Este informe parte de entrevistas con un centenar de exparamilitares acogidos a la justicia mediante la Ley 1424 de 2010 y de entrevistas, reuniones y talleres de intercambio con varias decenas de personas y colectivos de víctimas, sobrevivientes, testigos, organizaciones sociales, comunidades étnicas, funcionarios, exfuncionarios y voces relevantes en zonas de los departamentos del Valle y del Cauca donde principalmente actuó esta agrupación paramilitar. Así mismo, recurrió a la consulta de diversas fuentes judiciales, no judiciales, de organizaciones de derechos humanos, organismos intergubernamentales de derechos humanos, académicas y recogió en penitenciarías testimonios de exjefes paramilitares del mismo Bloque Calima acogidos a la Ley 975/2005. Las zonas consideradas por el impacto de la actuación de esta estructura paramilitar cubren numerosos municipios del Valle del Cauca y del Cauca y algunos del Hula y del Quindío. Actualmente se realizan actos públicos de lanzamiento de este informe con participación especial de víctimas, organizaciones sociales, comunidades campesinas y étnicas e instituciones interesadas, en las ciudades de Cali, Buenaventura, Popayán y Santander de Quilichao y se implementa una estrategia amplia de difusión de su contenido.
Sometimiento de exparamilitares a la Ley 1424/2010 y logro de contribuciones a la verdad
Es de recordar que la Ley 1424/2010 posibilitó el acogimiento a la justicia ordinaria de personas vinculadas con grupos paramilitares acogidas a procesos de desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil, de forma que han sido objeto de procesos judiciales que les imponen la
respectiva condena, a la vez que las habilita para recibir por parte de los jueces el beneficio de libertad bajo cuatro requisitos y un condicionante. Los prerrequisitos son: no haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, de forma que solo las impliquen delitos propios de la pertenencia a la estructura paramilitar; no haber reincidido en cualquier delito después de la desmovilización; haber cursado o estar cursando con calificación satisfactoria el programa gubernamental de reintegración; y haber firmado Gobierno nacional un Acuerdo de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica y resuelto un formulario de información sobre su participación en las estructuras paramilitares. El condicionamiento consiste en la obligación de entregar contribuciones a la verdad y la memoria histórica con relación a la pertenencia y actuación de las estructuras paramilitares, de forma que al no cumplirla los jueces procederán a revocar el beneficio de libertad.
El CNMH a través de su DAV está encargado desde mediados de 2012 de recibir las contribuciones a la verdad y la memoria de las exparamilitares firmantes de tales acuerdos, de forma que diseñó e implementa en todo el país un mecanismo no judicial de que le permite expedir certificaciones sobre si se realizó o no se realizó la entrega de contribución efectiva a la verdad y la memoria por cada una de las más de 18 mil personas desmovilizadas del paramilitarismo acogidas a la Ley 1424 que al momento han sido remitidas oficialmente por el Gobierno nacional, a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración hoy denominada Agencia para la Normalización y la Reincorporación. Cada una de estas personas luego de sensibilizaciones y presentación a entrevistas con el CNMH-DAV es certificada con relación a su posible contribución a la verdad y la memoria, de manera que en correspondencia con la certificación expedida puede ser reafirmada en el beneficio de justicia transicional referido o perderlo, por decisión de la justicia ordinaria. Más de doscientos exparamilitares desmovilizados del Bloque Calima de las AUC firmaron este tipo de acuerdo y la mayoría entregó la contribución exigida que alimentó los hallazgos para este informe, pero una minoría no lo hizo, la cual fue certificada negativamente.
Reviste especial interés con relación a esta línea de informes establecer el nivel de contribución y el tipo de temas esclarecidos por las personas desmovilizadas del paramilitarismo que se han sometido a los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria referidos. Grosso modo el resultado conseguido para este informe en términos generales fue favorable, pero muchas revelaciones son de tipo parcial y se hizo principalmente en determinados temas, mientras que con respecto a otros temas las revelaciones fueron insuficientes y con vacíos que denotan silencios u ocultamientos. Se destacaron las revelaciones entregadas sobre el Bloque Calima de las AUC referidas a su origen, estructuración, composición, dinámicas internas y diversas formas de actuación, con alusión a graves contextos de violencia y victimizaciones causadas contra comunidades campesinas, indígenas y afros, pobladores locales, las zonas de incursión, el perfil de las víctimas relacionado con liderazgos sociales, activismo de izquierda, contraventores de la ley. De manera general se revelaron formas de victimización contra pobladores señalados de supuesta colaboración o pertenencia a las guerrillas, a quienes se rehusaban o resistían a las imposiciones de la estructura paramilitar o a quienes se consideraban “indeseables” bajo concepciones y estereotipos discriminatorios adoptados. Pero, asimismo, se evidenciaron falencias de información y resistencias a proporcionarla en especial con los temas de la relación de Bloque Calima con los aliados institucionales, políticos, gremiales y sociales.
