Pero si miramos un poco más lejos hay que plantearnos una cuestión más ambiciosa. Pensar a la vez Catalunya y España. No se ha tenido en cuenta que en Catalunya hay una parte importante de la sociedad no quiere la independencia. Y es probable que algunos independentistas de hoy, indignados por el trato recibido estos últimos tiempos, pueden orientarse si se les propone un acomodo en un Estado plurinacional. Por lo tanto hay que establecer lazos entre ambos catalanes, los unos de siempre y los otros de Candel, los que viven y trabajan en Catalunya. Para ello no basta con la cuestión nacional como identidad y autogobierno, También hace falta un proyecto social y económico que movilice a las clases populares. Hay que tener en cuenta que el gobierno del PP y de los Ciudadanos y una parte de la dirigencia socialista coinciden en un proyecto de recentralización política, Estado más autoritario y políticas económicas que tienden a dualizar la sociedad. Lo cual afecta tanto a los catalanes como al conjunto de los españoles como podremos confirmar cuando haya recesión el próximo año. El independentismo catalán hasta hoy no ha podido o no ha tenido en cuenta lo suficiente a los catalanes sin tradición catalanista o de familias originarias del resto España de y menos aún al resto de españoles que además han sido influenciados y a veces manipulados por la reacción españolista. En el siglo XIX vendimos productos materiales. En el siglo XX vendimos ideas sociales y políticas democráticas. Hoy se trata de superar el modelo de 1978, no solo en el marco político y jurídico y en la organización territorial, también en las políticas sociales y económicas que nos afectan a todos. Pero nos hemos encerrado en “nostra Catalunya”, gran error. El gobierno español por su parte convierte la diferencia, legítima, en supuesto privilegio y los problemas y los déficits del Estado, democráticos y sociales, los transferirá a todos los catalanes, sean o no, independentistas.
El catalanismo político fue un factor importante para iniciar los procesos democráticos a lo largo de los años 70 del siglo pasado. Lo personificó la Asamblea de Catalunya. Y también las Comisiones obreras; el movimiento ciudadano, el de la enseñanza y el universitario; la asamblea de intelectuales, la renovación cultural y artística y la nova cancó; la Unió de Pagesos (campesinos); la Iglesia de base; los colegios profesionales y los gremios y asociaciones de comerciantes; etc. Catalanya no fue el único pueblo de España que conquistó la precaria y limitada democratización pero si que destacó por su movilización pacífica y ampliamente interclasista. Hoy Catalunya y el conjunto de España nos necesitamos para impulsar un nuevo ciclo de redemocratización del Estado español. La sociedad española, y la catalana obviamente, son mucho más democráticas que el Estado. El catalanismo ha hecho salir a la superficie a los déficits democráticos del Estado español. Hubo una regresión continuada del desarrollo constitucional, como la ley de partidos, la “ley mordaza”, la reforma laboral, la modificación nocturna que constitucionalizó el % y el uso jurídico reduccionista de las autonomías. Especialmente la catalana cuyo Estatuto fue cercenado por el Tribunal Constitucional, manipulado por el Gobierno del PP, obsesionado por el anticatalanismo, político, jurídico y mediático.
La reacción catalana que explotó en 2012 era el momento de dialogar y buscar pactos pero el gobierno del PP se negó en redondo. La respuesta de Rajoy ha sido siempre Niet, com Molotov, “a mí me parece bien tal como están las cosas… y me basta con aplicar las leyes”.
Demasiados abogados del Estado y similares en los gobiernos españoles. Hubiera sido posible mejorar las relaciones con Catalunya sin demasiadas dificultades: lengua y educación, déficit fiscal y cumplimiento de inversiones en infraestructura y un cierto reconocimiento nacional que ya se expresa en la misma Constitución. A lo largo de estos 5 largos años hasta hoy el Estado español ha estado al acecho para atajar el independentismo: Monarquía, Gobierno, Cortes, partidos “constitucionalistas”, Judicatura, Fuerzas Armadas, Alta Administración, gran parte de barones regionales y también los grandes medios de comunicación. Han promovido cruzadas anticatalanas discretas pero irritantes, humillantes incluso. Entre todos consiguieron que una sociedad indignada y menospreciada y el nacionalismo se agarró al “independentismo”, un mito movilizador. Antes del 2010 no alcanzaba al 20 % y en el 2017 estaba a rozar el 50%. Pero los catalanes, sean independentistas y los que no lo son, necesitan primero que todo un marco democrático en España. Lo necesitan los catalanes y el conjunto de los españoles. España necesita Catalunya no tanto o no solo por su fuerza económica, también por la vocación democrática del catalanismo. Y Catalunya, sin apoyos sociales y culturales en España, no tendrá fuerza suficiente para pactar con el Estado. Y para ello debe poder contar con fuerzas políticas que entiendan las aspiraciones catalanas, pues ahora solo puede contar con Podemos.
