Algunos analistas opinaban que el tema de paz no sería el tema de fondo de la campaña que se avecina. La composición de las fuerzas en pugna permite, empero, pensar lo contrario dado que la implementación de los acuerdos con las FARC está conduciendo a una reconfiguración de los campos políticos con base en lo establecido en el Acto Legislativo 2 de 2015. Es así como en los momentos actuales, aunque rechazada por el Congreso la reforma política que hubiese permitido presentar listas conjuntas en las elecciones, el dictamen del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como respuesta a una tutela, permite que “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán representar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”. La confrontación, sin embargo, no se dará solamente entre maquinarias políticas por el odio y los temores que ha despertado en algunos sectores la conversión de la guerrilla en partido político.
Tomados individualmente, los nombres de los candidatos de las fuerzas políticas a la Presidencia de la República ya se conocen, entre los que se destacan: Humberto de la Calle por el Partido Liberal; Iván Duque por el Centro Democrático; Germán Vargas Lleras por Cambio Radical; Sergio Fajardo por la Coalición Colombia; Gustavo Petro por Colombia Humana; Marta Lucía Ramírez por la fracción del Partido Conservador liderada por Andrés Pastrana; el exprocurador Alejandro Ordóñez y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sin olvidar a Rodrigo Londoño “Timochenko” del partido FARC. Humberto de la Calle fue el primer candidato definido de partido político, seguido de Iván Duque y Sergio Fajardo. Otros candidatos como Vargas Lleras, Marta Lucía Ramírez y Petro recurrieron al sistema de firmas.
En la medida, empero, en que ningún candidato goza de la suficiente aceptación entre el electorado para asegurar su paso a la segunda vuelta, se imponen las alianzas entre fuerzas afines, por lo que las elecciones al Congreso y los apoyos de los barones electorales cobran una importancia inusitada.
Se ha afirmado hasta la saciedad que los partidos políticos dejaron de existir en Colombia, que fueron remplazados por empresas electorales que tienen nombre propio y cuyos “dueños” ofrecen su capital electoral sin reato moral ni claridad ideológica al mejor postor, es decir, al posible ganador en los comicios. Lo que cuenta es el poder y para acceder a él legalmente en Colombia hay que tener votos para ganar en las urnas. Es entonces cuando se descubren filiaciones sospechosas en todos los partidos. En efecto, los partidos políticos se juegan su representación en las corporaciones públicas y entre más votos saquen, más escaños obtienen, es decir, más capacidad de decisión.
De acuerdo con el sistema electoral colombiano, solo alcanzan escaño los que tienen mayor votación en el seno de cada lista. Aunque en un sistema de partidos organizados que representan visiones y proyectos de sociedad claros las lista son cerradas, es decir, van siendo elegidos los candidatos en el orden en que figuran en la lista, los congresistas y partidos colombianos han optado por las listas abiertas o “voto preferente” que dan ventaja a los que más recursos propios cuentan para movilizar a los electores.
Esta circunstancia lleva a que los directorios de los partidos den sus avales a “dueños” de votos a cambio de su apoyo a las empresas que dirigen. En consecuencia, no es extraño encontrar que detrás de las cabezas de lista al Congreso se encuentren elementos sospechosos, familiares cercanos de políticos que han sido condenados por la justicia, lo que permite gobernar o legislar en “cuerpo ajeno”, o candidatos que han transitado por distintas formaciones políticas en un transfuguismo desvergonzado pero que pueden impulsar candidaturas de figuras conocidas.
Es así como a pesar del ruido causado por actos de corrupción o por condenas ligadas a la pertenencia o apoyo a grupos delincuenciales (paramilitares o narcotraficantes), en todos los partidos importantes se encuentran nombres asociados a escándalos de sobornos, matanzas de campesinos, usurpación de tierras y desplazamiento forzado, nombres de políticos que ejercen poder territorial en amplias zonas del país y son la autoridad en sus regiones.
Estos datos permiten augurar que la implementación de los acuerdos del Teatro Colón no será fácil y que la resistencia a la entrega de tierras malhabidas, a la democratización de la sociedad colombiana, a la reconciliación y la participación de sectores marginados en el manejo de los destinos de la nación será muy grande.
¿Dónde quedarán la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? Como en las películas de suspenso, se sabrá cuando termine la representación, es decir, después de elecciones.
RUBÉN SÁNCHEZ DAVID: Profesor Universidad del Rosario
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