Conformación, aliados y dinámicas de incursión territorial del Bloque Calima
El Bloque Calima de las AUC no fue una estructura armada endógena, con arraigo y expresión de la conflictividad social regional. Se trató de una fuerza exógena, de la exportación de tropa de las AUC acordada y negociada en términos de sus apoyos con algunos sectores de la élite económica especialmente agraria y ganadera del Valle, de la mafia del narcotráfico y con coordinación y apoyo logístico y de inteligencia de personas y estructuras del Ejército, la Armada y la Policía. El grueso de las jefaturas o comandancia y el núcleo principal de la tropa provino de la ACCU en su versión de expansión nacional a nombre de las AUC, el cual fue determinante principal en la actuación violenta contra determinados sectores de la población y en el despliegue militar irregular realizado.
Las versiones coinciden en señalar la financiación inicial de parte del reconocido narcotraficante Diego Montoya alias “Don Diego”, principal sustento económico y logístico de la estructura en su fase inicial, lo que le dio al Bloque Calima un carácter de fuerte asocio al narcotráfico y lo adscribió entre sus actuaciones a la prestación de seguridad para esta economía ilegal en territorios de cultivos con uso ilegal y de rutas de exportación ilegal con salidas al Pacífico. Se señalan apoyos y recursos proporcionados también por empresarios especialmente de la agroindustria del Valle y participación de algunos reconocidos líderes políticos de partidos tradicionales. Así mismo, formas concertadas y articuladas de actuación con estructuras y personal adscrito a la Fuerza Pública. Se indican reuniones y relación directa entre estos sectores de apoyo y financiación con las AUC representadas directamente por Vicente Castaño, quien posteriormente trasladó a Heberth Veloza desde Urabá en calidad de jefe principal del Bloque Calima.
De tal manera, relatos de exparamilitares y otras fuentes hacen también alusión para distintas zonas de incursión del Bloque Calima de las AUC a compromisos y aportes directos entregados por sectores de élites regionales, del empresariado y de grandes haciendas ganaderas y agroindustriales, de comerciantes, y apoyos de determinados alcaldes, funcionarios de entidades oficiales y líderes políticos locales y regionales. Testimonios interpretan la incursión paramilitar de distintas maneras, no necesariamente excluyentes: desde la reacción de sectores de poder económico, social y político en reacción al acoso guerrillero con acciones de extorsión y secuestro. Desde la necesidad estratégica de confrontar la expansión y ofensiva guerrillera en los territorios en condiciones de incapacidad de la fuerza pública de contenerla; desde el interés de las AUC de participar directamente en la disputa por el control y aprovechamiento del lucrativo negocio de la economía del narcotráfico en auge y expansión en el suroccidente colombiano.
Con preparativos directos desde 1998 se configuró en 1999 el Bloque Calima como especie de ejército irregular de ocupación ligado a la expansión paramilitar del orden nacional y con fuerte nexo con el narcotráfico, de manera que mantuvo una nómina de mandos y de tropa procedente de Córdoba y Urabá. Se presentaron reclutamientos locales en Valle, Cauca y departamentos colindantes que se mantuvieron en condición subordinada dentro de la estructura. Así el Bloque Calima emprendió la estrategia de “romper zona”, basada en la directriz nacional de las AUC penetrar en territorios de reconocida presencia o tránsito de las guerrillas con violencia extrema contra la población. En estos departamentos era notoria por varias décadas la presencia de las FARC EP y el ELN principalmente en las zonas montañosas y de forma más reciente en el Pacífico. De tal manera la incursión paramilitar combinó repertorios de violencia de exterminio, ataques con homicidios, masacres y desapariciones forzadas tanto selectivos como indiscriminados pero enfocados contra determinados sectores y territorios. Esto generó a la vez desplazamiento forzado, amenazas, crímenes sexuales y violencia por motivo de género, sometimiento de poblaciones a través de hechos de terror e instalación de un régimen de ocupación, de coerción e intimidación que en algunos casos se acompañó de acciones de búsqueda de legitimación con interferencia en actividades sociales y obras públicas.
