Por fin en el país, después de muchos años de negación, hoy se habla sin tapujos de la pérdida del sector manufacturero o del sector agropecuario. Y se trata de pérdida tanto de participación en la estructura económica, es decir el aporte que estos sectores tiene en la economía (o en el PIB) como en disminución productiva, o sea en los volúmenes de producción. El resultado de esto es necesariamente o bien la pérdida o, por lo menos, la precarización del empleo, soportada además en las leyes o reformas laborales que así lo han posibilitado. Todo esto soportado en un complejo sistema de tratados comerciales que han servido para facilitar la entrada de importaciones.
El tema de las exportaciones si bien está en las negociaciones es una falacia: se exporta cuando se cuenta con un aparato productivo sólido para hacerlo; de lo contrario se depende, como realmente nos ha pasado, del sector primario, es decir de la explotación minera y de los hidrocarburos, panorama que en los últimos 15 años permitió ocultar los desastres que el modelo venía causando a la estructura productiva dados los buenos precios internacionales de los llamados comodities.
Ante la caída drástica de los precios internacionales, especialmente del petróleo, el panorama quedó en evidencia: el país no cuenta con una estructura económica capaz de responder a su mercado interno, fueron años de deterioro que nos han dejado en la lamentable situación de dependencia de las importaciones, en un ambiente de informalidad del trabajo, de micro empresas creadas como subsistencia y de disminución de los ingresos de las familias.
A la par con este proceso, las autoridades económicas han realizado en promedio una reforma tributaria cada dos años, soportadas en el principio de una mayor contribución de todos los agentes, buscando la equidad en la igualdad, es decir, básicamente las personas naturales (trabajadores) asumiendo la responsabilidad tributaria, golpeando con ello la capacidad de gasto de las familias. Esto de una mayor contribución de las personas naturales no está de entrada malo, existe una buena base de ingresos exonerada de impuestos y una tasa impositiva baja para ingresos altos, el problema mayor es que se pretende un mayor recaudo con base en impuestos como el IVA que ataca directamente el consumo de las familias de bajos ingresos.
Lo que poco han hecho énfasis las reformas tributarias son las exenciones que benefician en mayor medida a quienes tienen mayor capacidad de ingresos y de producción. Tampoco han posibilitado un sistema de penalidad tributaria que lleve a contrarrestar la evasión y la elusión, que son considerables en el país. Mucho menos en generar un ordenamiento del gasto público, avanza la comisión delegada para ello, pero por lo visto no hay que hacerse muchas esperanzas al respecto, nada distinto pasó con la Comisión tributaria.
Con todo este panorama, el país, que poco ahorró en tiempos florecientes, le ha tocado enfrentar los vientos de caída del crecimiento económico con unas expectativas negativas por parte de las familias y un comportamiento de los empresarios que poco responde con las necesidades de mayor inversión que se deben dar ante los nuevos escenarios de paz. Esto sin decir que buena parte de los ahorros del país han terminado en las arcas privadas, de la corrupción que sin duda alguna se constituye en un problema incluso mayor que la misma guerra. Suena fuerte y alguien podría decir que no hay muertos; pues lo dudo, han saqueado los recursos para infraestructura, salud, educación, la alimentación de los niños y para la necesaria justicia.
Con cifras de la DIAN a junio, el recaudo total de tributos creció el 0.8% en cifras reales (descontando la inflación), cuando lo esperado por el Gobierno era del 6.7%. Hay que anotar en este punto que, para las proclamas de crisis por parte de un sector político contrario al Gobierno, crecer un 0.8% no está nada mal, cuando la economía lo ha hecho cercano al 1.2%. Es decir, el recaudo si bien ha crecido por debajo de las cuentas alegres hechas por el Gobierno, su comportamiento ha sido relevante en momentos de desaceleración económica, a costa claro está del consumo de las familias que indiscutiblemente han debido ajustar el gasto a los nuevos requerimientos tributarios.
Ahora, los beneficios dados a las empresas no se manifiestan en lo que siempre se aduce como la expectativa de las reformas. La inversión y el empleo formal no responden a los incentivos que deberían producirse desde las proclamas del modelo neoliberal; por el contrario, los menores tributos no conducen a mayor inversión, a un mayor y mejor empleo. Los recursos liberados vía menores impuestos a las empresas van entonces a solventar la caída de la tasa de ganancia en el periodo de desaceleración, es decir, por un camino tal vez no pensado el Gobierno está socializando la reducción en la ganancia de las empresas, o las menores ganancias, si se prefiere las pérdidas. Vuelve y juega, en el capitalismo las crisis las pagan los más débiles.
No hay porque extrañarse entonces de nuestra precaria situación económica, son los resultados de la implementación de un modelo de desarrollo donde la mayoría pierde. Un Estado que funciona para los grandes capitales y unos procesos públicos que contribuyen a la acumulación, cuando no al enriquecimiento ilícito, dejando por fuera las poblaciones, siempre desprotegidas y dejadas al vaivén de los mercados, cuando no de los empresarios y políticos corruptos.
Este es el momento para nuevos acuerdos sociales, para salvaguardar el proceso de paz, para revindicar el empleo y la vida digna, a través de un gran acuerdo que permita darles continuidad a los distintos procesos de paz, pero en especial a un cambio de modelo de crecimiento y desarrollo que posibilite tanto a empresas como personas e incluso a los territorios, tener expectativas diferentes con la esperanza de un mejor presente y futuro.
Las dificultades de acuerdo en los sectores que hoy le apuestan a la paz será una estrategia que nos dejará ante un camino plagado de incertidumbres, donde la confianza en una segunda vuelta nos podrá regresar al país de épocas ingratas. Este, y no otro, es un momento que ya en el pasado se decía que debía ser un acuerdo por lo fundamental, y esto es pensar en un sendero de esperanza para este país, con un modelo de desarrollo que se fundamente en la equidad, la justicia social, sin olvidar la productividad y competitividad del país, sus regiones y sus empresas.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Director Programa de Economía, Universidad de La Salle
Agosto 31 de 2017