Este hecho es similar a las verdades y denuncias de las Madres de Soacha, en el fatídico caso de los mal llamados “Falsos Positivos”, de las Tejedoras de Mampuján, frente a la masacre ejecutada por paramilitares en los Montes de María y muchos otros casos criminales en esa y otras regiones del país. También, en lo internacional, como en Argentina con las “Madres de la Plaza de Mayo” y al “Silencio de Otros” llevado al cine, como escenario de resistencia al olvido, frente a los crímenes del franquismo en España durante la guerra civil, que dejó cementerios clandestinos y cuerpos de víctimas enterrados en cunetas de carreteras, como el caso del poeta Federico García Lorca. Tantos procesos fatídicos acumulados, donde el terrorismo de Estado coaligado con bandas de asesinos practicó el exterminio de población, escondió los cadáveres y pretendió sepultar la verdad, borrar la memoria y estigmatizar a los familiares; en especial, a las madres, hijas, hermanas y esposas, a quienes como en todos los casos, las llamaron “locas”.
Distintas administraciones municipales dilataron, con métodos burocráticos y la reducción a estudios para publicar, en varios casos, los procesos de búsqueda y esclarecimiento de la verdad. Por allí pasaron los gobiernos de Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, en su primer mandato e, incluso, de Daniel Quintero.
Como bien muestra Gustavo Salazar, Magistrado de la JEP en entrevista con Cecilia Orozco [1], las administraciones de Medellín y la Fiscalía, en el pasado, abordaron tibiamente las demandas de las mujeres, cumpliendo con desgano, a la par que esgrimieron pretextos relacionados con los altos costos de excavación de la Escombrera y anunciaron la imposibilidad de encontrar cadáveres, allí.
Las familias de las víctimas, en especial las madres, para defender su derecho a la verdad y a la recuperación de los cuerpos de sus familiares se apoyaron en asesoría jurídica, en relatos y denuncias y en hechos contundentes relacionados con la ubicación de un cuartel paramilitar en la parte alta de la Comuna Trece de Medellín.
La Escombrera está ubicada en la zona periférica, semirural, de la Comuna Trece – San Javier de Medellín, en la parte alta; cerca del Corregimiento de San Cristóbal. La Comuna 13 está conformada por 19 barrios, ubicados en el centro-occidente de Medellín. La zona tiene un área de 700 hectáreas y cuenta con cerca de 168.650 habitantes, con un predominio de personas cuyas edades van desde los 10 hasta los 35 años y de población femenina, mayoritariamente (44,09%) pertenecientes a los estratos uno y dos.
La historia de la Escombrera tiene tradición como depósito de desechos de la construcción, demoliciones y explotación de arena en el sector sur. Su escabroso historial como escenario de crímenes de guerra, data desde 1978. Allí se perpetraron asesinatos mediante tiros de gracia, que acabaron con la vida de personas señaladas, especialmente, de pertenecer, apoyar o simpatizar con grupos de milicias populares.
Después de más de 15 años, en un contexto de impunidad frente a los crímenes de Estado y de los grupos armados ilegales, a petición de la Corporación Jurídica Libertad, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice – y de las Mujeres Caminando por la Verdad, desde el Sistema de Verdad; Justicia, Reparación y Voluntad de No Repetición, tuvo que llegar la Justicia Especial Para la Paz – JEP – en septiembre de 2018, con su determinación para trabajar sobre 16 lugares de inhumación irregular en el país, los que luego se extendieron a 17 con el caso del Cementerio de Dabeiba; cementerios clandestinos de personas víctimas de desaparición forzada; entre ellos, el caso de la Escombrera. Asumir el caso, implicó que comenzaran a destrabarse los obstáculos institucionales trabajando de la mano con la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas – UBPD -.
En 2019, la Fiscalía General de la Nación relacionó tres polígonos que concentraban las áreas de interés forense. Esta información es resultado de excavaciones realizadas en el año 2015 en el polígono uno, de 14.000 metros cúbicos, donde no se reportaron hallazgos y se suspendieron las actividades de búsqueda, luego de dos meses. Con el pretexto de esconder las motivaciones políticas centradas en el ocultamiento de la verdad, se argumentó que la búsqueda era onerosa e infructuosa para la justicia ordinaria.
Años antes, en 2008, la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia firmaron el Convenio 009, para la entrega de 200 cuerpos del Cementerio Universal para el Laboratorio de Osteología, para actividades académicas. Al respecto, La Agencia de Prensa IPC [2] encontró que, en dicho contexto, la alcaldía entregó cuerpos sin identificar, lo que está prohibido según las normas y, además, se hizo sin autorización de la Fiscalía; la Universidad los recibió y devolvió algunos en mal estado.
A partir de la recuperación de expedientes de la justicia ordinaria, del material de Justicia y Paz y de toma de testimonios, en octubre de 2019, en el marco de una audiencia para el caso de Hidroituango, como relata el Magistrado Salazar, la JEP tuvo reportes de depósitos de restos humanos ubicados en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, provenientes del Cementerio Universal. A través de un convenio entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, mediante inspección judicial se pudo constatar que hubo una entrega de cuerpos para estudios de la Maestría de Osteología Antropológica y Forense. Estos restos estaban mezclados con restos provenientes del Cementerio Indígena Nutabe de Orobajo, de personas halladas en el Río Cauca.
