La implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP debería ser, en la actual coyuntura, la prioridad para todos los colombianos. Sin embargo cuando se habla del tema, la mayor parte de la ciudadanía lo hace con total desconocimiento tanto del contenido del Acuerdo, como de los avances, obstáculos y dinámicas de implementación. Adicionalmente, el grueso de la población considera que “se le entregó el país a las Farc” o simplemente no le interesa el asunto.
En plena etapa preelectoral y en un país que se encuentra entre los seis menos educados del mundo[1], los colombianos continúan repitiendo lo que se dice en los corrillos y en algunos medios de comunicación: que les van a comprar camionetas de último modelo a los señores de las Farc, que un porcentaje del dinero de las pensiones se va a descontar para llenar los bolsillos del secretariado, que la guerrilla no entregó todo el armamento sino solo fusiles de madera, que los acuerdos firmados son un obsequio inmerecido para la guerrilla y otro montón de cosas falsas y malintencionadas. Algunos sectores políticos y varios medios de comunicación que les sirven de caja de resonancia, alimentan a diario la división, el odio y la desinformación sobre el alcance y contenido del documento de La Habana. En esos sectores políticos la única propuesta para regir los destinos del país, es hacer trizas lo logrado y llevarnos de nuevo a lo más profundo y peor de nuestro pasado.
El récord de ser uno de los seis países menos educados del mundo, así como el de ser el segundo en desigualdad de América[2] es el escenario perfecto para que la desinformación propiciada por caudillos populistas y politiqueros malintencionados, se convierta en verdad irrefutable. Solo en los escalofriantes niveles de pobreza, ignorancia y desigualdad es posible que una mentira repetida varias veces sea tenida como única verdad. Por eso las tareas de los académicos e intelectuales en materia de difusión y análisis de los acuerdos, de los avances y obstáculos de su implementación, han caído en un vacío que no ha sido llenado por la pedagogía a la que estaba obligado el gobierno nacional.
Ese es uno de los retos fuertes del gobierno que no da más espera: dar a conocer los puntos esenciales del acuerdo de paz a la población colombiana. Ha transcurrido un año desde la firma del acuerdo de paz y no se evidencian esfuerzos gubernamentales por involucrar a la población en la construcción de paz, en la implementación de las políticas públicas derivadas del acuerdo, en la participación, en el empoderamiento transformador que implica terminar una guerra de décadas. Esa pedagogía de la paz es una de las obligaciones del pacto de La Habana.
El informe del Instituto Kroc[3]
Las FARC-EP y el Gobierno de Colombia asignaron al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz la tarea de hacer seguimiento a la implementación del acuerdo.
En su primer informe publicado en el presente mes de noviembre el Instituto establece un análisis comparativo con otros procesos de implementación de acuerdos de paz en el mundo lo que le permite ordenar los temas del Acuerdo en tres bloques:
Un primer bloque de temas cuya implementación debe lograrse a corto plazo, preferiblemente en el primer año. Entre estos asuntos se encuentra lo relacionado con el cese al fuego, los derechos y garantías para la oposición y la participación política, la amnistía y los avances normativos e institucionales.
En un segundo bloque constituido por los temas a resolver a mediano plazo, se encuentra lo referente a la reincorporación de las FARC a la vida civil, en los aspectos político, económico y social, y las medidas para promover mayor participación ciudadana e inclusión en la política
Finalmente el Instituto Kroc se refiere a un tercer bloque de disposiciones que solamente pueden implementarse a largo plazo y que son los temas sustantivos del Acuerdo, toda vez que tienen que ver con el desarrollo, las tierras, la garantía de derechos humanos, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional, la verdad y la reparación.
A pesar de que estos bloques con los plazos señalados parecieran rígidos, es claro que la implementación del Acuerdo de Paz impone el inicio y desarrollo de acciones efectivas de implementación en todos los aspectos en que sea posible, así la perdurabilidad en el tiempo difiera en cada uno de los casos.
Es necesario difundir masivamente lo esencial de este informe, como de todos los documentos que se vienen produciendo en torno a la implementación del Acuerdo de Paz, a efectos de que la población empiece a comprender que la construcción de paz es una responsabilidad de todos los colombianos y que la exigencia y garantía de derechos de cada ciudadano es un elemento esencial en esa transformación social que implica la terminación de una guerra.
Las medidas urgentes de corto y largo plazo
Según la matriz elaborada por el Instituto Kroc, son 558 las obligaciones emanadas del Acuerdo de Paz. Sólo voy a referirme a dos que considero de la mayor urgencia para que haya éxito en la implementación. Si alguna de ellas fracasa, el acuerdo se derrumba como desean algunos sectores. Una de ellas, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es ubicada por el Kroc como de largo plazo y la otra, la seguridad para los excombatientes, dentro del bloque de corto plazo
La aprobación en segundo debate de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción para la Paz que ha encontrado resistencia en el Congreso de la República al punto tal que se eximió de posibilidad de juzgamiento a los “terceros” y se crearon inhabilidades para evitar que se posesionaran algunos de los magistrados ya electos, así como la sentencia, aún no proferida pero sí comunicada a la opinión pública por la Corte Constitucional, han limitado el alcance del Acuerdo de La Habana en el que se pactó una jurisdicción especial y de transición, independiente y autónoma, que juzgaría a todos los intervinientes en el conflicto, no solamente a los actores armados.
La Corte restó independencia a la Jurisdicción Especial de Paz al imponerse como Tribunal de cierre en materia de tutelas y al determinar, adicionalmente, que sería la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (o quien haga sus veces) la que dirimiría cualquier colisión de competencias. Y en el tema de los “terceros” señaló que sólo serían juzgados por la JEP en el evento, improbable, de que se presentaran voluntariamente, lo que equivale a decir que quedarán totalmente impunes.