A mi modesto parecer, el procés catalán no ha sido ni lo suficiente abierto, poco realista y en su etapa final ha sido muy confuso, precipitado y poco transparente. Se saltó de la consulta fallida a la declaración de la independencia con calendario marcado, un año y medio. Una mayoría parlamentaria muy escasa se arrogó el monopolio de la independencia sin contar con la otra mitad, o seguramente más. Se ignoró el Estado español dando por supuesto que iba a ser un Tancredo indiferente ante una decisión fundamental no solo para el gobierno sino el conjunto de los aparatos del Estado y las corporaciones económicas incluídas las catalanas. El gobierno español se limitó a usar la Judicatura como brigada político-social y las campañas mediáticas para contrarrestar el proceso independentista. No se tuvo en cuenta la reacción contraria de la sociedad española y emergió el patriotismo en muchos casos muy visceral. En Catalunya una minoría, importante y con apoyos del Estado, apareció como una fuerza contraria al referéndum y al independentismo. Aparecieron fracturas sociales y familiares. Otro déficit del catalanismo fue el no incorporar un proyecto político de democracia avanzada, con programas económicos y sociales que movilizaran a sectores populares y clases trabajadores como se hizo en la resistencia antifranquista (o con los Consejos de Resistencia de Italia y de Francia en la segunda guerra mundial o en los programas del Labour Party). No hay que olvidar que en gran parte de esta población no son originarios o descendientes de familias inmigrantes españolas. La Generalitat, o sea el gobierno y el parlamento, en vez de definir una estrategia política gradual y realista hizo surfismo sobre la ola de la movilización popular sin otro objetivo que la “independencia”, como si fuera el fruto del árbol que bastaba agarrarlo. Se olvidó de la reacción del Estado, de las fuerzas en presencia, de la falta de alianzas fuertes en España y en Europa y de las complejidades de nuestras sociedades y su relaciones con el Estado. No olviden que esta cosa tan abstracta como es el Estado también actúa con múltiples instrumentos concretos, en parte benéficos, en muchos casos ofrecen seguridad pero también usan la violencia que ellos mismos definen lo que es legítimo y legal.
El final de este ciclo fue el máximo de la confusión. La dialéctica Estado-Generalitat llegó a la cima de la espiral de errores. Ya expusimos como cada parte en vez de aprovecharse de los errores del otro respondieron con otro error. La sentencia del TC (Tribunal Constitucional), un error inmenso, fue aprobado con entusiasmo por el conjunto del Estado. La reacción cívica digna expresó sus aspiraciones y esperanzas que se concretaron en un término complejo, la independencia, que podía ser movilizador pero no objetivo político a corto plazo. La Generalitat con mayoria nacionalista asumió la bandera independentista en lugar de priorizar la consulta legal a la ciudadanía. El Gobierno en vez de abrir el díalogo provocó sistemáticamente a la Generalitat mediante amenazas y querellas mediante la Judicatura y especialmente con el TC y las presiones financieras que condujo a una intervención de facto del gobierno catalán. El proceso independentista se aceleró después de la consulta no legal (2014), fue la expresión tranquila de la población independentista. El Parlamento catalán elaboró dos leyes: del referéndum y de la transitoriedad. Para declarar la independencia prescindiendo de la fuerza formal y material del Estado. Se fijó la fecha, uno de octubre 2017, con la esperanza de abrir el díalogo previo con el Gobierno del Estado. Éste no abrió vias de díalogo y empujó al gobierno catalán al borde del precipicio, declaración unilateral de independencia. La sociedad catalana alzó la cabeza y más de dos millones de ciudadanos se movilizaron para votar un referéndum que tenía un valor simbólico y político pero sin efectos jurídicos y de reconocimiento ni del Estado ni de la Unión Europea. Fue un gran éxito popular, un acto colectivo de dignidad, de resistencia y de pacifismo. A pesar de la presión mediática y amenazadora del Gobierno y de la Judicatura la organización del referéndum funcionó perfectamente a pesar de las fuerzas policiales. El 1 de octubre la ciudadanía ganó al Estado pero la política luego fracasó.
La victoria de la ciudadanía dejaba a la Generalitat un enorme capital político. A ello se añadió la imagen mundial de la brutal represión policial sobre una población de familias pacíficas sin otra actividad que votar como expresión de sus aspiraciones de reconocimiento. El gobierno español perdió un plus considerable de legitimidad incluso en el ámbito europeo e internacional. Era el momento de convocar elecciones legales y plantear con más fuerza el díalogo con el Estado español. El gobierno español no quería ganar un contencioso político quería matar el catalanismo político. Y acentuar la recentralización del Estado y en esta confusión aplicar políticas autoritarias y antisociales. No hubo el mínimo díalogo directo entre los gobiernos y el gobierno catalán se sintió humillado El capital acumulado en un día se dilapidó otro día. La declaración uniltateral de independencia, pocos días después, se hizo a medias y con dudas y se proclamó casi clandestinamente la república catalana que no tuvo más unas horas de vida, ni tan solo fue legalizada por el Parlament catalán. El gobierno español obtuvo una victoria pírrica. Ha reforzado su hegemonía en la derecha, no en Catalunya, tampoco lo necesita. El catalanismo se mantiene fuerte en la sociedad y el independentismo tiene un pósito sólido pero no mayoritario y reaparecerá en momentos más propicios. Ahora todos, unos y otros han gastado muchas fuerzas y han perdido muchas oportunidades. Pero, más viejos y más gastados, deberán renovarse y encontrar nuevas vías de reconocimiento de los unos con los otros para construir dialogos y pactos. Para ello hace falta que en Catalunya se reconstruyan lazos entre independentistas y no independentistas pero es probable que vaya emergiendo una fuerza ciudadana favorable a una mejor relación con el Estado español que supere la dicotomía Sí contra No. Es impredecible el resulto electoral pero es posible que la dicotomía más democracia contra regresión democrática emerja como un conflicto que va mucho más lejos y más viable que el del Estado versus independentismo. Tambíen es imprescindible que Catalunya consiga y haga reconocimientos, díalogos y lazos entre los pueblos que conviven en el Estado español. La política es demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de los políticos profesionales.
JORDI BORJA: Geografo urbanista, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, presidente de Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), vinculado a los movimientos populares urbanos desde finales de los años 60, militó en el PSUC y PCE hasta finales de los 8. Obra reciente (2013): Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza Editoral)
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