Esta práctica filibustera de actuar subrepticiamente sin debatir porque las razones para archivar los proyectos contienen una serie de mentiras que son fácilmente refutables, ya la habían hecho estos mismos senadores y senadoras el 3 de abril del año pasado cuando archivaron la reforma a la salud que llevaba un año y dos meses de debate público en más de 60 eventos de los cuales más de 30 eran Audiencias Públicas con la convocatoria y participación del Congreso de la República, Mesas Técnicas solicitadas por ellos y ellas mismas, para debatir la reforma e impúdicamente esgrimieron en la ponencia de archivo que lo hacían porque no había habido participación ciudadana ni concertación, todo ello sin que se refirieran a la falta de reservas técnicas para aquel momento con un déficit de 16 billones de pesos y una deuda de las 28 Entidades Promotoras de Salud, EPS, que sobreviven de las 157 que había en el año 1995, de 25 billones de pesos. No, eso no importa para una oposición que miente descaradamente, falsea la realidad y sus herramientas principales para oponerse a la agenda reformista del gobierno son el filibusterismo y el obstruccionismo y por su puesto la difamación.
Para muestra un botón de cómo estos partidos y estos parlamentarios mienten, son incoherentes y los únicos argumentos que esgrimen son falacias, esto lo encontramos en la incoherencia total en el rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de acudir a una Consulta Popular consagrada la constitución y debidamente reglamentada en por lo menos dos leyes de la República. Veamos esta perla. El 8 de mayo del año 2023 el Centro democrático inscribió un Comité promotor de una Consulta Popular cuyo vocero era Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud del gobierno de Iván Duque que tenía como objetivo principal preguntarles a los colombianos, si querían rechazar o no las propuestas de las reformas sociales del gobierno en materia de salud, pensiones y laboral.
“Las reformas que hoy están en manos del gobierno y del Congreso, que fueron construidas a espaldas de los colombianos, nos ponen ante un riesgo inminente que nos obliga a plantearle al país una Consulta Popular” decía la exposición de motivos que justificaba dicha convocatoria. Como se trataba de una iniciativa ciudadana tenían que conseguir cerca de dos millones de firmas válidas que la respaldaran. El Centro Democrático que todo tiene menos de centro y mucho menos democrático, realizaron actos de presentación de la Consulta Popular. Senadores como Paloma Valencia, Miguel Uribe y Carlos Meissel se comprometieron públicamente con la recolección de firmas también lo hicieron representantes a la Cámara como Cristián Garcés y Oscar Villamizar. El plazo para la recolección de firmas vencía en noviembre del año 2023. El vocero coordinador de la Consulta Fabio Aristizábal alegando diversos motivos acudió al Consejo Nacional Electoral, CNE, para pedir la extensión del plazo por tres meses para la recolección de las firmas, plazo que le fue concedido por el CNE. El 5 de abril del año 2024 se venció el plazo sin que se presentaran las firmas por lo que la Registraduría Nacional archivo la solicitud de la Consulta Popular.
Ante la propuesta del presidente de la República de convocar una Consulta Popular atendiendo todos los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, para ocuparse de las reformas a la salud y la reforma laboral, el Centro Democrático publicó un comunicado diciendo que Petro no puede “ignorar la voz del pueblo con consultas amañadas”. El representante Oscar Villamizar dice que hacer la Consulta podría costar un billón de pesos (aunque los estimativos reales son de cerca de 350 mil millones de pesos) y que esa plata debería gastarse en otras cosas y su colega el representante Crisitian Garcés dice que con esto Petro busca violar la voluntad de las mayorías que no aprueban sus reformas en el Congreso , esas mismas mayorías que no respaldaron la Consulta Popular que meses atrás querían realizar, pues no lograron las firmas requeridas. Este botón muestra la incoherencia, la mentira, y es apenas una muestra de cómo actúa la oposición tanto del Centro Democrático como de Cambio Radical.
Los desafíos de la Consulta Popular
El mecanismo de la Consulta Popular esta establecido en la Constitución Política: Artículo 104. “El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”. Esta figura fue reglamentada mediante dos leyes estatutarias, la Ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015. El umbral de participación es de un tercio del censo electoral lo que quiere decir que para que la Consulta Popular sea aprobada se requiere que participen en ella unos 13.5 millones de ciudadanos en ejercicio y que de esa cifra la mitad más uno sea por el sí en la Consulta. Es decir, que se requiere que un poco más de 6.8 millones de votos por el sí siempre y cuando como ya se dijo participen 13.5 millones de ciudadanos en la Consulta.
