Sea como fuere este Consejo de Gobierno precipitó una crisis ministerial que se venía anunciando desde la renuncia de Mauricio Lizcano al frente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Es un hecho que la crisis desatada a raíz del contradictorio Consejo de Gobierno deja por fuera ministros que se consideraban del círculo más cercano de Petro como la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad o la de Augusto Rodríguez y Jorge Rojas dos funcionarios también muy cercanos al presidente de la República. Estos funcionarios estuvieron en la primera línea de cuestionamientos a los nombramientos de Benedetti y Sarabia. Sus renuncias si están directamente relacionadas con este Consejo de Gobierno, otras se venían anunciando por cuanto algunos de estos funcionarios como el ministro del Interior o la ministra del Trabajo han tomado la decisión de participar del proceso electoral del año 2026.
Recomponer el gobierno de cara al trámite de las reformas en el Congreso y al proceso electoral del 2026
Es evidente que las contradicciones en el seno del gobierno llegaron a un punto crítico por los señalamientos a Benedetti y a Sarabia de prácticas clientelistas y en el caso de Benedetti de violencia intrafamilar, pese a que las investigaciones sobre la misma no han concluido ni se conocen. Tampoco han concluido las investigaciones judiciales en procesos por corrupción en el caso de Benedetti y de abuso de poder en el caso de Sarabia. Pero estos señalamientos fueron el detonante de esta crisis. Ante las renuncias iniciales Petro pidió la renuncia a todos los ministros y a los directores de los Departamentos Administrativos de carácter nacional. Ahora vendrá la recomposición del gobierno.
Desde la perspectiva de las reformas importantes que se tramitan en el Congreso como la reforma a la salud, la reforma política, la reforma laboral y la ley de financiamiento el balance que deja a los ministros encargados de las carteras respectivas y al ministro del Interior el balance no es bueno. Todas estas reformas se encuentran estancadas en el Congreso y no hay certeza de su trámite y menos de su aprobación. A Juan Fernando Cristo solo se debe la aprobación del Acto Legislativo que modifica en favor de departamentos y municipios las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación que pasaran durante los próximos 12 años de percibir el 23% de los mismos a un 39.5%. Reforma muy importante que la dará un nuevo impulso a la descentralización si se aprueba una ley de redistribución de funciones y competencias adecuada y sí al mismo tiempo se avanza en establecer mecanismos de transparencia en el gasto público a cargo de estas entidades territoriales al tiempo que se ponen en marcha reformas a los organismos de control como las personerías municipales, las contralorías distritales y departamentales y en general los mecanismos de control para que los nuevos recursos no se vayan a los clanes politiqueros que dominan en buena medida en departamentos y municipios.
Lo que ha fracasado es una forma de relacionamiento del Gobierno con el Congreso y con los partidos políticos. El negociar los proyectos con cada uno de los parlamentarios ha devenido en un fracaso rotundo. Si el gobierno quiere efectuar un cambio real, como lo hemos planteado desde hace ya más de un año en esta misma Revista, el gobierno debe negociar con los sectores disidentes de las direcciones de los partidos liberal, conservador y de la U para garantizar las mayorías que se requieren para la aprobación de sus proyectos. Estas Disidencias deben tener participación en el gobierno a nivel de ministerios y de las agencias gubernamentales del orden nacional. A cambio estas disidencias deben garantizar el trámite de los proyectos reformistas en el Congreso.
Esta es la tarea que no realizaron los ministros del interior de este gobierno nos referimos a Alfonso Prada que parecía representar más los intereses de los jefes de los partidos que los intereses del gobierno o su sucesor Luis Fernando Velasco que puso en marcha la estrategia del uno a uno en el relacionamiento del gobierno con los partidos y el Congreso o Juan Fernando Cristo que siguió por esa misma línea. Por esta vía solo se logró aprobar la reforma pensional. De todas las reformas durante este gobierno solo se han aprobado la reforma pensional, la reforma tributaria, recortada por la Corte Constitucional, la incorporación a la Constitución de la población campesina como sujeto de derechos, la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria pendiente de la aprobación de una ley ordinaria que la reglamente, el tratado de Escazú, el Plan Nacional de Desarrollo y el marco jurídico para la paz.
Si el gobierno no da ese giro, y esa es la tarea que suponemos que el presidente le encargo a Benedetti y por lo cual ha asumido los costos políticos de quienes no entendieron este viraje, las reformas quedaran pendientes de una recomposición política de fondo que pasa por una derrota de la clase política en las elecciones al Congreso de la República en marzo del 2026. Quedaría demostrado que sin una victoria electoral de las fuerzas progresistas en el Congreso de la República la agenda reformista no será posible en Colombia. Es posible que Benedetti acostumbrado a los trajines de la política tradicional y un nuevo ministro del Interior alineado con esta estrategia puedan reconfigurar una correlación de fuerzas favorable a la agenda reformista.
A la agenda ya mencionada se sumará ahora la necesidad urgente de un marco jurídico para que las negociaciones anunciadas con el Clan del Golfo, de lejos la organización sucesora del paramilitarismo más extendida en el país, y las bandas urbanas del Valle del Aburra, de Buenaventura y del Chocó con las cuales se pueden obtener logros significativos y que debe ser parte de la reestructuración de la estrategia de la Paz Total herida de muerte por la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional por el intento de retoma de la región del Catatumbo a Sangre y fuego. Pero es de suma urgencia la reforma de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, si se quieren obtener resultados con estas organizaciones criminales al tiempo que deberá mantenerse un logro del saliente ministro Juan Fernando Cristo en la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC. Esta reestructuración de la política de paz pasa por acelerar los procesos con las Disidencias de las FARC que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba y Walter Mendoza. Estos procesos deben acelerarse, así como las negociaciones con el frente Comuneros del Sur Disidentes del ELN.
Esa recomposición de las fuerzas políticas en el Congreso debe darse así mismo de cara al proceso electoral del año 2026. La suerte del proyecto progresista depende en buena medida de esta reconfiguración política. Si se logra la conformación de un bloque progresista amplio con presencia de estos sectores disidentes de los partidos tradicionales alrededor de un programa mínimo y un Frente Amplio que concurra con estas banderas a las elecciones parlamentarias y presidenciales hay una buena posibilidad de refrendar unas mayorías para continuar por la senda de las reformas que reclama de manera urgente el país. Desde esta perspectiva se entiende el viraje del presidente, pero su concreción requerirá de un trabajo arduo y difícil en una coyuntura nada favorable en la arena internacional con la llegada al poder de Trump y de la derecha que se siente en su mejor momento para avanzar.
El desenlace de esta estrategia se verá en los próximos meses y depende también del acierto del presidente Gustavo Petro en la selección del gabinete que habrá de acompañarlo en el cierre de su gobierno. Es obvio también que dependerá de la madurez política de sus propias fuerzas agrupadas en el Pacto Histórico y de sus aliados más cercanos como las mayorías del partido Verde. A ellos deberá darles también como lo han tenido hasta ahora participación en el gabinete al tiempo que avanza el proceso de unificación del Pacto Histórico y de la adopción de mecanismos que pongan en marcha la decisión de conformar listas cerradas y paritarias mediante la realización de consultas democráticas para su conformación, al tiempo que decide el mecanismo de selección democrática de su precandidato o precandidata única para que concurra a la consulta del Frente Amplio con las elecciones parlamentarias de marzo de 2026. Son los retos actuales del gobierno y del bloque progresista.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Ministerio de Educación Nacional
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