A finales del año pasado no se pudieron realizar tres consultas populares en los municipios de Granada (Meta), Córdoba (Quindío) y San Lorenzo (Nariño), que fueron aprobadas según la Constitución y la Ley. Tanto el Presidente como el ministro de Hacienda, desobedecieron uno de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana y las dos leyes estatutarias sobre la participación ciudadana.
“Las consultas populares son necesarias, obligatorias, legítimas y demuestran una riqueza política social en nuestro país”, dijo Sergio Fajardo.
Según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, las arcas económicas del Estado están vacías para la realización de las consultas populares, pero sí han tenido dinero para derrochar en los cuantiosos gastos que ha significado la “mermelada” y otras formas de malgastar.
Dos de los personajes más untados de “mermelada” o “cupos indicativos”, han sido “los senadores ñoños”: Bernardo Elías y Mussa Besaile, que están hoy presos porque también recibieron “mermelada” de Odebrecht. Presos no porque hayan malgastado los dineros del erario público, en los llamados “cupos indicativos” o “mermelada” Santos. “Estos dos senadores fueron precisamente los congresistas más beneficiados por la mermelada oficial, según documentos revelados por el uribismo. En su momento se dijo que, entre 2011 y 2012, Ñoño Elías habría recibido por concepto de cupos indicativos 90.000 millones de pesos y Besaile 68.000”. Leer artículo de SEMANA.COM ¿Qué va de los Names a los Ñoños? – Semana.com
www.semana.com/nacion/articulo/politica-que-va-de-los-names-los-onos/380536-3
“La mermelada” se inició bajo el concepto de “cupos indicativos” para los parlamentarios. Fue un engendro legal creado por el entonces ministro de Hacienda del presidente Pastrana, el hoy presidente Santos. Santos lo que hizo fue revivir, con otro nombre, los “auxilios parlamentarios” creados por el presidente Lleras Restrepo, para que con algunas obras a favor de la población, los llamados “Padres de la Patria” ganaran votos. Salvo excepciones, “los auxilios parlamentarios” fueron mal usados por los congresistas que los gastaron para sus fines personales y familiares: viviendas, fincas, viajes, empresas, pago de los estudios superiores de hijas e hijos, etc. Por tal razón, la Asamblea Nacional Constituyente los suprimió en la nueva Carta Magna.
Es posible que Santos pensara ya, en aquellos años, en su futura candidatura presidencial. Entregando “los cupos indicativos” iba ganando terreno con los parlamentarios y con la clase política. Cuando Santos se lanzó a la presidencia, analistas lo definieron como una persona “calculadora”. Además había fundado su ONG bajo el nombre de “Buen Gobierno”, para auto-crearse una imagen. Democrática. ONG que administra hoy uno de sus hijos.
Es de desear que alguna persona investigadora haga los cálculos de los miles de millones de dineros entregados bajo los gobiernos de Uribe y Santos, a los parlamentarios. Sería la suma del gran despilfarro.
El Ministro Cárdenas no le ha entregado a la ciudadanía del país, el informe de los cuantiosos gastos del proceso de paz. No estoy contra el proceso de paz, pero se han malgastado miles y miles de pesos del erario de las y los colombianos. Entre esos gastos, el de la burocracia inflada para pagar favores. Tampoco ha entregado cuentas de las dos elegantes reuniones de evaluación en Cartagena, como si el Estado no tuviese lugares apropiados, en Bogotá, para tales reuniones, más sobrias. Las arcas del Estado están “pobres” pero se arrendó un enorme y muy moderno edificio, además super costoso, para la Justicia Especial para la Paz (JEP), en la Carrera Séptima con la Calle 63, donde funcionó por varios años “CLARO”. ¿Y qué decir de los salarios para los magistrados, sus asesores y los gastos de mantenimiento?
Cárdenas tampoco ha entregado informes económicos de sus múltiples viajes al extranjero.
Surge una pregunta: ¿Quién hace veeduría a los gastos y malgastos de los presupuestos de los ministerios y de la Casa Nariño, el Palacio de los presidentes?
Esos y otros grandes gastos muestran que sí hay dinero. Por lo tanto es falsa, a todas luces, la justificación de la escasez económica para prohibir la realización de las consultas populares.
La explicación y decisión es de carácter político, no de carácter económico, es decir, este Gobierno decidió abrirle grandes todas las puertas a las transnacionales o multinacionales, para que exploten, saquen las riquezas naturales que quieran y obtengan todas las ganancias que ambicionan, en corto tiempo, así la Madre Tierra y el Medio Ambiente sean agotados y las futuras generaciones no tengan dónde y con qué vivir.
