Los defensores de la reforma laboral argumentan principalmente que la iniciativa es necesaria para poner al país a tono con las normativas laborales de la OCDE y los acuerdos internacionales con los que Colombia se ha comprometido, devolviendo a los trabajadores, además, derechos que les fueron quitados por el expresidente Uribe. Los opositores, por su parte, alegan que el proyecto no cuenta con el aval fiscal, agrava las cargas que pesan sobre los empresarios generando el peligro de aumentar el desempleo o las actividades informales.
La situación producida por la resistencia de algunos congresistas a dar vía libre al debate en el Senado en un contexto marcado por la polarización, así como por divisiones en la coalición de gobierno y la creciente influencia de intereses electorales configura un escenario en el que el avance de las reformas clave del gobierno parece cada vez más incierto. Gustavo Petro sabe que solo tiene una última oportunidad para cumplir con las grandes reformas que prometió en su campaña porque si no logra consolidar su proyecto este semestre le será muy difícil que lo haga en su último año de gobierno cuando el país político se concentra en las elecciones.
En esas condiciones, el reto que debe asumir es el de adaptar sus estrategias sin comprometer los principios fundamentales de sus reformas y mantener la movilización de su base de apoyo. En este sentido, mantiene viva la referencia al pueblo, pero ha intentado también recomponer una coalición legislativa que le devuelva las mayorías parlamentarias que tuvo al inicio de su mandato – ofreciendo cargos públicos o puestos en su gabinete -, sin que hasta el presente se haya confirmado una alianza que despeje el horizonte. Por el contrario, sus constantes cuestionamientos al Congreso han dado lugar a tensas relaciones con el mismo, mientras mantiene una fuerte disputa política con la Corte Constitucional donde el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, atendiendo una demanda de la senadora uribista Paloma Valencia, radicó una ponencia en la que solicita declarar inexequible la reforma pensional, alegando vicios de trámite por no cumplir con el requisito de la doble instancia en la Cámara de Representantes.
Los acontecimientos que se desarrollan en el país ponen en evidencia el difícil equilibrio entre democracia y Constitución – en el entendido de que Colombia es una democracia constitucional -, así como la distancia entre el nombre y el objeto, entre la perspectiva normativa (que se ocupa de ideales) y la perspectiva empírica (que analiza el funcionamiento del concepto).
Aunque se puedan definir las nociones de democracia y de Constitución de manera independiente, por lo que es posible imaginar una democracia no constitucional y una Constitución no democrática, cuando se habla de democracia constitucional, es imposible pasar por alto el funcionamiento de los órganos de poder democrático al margen de la norma constitucional que los obliga, como tampoco obviar la garantía de los derechos fundamentales que actúan como corazas protectoras de la individualidad contra la amenaza mayoritaria. De ello se desprende que los gobiernos propiamente democráticos no solamente se basan en elecciones, sino también en compromisos y políticas concertadas entre interlocutores legítimos, es decir, reconocidos.
La discusión y la concertación de compromisos son, por definición consustanciales de una democracia moderna que exige que la política sea concebida como una competencia pacífica entre adversarios que se reconocen legitimidad recíprocamente y dirimen sus diferencias sin recurrir a la violencia o al fraude y no como una lucha entre enemigos irreconciliables.
En otros términos, la concepción de la democracia constitucional no se limita a la existencia de normas o reglas; también incorpora las ideas de concertación y de ética, dos conceptos difíciles de encontrar en la Colombia excluyente, polarizada y fragmentada de hoy donde los actores influyentes se ignoran mutuamente.
Razón le sobra a Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, cuando afirma que “es contrario a una democracia negarse a discutir la reforma laboral, y más cuando la misma ya había conseguido consensos cuando se tramitó en la Cámara de Representantes”.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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