“La frustración que el proyecto aludido genera no es sino el preludio de que existen fuerzas sociales y políticas alrededor de la gran propiedad de la tierra que vienen golpeando con fuerza para hacer retroceder cuando no impedir un mínimo de reformas en las instituciones agrarias, en una ofensiva que viene desde la época de la Violencia en los años cincuenta, se replegó un tanto a raíz de la Alianza para el Progreso y volvió a tomar auge con el Pacto de Chicoral y la derrota política del Presidente Lleras Restrepo, con lo que aspiran a volver a los años sesenta, esto es, regresar a condiciones propicias o por lo menos las disculpas para una nueva Marquetalia”
La violencia ha sido el arma contra las intenciones reformistas. Antonio Cacua Prada en su libro ¿Por quiénes doblaron las campanas? recrea acontecimientos poco conocidos de la violencia desatada por la policía liberal contra ciudadanos conservadores, origen en pleno siglo XX de la violencia partidista de unas elites impermeables al cambio:
“El estallido de la conflagración comenzó el 29 de diciembre de 1930, cuando la policía municipal de Capitanejo, que era liberal, asesinó a un grupo de campesinos conservadores que se inscribían para votar en la elección de diputados en febrero del 31. Ese hecho se repitió en Guaca el 2 de febrero y dio origen a la formación, en ambos bandos, de las llamadas “chusmas”, que eran grupos de ataque y de defensa, de triste recuerdo en la historia del país…El 29 de junio de 1931 fue asesinado el párroco de Molagavita, Gabino Orduz Lamus, oriundo de San Andrés (provincia de García Rovira), por el agente de policía Roberto Tarazona…El 10 de septiembre de 1932, el alcalde de San Andrés, Clímaco Rodríguez, dirigió feroces acciones que se tradujeron en la muerte de numerosos labriegos, la intención de asesinar al coadjutor, Carlos Colmenares, el ataque a las religiosas del hospital y del colegio de señoritas y la destrucción de la imprenta donde se editaban el semanario Lucha y Defensa y la Hojita Parroquial. A lo largo de la década se recrudeció la ola de asesinatos en la provincia, pero, lo que había sucedido en los gobiernos conservadores se trasladaba ahora a los liberales, situación que llegaría hasta el año 1946, cuando volvieron los conservadores al poder con el triunfo de Mariano Ospina Pérez”
Extraña mezcla entre conceptos de poder y violencia -paradoja de la vida política colombiana- en que lo uno y la otra se conjugan como causales, sin serlo en realidad.
Legado histórico del Presidente Lleras Restrepo
Resulta aleccionador establecer un parangón entre el proyecto actual destinado a ocultar el problema principal que ronda el campo colombiano como es la restitución de tierras de víctimas del conflicto que desde los años cincuenta produjo el desalojo de millones de personas y la usurpación de tierras a propietarios formales e informales de ocho millones de hectáreas (1960-2010) y tres millones (1950-1960) botín de guerra de militares, jueces, paramilitares, guerrilleros y altos funcionarios del gobierno, hoy en manos de expropiadores o testaferros, cuya restitución esta mediada por la ambigüedad. En contraste, el enfoque que en 1934 daba el Presidente Carlos Lleras Restrepo siendo Secretario de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca frente a conflictos generalizados por la propiedad de las tierras entre hacendados cafeteros y campesinos arrendatarios-colonos. Veamos algunas posturas de Lleras Restrepo:
- Saludó la iniciativa de Jorge Eliécer Gaitán y Erasmo Valencia quienes apoyaban sin reservas a nombre del Partido Liberal la acción de los campesinos y representaron como abogados sus intereses.
- Denunció como, “El cumplimiento de las Leyes de protección obrera y campesina es generalmente burlado”
- Para Lleras el centro del conflicto fueron las “mejoras”, o valorización de tierras por trabajo de los campesinos: “muchos propietarios se contentaron con recibir el valor más o menos alto de los cánones de arrendamiento dejando que el trabajador valorizara a sus expensas las tierras que le eran entregadas.”
- “Según los preceptos del Código Civil, al terminarse un contrato de arrendamiento el propietario debe pagar al trabajador el valor de las mejoras existentes en la finca” y recalcaba Lleras Restrepo, “los propietarios incluían en los contratos una cláusula en virtud de la cual el propietario no estaba obligado a pagar al trabajador suma alguna por concepto de mejoras” a lo que Lleras Restrepo denominó “monstruosa injusticia…el campesinado era burlado muchas veces por el propietario poseedor de vastas influencias ante el Juez Municipal de la región.”[1]
Años treinta: Lleras Restrepo y la solución del conflicto
Dice Lleras las “peticiones de los trabajadores llevaron al Ministerio de Industrias a realizar un estudio que dio como resultado la comprobación de que existen vastas zonas de terrenos baldíos usurpados por particulares y estimé que era necesario ejecutar en relación a este problema de baldíos gestiones de dos clases distintas: una, para acabar con el estado de pugna imperante en algunas regiones y otras para buscar una rápida solución de los litigios judiciales pendientes.” Ejemplo de lo primero, fueron las parcelaciones de la Hacienda Doa, otra, “El Soche perteneciente desde el siglo pasado [XIX] a la familia Umaña cubierta en su mayor parte de maderas explotables…Hace más o menos –continua Lleras Restrepo- 30 años se comenzó la explotación de ellas por el señor Francisco Flórez quien las tomó en arrendamiento. El señor Flórez explotaba la madera de las montañas y en pago de sus trabajo permitía a los campesinos elaborar carbón aprovechándolos restos del desmonte con la obligación de venderla a Flórez por un precio inferior a la tercera parte del valor comercial. Terminado el desmonte el campesino recibía la tierra en usufructo por tres o cuatro años…al terminar el plazo el trabajador entregaba la parcela sin recibir el valor de las mejoras ejecutadas y comenzaba la tarea de desmontar otro sector de la montaña.”