En la apertura de cuatro cajas, con restos que no correspondían al Cementerio de Orobajo se pudo constatar que dichos restos humanos presentaban signos de violencia consistentes en disparos en la base craneana. A partir de allí, el Magistrado decretó la Inspección Judicial de la totalidad del Laboratorio, con una totalidad de 69 cuerpos. Esta labor implicó seis meses de trabajo de la JEP y de Medicina Forense.
El Cementerio Universal queda en la base de la Comuna 13, cerca del Río Medellín; se dedica al sepelio de las personas más pobres y de los cuerpos identificados no reclamados o no identificados. En inspección decretada por la JEP se encuentra que había inhumaciones ilegales. Mediante testimonios se pudo establecer que allí podrían estar depositados cuerpos de víctimas de la Comuna Trece. Personas asesinadas en la Operación Orión, o de acción de grupos ilegales, paramilitares o de Milicias. Allí se inspeccionaron 182 cuerpos. La investigación duró cerca de tres años.
Dicha actividad fue paralela a la actividad de excavación en la Escombrera. Todo ello, con base en la pregunta: ¿Dónde están enterrados los muertos de la Escombrera?
En Antioquia, la cifra de desaparecidos en dicho período supera las 23.000 personas. El universo de víctimas en la Escombrera, con base en estudios de la JEP, reportó 459 víctimas de la Comuna Trece, para el período comprendido entre 1978 y 2016. El pico de desapariciones está en el segundo semestre de 2002 y el año 2003. En este período se desarrolla la Operación Orión.
En los años 2001, 2002 y 2003 comienza la consolidación hegemónica del Bloque Cacique Nutibara del paramilitarismo. Se da una serie de relaciones con el Bloque Metro y la lucha en contra de las Milicias Populares. El Bloque Cacique Nutibara, bajo el mando de alias “Don Berna”, entra en conflicto con el Bloque Metro, también del paramilitarismo, en la Comuna 8 y contra los diversos grupos de milicias populares.
La JEP investiga en el marco de qué operaciones, qué unidades militares cometieron delitos de desaparición forzada. El Caso 08 se refiere a la investigación del entramado criminal cometido por integrantes de la fuerza pública y de otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles.
La Operación Orión, como lo interpreta la JEP en el Caso 08, es un conjunto de operaciones militares que inicia desde diciembre del año 2001 hasta mayo de 2003. Al conjunto de operaciones militares adelantadas por Agentes del Estado, como afirma el Magistrado Salazar, se le denomina “Orión”, por ser la más sonora y corresponde al 21 de octubre de 2002. Tiene tres partes: Orión 1, Orión 2 y Orión 3. Orión 2 es en noviembre de 2002 y Orión 3 ocurre en marzo de 2003. No obstante, hay otras operaciones, como Antorcha, Mariscal, Saturno y otras, que van hasta el final de 2003, con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Pero, quedan los reductos de los Bloques Héroes de Granada, también de don Berna, con álgidos puntos de confrontación armada, con su secuela de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado.
La Operación Orión fue realizada, especialmente, durante el mandato de Álvaro Uribe y el ejercicio de Marta Lucía Ramírez, como Ministra de Defensa. Álvaro Uribe ha reconocido en público, ante jóvenes de Medellín, que él dio la orden de intervenir militarmente en la Comuna Trece. La operación estuvo a cargo del General Mario Montoya, en calidad de comandante de la IV Brigada y del General Leonardo Gallego, como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en tiempos del Alcalde de Medellín, Luís Pérez Gutiérrez.
Entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003 se presentan más de 135 desapariciones de habitantes de la Comuna Trece.
En la labor de la JEP fueron removidos 40.000 metros cúbicos de escombros. El área priorizada tiene 7.500 metros cuadrados (150 metros de largo por 50 de ancho y 25 metros de profundidad). Se requirió excavar desde las zonas más altas, hasta 27 metros de profundidad. Se hicieron nueve excavaciones que fueron infructuosas y se volvieron a redefinir los polígonos, se hizo recopilación de material de aerofotografía, material satelital desde 2010. Se ubicaron zonas alteradas. Se señala que el principal ejecutor de desapariciones es el Bloque Cacique Nutibara y en menor medida, hay casos de desapariciones por parte de Milicias, aunque la práctica de estas organizaciones era el asesinato directo.
En relación con las desapariciones y asesinatos, el inicio es la captura, plantea casos de señalamientos a miembros de la Fuerza Pública como ejecutores directos y en otros casos, por parte de los paramilitares.
La complicidad entre el Estado y el paramilitarismo quedó plasmada para la historia, en la foto de Jesús Abad Colorado, en hechos ocurridos el 16 o 17 de octubre de 2002 [3]. El hombre encapuchado señalando dónde debía intervenir y a quiénes debía capturar la Fuerza Pública era Marlon Andrés Castañeda Higuita, más conocido como el “Gomelo”, integrante del Bloque Cacique Nutibara. Su nombre permaneció en el anonimato durante más de veinte años. Posteriormente, el Comandante Paramilitar, Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias “Móbil 8” despejó los interrogantes y difundió su nombre. Esta persona de la foto fue asesinada tiempo después, por sus propios compañeros.
