Sin embargo, los procesos acerca de la verdad y la memoria histórica tienen obstáculos mucho más difíciles de salvar cuando de las mujeres y las minorías sexuales se trata, ya que, recordando un proverbio africano, que citaba frecuentemente Eduardo Galeano, podemos advertir que: “Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.”
Es innegable que la historia, como la ciencia que da cuenta de los sucesos del pasado, ha sido escrita, hasta muy avanzado el siglo XX, predominantemente por hombres (en especial hombres blancos y heterosexuales). Hombres que eran los únicos que tenían la preparación y autoridad para escribir e interpretar las memorias del pasado, y que construyeron los relatos de donde se nutre la memoria y la realidad social misma, a partir de una visión eminentemente masculina del mundo.
Al respecto cuenta la gran historiadora española, Pilar Pérez Cantó, que si alguien dijera hoy: “la tierra es plana, eso de que es redonda es una tontería” pues lo refutarían y lo tratarían de ignorante; pero cuando alguien dice: “Como las mujeres trabajan, y ya no están en casa, pues los niños tienen fracaso escolar, hay muchos divorcios, las familias no duran” y nadie los refuta, ni se escandaliza. El punto es, dice la doctora Cantó, que ambas ideas son de la misma época, son igual de viejas, nadie se cree ahora que la tierra es plana, pero muchos si siguen creyendo que las mujeres son inferiores
La violencia contra las mujeres, junto a la invisibilidad y desigualdad a las que son sometidas aún, así como la negación y agresiones desmedidas contra las minorías sexuales, han sido fruto de una construcción cultural, fruto de una sociedad extremadamente patriarcal donde hijas, madres, esposas, hermanas, trabajadoras han estado supeditadas al varón, y donde las minorías sexuales no tienen cabida alguna en un mundo dominado por “machos”. Situación que se ve con mayor fuerza en las zonas rurales de Colombia, donde es urgente iniciar un proceso transversal de equidad y lucha contra la violencia de género.
Por esto, a pesar que abundan leyes que luchan contra la violencia y exclusión de género, la situación no mejora y, en muchos casos, parece empeorar. Normas donde el papel aguanta todo, pero sin un presupuesto adecuado y acorde a la dimensión del problema a enfrentar, sin personal preparado para hacerlas efectivas, y que ante todo, son normas condenadas al fracaso mientras no se cimienten en procesos educativos y de cambio cultural que combatan las profundas raíces del machismo y la homofobia en la sociedad colombiana.
De ahí la importancia de reflexionar, como sociedad en busqueda de la paz, sobre los orígenes de la violencia y el sometimiento de la mujer, así como la exclusión y vehemente agresión histórica sobre las minorías sexuales, ya que, como mencionamos, estas situaciones de violación a los derechos humanos sobrevivirán al conflicto armado, si no hay un cambio de mentalidad. Cambio que sólo será posible si construimos nuevos relatos; si dotamos al sistema educativo y cultural de nuevos argumentos, más incluyentes y democráticos desde el género; si reconstruimos la historia, la memoria y la verdad colectiva superando la supremacía masculina; y si logramos edificar un conjunto de nuevos valores para relacionarnos desde la igualdad y el mutuo reconocimiento de nuestros derechos en la diferencia.
Las mujeres en el proceso de paz de La Habana
Las mujeres estuvieron en el núcleo de la guerra, más de 4 millones de víctimas del conflicto son mujeres y niñas que han sido desplazadas de sus territorios, violadas, secuestradas, asesinadas, torturadas, desaparecidas o mutiladas por una mina antipersona. A lo anterior se suma que, fruto de su victimización y su condición femenina, las mujeres son más vulnerables de sufrir nuevas agresiones y revictimizaciones.
Esta situación hace que sea necesario tenerlas en cuenta prioritariamente en las políticas de construcción de paz y promover que sean protagonistas de la aplicación de los acuerdos y del control social y seguimiento a su cumplimiento, ya que la exclusión social y la violencia contra las mujeres es una de las causas estructurales de la injusticia social que el acuerdo pretende superar.