Ojalá algún obispo colombiano tenga la valentía que tuvo un obispo en Argentina. Veamos. “El titular de la Prelatura de Humahuaca, Obispo Pedro Olmedo, exigió al presidente, Mauricio Macri, que “deje de gobernar para los ricos, y que ayuden a los pobres”, y concretamente le pidió al jefe de Estado que “no persiga a los pobres porque son los que trabajan, los que pagan impuestos, y no como las mineras” que en esta parte de Jujuy “no aportan nada”. Escracharon al presidente Mauricio Macri en Humahuaca” (Visita del presidente Macri a Jujuy. Fuente: El Destape, Jujuy, 6 de febrero de 2018). http://noalamina.org/argentina/jujuy/item/38795-obispo-de-humahuaca-a-macri-no-persiga-a-los-pobres-porque-son-los-que-trabajan-y-pagan-impuestos-no-como-las-mineras. Nota. La frase en rojo ha sido resaltada por Héctor Torres.
Las minas de carbón de El Cerrejón, son ejemplo de ese apetito desordenado de vaciar, en corto tiempo, las entrañas de la Madre Tierra. Sin olvidar la explotación de petróleo, oro y ferroníquel en Cerromatoso, municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, mina a cielo abierto. Se afirma que es la mina más grande del Continente. Amén de otros minerales…
La Escuela Nacional Sindical, ENS plantea en análisis del 22 de enero de 2018: ““… En efecto, en el 2016 la utilidad de Carbones del Cerrejón ascendió a $633 mil millones, pese a que este año los precios en el mercado estaban deprimidos. Se espera entonces que en el 2017 las utilidades sean mayores, por el repunte de los precios. En este año el promedio de la tonelada fue de 83.8 dólares, y El Cerrejón exportó 31.7 millones de toneladas, lo que, según los cálculos de Amaya, representa unos $8.1 billones de ingresos operacionales, cuando en 2016 estos fueron de $5.9 billones””.
““Las propuestas de alza salarial para 2018-2019 han estado por debajo de las condiciones pactadas en la convención de 2016-2017. La empresa se justifica alegando problemas de mercado, inseguridad jurídica y la fluctuación de los precios del carbón, a pesar de que hoy está a más de 90 dólares la tonelada””…
“Es decir, de cada 100 dólares que recibe, solo requiere 8 para cubrir la nómina de trabajadores que se beneficia de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT). Con los 92 restantes tiene para cubrir otras obligaciones y remitir jugosas utilidades a sus accionistas: BHP Billiton, Anglo American y Glencore…”
Las consultas populares y algunos concejos municipales se han opuesto a esa política del Gobierno Santos. Son la negación de esa política. Esa es la razón por la cual las han bloqueado de diferentes maneras, incluyendo falsos argumentos. Se ha configurado una conspiración internacional y nacional, estatal y civil, encabezada por las trasnacionales y su buen servidor, el Presidente Santos, por sus ministros de Minas y Energía, Germán Arce, y el Ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Por ANLA (Agencia Nacional para las Licencias Ambientales) y algunas Corporaciones Ambientales Regionales, esto es, las corruptas CAR. Por la Agencia Nacional Minera (ANLA). Por parlamentarios que han estado ausentes de sus jurisdicciones electorales, a las cuales pertenecen los municipios que han votado a favor de las consultas y las han ganado por encima del 95% de votos. Por gobernadores y alcaldes y por diputados y concejales. La aprobación inmediata de las consultas populares pasa por los concejos municipales.
Sin olvidar los gremios de la minería con su agresiva política contra las consultas populares.
El profesor Miller Dussán comparte el siguiente comentario sobre las demandas contra los Acuerdos municipales, por parte del ministro Germán Arce : “El Gobierno y todos los partidos han diseñado una estrategia para liquidar las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que han prohibido las actividades extractivas minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico.
