Esta decisión del presidente de Colombia se produce en respuesta a lo que calificó, con razón, como un “bloqueo institucional” al proyecto de reforma laboral presentado por su gobierno al Congreso, que junto con otras reformas sociales hacen parte del programa de cambio con el que Petro fue electo en 2022. Luego de ser aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes, dicha reforma pasó a la Comisión Séptima del Senado en donde ocho de sus catorce miembros radicaron una ponencia para archivarla, lo cual impediría su debate en la plenaria del Senado.
Son ocho senadores, y otros más, incluyendo al actual presidente del Congreso, que quieren borrar de un manotazo la labor adelantada por la Cámara de Representantes en favor de la reforma laboral, invocando argumentos que esconden sus verdaderas motivaciones, su odio a Petro y todo lo que provenga de su gobierno, su ideología refractaria a toda propuesta que venga de la izquierda sin importar su contenido, su soberbia frente al cambio con justicia social que Colombia reclama.
Así las cosas, la reforma laboral está virtualmente enterrada, aunque todavía falta la votación formal en la Comisión Séptima. Y para su mezquino regocijo, estos mismos senadores tendrán a su cargo el trámite del nuevo proyecto de reforma a la salud, también recientemente aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. Puesta la zancadilla a la reforma laboral, ahora tendrán la ocasión de mostrarse con la misma pequeñez respecto a la reforma a la salud, ya se frotan las manos planeando la estocada final para escamotear su debate en la plenaria del Senado.
Lo mejor para la convivencia nacional sería que no hubiese necesidad de la consulta popular, nuestra sociedad anda tremendamente polarizada y no conviene “echarle más leña al fuego”. Lo mejor para la democracia colombiana es que la Comisión Séptima dé trámite a las dos reformas con las propuestas de modificación que considere pertinentes y permita su paso a la plenaria del Senado para que ésta, en su independencia y autonomía, las debata ampliamente de cara al país y que cada senador y senadora vote en pro o en contra según su libre albedrío y conciencia.
Si el Senado en pleno debate y vota las reformas, el legislativo habrá cumplido con su deber ante la ciudadanía y el gobierno nacional tendría que aceptar el resultado, cualquiera que sea, y debería abstenerse de proseguir con la iniciativa de la consulta popular. El buen sentido espera que los senadores y senadoras comprendan el momento político que vive el país, que estén a la altura de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros y que aprueben las reformas necesarias para mejorar la condición laboral de los trabajadores y superar la grave crisis heredada del servicio de la salud.
Mauricio Trujillo Uribe, @maurotrujillo21
Foto tomada de: El País
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