“Artículo 1. Declarar el estado de conmoción interior, por el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
Contexto
La región del Catatumbo ocupa una vasta extensión de terreno de más de 4.800 km² del departamento Norte de Santander, en el nororiente colombiano, y parte del sur del Cesar. Es un territorio cerca a la frontera venezolana donde existe una amplia variedad climática en zona de bosques y selvas. Su ubicación geográfica la convierte en una zona estratégica y de movilidad utilizada por grupos armados ilegales, algunos de ellos insurgentes, toda vez que su control implica también dominar la frontera colombo-venezolana y el norte colombiano, es decir, un importante territorio lleno de recursos naturales al que se le pueden sacar millonarias rentas, tanto legales como ilegales.
El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su cuenca ha sido una de las más prolíficas del país, aunque el crudo no trajo el progreso esperado para la región[1].
En ese contexto llegaron las guerrillas: El Ejército de Liberación Nacional -ELN y el Ejército Popular de Liberación- EPL, ya desmovilizado arribaron a fines de los 70. Las FARC a mediados de los 80. De la misma manera, el Estado aumentó la presencia militar y automáticamente floreció el paramilitarismo que ha azotado con saña la región a partir de los años 90.
En 2016 con la firma del acuerdo de paz con las FARC se esperó que en la fase de implementación la región fuera ocupada por el Estado a través de servicios, lo que no ocurrió pues es sabido por todos que no solo en Catatumbo sino en el resto del país el Estado no ocupó los territorios de dominación guerrillera tras la firma del acuerdo de 2016, pues el gobierno nacional tanto en el final del gobierno de Santos como en los cuatro años de Duque no tomó medidas de implementación, lo que ocasionó que grupos armados llegaran antes que el Estado a las regiones como ocurrió en el Catatumbo.
En la actualidad, la región de Catatumbo cuenta con más de 40.000 hectáreas de coca y se ha convertido por tal razón en una zona de actividades ilícitas, tras muchos años de conflicto y una muy débil presencia estatal.
Situación actual
Desde el 15 de enero de 2024, intensos combates se vienen desarrollando en la zona entre el ELN y grupos disidentes del proceso de paz de las FARC, quienes se disputan el dominio del territorio, dada su importancia estratégica. La grave afectación a la población civil ha generado una crisis humanitaria de tan importante envergadura que se han visto sometidas a desplazamiento forzado más de 40.000 personas “Puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo ‘evento’ desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia (1997)”,[2] ha señalado recientemente la Defensora del Pueblo, Iris Marín. Actores paramilitares y bandas criminales como “Los Pelusos” actúan en la zona y contribuyen a generar y aumentar los niveles de violencia que azotan la región. A la fecha se cuentan cerca de 80 personas que han sido asesinadas.
Los desplazados se han dirigido a poblaciones vecinas, a la ciudad de Cúcuta y casi la mitad de ellos ha migrado a Venezuela, llegando al poblado de Casigua El Cubo en el Estado de Zulia. El gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a desplegar apoyo a los migrantes. Contrasta la actitud humanitaria del gobierno de Maduro, con la arremetida contra los migrantes del gobierno de Trump en el país del norte.
El Gobierno Nacional ante la crisis humanitaria generada por las acciones del ELN que inició la arremetida contra los disidentes de las FARC, afectando de manera criminal y ostensible a la población civil, suspendió las negociaciones que sostenía con ese grupo armado dentro de la política de paz total y decretó el estado de conmoción interior para conjurar la grave situación en la zona.
Así mismo los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciaron el lanzamiento de una operación militar conjunta en el Catatumbo anunciada por el presidente Petro como una “operación militar antinarcóticos” con el fin de lograr “una frontera sin mafias (..) para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”[3]
La Conmoción Interior
Tras un concienzudo análisis de los presupuestos fáctico, valorativo y de necesidad e insuficiencia de las medidas ordinarias, el gobierno nacional decidió decretar la conmoción interior en la zona del Catatumbo, restringiéndola a los municipios que relacionó en la parte resolutiva del decreto, transcrita al comienzo de este artículo. Entre otros aspectos el decreto, en las consideraciones señala:
“Que, frente a los hechos pe violencia mencionados, la Policía Nacional ha realizado actividades de control territorial, tales como patrullaje urbano, registro a personas y vehículos y control a establecimientos públicos. Además, se han cumplido actividades de policía judicial, tales como apertura de noticias criminales, inspecciones técnicas a cadáveres, recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas y recolección de proyectiles.
Que, por su parte, las Fuerzas Militares han desarrollado actividades operacionales defensivas y ofensivas, entre las que se destacan: (i) el reposicionamiento de 10 pelotones de la Fuerza de Tarea Vulcano (FUVUL) y la Trigésima Brigada (BR30), para fortalecer y ejercer un control militar de la zona; (ii) apoyos humanitarios, a través de la Aviación del Ejército, para el rescate de personas heridas y amenazadas; (iii) el establecimiento de puestos de mando en las bases militares del departamento, para atender personas amenazadas; (iv) en Cúcuta se han dispuesto 2 helicópteros UH-60, 1 HUEY y 1 M117, para tener capacidad de efectuar de manera inmediata movimientos de tropa y logísticos, así como apoyos humanitarios, y (v) se han establecido mecanismos para reconocimiento aéreo e inteligencia aérea con imágenes.
Que las acciones adelantadas para la recuperación del control del territorio necesitan ser reforzadas, ante la magnitud de la crisis humanitaria causada por el escalamiento abrupto e imprevisible del accionar violento del ELN”.
En tal sentido la operación militar conjunta con el gobierno venezolano resulta conveniente, dada la urgencia de proteger a la población civil, así como las medidas de intervención social que en decretos se encuentra preparando el gobierno.
La paz total tiene que estar acompañada de inversión social como ha expresado el gobierno desde el inicio de su gestión. Ante la crisis fiscal ocasionada por el hundimiento de la ley de financiamiento, resulta necesaria la toma de medidas extraordinarias para focalizar recursos financieros en determinados territorios.
Este gobierno intentó hacerlo en el departamento de la Guajira a través de una declaratoria de emergencia económica cuyos presupuestos fácticos y jurídicos eran razonables, pero que la Corte Constitucional declaró inexequible sin que su sentencia reflejara mayor argumentación jurídica. Ahora, en el Catatumbo, la institucionalidad toda, deberá recuperar la zona combinando acciones militares con inversión social y presencia estatal de largo aliento que es la única manera de proteger a la población civil y garantizar permanentemente los derechos de todos los moradores de la región.
Resultaba necesario que el Gobierno Nacional tomara medidas extraordinarias tanto para conjurar la crisis humanitaria inmediata como para garantizar la paz social en la región y la seguridad fronteriza.
Está en manos de la Corte Constitucional, en el control automático que deberá ejercer sobre el decreto de conmoción interior, la posibilidad de contribuir o no a recuperar el Catatumbo y a avanzar en el desarrollo de la región o “tumbar” el decreto de conmoción interior para seguir obstaculizando la gestión presidencial como lo ha hecho en el pasado. Esperemos que esta vez tenga grandeza.
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[1] Violencia en el Catatumbo_ por qué es clave esta rica región en Colombia que se disputan el ELN y disidencias de las FARC y que desató una crisis humanitaria – BBC News Mundo
[2] Defensoría.gov.co
[3] Pagina 12.com.ar. 1 de febrero de 2025
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta de la Corporación Sur
Foto tomada de: Radio viva Fenix
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