Las consultas populares revelan la contradicción entre la política nacional y el desarrollo de los territorios.
La locomotora minera propuesta en el primer gobierno de Santos enfocó la acción de la política pública hacia el modelo minero exportador, en un contexto de alza de los precios, donde el gobierno nacional considero los recursos de regalías, impuestos y dividendos del sector minero como indispensables para el desarrollo del país. Sin embargo, no solo se terminó la bonanza y los precios cayeron, sino que los recursos que el gobierno estimaba recibir fueron devueltos a las empresas como gastos de responsabilidad social empresarial Es decir que estamos entregando todos nuestros recursos minerales y les estamos pagando para que lo hagan”.[i]
El sector minero en Colombia no solo tiene una de las tasas más bajas de tributación en la región sino que contempla una serie de beneficios para las empresas mineras, un ejemplo es el de la deducción por la compra de activos fijos reales, según Álvaro Pardo: El costo fiscal de este beneficio ascendió a $13,4 billones de pesos, según cifras de la DIAN. Un antiguo director de la Oficina de Impuestos Nacionales, Fernando Sarama, señaló que la aplicación conjunta de la deducción por la compra de activos fijos y de la depreciación acelerada se hizo de forma tal que “el contribuyente recuperaba el 140% del valor de su inversión y el Estado le aportaban 13,33% del valor de la misma”.[ii]
Mientras las empresas reciben diversos beneficios, las comunidades se quedan con los costos sociales y ambientales. Y aunque las multinacionales mineras y el gobierno de Santos han querido hacer ver la minería como una actividad amable con el medio ambiente renombrándola como “minería responsable o sostenible”, la realidad es que este no es un recurso renovable y su explotación produce impactos negativos sobre las fuentes de agua, la flora y la fauna que no son reversibles y son las comunidades quienes deben asumir dichos impactos en su día a día.
La decisión de los pobladores de Jesús María de decir No a la minería se suma a las voces de los pobladores de los otros 7 municipios, que van sumando una corriente importante que se opone al modelo minero exportador y que tiene un gran eco en distintos sectores de la sociedad que aunque no han sido consultados, desde diferentes expresiones y redes sociales han manifestado su desacuerdo con dicho modelo.
Las estrategias del Gobierno en esta lucha
El gobierno es consciente de la negativa de las comunidades al modelo minero exportador y por ello ha emprendido distintas estrategias, una es la de limitar la participación ciudadana, donde su objetivo es colocar todos los obstáculos posibles para que las consultas populares no logren prosperar –exigencia de cabildo abierto- y de hacerlo no puedan oponerse a los proyectos mineros –acuerdos de mitigación-, de ello da cuenta fiel el proyecto de ley estatutaria de la promoción ciudadana.
Una segunda estrategia es la alianza entre las grandes empresas mineras y los gobiernos locales; esta estrategia aprovecha varios factores de inconformidad de las comunidades y los gobiernos territoriales para apalancar los proyectos de la gran minería, como ocurre con la Asociación de Municipios del páramo de Santurban, que agrupa a los alcaldes de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, en Santander. La primera añagaza para lograr dicha alianza ha sido la de promocionar la “Minería Bien Hecha”, que logró hacer que los alcaldes declararan que: “Respaldamos a los proyectos mineros concebidos bajo los principios de la minería bien hecha., lo que comprende aquellas iniciativas que contribuyen a la actividad extractiva bajo criterios que cumplan con la normatividad vigente, con la preservación del medio ambiente, y que contribuyan con la generación de empleo y desarrollo sostenible”.[iii] Criterios que en la realidad no son posibles, porque de hecho la extracción, independientemente de la forma que se realice produce un impacto en el medio ambiente, así sea por el sistema de túneles que plantea la multinacional Minesa[iv], también por la gran capacidad de lobbying de la mineras para transformar las normas y las leyes a su favor, y porque finalmente los recursos para la inversión en buena parte le son devueltas a las multinacionales mineras[v], y en otra buena parte alimentan la corrupción.
La segunda añagaza ha sido acudir al sentido de identidad de la región argumentando que la minería se realiza en esa zona desde tiempos ancestrales. Y aprovechando el rechazo que causo la declaratoria del parque y la sentencia de la Corte Constitucional donde se confirma la prohibición de la actividad minera y agropecuaria en el área del parque afectando a muchas familias sin que se les haya dado alternativas de trabajo. Alinearon los intereses de los pequeños mineros con la gran minería. La actividad minera predominantemente artesanal no tiene comparación con el proyecto de Minesa que busca extraer algo así como 450.000 onzas de oro al año.[vi] La pequeña minería termina defendiendo la gran minería en una supuesta identidad que esconde las enormes brechas entre una y otra.