En el Huila el Ministerio de Minas demandó los Acuerdos Municipales que fueron aprobados para proteger sus territorios. Ahora, el candidato presidencial Vargas Lleras, quien ordenó el desalojo en El Quimbo, cuando su hermano José Antonio Vargas Lleras se desempeñaba como presidente de la Junta Directiva de Emgesa, expresó: “Pondremos fin al abuso de la participación ciudadana mediante una reforma constitucional que delimite sus alcances, es indispensable hacer compatible el uso del suelo y del subsuelo mineral, así como redefinir las competencias nacionales, regionales y municipales en esta materia. También, en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica, propondremos mediante una ley estatutaria, que la consulta previa sea excepcional y no una regla general”. Fuente: http://www.elnuevosiglo.com.co/…/01-2018-vargas-ll-lanza-pr…. Y añade el profesor Miller: “La Seguridad Jurídica como las exenciones tributarias, zonas francas, cargos por confiabilidad son las condiciones que exigen las transnacionales para invertir y lograr la máxima rentabilidad que se incrementa con el despojo y el ecocidio”.
En sus viajes internacionales, el presidente Santos se auto presenta como el abanderado de la defensa del Medio Ambiente, pero otra cosa es su comportamiento dentro del país.
Esta decisión política no es solamente de Santos y de su gobierno. Es ante todo decisión política de los centros de poder internacional y de la clase empresarial colombiana, vale decir, de los dueños de las transnacionales, de los dueños de los bancos e instituciones financieras internacionales y nacionales. Así como de los organismos supranacionales como el Banco Mundial (BM), o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la cabeza del cual lleva varios años un colombiano, de apellido Moreno. Sin olvidar el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todos muy felices de hacer préstamos para esas inversiones altamente rentables, porque pagan muy bajos salarios.
Como dice el refrán: “No tienen pierde”. Pero sí tiene pierde, y grande, la población colombiana.
Esa es la lógica del neoliberalismo. Esa es la lógica de la globalización. Esa es la lógica del Mercado global.
Pregunta del millón: ¿Los funcionarios públicos se dejan sobornar y reciben dineros de las transnacionales, consignados en sus cuentas, en los bancos de los paraísos fiscales?”
Por estudios internacionales sobre la corrupción, ha quedado muy claro que la mayor parte de las transnacionales sobornan a las autoridades públicas, de todos los niveles, incluyendo los presidentes.
En la cuestión-problema de las inversiones transnacionales en el país, como en otros países “dominados”, se impone siempre una pregunta: ¿Por qué los gobernantes “regalan” nuestras riquezas? No es una exageración afirmar: “regalan”. Porque se les facilita de manera extrema su llegada, su trabajo y sus rápidas ganancias. Se cambia la legislación, se les cobran bajos impuestos, se les exigen mínimas regalías y se permite que las empresas entreguen el informe de la cantidad de materias primas que sacan del país, para calcular los impuestos…
Planteando esa cuestión-problema del porqué el “regalo” de nuestras riquezas a las trasnacionales, diferentes personas serias, informadas, analistas y conocedoras de estos temas, han respondido con la misma mirada de fondo. Todas me dijeron lo mismo, con diferentes palabras. Resumo esas respuestas en una, expresada con realismo crudo. La persona afirmó: “Los funcionarios se han comportado y se seguirán comportando, como se comportaron con Odebrecht. A pesar del escándalo y del relativo “castigo”, hacen lo mismo con otras transnacionales, porque piensan que nunca van a ser descubiertas”.
E insistí: ¿Eso qué significa? “En plata blanca, me contestó, significa que los funcionarios reciben dineros de las transnacionales, pero se los consignan en los bancos de los paraísos fiscales”.
Y alguien, entre chiste y chanza, dijo: “Necesitamos hackers que nos hagan el favor de buscar esa información, al estilo de “los papeles de Panamá”.
Candidatos y consultas populares
“Las consultas populares son necesarias, obligatorias, legítimas y demuestran una riqueza política social en nuestro país”, dijo Sergio Fajardo.
Posiblemente lleguen tiempos mejores para las consultas populares si ganan Fajardo, Petro o Humberto de la Calle. Si gana el Centro Democrático o Vargas Lleras, vendrían días, meses y años fatales para las consultas populares y, por ende, para la democracia de participación ciudadana desde las bases municipales.
“Candidatos a Presidencia reconocen la importancia de consultas mineras. Algunos las califican como “necesarias, legítimas y obligatorias” para definir el futuro del país”, El Tiempo, 24 de enero 2018, en la crónica del evento desarrollado en la Universidad de los Andes, para contestar a la siguiente pregunta:
‘¿Cómo responder a los retos ambientales y del desarrollo sostenible de Colombia?‘, organizado por el Foro Nacional Ambiental, y coordinado por el primer Ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, en la U de los Andes, con el objetivo de aterrizar los temas verdes a la ciudadanía, ad portas de las elecciones presidenciales.
