La esencia de las agresiones, de palabra y hecho, en el caso de Timochenko, no son otra cosa, que el nuevo estilo del cacareo mal sano de la derecha fascista y del uribismo de hacer la guerra a través de la política; y de persistir en su vano sueño de hacer trisas el proceso de paz de La Habana. Sus expresiones son la extensión a la plaza pública de sus tácticas de saboteo a la implementación del acuerdo de paz que, de alguna manera, torpedearon con relativo éxito en la pasada legislatura del congreso, en la cual se negaron a aprobar leyes y actos legislativos tendientes a poner en funcionamiento los acuerdos pactados entre el gobierno y la insurgencia en Cuba.
Colombia ha sido un país que no solo ha tenido en el pasado episodios de guerra continuados, sino también, de proceso de paz exitosa que han permitido el tránsito de las armas a la política por parte de movimientos guerrilleros; hecho político que no es una novedad en los procesos de pacificación en el mundo. En América Latina esta transición producto de procesos de paz se ha dado casi en la totalidad de países que han sufrido un conflicto político armado: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Venezuela, etc., en momentos históricos determinados y bajo características particulares en cada una de esas naciones. En unos casos, la transición se ha propiciado como producto del fin del conflicto armado como el caso del Salvador en 1992, y en otros, como producto del triunfo revolucionario como en la Nicaragua en 1979.
En el pasado en Colombia también las guerrillas han hecho el tránsito a terceras fuerzas políticas autónomas electorales producto de la firma de paces como las treguas, cese al fuego y negociaciones de acuerdos de paz, que han permitido como en el caso de las FARC, participar activamente en la fundación y consolidación de una tercera fuerza política alternativa como fue el caso en los años ochenta del siglo pasado con la Unión Patriótica.
La otra experiencia fue la Alianza Democrática M-19 (AD M-19), organización política producto del resultado del tránsito de la guerra a la política de las guerrillas del M-19 después de la negociación de un proceso de paz definitivo con esa insurgencia en los años noventa del siglo pasado. El caso del M-19 es el de una guerrilla que permite afirmar, que también; la mutación de guerrillas en movimientos políticos se produjo en nuestro país en condiciones de relativa fortaleza militar y débil legitimidad política de estas, y no implicó el fin de la guerra, como quiera que solo una parte del heterogéneo universo insurgente abandonó las armas para incorporarse a la lucha política legal.
En ambos procesos han existido siempre sectores de derecha interesados en combinar todas las formas de lucha contra estas nacientes organizaciones a fin de borrarlas del mapa político democrático del país. Han recurrido desde la calumnia, la mentira y el saboteo, y en miles de casos, al magnicidio y al asesinato selectivo como tácticas criminales para impedir que se consoliden esos proyectos alternativos, y que el país sepulte para siempre la combinación perversa de las armas y la política que es lo que ha impedido que en Colombia se pueda hablar de una sociedad en verdadera actividad democrática.
La actividad política desprovista de violencia es el signo esencial que nos permite afirmar que, una sociedad es profundamente democrática, y por supuesto, es respetuosa del derecho a la paz ciudadana como su derecho contra mayoritario, cuando desarrolla la política de manera civilizada en el marco de garantías y respeto de las reglas de juego democrático preestablecidas.
Esa ha sido la esencia, el alma, el espíritu de lo que se ha acordado en las muy variadas conversaciones de paz en Colombia; reinventar la política en un ambiente de respeto por la diferencia; y esa fue, también, la esencia de lo acordado en La Habana por más de tres años entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC. Se pactó en Cuba que en Colombia se renuncia para siempre por parte de las guerrillas y los diferentes actores armados a hacer política con armas, y que se reconoce al Estado como el único válido para ostentar legítimamente el uso de la violencia. De ahí, que se precisara en el documento del acuerdo final de La Habana que es fundamental una reforma política y modernizar las instituciones políticas para que la política sea una actividad eminentemente ciudadana, y que esta se desarrolle en el marco de garantías y de partidos políticos modernos con democracia interna y con transparencia política sin que medie la violencia: hoy día, eso es parte de lo que ha quedado como una asignatura pendiente del proceso de paz
Es preciso recordar que una parte fundamental del corazón del acuerdo de paz es, precisamente, proscribir para siempre el uso de armas para el ejercicio de la política; e igualmente, trabajar por la reconciliación de los colombianos que aprendimos en el pasado por parte de los partidos políticos tradicionales a dirimir nuestros conflictos políticos a tiros. Somos hijos de esa violencia que implementaron las elites de los partidos liberal y conservador; somos hijos de una tradicional violencia impuesta por esas elites; y la cual requiere de catarsis y duelos nacionales para su superación definitiva.
La violencia política de hoy tiene también la explicación en cómo se hizo y se ha hecho la política en el pasado colombiano. Hay que trabajar arduamente por pasar la página de la violencia; y uno de los fundamentos esenciales es dotar a todos los que anhelamos una Colombia en paz y democracia, de las suficientes garantías políticas y electorales; que son el fundamento de la civilidad política. No es posible hacer política sin garantías para todos los sectores.
No hay que olvidar, que las garantías para hacer su proselitismo y la protección a los miembros de “Los Comunes”, hace parte de los acuerdos de La Habana, no como privilegios, sino como forma de protectorado frente a lo que ha sido el pasado político de quienes han optado por hacer política sin armas en Colombia. En tal sentido, se exige garantías políticas para todos los que disputan por la vía democrática un espacio para la política, sus ideas y sus programas; independientemente de su ideología.
HÉCTOR ALONSO MORENO PARRA
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