A la hora de las razones o de las explicaciones se escucharan versiones de héroes o de villanos, todos con licencia para aniquilar a otros por su causa justa. Así ha sido desde la historia de los tiempos y para no ir muy lejos por aquí en Colombia es la historia de estos, los últimos tiempos, los de estas décadas en que se no ha ido la oportunidad de otros pasados… y de otros futuros.
Este estudio realizado por Diego Otero Prada, con la colaboración del economista Juan Gustavo Villamarín, nos habla de un pedazo de las cuentas de la guerra, de lo que se define como gasto en guerra entendido como el exceso de gasto en defensa y justicia con respecto a la situación del promedio de países del subcontinente que no han estado en condiciones de conflicto armado interno o de situaciones bélicas. Eso se mide considerando el porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB) que dedican los países sin guerra a defensa y justicia, comparándolo con el de Colombia. Así que como el promedio de Latinoamérica ha estado entre 1,0% y 1,5% del PIB en esos gastos, se supone que el exceso en Colombia corresponde al esfuerzo por encima de ese promedio que se ha hecho para afrontar la guerra o las situaciones de seguridad que se encuadran en lucha contra la subversión y factores asociados.
¿Que significa descubrir que en Colombia para hacer la guerra se ha gastado de los impuestos pagados por la gente la colosal cifra de $179.000.000.000 (ciento setenta y nueve mil millones) de dólares de hoy?
Esa es la cifra gruesa que nos entrega el estudio para el periodo 1964 a 2016 teniendo en cuenta sólo los gastos públicos. Otero suma como exceso de gasto en guerra el que se cuenta por encima de 1,5% del PIB en el rubro de seguridad, defensa, más un sobre costo por guerra del 30% en el rubro justicia. También calcula los gastos con un exceso por encima del 1% del PIB y totaliza $142.000 millones de dólares para el mismo periodo.
No se incluyen en el dato de gasto de guerra los datos ofrecidos por estudios que calculan el exceso de gasto privado que asumen las personas o empresas en vigilancia o esquemas de protección en respuesta a los riesgos del conflicto armado o situaciones de violencia extrema que le están asociadas o integradas.
Ni los gastos de las guerrillas o de los grupos paramilitares o narco-paramilitares.
Tampoco se incluyen los que salen de los impuestos departamentales o municipales para seguridad o los del sistema de salud que cubren la atención a heridos y menos lo que paga la gente de sus bolsillos para emergencias o para enterrar los muertos de la guerra.
Las situaciones de violencia y conflictos armados multiplican el asalto legal e ilegal a las finanzas públicas, lo que se llama la corrupción de guerra que impone contratos leoninos, evasión de impuestos, pillaje y otras formas de apropiación fraudulenta de lo público: este gasto permanece invisible.
Allí en esa cifra sólo está lo que el Estado ha dedicado del presupuesto general de la nación para costear defensa y justicia en razón de la guerra.
La cuenta de gastos es distinta a la de los costos de todo aquello que ha destruido la guerra o la violencia armada. Esos costos de la guerra a la sociedad son una suma macabra que comienza por ponerle valor a los muertos y a los desaparecidos. Sigue con el valor del tiempo perdido por los heridos, torturados, secuestrados y otros privados de la libertad. Agrega el valor del tiempo no productivo de los que quedaron con alguna limitación física o mental; además el valor presente de los bienes públicos y privados destruidos y el de los muebles, tierras, viviendas y animales perdidos, más el beneficio que se esfumó por haber tenido que desplazarse o quedar en una comunidad destrozada en sus relaciones de vida. Se incluye en los costos hasta el valor moral perdido por la destrucción de la vida en relación con la familia y los allegados.
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