciones civiles como la Asociación de Mujeres de Las Independencias (AMI), la Corporación Sal y Luz, grupo de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, el primer medio de comunicación en formato impreso ContáContá, la Corporación Siglo XXI, la Red de Confecciones de la Comuna 13, Alfareras de la Comuna 13, EAT Futuro Paisa y la Corporación Realizadores de Sueños, entre otras. Estos procesos ofrecieron alternativas a sus jóvenes, contuvieron las dinámicas del conflicto, alejaron los espejismos del narcotráfico y enfrentaron con valor los métodos de control social y asedio de los armados. Y algunos de ellos sobrevivieron a la arremetida militar.
Para las organizaciones forjadas en el territorio, la memoria es una herramienta esencial para comprender la realidad concreta y resistir a la guerra. La Obra Social Madre Laura y la Jornada por la Paz, la Memoria y la Noviolencia, entre otras, han asumido las labor de acompañar a las familias y visibilizar el drama de las víctimas del conflicto, enseñando que en un mar de dolor, también florece la dignidad y el amor por la paz y la vida[16].
Hoy parte del país les da la razón a las mujeres buscadoras de verdad y de hijos desaparecidos en el horror de la guerra y la violencia; reconoce la lucha, valor y resiliencia de “las cuchas”, y empieza a dignificar desde la acción artística, cultural y social su compromiso y lealtad con la memoria de un país, cansado de gritar ¡basta ya!
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[1] Montoya, Pablo; La sombra de Orión. Literatura Random House. Bogotá, 2021, Pag, 359.
[2] JEP, “Primer balance quincenal de intervención en La Escombrera: los hallazgos corresponden, al menos, a cuatro personas”. Medellín 23 de enero de 2025. Ver en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-jep-entrega-primer-balance-quincenal-de-intervencion-en-la-escombrera-los-hallazgos-corresponden-al-menos-a-cuatro-persona.aspx
[3] El colombiano; “Lo que sabe de la operación Orión, en la comuna 13 de Medellín, por denuncias, testimonios ante la justicia e investigaciones”. Medellín, 30 de diciembre de 2024. Ver en: https://www.elcolombiano.com/medellin/operacion-orion-en-la-comuna-13-medellin-lo-que-se-sabe-de-la-intervencion-militar-DH26217712.
[4] Consultar libro en:
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/medellin-memorias-de-una-guerra-urbana.pdf
[5] JEP; Op. Cit.
[6] Comisión de la Verdad; “El violento engranaje de la Operación Orión”. Ver en: https://www.comisiondelaverdad.co/el-violento-engranaje-de-la-operacion-orion
[7] Verdad abierta; “Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín”. Medellín, 14 de noviembre de 2013. Ver en: https://verdadabierta.com/mujeres-victimas-de-la-operacion-orion-en-medellin/
[8] JEP, Op.Cit
[9] La JEP y la UBPD invitan a estas personas a acercarse a cualquiera de las sedes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a nivel nacional o comunicarse a la línea 018000-117175 para recibir orientación sobre la toma de muestras biológicas.
[10] Comisión de la Verdad; “Algunos puntos clave para entender cómo ha sucedido la desaparición forzada en Colombia”. Ver en: https://www.comisiondelaverdad.co/violaciones-de-derechos-humanos-infracciones-al-derecho-internacional-humanitario-y/desaparicion
[11] La descripción de este delito promovió una idea según la cual se concebía como principal autor responsable de esta violación a miembros de grupos armados ilegales, al contrario de la experiencia internacional, que establece que la desaparición forzada se atribuye principalmente a agentes del Estado o a alguien que actúe bajo su orden o aquiescencia. Por este motivo, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-317 de 2002, consideró que independientemente de si el responsable es agente público o particular, la conducta puede calificarse como delito. De este modo, tanto grupos armados ilegales como estatales pueden ser sujetos responsables de este crimen. Ver: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; Informe Final. HAY FUTURO si hay verdad. Pág 184.
[12] Se llegó a estas cifras por la integración final de bases de datos del proyecto JEP-CEV-HRDAG. También se evidencia que la estimación (en verde) del universo de víctimas puede aumentar de manera considerable si tenemos en cuenta el subregistro. Para un análisis a fondo del subregistro, ver el anexo de JEP-CEV-HRDAG, «Proyecto conjunto de integración de datos y estimaciones estadísticas». Ver: Informe Final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
[13] SweFOR; ““La desaparición forzada ha sido una política de Estado”. Bogotá, septiembre 29 de 2022. Ver en: https://swefor.org/es/colombia/desaparicion-forzada-politica-estado/
[14] Verdad Abierta, Op.Cit.
[15] UBPD; “141 personas con vida fueron encontradas por la Unidad de Búsqueda durante el 2024”. Bogotá, 30 de diciembre de 2024. Ver en: https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/resultados-busqueda-balance-nacional-2024/
[16] INFORME COMUNA 13: MEMORIAS DE UN TERRITORIO EN RESISTENCIA. Graves violaciones a los derechos humanos y resistencias a la violencia en la comuna 13 de Medellín durante el periodo 1995-2020. Edición Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J., Centro de Fe y Culturas Luz Nelly Osorno, Instituto Popular de Capacitación (IPC) Óscar Correa, Corporación Jurídica Libertad Rubén Fernández Andrade, Centro de Fe y Culturas.
Maureén Maya
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