Para solucionar el problema ante los campesinos que consideraban que esas tierras eran baldíos de la nación y ellos colonos, la Gobernación de Cundinamarca mediante una operación con bonos a 30 años compra 2000 fanegadas para venderlas en parcelas a los campesinos al precio de $32,5 por fanegada. Hoy la fanegada en el lugar cuesta entre $50 y $100 millones. Otro caso sonado la Hacienda: “El Chocho de la familia Caballero Argaez, cuya parte alta daba cabida a unos 100 arrendatarios y la parte baja con 11.000 fanegadas la mitad de las cuales, 5.500 fanegadas estaban ocupadas por arrendatarios cuyas mejoras son de los trabajadores quienes reconocieron el dominio de los Caballero por unos cinco años y donde se producían unos 20.000 sacos de café, panela de muy buena calidad y otros productos. El conflicto se generó por lo excesivo de los arrendamientos y los peajes que tenían que pagar los agricultores. Los Caballero no tuvieron la suficiente comprensión y se terminó por alegar que las tierras de El Chocho eran baldíos y los arrendatarios entraron a llamarse ellos mismos colonos. Son unos 850 que a su vez contrataban unos 2.000 trabajadores en calidad de voluntarios. Los arrendatarios suspendieron los pagos de arrendamiento sin que los Caballeros pudieran efectuar desahucios.” Hay que resaltar que las autoridades no pretendieron imponer sanciones a los trabajadores y esa fue una gran ventaja política posibilitada por la defensa que el Partido Liberal hacía de los campesinos y que además se encontraba en el poder. Numerosos lugares del país conocieron este tipo de restitución.
Lleras Restrepo afirmó: “Es cierto que esos contratos de arrendamiento establecieron condiciones gravosas para los trabajadores y fueron la causa originaria del conflicto. El 14 de octubre de 1933 el Ministerio de Industrias dirigió al Gobernador de Cundinamarca una carta autorizando para “iniciar las gestiones conducentes a realizar la compra y parcelación consiguientes”, que como dato curioso la firma el Liberal del Cauca Francisco José Chaux anverso del actual Ministro Iragorri.
La posición de Lleras Restrepo fue nítida:
“Sea de ello lo que fuere, la solución de los actuales conflictos de baldíos por transacción, por fallo judicial, o por la aplicación de nuevas disposiciones legales, prepara la formación de un gran número de pequeños cultivadores autónomos, que sin duda serán un gran factor de progreso en la economía nacional. Todas las medidas que se adopten deben tener el mismo objetivo final: el fomento del trabajador autónomo, la preparación y realización de un nuevo estado social donde las relaciones de patrono a trabajador desaparezcan, para dar lugar al trabajo ejecutado por el campesinado dentro de su propia parcela…las medidas que se adopten no pueden pues, tomarse como fines en sí mismas, sino como preparatorias de la transformación social agraria que establezca en la República un nuevo estado social más acorde con los altos postulados de justicia que el Partido Liberal de Colombia ha escrito en sus banderas de lucha.”
Un parangón con el nieto de Lleras Restrepo el señor Germán Vargas Lleras que no enfrenta la problemática social agraria, contratando un tal Vélez, simpatizante de la parapolítica, tratando de mostrar como cualquier culebrero antioqueño que la restitución es solo asunto jurídico y no de orden social. Hoy por hoy, en doscientos años de República, la Reforma Agraria que impulsó Lleras junto con la acción de la Asociación de Usuarios Campesinos demuestran que el índice de concentración de la tierra disminuyó. Finalicemos con palabras proféticas de Lleras Restrepo:
“Ante el estruendoso fracaso de los grupos extremistas que no tuvieron éxito por causa de sus propios errores, parece que no hay que preocuparnos del cambio social o minimizarlo como se está haciendo.”
El proyecto actual de Ley de tierras está orientado como las demás leyes presentadas por el gobierno y surgidas del acuerdo de La Habana, a servir de escudo para fomentar el desarrollo de grandes haciendas, enormes megaproyectos que no modificarán la estructura de la propiedad territorial y por tanto no producirán cambios en la desigual distribución del ingreso. Hace 56 años estaban naciendo las Farc y al tiempo el Presidente Lleras Restrepo en la Seap de Cali afirmaba:
“No me seduce la perspectiva del gran capitalismo agrario”
El Instituto Agustín Codazzi confirma que la usurpación operó sobre la mediana y pequeña propiedad: perdieron casi 6 millones de hectáreas de 163.507 fincas menores de 15 hectáreas y 84.247 entre 20 y 500/has, contra 600 mil/has de apenas 1.000 fincas de más de 500/has.
Alfonso Cuéllar
Julio 2017
NOTAS
[1] Informe presentado por el Secretario de Gobierno [Carlos Lleras Restrepo] al Gobernador del Departamento de Cundinamarca, Imprenta Departamental, 1934.