Aunque fueron invitados seis candidatos, solo llegaron Sergio Fajardo, Humberto De La Calle, Gustavo Petro e Iván Duque. Martha Lucía Ramírez y Germán Vargas Lleras dejaron las sillas vacías. “Lamentamos mucho que estos dos candidatos cancelaran su participación a última hora en este debate, seguramente no lo habrían hecho si fuera un foro minero”, dijo el exministro.
El segundo tema fue el del protagonismo de las consultas populares.
“Este esquema de despreciar a las comunidades, descalificarlas, sumado a la incapacidad del Estado de llegar al territorio de manera articulada, se convierten en un malestar (…) Las consultas populares son necesarias, obligatorias, legítimas y demuestran una riqueza política social en nuestro país”, dijo Sergio Fajardo.
Humberto De La Calle, por su parte, mantuvo siempre su discurso bajo la premisa de que “la paz entre los seres humanos es una sola unidad frente a la paz con la naturaleza”. Está de acuerdo en que el modelo de desarrollo económico del país tiene que caminar a suprimir la industria extractivista y la dependencia a los combustibles fósiles, pero dejó en claro que “no se puede confundir el petróleo con la minería de metales. No son equivalentes ni en su efecto fiscal ni en los impactos ambientales”. Se refirió a las consultas populares como “obligatorias, convenientes y necesarias para garantizar la paz con la naturaleza”. Pero, dice, hace falta tener un “inventario claro de las comunidades étnicas y estabilizar la jurisprudencia”.
Mientras tanto, Iván Duque prefirió hablar con cautela y usar otra frase: Producir conservando, conservar produciendo. “No se pueden hacer proyectos mineros en zona de páramo bajo ninguna circunstancia, ni ningún proyecto extractivo puede comprometer los acuíferos subterráneos de Colombia”, dijo Duque, quien prometió ratificar el Convenio de Minamata, si llega a ser presidente para que Colombia sea un país libre de mercurio. Frente a las consultas populares se limitó a decir que “son un mecanismo de protección cuando la comunidad invoca un daño ambiental inminente”, y, en gran medida, son el resultado de la desconfianza.
Para Gustavo Petro el tema es “muy complejo”. Se trata nada más y nada menos de cómo transitar, en los próximos 4 años o más, de una economía extractivista, “depredadora y mortal”, hacia una economía productiva y amigable con el ambiente. Un gran reto. “Lo que nos dicen las consultas populares es que el desarrollo no es extraer carbón y petróleo. Y si la gente es la dueña del territorio y del Estado, hablando de una democracia, lo que tenemos que hacer es escuchar. ¿Es sostenible la producción de petróleo? La respuesta es no. Si la humanidad quiere permanecer en el planeta, nos tenemos que separar tajantemente, progresivamente, del carbón y del petróleo”, remató Petro.
La deforestación
El otro tema grueso tiene que ver con la deforestación. El año pasado el país perdió cerca de 179.000 hectáreas de bosques naturales, producto de la minería y la tala ilegal, la conversión de bosques en pastizales para ganadería y agricultura, los incendios forestales y los cultivos ilícitos…
“El problema fundamental de Colombia se llama desigualdad social, que provoca la deforestación masiva de nuestro territorio y tiene unas consecuencias ambientales importantes”, dijo Petro,..
Fajardo reconoce y aplaude la posibilidad de saber, casi que en tiempo real, dónde y a qué velocidad se está devorando el bosque. Sin embargo, acepta, “se tiene toda la tecnología pero no sabemos cómo intervenir para parar el fenómeno”.
Advierte que el Estado no está haciendo la suficiente presencia en los territorios, y que es necesario y urgente reforestar y restaurar los ecosistemas naturales degradados, así como generar mayores oportunidades económicas –a través del pago por servicios ambientales, el ecoturismo, la agroecología, los programas de guardabosques–, aumentar el número de áreas protegidas y delimitadas, e incentivar la ganadería sostenible.
En el debate también se trataron otros temas como la urbanización de la sabana de Bogotá, la revolución energética, los impactos del cambio climático, y la conciencia ambiental colectiva.
El Tiempo, 24 de enero 2018. Twitter: @Tatipardo2 ; [email protected]
HÉCTOR ALFONSO TORRES ROJAS, Sociólogo
Bogotá, D.C., Miércoles 14 de Febrero de 2018
‘¿Cómo responder a los retos ambientales y del desarrollo sostenible de Colombia?‘, organizado por el Foro Nacional Ambiental, con el objetivo de aterrizar los temas verdes a la ciudadanía
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