Por eso, desde la negociación misma las organizaciones de mujeres reclamaron su presencia en la Mesa, logrando que tres de los plenipotenciarios de la delegación del Gobierno fueran mujeres: María Ángela Holguín, María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. Posteriormente, más de 300 organizaciones de mujeres presentaron más de siete mil propuestas para alimentar el acuerdo; hicieron presencia física en La Habana 36 mujeres víctimas, y se creó una Subcomisión de Género, única en el mundo, la cual siguiendo el mandato de las mujeres desarrolló lo que sería el enfoque de género, que se estipuló para crear las condiciones para que las mujeres y las personas con identidad sexual diversa pudieran acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país en paz y reconciliado.
El enfoque de género en los acuerdos de paz
El enfoque de género hace parte de los enfoques diferenciales, que se desarrollaron en la teoría del desarrollo humano, y cuyo objetivo es analizar las situaciones históricas, sociales y culturales que obstaculizan el goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres y, contemporáneamente, de las minorías sexuales. El fin del enfoque de género es la realización efectiva de los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en obligaciones internacionales del Estado colombiano frente a los derechos humanos, en la Constitución de 1991 y en numerosas leyes y mandatos judiciales. Mejor dicho, el enfoque de género no es una novedad del acuerdo de paz de La Habana, pero si es el primer acuerdo de paz en el mundo que se construye y pretende aplicar con perspectiva de género.
El enfoque de género parte de considerar el machismo como causa y negación de los derechos humanos de las mujeres y las minorías sexuales, como un limitante para la dignidad humana y como fuente de violencia, pobreza y subdesarrollo. Situación que hunde sus raíces en relaciones históricas y culturales que determinaron que las mujeres sufrieran la exclusión, la discriminación y el reparto injusto del poder como algo “natural”, y que de la misma forma se institucionalizara la negación, la estigmatización e incluso la penalización y hasta la eliminación física de las minorías sexuales. Además, dada la realidad pluriétnica y multicultural de Colombia, el enfoque de género no puede ser visto aparte del enfoque étnico y el enfoque territorial, ya que las mujeres indígenas, afro-descendientes y campesinas sufren una doble exclusión y discriminación histórica, social y cultural que las hace mucho más vulnerables en sus territorios rurales y/o ancestrales, o cuando huyen a las ciudades por el desplazamiento.
El enfoque de género se hace más necesario en contextos de conflicto armado, dado que la guerra tiende a potenciar y exacerbar la potestad masculina a través del poder del guerrero, y son las mujeres quienes sufren con especial dolor los estragos de una guerra que, incluso, llega a convertir el cuerpo femenino en botín de batalla y sentencia a la muerte o al destierro a quienes no encajen en el patrón heterosexual en las regiones. Lo anterior implica una mirada especial de las víctimas desde el género y la consiguiente elaboración de políticas públicas de atención y reparación con enfoque diferencial.
Sin embargo, uno de los puntos más atacados durante toda la negociación fue el enfoque de género. Grupos religiosos y políticos (con sesgos dogmáticos), reclamaron que se eliminará dicho enfoque, acusando que promovía la homosexualidad, que desconocía la libertad de cultos, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, y ponía en riesgo a la institución familiar misma; y con el triunfo del NO en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, el Gobierno se sentó con los promotores del NO y replanteó los acuerdos firmados, dejando de reconocer a la población LGBTI desde su identidad de género y su orientación sexual diversa, y pasó a tenerlos en cuenta como población vulnerable, sujeta a una atención diferencial. Por esta vía se eliminaron del acuerdo final expresiones como: “diversidad sexual e identidad de género diversa”, “discriminación de género”, “valores no sexistas”, “no estigmatización en razón de la orientación sexual”, “estereotipos basados en genero”, “violencia sistemática de género”.
El término “Equidad de género” se remplazó por “igualdad de oportunidades”, el de “perspectiva de género” por “medidas afirmativas”; y si bien el enfoque de género sigue siendo uno de los lineamientos principales en el acuerdo final de paz, este quedó restringido sólo a las mujeres y en medio de una interpretación que no corresponde a los principios, ni obligaciones del Estado frente al cumplimiento sin discriminación de los derechos humanos.
Lo anterior afectará sensiblemente la construcción de las políticas públicas de paz, políticas que deberán ser plasmadas en un marco de restricción de derechos fundamentales y el desconocimiento de consideraciones de género en las violencias históricas de la población LGBTI, que deben reclamar y evidenciar que el derecho a la igualdad y la no discriminación no son susceptibles de negociación por parte del Estado, y menos en el marco de un proyecto de construcción de paz.
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