Las familias campesinas que en su inmensa mayoría han suscrito acuerdos voluntarios para la erradicación de dichos cultivos se oponen a la erradicación forzosa que ha sido emprendida por agentes de la policía y el ejército nacional. Para las familias campesinas se trata de un asunto de vida o muerte toda vez que de dichos cultivos derivan los ingresos para su sobrevivencia. No tienen otras fuentes de ingresos y por ello se enfrentan a quienes en el territorio buscan la erradicación forzada de estos cultivos.
Cuando hablamos de falencias en la implementación del Acuerdo nos referimos a la manera desacertada como el Gobierno Nacional viene enfrentando el problema de erradicar los cultivos de uso ilícito que el mismo informe de Naciones Unidas tasa para el año de 2016 en 147 mil hectáreas en todo el territorio nacional, la mayoría de las cuales se concentra en 10 municipios que están plenamente identificados. La primera falencia del Estado se dio en relación con el control del territorio una vez que las guerrillas de las FARC y como producto de los Acuerdos, desalojaron esas regiones para concentrarse en las 26 zonas veredales que ahora se llaman de educación y reincorporación. Esas zonas no fueron copadas militarmente y a ellas llegaron nuevos actores armados que buscan el control del territorio y a la vez el control sobre los cultivos de uso ilícito para la producción de cocaína. En el caso de Tumaco esas zonas veredales del municipio de Tumaco fueron copadas por la Disidencia de las FARC, por las llamadas bandas criminales y por reductos del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estos actores armados se oponen por razones obvias a la erradicación tanto voluntaria como a la erradicación forzada. Y también es muy seguro que mediante la coacción armada buscan que los campesinos dedicados a esta actividad se movilicen y protesten contra la erradicación forzada. También eso es real y no un invento de los voceros del Estado.
La segunda falencia tiene que ver con las fallas en la implementación del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana. El Acuerdo plantea de manera precisa que la política que se pondrá en marcha es la de la erradicación concertada con las comunidades para construir una economía legal y para ello se plantea que los campesinos deberán ser incorporados de manera voluntaria al plan de erradicación y sustitución para lo cual cada familia deberá recibir un subsidio de 36 millones de pesos en los siguientes 18 meses para erradicar y para sustituir los cultivos ilícitos con nuevos proyectos productivos y para ello se requieren dos cosas: primero el dinero y segundo las tierras para que los campesinos se incorporen al desarrollo de cultivos lícitos. El asunto es que estas dos cosas no están garantizadas. En el presupuesto de este año apenas de aforaron 300 mil millones de pesos para el financiamiento de esta estrategia a todas luces insuficientes para un adecuado arranque y financiamiento del programa. El propio Gobierno ha señalado que se han registrado 79 mil familias para la erradicación voluntaria lo que requeriría un mínimo de 3 billones pesos para los próximos dos años solo para garantizar el subsidio planteado pero además se requieren recursos para compra de tierras, para el financiamiento de la construcción de vías y de bienes públicos en dichas regiones y esto es lo que tampoco está garantizado.
A estos dos factores se vino a sumar las amenazas del Gobierno Norteamericano de descertificar al país en la lucha contra el narcotráfico dado el crecimiento de los cultivos de uso ilícito ante lo cual el Gobierno aceleró la erradicación forzada en los 10 municipios que concentran dichos cultivos uno de los cuales es precisamente el área rural del municipio de Tumaco. Y esta erradicación forzada fue lo que motivó la movilización y la protesta campesina. El resultado fue la confrontación y el abuso en el uso de las armas que es ahora motivo de la investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables de los mismos.
En síntesis el programa ha entrado en crisis aún antes de arrancar. Para su desarrollo se requiere resolver dos asuntos prioritarios. El primero dotar el programa de recursos del presupuesto nacional de forma realista y el segundo poner en marcha el llamado Fondo de Tierras para la paz para que de forma articulada se pueda enfrentar el problema de tierras para el desarrollo del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas son dos condiciones sine qua non para que el programa se pueda desarrollar. A ello y sobre esta base es que se puede asegurar el dominio territorial por parte de la fuerza pública. La crisis en Tumaco demuestra que sin recursos y sin políticas de desarrollo alternativo el programa contemplado en los Acuerdos de La Habana no podrá ser desarrollado. Y con ello la erradicación de cultivos de uso ilícito no tiene futuro.
PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ: Director Revista Sur
Bogotá 12 de octubre de 2017.
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