Estos hechos buscaban romper los nexos entre la población y las guerrillas, cerrarle corredores de tránsito y de suministros logísticos y copar territorios. De tal manera, fueron afectados progresivamente con una grave crisis humanitaria el centro del Valle del Cauca donde se destacaba la movilización campesina en demanda de mejores condiciones para sus posibilidades productivas y condiciones de vida, ante el deterioro socioeconómico sufrido por la crisis cafetera, de forma que asociaciones campesinas, cooperativas y sindicatos de trabajadores resultaron altamente victimizados. Igualmente, la expansión paramilitar afectó luego comunidades campesinas e indígenas del suroriente del Valle, en donde a la problemática socioeconómica se sumaba la histórica presencia de guerrillas en las partes de cordillera.
De igual forma, continuaba la expansión paramilitar tras disputas territoriales con las guerrillas, también en busca de nichos de economías ilegales y narcotráfico y sus rutas, así mismo implementando la misma estrategia de alta violencia contra pobladores de zonas de cordillera y del Pacífico del Valle y del Cauca, con alta afectación a pueblos indígenas y comunidades afros. En Cauca el despliegue paramilitar fuerte en su parte norte se profundizó por la parte central hasta el sur, con impacto en distintos municipios. Así mismo, se registraron incursiones de este bloque paramilitar en municipios aledaños del Quindío, del sur y oriente del Huila y en varios de Antioquia, en este último caso como parte de la estrategia de exterminio adoptada contra el Bloque Metro de las AUC, estructura paramilitar disidente.
Entre la contrainsurgencia, el narcotráfico y la extorsión generalizada
El elemento de contrainsurgencia como razón alegada para la llegada del Bloque Calima al suroccidente del país, se conjugó con propósitos expresos de las AUC y su Bloque Calima en el suroccidente de disputar violentamente el control de la economía ilegal del narcotráfico, a los cuales se sumaron los fines de enriquecimiento ilícito individual de los jefes, el carácter mercenario predominante en las relaciones de vinculación de efectivos y las acciones de despojo de bienes y pillaje perpetradas con frecuencia. Debilitados los apoyos iniciales de los capos del narcotráfico Diego Montoya alias “Don Diego” en el norte del Valle y Francisco Javier Zuluaga alias “Gordo Lindo” en el Pacífico, pero también ante el interés de las AUC de controlar directamente su estructura paramilitar en la región para garantizar sus propios fines de distinto orden, incluidos los de las economías ilegales, antes que adscribirla solo en acciones de servicio a los capos del narcotráfico, la llevó a la incursión directa en negocios de narcotráfico, a asociación con narcotraficantes locales y a otras formas de adquisición violenta de recursos. En tal contexto, las exigencias de la financiación del despliegue y crecimiento de la estructura paramilitar dieron lugar a la extorsión generalizada de sectores de la población.
En términos del conflicto bélico se revelan niveles de articulación con la Fuerza Pública de tipo operativo, en inteligencia, suministro de material bélico, de apoyo logístico, de garantías coordinadas para desplazamiento de la estructura paramilitar en los territorios e inclusive inducción y apoyo desde mandos e integrantes de la Fuerza Pública a atacar personas y comunidades civiles. La cooperación entre la Fuerza Pública y el Bloque Calima fue más fuerte y sistemática en el Valle y más débil en Cauca; con la Policía fue más de inteligencia, apoyo y tolerancia para sus actuaciones en zonas urbanas; y con estructuras del Ejército y la Armada con coordinación operativa y apoyos más directos e importantes para la actuación paramilitar.
“La negligencia que mostraron las autoridades militares y civiles frente a la llegada del Bloque Calima al Valle del Cauca mutó rápidamente en una actitud de colaboración activa de la fuerza pública frente al accionar paramilitar. Son numerosos los casos, mencionados tanto por firmantes de los Acuerdos de la Verdad como por las víctimas de la acción del Bloque Calima y fuentes secundarias, en los que queda patente como unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional colaboraron con los paramilitares al suministrarles armamento y material de intendencia, apoyarlos en el transporte de combatientes, proveerles información sobre presuntos guerrilleros e, incluso, participando en acciones militares conjuntas”.
“Con frecuencia, esta colaboración fue recompensada en incentivos económicos a los integrantes de la fuerza pública, proporcionados por los paramilitares. En otros casos, los militares se beneficiaron de los “éxitos operativos” que, aunque atribuidos a ellos, fueron posibles gracias al apoyo militar de combatientes del Bloque Calima. La cantidad de casos referenciados en distintas zonas del Valle del Cauca y el Cauca y su persistencia en el tiempo permite asegurar que estas alianzas no eran aisladas ni excepcionales; por el contrario, la asidua colaboración entre la fuerza pública y el Bloque Calima es elemento indispensable en la explicación del relativo éxito militar y territorial del que gozaron los paramilitares en el Valle del Cauca y Cauca durante buena parte de su trayectoria”[2].