La tercera añagaza fue denunciada por La Silla Vacia, en su sección la silla Santander en el artículo Los alcaldes: la palanca de Minesa en Santurbán, en él se dice: Además de que alinearon discursos, La Silla encontró que desde febrero la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, Asomusanturbán (integrada por los seis alcaldes de Soto Norte) firmó un convenio de $30 millones con Minesa para el “fortalecimiento institucional de la asociación”. Pero lo que más le llama la atención a la Silla frente a esta situación es que una de las cláusulas del convenio compromete tanto a la asociación como a sus asociados -los alcaldes-, con los intereses de Minesa y básicamente les pone mordaza para hablar de la empresa.
Las organizaciones sociales, comprometidas con el medio ambiente han desarrollado innumerables acciones encaminadas a informar y despertar la conciencia ciudadana frente a las consecuencias del modelo minero exportador, así como de sus falacias de progreso y desarrollo. La lucha frente al gobierno y las multinacionales mineras es bastante desigual dado que las organizaciones sociales no poseen los recursos económicos ni la influencia en la capacidad del Estado para producir y hacer acatar normas y leyes, que tienen estos. Pero han logrado movilizar distintos sectores tanto de la sociedad civil, como del Estado, en la preocupación por el medio ambiente y por las consecuencias que se derivan de actividades como la explotación minera. Y más allá de las estrategias del gobierno para proteger y brindar garantías a la gran minería, es inevitable que crezca cada vez más la oposición a estas actividades y la demanda para buscar otras alternativas, en especial en esta coyuntura donde se evidencia con más crudeza el cambio climático. Las elecciones serán un escenario clave para cambiar el modelo minero exportador y buscar nuevos horizontes.
CARLOS ALBERTO LERMA CARREÑO: Director Ejecutivo Corporación Latinoamericana Sur.
Imagen: Tomada de @Registraduria
NOTAS
[i] Gonzalo Peña Ortiz en http://censat.org/apc-aa/view.php3?vid=81&cmd%5b81%5d=x-81-6859
[ii] Beneficios Legales y Elusión Tributaria en el Sector Extractivo Colombiano, p13 en otro apartado, Álvaro Pardo, señala: El costo fiscal de la deducción de las regalías en el periodo 2005 – 2012 asciende a $13,8 billones de pesos corrientes para el sector de minas y petróleos. Solamente para el sector minero, el costo fiscal de este beneficio es de $2,8 billones de pesos en el mismo periodo. (…) El sector de hidrocarburos es un importante contribuyente de recursos al fisco nacional y logró sus máximos niveles en los años 2007 a 2009, cuando su aporte superó el 5% del PIB. Sin embargo, de ahí en adelante, en proporción al PIB, su participación ha venido en descenso como consecuencia de un estancamiento en los niveles de producción y la caída de los precios del crudo. El aporte más importante del sector minero viene por el lado del carbón, pero la contribución en impuestos y regalías no explica más allá del 1,5% del PIB.
[iii] http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alcaldes-de-santander-defienden-mineria-en-sus-regiones-81910
[iv] “El hecho de que el proyecto no esté sobre la delimitación de páramo no significa que no afecte a este ecosistema, que es muy frágil. Primero, porque esa delimitación del Ministerio de Ambiente para muchos no está bien trazada y, segundo, porque ellos están hablando de hacer una minería por túneles que apuntan al páramo. Aquí hay que entender que, desde el nivel del mar hasta los nevados, se trata de un solo ecosistema” http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/nuevo-proyecto-minero-se-avecina-en-santurban-articulo-689829
[v] Las cifras nacionales y mundiales muestran que la minería a gran escala es muy poco el empleo que genera, 2,5 millones a nivel mundial; pero sí origina enormes problemas de salud en donde se desarrolla (carbón en Guajira y Cesar, níquel en Cerromatoso); la riqueza obtenida es para las multinacionales extractivistas; las grandes sumas de dinero que pagan por impuestos les son devueltas de muchas formas, lo que las hace prácticamente inexistentes. De las regalías que prometen ni hablar. Nos quedan los impactos ambientales. ¿Quién responde? http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/movimiento-civico-conciencia-ciudadana/402705-agua-para-la-vida
[vi] Los datos establecen que por cada onza de oro la minera debe remover 7.77 toneladas de tierra,(…) https://www.eldinero.com.do/9136/barrick-pueblo-viejo-remueve-7-77-toneladas-de-tierra-por-cada-onza-de-oro/
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