En el contexto actual y a la luz de lo expuesto de manera virulenta por los voceros del Centro Democrático – partido al cual pertenece el primer mandatario – quienes consideran que el ejercicio de la justicia debe corresponder a un concepto de justicia que no premie la impunidad y respete la moral y las instituciones vigentes, viene a la mente el caso que enfrenta la Corte Suprema de Justicia al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez quien vuelve a hacer gala de una pericia sin igual para actuar al margen de las instituciones encargadas de juzgar su conducta deslegitimando a sus jueces.
La defensa de Uribe, más política que jurídica, se ha orientado a recusar a los magistrados que lo investigan por supuesta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal, generando todo tipo de reacciones políticas que han revivido el tema del paramilitarismo, la politización de la justicia y la existencia de testigos falsos. Construyendo un argumento de defensa basado en la polarización en torno a su persona, Uribe intenta hacer lo que siempre ha hecho: poner su poder más allá del alcance de las instituciones valiéndose de su capacidad de influencia y de movilización de la opinión pública.
La memoria es corta y a veces se olvida que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a Álvaro Uribe no es el primer choque entre el líder del Centro Democrático y este organismo. Se dio en 2007 cuando desde la Corte se adelantaban indagaciones sobre la “parapolítica” y en 2008 cuando César Julio Valencia Copete, otro expresidente de la CSJ se vio enfrentado a las denuncias de Uribe por “injuria y calumnia” en un caso relacionado con Mario Uribe, primo del expresidente, por vínculos políticos con grupos paramilitares. Se dio también en 2010 cuando el expresidente demandó a quien fuera el presidente de la CSJ, el exmagistrado Yesid Ramírez, a quien señaló de incurrir en prevaricato en el caso de las notarías que fueron repartidas para concretar el aval en pro de la aprobación del segundo mandato del exmandatario.
El caso que hoy capta la atención de los colombianos se inició en 2012 cuando el expresidente emprendió una acción penal contra el senador Iván Cepeda a quien acusó de manipular testigos para demostrar que, siendo gobernador de Antioquia, había colaborado con su hermano, Santiago Uribe, en la supuesta organización de una banda de paramilitares para enfrentar la guerrilla de las FARC. Después de años de investigación la Corte ha determinado que las imputaciones del expresidente eran falsas y que, al revés, había sido él quien presionó a los que declararon contra Cepeda y lo citó a indagatoria.
La primera reacción del hoy senador fue renunciar a su cargo, pero posteriormente optó por recusar a los magistrados encargados de investigarlo y en un comunicado desmontar punto por punto, los señalamientos que la Corte tuvo en cuenta para llamarlo a indagatoria.
Después de la radicación de la recusación de los magistrados que llevan el caso, por la remisión de unas grabaciones tomadas como prueba en contra del exmandatario a un sistema de medios públicos (RCTV), y con el argumento de que en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa, la Corte Suprema ha suspendido la investigación.
La recusación es una figura que se usa en aras de garantizar la imparcialidad de los jueces e implica que no se pueda practicar ninguna prueba mientras no se produzca una decisión al respecto. La recusación se resuelve por los mismos miembros de la Sala a la que pertenecen los magistrados que deben estimar si, de acuerdo con los argumentos presentados y las consideraciones de la Sala, están impedidos o no. La decisión es revisada por otros tres magistrados, pero a juicio de expertos no habría inhabilidad de los magistrados. En todo caso, está previsto que la diligencia de indagatoria se adelante el 3 de septiembre.
En términos teóricos las instituciones delimitan las acciones posibles de los individuos, pero en la realidad solo tienen sentido en tanto se aceptan como canales para el ejercicio del poder. Si el expresidente Uribe decide retar al sistema judicial, lo hace no solamente porque puede sino porque quiere. En este orden de ideas, la voluntad de quien detenta capacidad de influencia y de movilización puede tanto dotar de sentido a las instituciones como deteriorarlas, y por ello el verdadero límite para una voluntad poderosa no puede ser sino otra voluntad que pueda hacerle frente. En las democracias el remedio a esta situación es la división del poder, pero es evidente que esta no es una garantía total: así como hay líderes que ponen su poder al servicio de las instituciones también los hay que las colocan al servicio de su poder cuando les conviene.
Si el presidente Duque tiene como objetivo de su gobierno promover el entendimiento entre los colombianos queda por ver cómo lo intentará.
Rubén Sánchez Davis
Foto tomada de: Semana.com
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