Según las afirmaciones de Móbil 8, para desarrollar el operativo, los militares desembarcaron en la Vereda La Loma de la Comuna 13. Allí, tres mandos del Bloque Cacique Nutibara les entregaron siete guías al Ejército, entre quienes se encontraba “El Gomelo”.
La captura de personas, según las versiones de miembros de la comunidad, era para trasladarlas a la parte alta de la Comuna Trece donde estaba instalada la base paramilitar, donde eran torturadas, asesinadas y enterradas. Encima de los cadáveres se depositaban escombros.
La base paramilitar se estableció antes de la Operación Orión y permaneció después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, con el Bloque Héroes de Granada. Dicha base pudo haber estado allí durante más de dos años operando con total impunidad.
Al respecto, existen declaraciones de paramilitares ante Justicia y Paz, que coinciden con estos hechos narrados.
El trabajo de la JEP ha consistido en individualizar a las víctimas de desaparición forzada. Hay casos de identificación completa y otros casos de víctimas anónimas. Los testimonios de las personas familiares de víctimas de desaparición, son el punto de partida.
A raíz de los hallazgos de restos humanos encontrados desde septiembre de 2024, comienza a despuntar una luz de esperanza para encontrar la verdad. A la fecha, se cuenta con más de treinta restos humanos que pueden pertenecer a cuatro o cinco personas.
Mediante Comunicado del 23 de enero de 2025 [4], la JEP informa que los hallazgos forenses recuperados en la Escombrera corresponden a restos de cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada, entre 2002 y 2003.
La JEP destaca estos hallazgos como un logro de las familias buscadoras; como fruto de la resistencia de madres, padres, esposas e hijos y de las organizaciones de víctimas de la Comuna Trece. Es el resultado de la lucha social, política y jurídica de las víctimas y representa un importante avance en la superación de los métodos tradicionales de intervención forense.
Simultáneamente, se conmueven los obstáculos y empiezan las campañas negacionistas desde la institucionalidad de Medellín y de los grandes medios de comunicación. Una acerba campaña de estigmatizaciones y mentiras se extendió desde el Concejo de Medellín y de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, atizada por los grandes medios de comunicación, con la vana pretensión de negar o cubrir con mantos de duda y persecución de las madres, de los artistas y de personas defensoras de los derechos humanos.
No obstante, ante el fracaso de sus acciones y el rechazo de amplios sectores de la población, volvieron al intento de sepultar la verdad, mediante la provocación de nuevos hechos y acciones de sabotaje a los murales y amenaza mediante la muestra de armas, en contra de las personas, como ocurrió en la ciudad de Cali. Contrario a sus intenciones, los murales de “Las Cuchas tienen razón” y los hechos artísticos se han desplegado por distintas ciudades de Colombia y del exterior, con amplia acogida social.
Así, entonces, el paso de la línea 2 del Metro de Medellín, por la zona de las escaleras eléctricas de la Comuna Trece, comenzará a ser resignificado para habitantes y turistas. Seguramente, se expandirán nuevas formas de representación simbólica y de valoración del papel de las mujeres en la búsqueda de la verdad, de defensa de la memoria y de lucha en contra de la impunidad, aún, en los momentos más oscuros. Como bien lo plantea Habitante Siete [5], la memoria es un pilar fundamental en la construcción de la paz.
Para la magistratura de la JEP, el sugerir, como lo hace un director de medio radial, que fueron las familias quienes enterraron a sus seres queridos en la Escombrera refleja el menosprecio a la lucha que éstas han mantenido por décadas, en la búsqueda de la verdad y es desconocer el trabajo realizado por la JEP, por la Fiscalía en su momento, así como la labor realizada por los organismos judiciales y forenses y sus equipos técnicos.
Fuentes:
[1] Orozco Cecilia. En la RAYA con Cecilia Orozco “Las madres tenían razón: La Escombrera era lo que ellas decían”: Enero 19 de 2025.https://www.youtube.com/watch?v=3Jxiruc7MEc
[2] Juan Camilo Gallego Castro. EPM y Universidad de Antioquia sí exhumaron cuerpos de víctimas de muerte violenta en área de Hidroituango. Agencia de Prensa IPC. Noviembre 1 de 2022. [3] Sánchez Arévalo Nicolás. Sí era un paramilitar: la historia del encapuchado de la Operación Orión. Vorágine. Septiembre 24 de 2023. [4] Comunicado de la @JEP_Colombia: “Personas halladas en La Escombrera fueron víctimas de desaparición forzada entre 2002 y 2003”. Revista Raya. Enero 23 de 2025.https://x.com/revistaRAYA/status/1882533622944542927
[5] «Las cuchas tienen razón». Mujeres buscadoras en la 13. Habitante Siete. Enero 15 de 2025Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: pares.com
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