Todo esto se da después de poner en el debate público el tema pensional como si fuera simplemente un problema financiero, despojándolo de su naturaleza laboral, es decir, se olvida que se accede a una pensión como derecho de ciudadanía, después de haber laborado mucho tiempo y tendiente a tener una vejez digna. No es por tanto una dádiva gubernamental (como sí lo son las pensiones privilegiadas de algunos sectores), es un derecho y una decisión política de cómo el país entiende y asume la llamada tercera edad.
Lo paradójico del cuento es que llevó a inducir errores, incluso a candidatos como Fajardo, quien confundió el problema pensional con una relación lógica, es decir, si la gente vive más debe trabajar más, por fortuna enmendó semejante error, aunque de cierta manera insiste en la relación y obviamente que la educación ayudaría a solucionar el problema. En realidad esto último parece que ya lo entiende solo él, la educación es como una aspirina, sirve para todo y lo que debe entender es que esta no ha servido para la formalización ni para la movilidad social, al menos la evidencia empírica en Colombia no da cuenta de ello.
Duque cree que el problema es la formalidad laboral (base de su planteamiento pensional), necesaria para fortalecer el sistema, pero no plantea como lo va a lograr. Tiene en su contra las distintas reformas laborales y a la protección social propuestas e implementadas por Uribe, que han abaratado el trabajo (lo han pauperizado) pero no han logrado ni generar de manera significativa empleos ni mucho menos formalizarlos. Las propuestas de Duque y Fajardo no se diferencian, excepto cuando Fajardo propone mantener un sistema público que garantice una pensión pero no la especifica.
Vargas Lleras expone un sistema mixto como existe ahora, establece (como Fajardo), un sistema público que garantice una pensión, pero propone que sea de un salario mínimo para los cotizantes así como revisar los subsidios a las pensiones altas (aspecto en el que coinciden todos, pero no dicen cómo se van a saltar los derechos ya adquiridos). En general los candidatos presidenciales piensan que se debe fortalecer el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el cual, sin duda alguna, deberá replantearse para que pueda ser una real opción de pensión a quienes no hayan podido estructurar una pensión en su vida laboral, o simplemente no cotizaron nunca. Pero no dicen de dónde van a obtener los recursos para tan nobles propósitos.
De la Calle fundamenta su propuesta en el sistema de solidaridad, reformando el sistema para garantizar un cubrimiento total. Deja al sistema de prima media como obligatorio hasta un salario mínimo y desde allí iría al régimen de ahorro individual (en esto coinciden con un escenario benevolente de la propuesta de ANIF). En realidad no es distante a la propuesta de Vargas, solo que hace mayor énfasis en la solidaridad. Petro plantea abiertamente un sistema de pilares, fundamentado, entre otros, en uno público para la población aportante que garantice hasta los cuatro salarios mínimos una pensión en el régimen de reparto, fortaleciendo de esta manera a Colpensiones. A partir de los cuatro salarios mínimos, los aportantes deberán poner sus ahorros pensionales en el segundo pilar, es decir, en el régimen individual o de capitalización. Diseña un tercer pilar para las pensiones subsidiadas o el régimen de BEPS.
Si se analiza la reforma de Asofondos con las propuestas de los candidatos, se detecta en esencia una contradicción, que aunque débil, se mantiene: para Asofondos (que también es la propuesta fuerte de ANIF) el problema es preservar el régimen de prima media, es decir el régimen público, dejando a Colpensiones solo como administrador de las pensiones existentes y de quienes están en este régimen por diez años más, que sería la transición (calculando el marchitamiento de Colpensiones en 100 años), obsérvese que es en últimas la misma estrategia que se implementó en salud, marchitando el Seguro Social y fortaleciendo las EPS, que hoy ya se reconoce como un asunto fracasado.
Para los candidatos la defensa de lo público se hace en dos sentidos, uno fortaleciendo los BEPS y dos con mantener a Colpensiones con pensiones hasta un salario mínimo donde coinciden con Asofondos e incluso en uno de los escenarios planteados por ANIF. Esto si bien mantiene el régimen público lo deja con debilidades financieras y logra que los demás recursos pensionales vayan a juego financiero del régimen individual. Petro genera un matiz, y es llevar esto a cuatro salarios, aspecto que le da mayor fortaleza al régimen de prima media.
Siendo así los escenarios posibles, Petro presenta la mejor posibilidad de tener una reforma pensional encaminada a garantizar una progresiva justicia distributiva intergeneracional, posibilitando la interacción de sistemas sólidos privados y públicos. Sin embargo, el país, tomando en cuenta las experiencias ajenas y propias frente a lo privado, debería tener en el primer pilar la obligatoriedad pensional, con los topes que exige la ley para las pensiones, es decir 25 salarios, constituyendo un gran fondo público y solidario de pensiones. El segundo pilar, el privado, destinado a los aportes de más de 25 salarios y a quienes deseen tener un ahorro pensional voluntario.
Existen elementos que se deben tratar con mayor profundidad por ejemplo, las tasas de reemplazo, es decir, el monto sobre el cual se tendrá una pensión respecto al último salario. Aquí está el principal problema de los privados, la doble asesoría ha mostrado la ventaja competitiva de Colpensiones, cuando el monto de la primera pensión es un promedio de los últimos 10 años, pero superior al que se logra, por lo general, en el régimen privado. Colpensiones no solo es más ventajosa sino que los cambios y ajustes institucionales la han hecho eficiente y la población ha empezado a regresar al régimen de prima media. Por esto Colpensiones es el problema y lo mejor será sacarla del mercado.
Otro tema relevante que se deberá trabajar por el próximo gobierno es el de Regímenes especiales y por ende de las pensiones altas que exigen una cantidad enorme de recursos públicos, contribuyendo de manera absurda a la concentración de los recursos pensionales. No es menor este lío, se trata de derechos adquiridos que difícilmente podrán ser desmontados pero que pueden ser trabajados de manera tributaria, como bien lo propuso la Comisión de Gasto Público, pero que el Gobierno y el Congreso, incluyendo mentiras y miedos, no permitieron que se hiciera.
Si bien uno de los problemas más preocupantes del país es la desigualdad, las pensiones son reflejo de ella, solo una pequeña porción, una de cada cuatro personas, de la sociedad puede aspirar desde el mercado de trabajo, a gozar de una pensión. Este sí que es un tema para la paz, para la justicia social. El país deberá marchar hacia la pensión universal, así como a la protección social universal. Cuando esto suceda la informalidad podrá dejar de ser la única alternativa a la personas y a las micro y pequeñas empresas.
Así que lejos de considerar a Colpensiones el problema. Por el contrario, está ha demostrado que las pensiones pueden ser gestionadas con eficiencia y eficacia desde lo público con un sistema de prima media fortalecido y la garantía de recursos solidarios para proteger de manera digna a quienes no pueden acceder a una pensión mínima. Un sistema público que garantice una pensión universal, la dignidad para los adultos mayores.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Universidad de La Salle
Abril 12 de 2018
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