En realidad, el proceso de paz produjo el destape de la extrema derecha y el ingreso de la extrema izquierda en la arena política, pero ante la debilidad de las instituciones, también exacerbó el tradicional populismo de nuestra cultura política y con él la irracionalidad, las tácticas mentirosas y la desinformación.
Dado el carácter presidencialista de nuestro régimen político, es normal que la elección presidencial capture la curiosidad y la atención de los electores. Sin embargo, es un error desestimar la importancia de las elecciones al Congreso, columna vertebral de la institucionalidad política.
Al día de hoy solo cinco candidatos a la presidencia tienen opciones reales, en el siguiente orden: por la derecha más extrema, Iván Duque, candidato del Centro Democrático; como representante de una derecha menos radical, Germán Vargas Lleras de Cambio Radical; en el centro, Sergio Fajardo, representante de una coalición liderada por los verdes y Humberto de La Calle del Partido Liberal; finalmente, en la izquierda, Gustavo Petro quien encabeza las encuestas y se ha convertido en la bestia negra del establecimiento más conservador. De manera muy esquemática puede decirse, empero, que en las próximas elecciones el enfrentamiento será entre las fuerzas del orden vigente y un voto de opinión. Es decir, entre las maquinarias clientelistas y los vicios de la vieja política de un lado, y una ciudadanía indignada moralmente por la corrupción que agobia al país, de otro lado.
Ciertamente, en el régimen político colombiano la Presidencia de la República es el centro del ejercicio del poder estatal pero también es cierto que un presidente sin mayorías sólidas en el Congreso difícilmente puede realizar un buen gobierno. Al fin y al cabo, es a los congresistas a quienes corresponde legislar a la vez que tienen a su cargo intervenir en asuntos de suma importancia como la elección de magistrados de la Corte Constitucional, el procurador y el defensor del pueblo. Por ello es un error desentenderse de la elección para el Congreso.
La Constitución de 1991, en aras de fomentar una mayor competencia debilitó los partidos políticos. El resultado fue la multiplicación de aspirantes a ocupar cargos públicos de elección. Es así como para estas elecciones hay casi tres mil candidatos para menos de trescientos escaños entre Cámara y Senado. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, excepto algunos candidatos muy mediáticos, solamente los que disponen de maquinarias políticas o de acaudalados patrocinadores económicos pueden aspirar a ser miembros del Congreso.
El debilitamiento de los partidos y la personalización de la política han tenido como consecuencia el fortalecimiento de clanes políticos familiares que se han convertido en los verdaderos agentes de poder en las regiones y en obligados elementos para que el poder presidencial se concrete. En consecuencia, se han mantenido las estructuras clientelares pese a las reformas legales que han buscado fomentar parámetros democráticos en la selección de candidatos a los cargos de elección pública. Es así como los directorios políticos terminan por privilegiar la cantidad de votos que pueda aportar un candidato a su ideología e idoneidad.
Esta circunstancia ha dado lugar también al fenómeno de “gobierno en cuerpo ajeno” para que el clan político no pierda presencia ni poder en la política regional cuando quien lo representa se ha visto involucrado en procesos penales o ha sido condenado por jueces de la República a penas privativas de la libertad. La justificación para que ello ocurra es el que no hay delitos de sangre y que a los familiares de los políticos cuestionados no se les puede impedir que aspiren a ocupar un cargo en el Congreso. Por ello es posible que en las elecciones del 11 de marzo aumente el número de aspirantes a que familiares suyos mantengan con vida su presencia electoral. En estas elecciones los casos más destacados serán los que figuren como herederos de Bernardo “Ñoño” Elías y de Musa Besaile, así como de los condenados por parapolítica Hugo Aguilar, Luis Alberto Gil y Odín Sánchez Montes de Oca.
Como si fuera poco, a esta estrategia, demostración palmaria de la poca democracia que caracteriza nuestro sistema político, se suman las tácticas centradas en infundir miedo mediante difamaciones o juicios de intención, en acciones destinadas a disminuir al contendor para desestimular el voto o en mentiras descaradas eufemísticamente denominadas fake news o posverdades. ¿En qué quedan entonces valores como la honestidad, la verdad y el juego limpio? ¿Es posible de este modo crear confianza y avanzar en la vía de la reconciliación tan pregonada en la supuesta fase de postconflicto en que nos encontramos?
RUBÉN SÁNCHEZ DAVID: Profesor Universidad del Rosario
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