En esta discusión, que vuelve a retomarse después de dos años, en un año electoral, donde tampoco es propicio el ambiente para proponerse, se plantean elementos que para nada contribuyen a generar cambios estructurales en el sistema pensional colombiano. Se debe partir que las pensiones, el grueso de ellas, están atadas al contrato de trabajo en un país donde la informalidad es la principal característica del mercado laboral. Es decir, se calcula que cerca del 27.5% de la población colombiana cotiza al sistema. Siendo así, jamás será viable financieramente, aunque suban el piso de la edad de retiro o las semanas de cotización a límites absurdos. El sistema sencillamente no es viable porque una porción baja de la población cotiza, lo demás tiene que llegar vía fondos fiscales.
De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, al mes de agosto, 14.629.082 personas se encontraban afiliadas a los fondos privados, de los cuales 7.556.533 estaban activos. Mientras en Colpensiones se tienen 1.971.818 cotizantes activos, y en total cuenta con 6.452.976 afiliados. Esto muestra como la inestabilidad laboral y la informalidad golpea al sistema, haciendo que la población inactiva a los regímenes de pensiones sea significativamente mayor, solo el 45.2% de la población afiliada se mantiene como cotizante y esto no es garantía de que puedan llegar a consolidar una pensión.
De entrada, la solución al problema de la sostenibilidad financiera del sistema no puede pasar por los fondos privados, como lo propone ANIF, En otras palabras, el aumento de la edad de pensión y el aumento de las semanas de cotización buscando la estabilidad del sistema, por sí solo no garantiza nada, solo que la población demore su posible acceso a la pensión y cotice más tiempo. Ahora, la eliminación del régimen de prima media les estaría posibilitando a los fondos privados que los nuevos empleados que entran al sistema solo tengan los fondos privados como opción. El Estado mantendría la responsabilidad fiscal sobre los actuales y futuros pensionados de Colpensiones, así como de las personas mayores que no cotizan o que no les alcanzarán sus aportes para tener una pensión mínima, la vida de esta entidad se estima entre 80 y 100 años, que es el tiempo para su marchitamiento.
Otros temas han salido al debate, además de la edad de pensión, que se constituye en un punto sensible para la población y no es para menos. También se ha propuesto la igualdad de condiciones de jubilación entre las mujeres y los hombres, esto sin duda alguna, daría al traste con una reivindicación de las mujeres y un reconocimiento social a temas como la reproducción y la economía del cuidado. Se argumentan elementos como ¿Qué pasa entonces con las mujeres que optan por no tener hijos o que no pueden hacerlo por alguna otra razón? Se trata de un debate serio que merece tomar posiciones frente a temas como la economía del cuidado, que en nuestra sociedad depende fundamentalmente de las mujeres, que aunque no tengan hijos si deben encargarse de las labores de la casa y del cuidado de la familia, en especial en esta sociedad signada por la muerte y la guerra donde los hombres han dejado a las mujeres con la responsabilidad de las familias. También entonces habría que hacer el reconocimiento al escaso grupo de hombres que están al frente de estas labores. Es entonces un tema complicado de política social, que trasciende incluso el propio debate económico o financiero.
La tasa de reemplazo también quiere ponerse en cuestión, es decir, la relación que existe entre el último salario recibido como cotizante, y la primera pensión. El grueso de los países de América Latina, incluido Colombia, a través de los fondos privados, muestran tasas por debajo del 45%. El fondo público, Colpensiones, tiene tasas que superan el 65%, esto sin hablar de las penosas y vergonzosas situaciones de las altas pensiones en Colombia, que aunque son 3.000 si se llevan buena parte de los recursos, pensiones que hoy no deben superar los 15 millones de pesos pero que es casi todos los casos, trascienden esa cifra; pensiones, en algunos casos, producto de la corrupción y del desangre del erario público que han realizado los sectores más privilegiados del sector público colombiano.
Pero como bien lo plantea Farné, se trataría de una combinación de estas medidas, no de una sola, donde el problema no es eliminar subsidios o acabar con las pensiones de altos ingresos. Pero son salidas que se convierten en alivios coyunturales a situaciones que son estructurales y se hacen desde la lógica propia del sistema actual de mercado, que es precisamente la razón del mal funcionamiento del régimen pensional.
Vuelve a insistir el sector privado para que se le dé un tratamiento financiero al tema de las pensiones, parece que importa más la codicia por la rentabilidad y la ganancia que las condiciones de bienestar de la población, de los cerca de 3.6 millones de adultos mayores que no tienen acceso a recurso alguno, o mejor, cerca del 50% de ellos escasamente recibe aportes que pueden llegar a ser de $70.000 pesos mensuales. O de cerca del 72% de la población que no cotiza a una pensión y no tiene esperanza alguna de tener una vejez digna. Se repite la historia con el tema de la salud, hoy estamos en medio de una gran crisis en la protección social y pensamos que la solución la tiene el sistema financiero, cuando precisamente esa lógica nos ha conducido a puntos de difícil retorno.
Así como la salud, que debe de retornar a lo público para su solución, las pensiones deben hacer pivotar el sistema en el régimen de prima media, con los ajustes necesarios y acordados en términos de cotizaciones, tasas de reemplazo, derechos a subsidios o supervivencias. Esto no quita la posibilidad del régimen privado, que exista como pilar opcional para las personas que a bien lo consideren una opción individual. Otros pilares tendrán que existir para proteger y dignificar la vida de quienes no cotizaron o no pudieron llegar a tener las condiciones para una pensión mínima.
La comisión tributaria propuso un gravamen a las pensiones altas, que engañosamente los mismos políticos hicieron de esta propuesta un temor para todos los pensionados. Sobre los regímenes especiales y las altas pensiones se tendrá que actuar, la búsqueda de una mayor equidad pensional, en un país cuyo mercado de trabajo es precario, tendrá que ser bastión de las propuestas que procuren por un sistema pensional digno.
Ya el establecimiento de los beneficios económicos periódicos es un inicio en la búsqueda de garantizar una pensión mínima, incluso sin que ella esté condicionada, por ahora, necesariamente al salario mínimo legal vigente. También podría ser el camino a garantizar una renta básica de ciudadanía para personas de la tercera edad, tal y como ya existe en México o en Ecuador.
En fin, ante la vulnerabilidad del bienestar de la población, cuya protección social está ligada al contrato de trabajo, en un mundo laboral frágil y con un futuro incierto por demás, ante los cambios constantes en las dinámicas del trabajo producto de las innovaciones tecnológicas (la cuarta revolución industrial), la propuesta de privatizar el sistema pensional para que rija solo el sistema de aportes individuales, es llamar a la deshumanización, a dejar a las familias presentes y futuras en una condiciones donde difícilmente se podrá pensar en una etapa final de la vida con decencia y dignidad.
Quedarán entonces las obligaciones para el Estado, será el fisco quien deberá responder por el bienestar de la población. Sea entonces este momento para pensar al derecho, no en términos del garantizar los negocios a los fondos privados sino el pensar un sistema público con base en los aportes producto del trabajo, el generar un fondo financiero con recursos del Estado y posibilitar así un ingreso decente para las personas mayores, una renta de ciudadanía garantizada que les permita gozar con dignidad la última fase de su existencia. Un Colpensiones para todos los trabajadores, un fondo que garantice el derecho fundamental a pensionarse a toda la población no cotizante y unos fondos privados para quienes quieran complementar su pensión. Se trata de la pensión como un derecho humano y no como una mercancía que se transa en el mercado.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Director Programa de Economía, Universidad de La Salle
Noviembre 15 de 2017
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