Es claro que la justicia de transición implica altas dosis de impunidad pero no debe ser impunidad total. Tampoco está diseñada para juzgar a unos y no a otros. Para la sociedad colombiana, desinformada e indiferente, lo único evidente es la responsabilidad del grupo guerrillero, pero no de esos llamados “terceros”, que no son tales, pues en estricto derecho penal deberían ser llamados, como mínimo, cómplices, determinadores y/o autores intelectuales de graves crímenes. Por ello, sin la ingenua pretensión de que todos los empresarios que financiaron grupos paramilitares o todos los religiosos, periodistas o políticos que desde púlpitos, atriles o micrófonos han fomentado el odio y la violencia, sean juzgados, hubiera sido conveniente que en los criterios de priorización que establezca la Jurisdicción para la Paz para el conocimiento y juzgamiento de delitos, pudiera decidir quiénes de esos “terceros” cómplices o autores intelectuales deban ser juzgados por la justicia de transición.
Ejemplo dio el Tribunal Especial de Ruanda cuando hace siete años condenó al periodista Bernard Hategekimana por incitar al odio y contribuir de esa manera al genocidio de los tutsis de manos de los hutus[4]. A esta clase de terceros se le dio en Colombia completa impunidad.
Es deseable, entonces, que en la construcción de la verdad histórica que corresponde a la Comisión de la Verdad, podamos comprender que lo ocurrido durante más de 50 años es más complejo que sólo dos bandos enfrentados, que tanto el gobierno como la sociedad han sido causantes de la guerra, que si queremos evitar repetir la tragedia debemos quitarnos el miedo a la verdad, ya que no hemos sido capaces hasta ahora de entender que debe haber equilibrio en el juzgamiento.
Urge la exigencia a la Cámara de Representantes de corregir los yerros en torno a la Jurisdicción para la Paz, entendiéndola como una justicia de transición para juzgar a todos los participantes del conflicto y no sólo a los excombatientes, de retirar las absurdas inhabilidades creadas por el Senado y de respetar lo establecido en el Estatuto de Roma que se ha venido desconociendo por parte de los poderes públicos. Tendrá la Cámara esa grandeza?
De otra parte tal como lo señala el Informe Kroc es necesario que las medidas de seguridad para los reincorporados les garanticen la vida en los territorios. La muerte de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex guerrilleros ha generado un ambiente de zozobra, incredulidad y desesperanza que, de no tomar medidas de inmediato, puede hacer fracasar en su totalidad lo logrado hasta ahora.
Lo anterior implica el desmonte serio y real del paramilitarismo que se ha tomado las zonas, antes ocupadas por el grupo guerrillero, generando nuevas formas de violencia que no se están combatiendo de manera efectiva.
A manera de conclusión
Es a través del empoderamiento ciudadano que resulta posible la construcción de una paz estable y duradera. La indiferencia, la desinformación, la costumbre de vivir la guerra y la violencia y el desconocimiento de lo pactado en La Habana son elementos de análisis para el diseño de políticas serias de participación ciudadana que contribuyan a devolver la confianza en las instituciones y en las posibilidades de futuro de los colombianos.
Intensa tarea del gobierno, la academia, los defensores de derechos humanos y todos los sectores ciudadanos deseosos de la convivencia y la reconciliación, en romper los paradigmas generados en la mentira. Sólo la sociedad puede blindar el contenido de los acuerdos y evitar la repetición de los horrores.
Sin el cumplimiento cabal de una justicia de transición tal como fue pactada en el Acuerdo de Paz y sin que los excombatientes tengan certezas y posibilidades de sobrevivir y construir futuro, resulta difícil el avance en los demás compromisos del acuerdo.
Borja Paladini director del Instituto Kroc ha señalado: “A corto plazo es importante mantener espacios de conciliación entre los diversos actores. Implica que en el camino seamos capaces de entender la reconciliación como un proceso a través del cual la sociedad colombiana desarrolle visiones sobre cómo vivir juntos y ser más justos y que nos permitan reconocer el pasado. Nos debe llevar a buscar formas de construir relaciones positivas, a entender que el enemigo no es alguien a quien hay que eliminar”[5]
El informe Kroc es esperanzador en cuanto al porcentaje de avance en la implementación. Pero aún así, mientras no aprendamos a tener diferencias sin matarnos, se siga combatiendo la verdad en lugar de combatir los grupos armados ilegales y se continúe haciéndole trampas al Acuerdo de Paz para reducir su alcance, será difícil avanzar y quizás estaremos condenados a vivir en el pasado.
MARÍA CONSUELO DEL RÍO MANTILLA: Abogada. Consultora y docente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
NOTAS
[1] ‘Perils of Perception’ , realizado por la firma Ipsos Mori, en el que también hace parte la encuesta Index of Ignorance 2015, estableció que Colombia es el sexto país más ignorante del mundo. Diciembre 2015
[2] De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo. Así lo confirmó la organización para la superación de la pobreza Techo. Noviembre de 2017
[3] El Kroc Institute” es un centro de estudios en Notre Dame University que se dedica a la investigación, la educación y el diálogo sobre el conflicto armado y las condiciones para la paz sostenible
[4] El 9 de mayo de 2010 el periodista, editor del diario Kamarampaka fue condenado a cadena perpetua como responsable de incitación al genocidio del que fueron víctimas cerca de 800.000 personas la mayor parte de ellas de la etnia tutsi, en 1994.
[5] Entrevista publicada por El Espectador el 20 de noviembre de 2017
Deja un comentario