Goleada a las víctimas y a la paz

“La alegría por la selección, no alcanza para calmar la tristeza por la goleada a las víctimas y a la paz que propinó la ultraderecha

al sabotear la JEP.”

Muy lejos está ahora para las víctimas la esperanza qué generó el proceso de paz logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, para decirlo con claridad albergamos la ilusión que tras este acuerdo, los Derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y en las garantías de no repetición, tendrían un lugar en el escenario político de nuestro país, sin embargo y con el pasar de los días y ante el fortalecimiento de la ultraderecha en Colombia, esas esperanzas parecen desvanecerse, como también sucede con el entusiasmo de las víctimas para organizarse y seguir luchando.

Nuestro sentimiento transitorio de frustración tiene que ver con la actitud que desde hace muchos años tiene el gobierno para garantizar los derechos efectivos de las víctimas, pero en los dos últimos años esta percepción de abandono e incumplimiento, se han visto agudizados especialmente por cuenta de un fortalecimiento de sectores de derecha y ultraderecha que se niegan a brindarle una oportunidad a la paz y a la terminación del conflicto en Colombia.

Ya, desde el plebiscito  del 2 de octubre del año 2016, cuando padecimos y sufrimos toda una campaña montada desde los medios masivos de comunicación y voceros de los partidos de la ultraderecha y aún de la derecha colombiana, qué no dudaron ni un segundo en montar un show que hizo creer a una parte importante de los colombianos que la paz era inconveniente e inviable, dijeron que el acuerdo era para la impunidad, también dijeron que se le estaba entregando el país a las guerrillas, aún inventaron que los acuerdos iban en contra de los supremos intereses de la nación por qué sólo beneficiaría a los guerrilleros.

Posteriormente y con la primera modificación al texto del acuerdo suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, gracias al triunfo del no en el plebiscito, vinieron los recortes que fueron modificando día tras día en el proceso de fast track, lo acordado en La Habana.

En el caso particular de las víctimas este sentimiento transitorio de frustración vino por cuenta de lo acordado en el punto 5.1.3.7 de los acuerdos de La Habana, en el cual se establecía el mandato para que el gobierno iniciará un proceso de modificación a la ley 1448/11, con la participación de las víctimas, no obstante esto, tardíamente el gobierno convoco algunas víctimas para participar en un proceso inducido de modificación a la ley, a través de un procedimiento que no permitía la participación efectiva, ni la discusión sobre los problemas que presentaba la ley, es necesario señalar que este procedimiento de convocatoria se hizo de manera atropellada, vulnerando el derecho de participación efectiva, no consideró las propuestas que de manera organizada y muy responsable, habían presentado las organizaciones de víctimas y Derechos Humanos, sustentadas en un documento presentado al gobierno nacional en el que se planteaban de manera detallada las modificaciones necesarias para garantizar el derecho a la reparación integral, considerando de conjunto los cambios que requería la ley y no solo tres aspectos como lo consideraba el gobierno, después de ello el gobierno nunca presento el proyecto de modificación a la ley en el Congreso de la República, y de nuevo se burlaba a las víctimas.

Igualmente, el gobierno es responsable por la ausencia de trámite y discusión efectiva en el Congreso de la República, para garantizar la normativa de las circunscripciones especiales de paz, mecanismo a través del cual las víctimas podrían elegir congresistas en las elecciones de marzo pasado, este proceso no fue posible, y también con ello se presentó una manera de engaño a las víctimas que se les había prometido ser parte sustancial de la implementación de los acuerdos.

Posteriormente hemos asistido a todos los saboteos y retrocesos que ha implicado la jurisdicción especial para la paz( JEP), en una Clara negativa de los sectores parlamentarios ligados a la derecha y la ultraderecha a quienes no les conviene el avance de esta justicia especial, que garantizaría que la sociedad colombiana conozca la verdad de lo que se desarrolló en el marco del conflicto armado: Quiénes promovieron el conflicto?, quiénes y cómo se beneficiaron de la guerra?, y de manera especial cuál fue la participación de los terceros civiles en la financiación promoción y obtención de privilegios en el desarrollo del conflicto armado?.

No menos importante señalar que, en el desarrollo de este proceso de la construcción de la paz, se ha incrementado la persecución, amenaza y asesinato de líderes sociales, entre ellos muchos defensores y defensoras de derechos humanos y representantes de víctimas en procesos de restitución y defensa del derecho a las tierras y al territorio, es evidente la negativa del gobierno de Santos a desmontar el aparato criminal del paramilitarismo. A la fecha han sido asesinados más de 160 líderes desde la firma del acuerdo de paz, la mayoría de esos crímenes en la más profunda impunidad.

