Según revelaciones del Fiscal General de la Nación hechas en el Congreso Anual de Confecámaras el pasado 31 de agosto, la cifra por defraudaciones de funcionarios públicos ascendió a casi 2 billones de pesos en un año. A la misma se vincula una larga lista de congresistas, exconsejeros presidenciales, exministros, exmagistrados, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y contralores. Por estos hechos han sido judicializados 998 funcionarios públicos y 156 políticos de todos los partidos vinculados a casos de corrupción, entre los que se destacan los casos de Odebrecht, Reficar, Ecopetrol, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los recobros de Fosyga, el cartel de la chatarrización y, sobre todo, el caso más sonado: el de la justicia que involucra a algunos magistrados de la Corte Suprema que habrían favorecido a políticos en sus procesos judiciales a cambio de sobornos.
Obviamente, tal como lo han planteado importantes analistas, la corrupción afecta el bienestar general de la nación, la inversión extranjera, el crecimiento del PIB, la competitividad y la confianza en el país. En las sociedades corruptas se encarecen las obras públicas y las comisiones ilegales aumentan los costos a la vez que reducen la productividad. Así mismo, se convierten en uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger los derechos humanos y entorpecen el derecho a la participación ciudadana. La corrupción en los servicios públicos provoca fallas que ponen en riesgo el derecho a la vida y, cuando afecta al sistema judicial, niega el derecho a la igualdad frente a la ley y a las garantías judiciales declaradas por los instrumentos internacionales de los derechos humanos.
Durante años, los estragos causados por el conflicto armado interno dejaron en un segundo plano los estropicios de la corrupción pero la posibilidad de reconstruir lo roto y allanar un camino sembrado de incertidumbre ha puesto en primera línea el problema de la corrupción que se erige como un obstáculo enorme a la democracia.
El desvelamiento de la corrupción ha dado origen a una profunda frustración que ha afectado las expectativas de reconciliación y solidaridad de la ciudadanía. El punto al que ha llegado el país no deja otra alternativa que aplicar la justicia hasta que se adopten las reformas necesarias para sobreponerse a la indignación y poner remedio a una situación que pone en tela de juicio la institucionalidad.
En el ojo del huracán se encuentran los partidos políticos que dejaron de ser organizaciones portadoras de un modelo de sociedad para convertirse en maquinarias electorales distribuidoras de avales que abren las puertas a avivatos que se sacan partido de las fisuras de las normas legales o a aventureros dispuestos a manipular el sufragio como instrumento plebiscitario contra la democracia representativa, apoyados en las incontrolables redes sociales que pueden convertirse en vehículos de falsas noticias y posverdades.
La solución a la espeluznante sucesión de casos de venalidad política que han invadido el escenario público de manera casi sistémica y a la que se han negado durante décadas los partidos políticos colombianos, es su democratización. De este modo se reducirían la concentración de poder en las cúpulas dirigentes, el nepotismo, las lealtades personales y el clientelismo. Mientras los partidos cumplen su función de dirigencia y agregación de intereses en búsqueda de una convivencia pacífica, corresponde a la ciudadanía ilustrada estar vigilante y denunciar las acciones de quienes en su función desvían sus obligaciones morales en busca de ganancias que los favorezcan personalmente o a sus allegados.
Esta ciudadanía ilustrada incluye a los medios de comunicación comprometidos con la lucha contra la corrupción mediante la investigación y denuncia de casos concretos; a las autoridades que pueden adelantar campañas institucionales y, sobre todo, a una ciudadanía participante que luche contra la tolerancia con que el enriquecimiento ilícito es aceptado socialmente.
RUBÉN SÁNCHEZ DAVID: Profesor Universidad del Rosario
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