Pero a pesar de este tipo de nexos y dinámicas en lo militar, las actuaciones del Bloque Calima fueron notablemente menores en lo relativo a la confrontación con las guerrillas en comparación con los masivos, graves y sistemáticos hechos de violencia y métodos extremos y de coerción violenta que utilizó esta estructura paramilitar contra la población civil en los distintos territorios. Se documentan en el informe algunos enfrentamientos localizados o eventuales de las incursiones paramilitares con las guerrillas en partes altas de las cordilleras. Una disputa intensa urbana con estructuras de las FARC en Buenaventura, guerrilla a la que logró cortarle líneas de suministro y presionar con alta violencia el paso de parte de sus milicianos insurgentes a la estructura paramilitar. Y la realización de varios intensos combates rurales principalmente en el Alto Anchicayá, donde las FARC le produjeron alto número de bajas y duros golpes a la estructura paramilitar. Así, la reacción guerrillera ante la incursión paramilitar y la propia dinámica de fuerte expansión insurgente, como respuesta a la presión y a los golpes sufridos en otras regiones del país, llevaron a una fuerte ofensiva que ocasionó cruentos y definitivos golpes a las tropas paramilitares, lo que evidenció su precariedad como estructura bélica.
Debilitamiento y desmovilización, entre la reintegración y los rearmes
Entre 2002 y 2003 se combinan para el Bloque Calima de las AUC factores de debilitamiento interno, que incluyen la muerte violenta de varios de sus mandos medios, la reducción notable de efectivos y la negociación para la desmovilización frente al Gobierno nacional, con factores externos. Estos hacen referencia al impacto negativo en sus filas del enfrentamiento entre los narcotraficantes del norte del Valle, los golpes sufridos por los ataques de las FARC, la exigencia de las AUC de trasladar
a Antioquia parte importante de sus ya debilitadas estructuras para librar la guerra interna contra el Bloque Metro que se resistió a los compromisos de fondo que llevaron a la recomposición más de carácter narco-paramilitar de las AUC, así como los golpes y capturas que le empezó a producir la Fuerza Pública a la estructura paramilitar en el nuevo contexto de las negociaciones para su desmovilización y en respuesta a la presión de la comunidad internacional al Estado y al Gobierno nacional ante la grave crisis registrada en derechos humanos que los comprometía.
Estos factores marcaron el paso al debilitamiento, el repliegue y la desmovilización en 2004. Esta desmovilización presentó formas similares a las sucedidas con otras estructuras paramilitares en otras regiones, tales como la disolución de la estructura armada, pero la continuidad de parte de sus dinámicas ilegales económicas, de actuaciones y expresadas en formas notorias de reincidencia delincuencial, rearmes y, para el caso, articulaciones inmediatas con las estructuras del narcotráfico. Esta desmovilización fue afectada también por la inclusión de un porcentaje notable de personas que no pertenecían al Bloque Calima de las AUC en las ceremonias de desarme y en los listados oficiales de excombatientes, denominadas por el informe “personas vinculadas con fines de desmovilización”. Además, su contexto se hizo complejo y violento, puesto que se produce la desmovilización en un nuevo escenario de confrontación entre estructuras armadas al servicio de dos fracciones en pugna del llamado Cartel del Norte del Valle. Diego Montoya y su grupo “Los Machos” y Wilber Varela y su grupo “Los Rastrojos”, de forma que estas agrupaciones narcotraficantes se disputaron la adhesión de integrantes de la estructura paramilitar, la cual además les debía favores y recursos, lo que se tradujo en una fuerte presión frente a las personas desmovilizadas para que se incorporaran a sus estructuras en contienda.
“La persecución y el reclutamiento de los integrantes del Bloque Calima por parte de estos actores armados emergentes convergieron en dos rasgos del proceso de desmovilización del grupo paramilitar que son evidenciados en este informe. De un lado, fueron numerosos los casos de integrantes no desmovilizados, lo cual coincide con la evidencia de integrantes del Bloque Calima vinculados a otras estructuras armadas o actividades delincuenciales que permanecieron y se consolidaron en el Valle del Cauca y Cauca, paralelo a la desmovilización paramilitar. De otro lado, y según las versiones de excomandantes del Bloque Calima, muchos integrantes de esta estructura comenzaron a colaborar con Los Machos y Los Rastrojos, lo que implicó que fueran declarados enemigos por el bando contrario. Así, fueron numerosos los casos de integrantes del Bloque Calima asesinados en el marco de la confrontación armada”[3].
