Plasmada en un documento de 67 páginas que contienen 22 artículos, la propuesta del Gobierno se centra en el aspecto electoral y en normas relacionadas con el funcionamiento de los partidos y los movimientos políticos y poco se parece a la que en su momento presentó la Comisión Electoral Especial considerada por muchos interesados demasiado avezada. Como es de suponer, los debates sobre el articulado serán intensos pues toda reforma al sistema y a la organización electoral es controversial por su propia naturaleza, sobre todo cuando de alguna manera promueve el surgimiento de nuevos movimientos políticos lo que afecta el entramado existente y los intereses creados, pero la oposición a la reforma es fuerte, en ocasiones violenta e involucra muchos actores. La acalorada discusión que se desencadenó en el recinto crispó los ánimos y provocó varios enfrentamientos no solamente entre los Representantes, sino entre las barras que asistieron al debate, lo cual llevó al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a levantar la sesión.
El documento comienza por definir las sanciones que afectan los derechos políticos las cuales están a cargo de la Procuraduría pero considera que no tendrán efecto sino una vez que el Consejo de Estado confirme la sanción mediante un recurso de consulta. El tema de las sanciones preocupa al Ministerio Público en la medida en que perdería parte de sus funciones para disciplinar a los servidores públicos.
Así mismo, el proyecto del Gobierno mantiene el régimen de inhabilidades para aquellos que quieran ser elegidos en corporaciones públicas, dejando en claro que, con el ánimo de ampliar la democracia, dichas prohibiciones no afectarán las aspiraciones de los dirigentes de las FARC que quieran aspirar al ejercicio de la política electoral. Como respuesta a esta propuesta, la Cámara ha presentado un proyecto que elimina causales hoy vigentes para la pérdida de investidura como la indebida destinación de recursos públicos y el tráfico de influencias, cuestionando así uno de los grandes logros de la Constitución de 1991.
Uno de los planteamientos que ha comenzado a causar polémica es la propuesta de cambiar las reglas para que los partidos accedan a la personería jurídica, eliminando como base el umbral de votación – actualmente 3 por ciento – y sustituyéndolo por un número mínimo de afiliados carnetizados. Esta propuesta que podría establecer una relación más directa entre sus integrantes y crear un sentido de pertenencia se estableció en el Acuerdo de Paz. De hecho no afectaría a las organizaciones políticas existentes y les brinda un salvavidas por ocho años quitándoles la obligación “de obtener dentro de los próximos ocho años el mínimo de votos y afiliados previsto en este artículo, sin perjuicio de las normas definidas para el nuevo partido que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil”.
Otro de los puntos centrales de la propuesta de reforma se refiere a la financiación de los partidos y movimientos, la cual será asumida “preponderantemente” por el Estado a la vez que define un mecanismo para controlar los aportes de los particulares a las campañas y prohíbe a las personas o empresas extranjeras que hagan aportes o donaciones. Igualmente, establece nuevos porcentajes para la asignación de recursos según el número de congresistas, concejales, diputados, mujeres y jóvenes elegidos en cargos de elección popular y plantea que “el Estado garantizará el funcionamiento del servicio público de transporte en todo el territorio nacional el día de las elecciones”. Con ello se busca reducir el costo de las campañas y combatir el trasteo de votantes.
Entre los aspectos más novedosos de la reforma también se pueden citar la propuesta de bajar la edad para ser elegido senador a 28 años y representante a 23 años así como el limitar la elección de congresistas a dos períodos para evitar las curules vitalicias y las disposiciones que regulan las coaliciones de partidos minoritarios. De este modo, “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”. La propuesta busca permitir que los partidos pequeños puedan representar sectores políticos y sociales minoritarios. En cuanto a la conformación de las listas, estas serían cerradas pero no bloqueadas en 2018 y cerradas a partir de 2019.
Otras propuestas novedosas son el voto obligatorio para los empleados públicos (concebida por el representante Navas Talero), la recolección de firmas para iniciativas ciudadanas por internet y la inscripción y voto por medios electrónicos para residentes en el exterior.
Finalmente, la reforma plantea la eliminación del Consejo Nacional Electoral, dominado actualmente por los partidos mayoritarios y su remplazo por el Consejo Electoral Colombiano el cual asumiría tareas que actualmente desempeña el Consejo de Estado. Dicho Consejo estaría compuesto por nueve magistrados: tres elegidos por el presidente de la República, tres por los magistrados de las altas cortes y tres por el Congreso de la República.
A pesar de que la propuesta del Gobierno recogió sugerencias expuestas por la ciudadanía y algunos sectores políticos, persisten las dudas y las inconformidades lo cual es comprensible por cuanto la reforma toca demasiados intereses. La misma busca hacer más equitativa la contienda electoral, fomentar la participación, promover la renovación generacional del Congreso y garantizar la autonomía de la organización electoral. Actualmente debatida en la Cámara de Representantes, se calcula que en un mes será discutida en el Senado. El Ministro del Interior confía en las mayorías de gobierno y piensa que será aprobada sin mayores tropiezos, pero se han escuchado ya voces discordantes en el seno de la coalición de gobierno y habrá cambios como resultado de los consensos que se forjan ad portas de elecciones generales cuando prima la prioridad de alianzas políticas. Algunos críticos, como el representante Samuel Hoyos del Centro Democrático consideran que es inoportuno cambiar las reglas de juego a mitad de un proceso electoral. Otros piensan que la reforma no contribuye a frenar los altos grados de corrupción de la política colombiana porque no soluciona problemas acuciantes como los tiempos para definir sanciones impuestas por la Procuraduría y el Consejo de Estado, al elevarlas al grado de consulta jurisdiccional, a la vez que permite mantener prácticas corruptas que le restan credibilidad a las instituciones.
La mayor inconformidad se expresa, empero, con respecto a la organización electoral propuesta por el Gobierno. Aunque en teoría al Consejo Electoral Colombiano se le confieren más funciones y tendría la facultad de investigar partidos y campañas de senadores y representantes a la Cámara, su débil autonomía administrativa y financiera no le permitiría actuar realmente. La Misión de Observación Electoral, en particular, considera que con la forma de elección de los integrantes del CEC se mantendrá el mismo problema y la politización que se busca resolver con la eliminación del CNE. La propuesta de la MOE es que no haya ningún tipo de participación del Congreso o de las organizaciones políticas en la postulación y elección de los funcionarios del CEC el cual debiera ser un organismo eminentemente técnico. En realidad, el Presidente de la República y el Congreso son poderes políticos y poner en sus manos la elección de los integrantes del CEC conduciría a que el mismo permaneciera dominado por los partidos mayoritarios porque dos terceras partes de los elegidos al CEC serían nombrados por los mismos a quienes se supone deben vigilar.
La discusión sigue abierta y se mantiene la expectativa ante lo que se decida finalmente. Es evidente que reformar estructuras y prácticas que permiten la reproducción de mecanismos excluyentes para permitir nuevas expresiones políticas y mejorar la representatividad es una tarea difícil, sobre todo en vísperas de elecciones cuando nadie quiere ceder terreno. No obstante, lo que más impacta en las discusiones que se dan dentro y fuera de los espacios destinados a tomar decisiones trascendentales para el futuro de la nación es la resistencia de buena parte de la sociedad a la incorporación política, social y económica de las FARC. Esta actitud pasional y mezquina que no permite cambiar la forma de hacer política y ceder privilegios mantiene los personalismos, aviva el actual clima de deslegitimación de las instituciones de origen popular y contribuye a polarizar una sociedad desunida y fragmentada al cerrar las puertas a la reconciliación.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario.