Durante lo que va corrido de su mandato hasta la tercera semana de marzo Trump ha firmado 92 ordenes ejecutivas, 22 memorandos, y 17 proclamaciones y firmó la Ley Laken Riley que amplio la lista de actos criminales que permiten la detención obligatoria de un extranjero que entró y permanece en Estados Unidos de manera ilegal, con esta ley buscó agilizar la detención de migrantes para su expulsión de los Estados Unidos. En este frente de la expulsión y persecución de los inmigrantes ilegales a los que a menudo tilda de criminales Trump pretende expulsar según ha señalado a unos 11 millones de indocumentados la mayoría de los cuales son trabajadores honestos que han llegado a los Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo e ingresos que no tienen en sus países de origen.
La mayor parte de los migrantes trabajadores se ocupan en labores que los norteamericanos no realizan en sectores como el agrícola donde se ocupan en la recolección de las cosechas, en diversas labores en la industria hotelera, en los restaurantes, en las cocinas y en labores del cuidado de enfermos, niños, limpieza de oficinas y casas. En todas estas actividades reciben ingresos menores a los estipulados legalmente. Pues bien, diversos estudios han advertido que una política de expulsión masiva de migrantes tendría una consecuencia catastrófica para estos sectores por una parte porque una buena parte de esos empleos y labores no atrae a los nativos norteamericanos que los consideran degradantes o porque son mal remunerados. Este miércoles 26 de marzo empresarios y congresistas demócratas y republicanos pidieron a Trump que proporcione permisos de trabajo a los migrantes sin antecedentes penales argumentando que sin mano de obra Estados Unidos dejará de ser la principal economía mundial.
“Tenemos una escasez de 1.7 millones de trabajadores en Estados Unidos y la cifra va en aumento, lo que eleva el costo de la alimentación y la vivienda para los estadounidenses” afirmó en rueda de prensa Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition (ABIC). Cuando la mano de obra es escaza los precios suben.
El 30% de los obreros de la construcción son migrantes, más del 50% de los trabajadores agrícolas también lo son, el 40% de los empleados en la hotelería, y el 30 de los cuidadores de ancianos. Es la razón por la cual la coalición ABIC que representa a 4,7 millones de empresarios y trabajadores, pide en una carta fechada este miércoles 26 de marzo dirigida al gobierno de Trump y al Congreso de los Estados Unidos que garanticen “la seguridad en la frontera” pero también de la “fuerza laboral”. Podemos lograr ambas cosas dijo Shi en la rueda de prensa.
El representante republicano Dan Newhouse del Distrito de Washington señalo en esa rueda de prensa que “sin los migrantes no tendríamos industria agrícola” a la rueda de prensa también asistió el representante demócrata Tom Swanson quien dijo que hay demócratas y republicanos en el capitolio que intentan trabajar juntos para encontrar una solución a la crisis migratoria que según el debería abordar tres aspectos al mismo tiempo: “la seguridad en la frontera”, “el sistema de asilo roto” y una modernización migratoria “para tratar a las personas como seres humanos”.
La realidad es que como se ha advertido de los 11 millones de inmigrantes sin papeles en los Estados Unidos unos ocho millones están empleados lo que representa el 5% de su fuerza laboral y según investigaciones recientes estos trabajadores aportan unos 76 mil millones de dólares que pagan en impuestos los que se verían afectados por la política migratoria puesta en marcha por Trump o sea que la afectación que ya comienza a ser critica en algunos sectores económicos como los ya descritos también afectará las finanzas públicas. Pero también tendrá efectos sobre las mayorías políticas de las que hoy goza Trump pues senadores y representantes de regiones y estados particularmente afectados por esta política comienzan a levantar la critica a las medidas de Trump y es probable como lo advierten diversos analistas que resquebrajen el apoyo mayoritario del que goza en republicano gobernante en ambas cámaras así como del rechazo del poder judicial que consideran que algunas medidas que Trump ha tomado violan normas y leyes del Estado.
Es particularmente notorio el enfrentamiento por la deportación a El Salvador de 261 inmigrantes venezolanos sin papeles para permanecer en los Estados Unidos. Trump invocó una ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII para su deportación acusándolos además de ser integrantes de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua sin que haya habido condena alguna en el poder judicial de los Estados Unidos. El Juez norteamericano James Boasberg había emitido una orden suspendiendo temporalmente esa deportación el día 15 de marzo y aparentemente los vuelos hacia el Salvador partieron el día 16 con lo cual se estaría violando la orden judicial. Trump ha cargado con su habitual violencia verbal contra el juez que sigue indagando si su orden fue violada. “Este Juez, (Boasberg) como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”. Ante las amenazas de despido del Juez John Roberts presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos condenó las declaraciones de Trump “Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Así pues, la batalla por las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos apenas comienza o mejor aún continúa pues durante los dos últimos gobiernos han sido particularmente intensas. La verdad es que el capitalismo decadente de los Estados Unidos odia a los inmigrantes, pero necesita de ellos para labores que ya hemos señalado que son fundamentales en el proceso de acumulación y de reproducción de la fuerza de trabajo. Esta batalla será particularmente intensa dado que Trump hasta ahora ha manifestado que no dará marcha atrás en su empeño de expulsar a 11 millones de inmigrantes. Ya veremos si la división de poderes sucumbe ante las decisiones muchas veces ilegales del gobierno y si los empresarios del campo, de la construcción, hotelería y del cuidado logran con su movilización bloquear o paralizar en parte esta política.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: France 24
Un juicioso análisis de la implementación de las decisiones que Trump adopta , pretendiendo el proteccionismo de Estados Unidos que puede generatodo lo contrario de su proposito , una inflación para los estaudinenses y una guerra comercial qué pone en vilo su propio mandato