La paz exige esclarecer lo sucedido como contribución al derecho a la verdad
Los informes de esclarecimiento sobre el fenómeno paramilitar producidos desde este esfuerzo del CNMH-DAV, que en particular incluyen el informe del Bloque Tolima de las AUC editado en 2017, el presente sobre el Bloque Calima de las AUC y los que están en preparación sobre otras estructuras paramilitares en los Llanos Orientales, en Antioquia, en Magdalena Medio, en Urabá-Córdoba-Atrato; en el Caribe y sobre las características cualitativas y cuantitativas del fenómeno paramilitar, resultan de particular importancia en el actual contexto de diversificación y ampliación de los ejercicios de memoria histórica y esclarecimiento orientados ante todo a dignificar a las víctimas y a aportar hacia el ejercicio del derecho a saber y el derecho a la verdad, de las víctimas y del conjunto
de la sociedad. Pero, además, con la incursión en el recurso de las dinámicas de la memoria histórica que se soportan en las figuras de la justicia transicional que se experimentan y que logran incluir las voces, reconocimientos y contribuciones de una pluralidad de actores que incluyen a quienes fueron responsables directos, perpetradores o victimarios. Así, ejercicios judiciales, extrajudiciales y los de iniciativa de la propia sociedad, se podrán retroalimentar y conjugar en atención a las demandas de la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición.
“…en la medida en que considera tanto los testimonios de víctimas y actores de la región como los relatos de las personas que hicieron parte de los grupos paramilitares, con la esperanza de comprender las dinámicas internas de las estructuras paramilitares y las razones que definieron y sustentaron la violencia contra la población civil, este informe se convierte en un complemento de la verdad que resultará de mecanismos de verdad judicial, en este caso, de Justicia y Paz”[4].
Más aún, la presente situación en Colombia es la del tránsito entre el cierre de una guerra interna de más de cinco décadas y de una violencia sociopolítica con expresiones generalizadas y crónicas de más de siete décadas, el cual cuenta con herramientas valiosas recientes. Entre ellas se destacan las generadas por el acuerdo de paz Gobierno nacional-FARC EP, con relación a la creación de un sistema integral conformado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las acciones de reparación de las víctimas. En tal sentido, este tipo de esfuerzos por el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad, dialogan de manera activa con tales posibilidades, de manera que a la vez le entregan a las víctimas y a la sociedad referentes de consulta y de posibilidad de avance, en el horizonte de consolidar una paz estable y duradera, en condiciones de superación de la impunidad y de dignificación de las víctimas y atención a sus derechos.
Resta agregar que la elaboración de este informe exigió algo más de dos años de trabajo, con numerosos ejercicios realizados en su mayoría en los lugares donde actuó el Bloque Calima de las AUC. Con frecuencia en zonas de conflicto armado, violencia sociopolítica y formas de ilegalidad, con los consiguientes riesgos para la población, máxime cuando se adelantan acciones relativas a los derechos humanos. Riesgos entre los que se tuvo que afrontar también el propio de la mixtura existente entre parte de la población exparamilitar reintegrada o en proceso de reintegración a la vida civil y otra parte de ella vinculada a expresiones de reincidencia delictiva y rearmes. Y merecen especial reconocimiento la participación y las contribuciones entregadas por organizaciones sociales, de víctimas, de derechos humanos, comunicadores, académicos, funcionarios, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión de Paz del Valle; también las entregadas por pobladores locales, entre ellos la comunidad del corregimiento de Galicia, Bugalagrande, que sufrió la imposición por varios años de una base paramilitar, la del resguardo indígena Kwet Wala de Pradera Valle, y los miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), también altamente afectados.
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[1] Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos de la Verdad, Bogotá, 2018. La dirección general de este informe a cargo de Álvaro Villarraga, coordinación del equipo de investigación y relatoría principal de Luisa Fernanda Hernández, correlatorías de Diego Walteros y Andrés Salazar, analistas de Elizabeth Escobar, Oscar Andrade, Andrés Rubiano y Nicolás Peña y contó con apoyos en asistencia de investigación, procesos cuantitativos, colaboraciones especiales, lectores evaluadores, equipo de edición y de elaboración de piezas comunicativas. [2] Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos de la Verdad, Bogotá, 2018, página 663. [3] Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos de la Verdad, Bogotá, 2018, página 662.[4] Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos de la Verdad, Bogotá, 2018, página 667.
Alvaro Villarraga Sarmiento
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