En general las víctimas han sido burladas por parte del gobierno, la ley de víctimas es una figura decorativa en la estantería jurídica de los derechos de las víctimas, las entidades encargadas de garantizar los derechos de reparación, restitución de tierras o aplicar indemnización, se conforman con hacer mucha publicidad sobre el avance del proceso, mientras que las cifras indican, el poco avance y más bien el retroceso, que significa el cumplimiento de la mencionada ley, por cuanto se vienen desmontando responsabilidades por parte de las instituciones, como lo son el programa de reparaciones colectivas, los enfoques de asistencia a víctimas con perspectiva de derechos, género y étnico, la asistencia psicosocial, prácticamente es una formalidad. La unidad de atención a víctimas y de alguna manera también la unidad de restitución de tierras, han servido más bien para llenar de cuotas burocráticas a sectores de la clase política, sin que haya el menor interés en garantizar de manera efectiva el derecho a la reparación y restitución de las comunidades afectadas por el conflicto.

Recientemente la unidad de víctimas modificó los montos de indemnización afectando de manera grave los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, a quiénes se les coloca en tremenda desigualdad para garantizar este derecho que se había convertido en una esperanza, para algunas Víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Lo que hoy vemos ante el panorama político, es el avance de la impunidad, la corrupción y la violencia, por cuanto efectivamente lo que va a imperar en este periodo en el que se fortalecen el gobierno de derecha, es el tránsito de los procesos judiciales contra militares comprometidos en graves violaciones a los Derechos Humanos hacia tribunales de Justicia penal militar o escenarios de completa impunidad, van a gobernar los corruptos y guerreristas de siempre.

No es gratuito que hoy las víctimas tengan un sentimiento escepticismo en los escenarios de participación establecidos en la ley o por fuera de ella, hay una suerte de desgaste o descreimiento de capacidad transformadora de la movilización.

No obstante lo anterior, es necesario que las propias víctimas en ejercicios de convergencia con otras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad consciente de la necesidad de la exigibilidad de los Derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, tomemos de nuevo la esperanza como bandera, para exigir al nuevo gobierno no solamente mayor presupuesto para garantizar el derecho a la indemnización y el trámite seguro a los procesos de restitución efectiva de los bienes patrimoniales usurpados a las víctimas, sino también para continuar en la batalla por exigir la terminación de la guerra y la construcción de la paz,  este ejercicio debemos realizarlo promoviendo nuevos ejercicios de movilización en la calle con las víctimas, planteando, a la sociedad colombiana que no hay garantías para el ejercicio de la participación efectiva, como tampoco garantías para la protección de la integridad y la vida y sobre todo demandando de las autoridades colombianas mayor compromiso con lo que se había establecido en el proceso de paz las víctimas como garantía de la construcción de una paz duradera y estable.

Tendremos que apelar más allá de la movilización, también al acompañamiento de la comunidad internacional para que se fije en la manera en que el gobierno está incumpliendo no solamente la ley de víctimas, sino también lo pactado en el proceso de paz con las Farc y lo que seguramente tendrá que ser la exigencia para mantener abierto el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.

No es la hora de desfallecer en la lucha por los derechos de las víctimas, tendremos qué fortalecer los procesos de organización, movilización política y exigibilidad de nuestros derechos, Ahora sólo nos queda superar esta sensación de goleada que los partidarios de la guerra le han metido a las víctimas y a la paz. Es la hora de apelar a una larga  historia de resistencia y lucha por la dignidad e integridad del pueblo.

Menos mal que los muchachos de la selección Colombia nos permitieron mantener viva la ilusión de poder hacer algún desempeño en Rusia 2018 clasificado a octavos de final. Es la hora de la gente y sus derechos pero ello no lo da nadie, más que la lucha organizada y consiente del pueblo. Es la hora de sacar el acumulado de la lucha de las victimas desde el MOVICE, y las víctimas, de las plataformas de paz y derechos humanos, de las centrales obreras, del poderoso movimiento de mujeres por la paz, del movimiento estudiantil, de los movimientos ambientales, de artistas y gestores culturales, de animalistas y de la comunidad LGBTI,  de las guerrillas convertidas en partido político, del campesinado, de todos los movimientos sociales de este país que de tiempo atrás resistieron a la guerra. Es la hora de convertir el respaldo a la propuesta alternativa de la Colombia Humana en potencial transformador, para una nueva Colombia, sin corruptos y guerreristas.

Alfonso Castillo, Defensor de los Derechos Humanos