El presidente Gustavo Petro al conocer la decisión de los ocho parlamentarios de la Comisión Séptima del Senado de la República de radicar la proposición de archivo de la reforma laboral este martes 11 de marzo en una alocución presidencial señaló que acudiría a una Consulta Popular para someter a aprobación las reformas a la salud y laboral. Añadió que en los próximos días radicaría la propuesta en el Senado de la República que tendrá veinte días con una prorroga si así lo aprueba de 10 días para su concepto y que sea el pueblo quien mediante este mecanismo desbloquee la agenda de las reformas sociales que por más de dos años se han discutido en el Congreso de la República sin que hayan sido aprobadas en medio de la utilización, por parte de la oposición, de todas las formas de filibusterismo y obstruccionismo: recusaciones infundadas, solicitudes de archivo, no inclusión de las reformas en el orden del día para su consideración y debate, y retiro del recinto de sesiones para desbaratar el quorum, etc.
La utilización de esta figura se da por el bloqueo del Congreso a la agenda reformista del gobierno en materias no solo de salud y laboral sino en el tema de la reglamentación de la jurisdicción agraria, de la reforma política, de la ley de financiamiento y en general de leyes que son urgentes para avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz que tienen rango constitucional o del desfinanciamiento del Estado. Se ha llegado a un momento difícil pues la oposición que se opone a las reformas y a los cambios luego sale a reclamar porque el presidente y su gobierno no han cumplido con sus promesas electorales. También de esa forma Petro quiere utilizar un mecanismo de soberanía popular para evitar que las Altas Cortes de Justicia tumben o desvirtúen el contenido de las reformas progresistas pues al tratarse de una decisión soberana del pueblo mediante una Consulta Popular el margen de oposición de la rama judicial es mínimo.
Ahora bien, personalmente considero que la apelación al pueblo para desbloquear las reformas es una vía democrática y puede y debe ser empleada en momentos de bloqueo institucional como el que enfrenta el gobierno actualmente. Aquí se trata de dos reformas que buscan primordialmente la mejora en la calidad de vida de la mayoría de la población. Mejores condiciones económicas para los trabajadores pues la reforma busca recuperar conquistas laborales que los trabajadores perdieron en el gobierno de Álvaro Uribe: que se reconozcan horas extras desde las 7pm, que se pague el 100% a los trabajadores que laboren en dominicales y festivos, que se extienda la licencia paterna a cuatro semanas y que se fortalezca el contrato laboral cuando el trabajador cumple en su trabajo laborales misionales, fortalecer el contrato a término indefinido con el consiguiente reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones y seguridad social. Todo aquello que le fue arrebatado a los y trabajadores con las reformas neoliberales y el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental con un sistema de salud preventivo y predictivo, con Centros de Atención Primaria, que los recursos públicos sean manejados por el sector público puesto que el manejo privado de los recursos públicos de la salud devino en ineficiente y corrupto. Un sistema de salud con participación ciudadana y con un sistema único de información en línea que mejore la prestación de los servicios de salud para todos los residentes en el país. Esta mezquina clase política y la oligarquía que los sostiene no quiere ni salarios dignos ni sistema de salud eficiente. De eso se trata la Consulta Popular.
Pero el reto es inmenso pues se requiere una votación muy grande y por ende el esfuerzo de movilización ciudadana y gubernamental es muy exigente. Si se logra no solo se despejará el camino de las reformas sino también la garantía de la continuidad del proyecto reformista y progresista a pocos meses de la elección del Congreso de la República y de la elección presidencial. En manos del Congreso esta la suerte futura del país. Es posible aún que las mayorías decidan desbloquear la agenda desde la plenaria del Senado. Estas próximas dos semanas serán definitivas para saber si la Consulta Popular va en cuyo caso nos sumaremos a su respaldo y a conseguir los votos necesarios para su aprobación. Queda claro además que el futuro de una agenda progresista dependerá de ganar en las elecciones no solo la presidencia de la República sino las mayorías en el Congreso. Y por supuesto a la calle este martes 18 de marzo a respaldar las reformas sociales.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Presidencia de la República – Youtube
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