El caso más patético que refleja lo anterior es que la coalición para ganar las elecciones presidenciales empieza con mucha fragilidad cuando de gobernar se trata. Ya son varios los hechos políticos que han puesto al descubierto que lo que más anima a la coalición de gobierno es la forma como deberían estar representados sus intereses clientelares a la hora de repartir la valija burocrática, y no la puesta en marcha de políticas públicas que hagan realidad el programa de gobierno prometido en la campaña electoral. En esa lógica, se podría afirmar que, una cosa es la coalición que se establece para ganar elecciones y otra muy distinta la coalición para gobernar.
La puja empezó frente al nombramiento de viceministros y ministros que no eran afines al Centro Democrático y a los partidos de coalición; sumado a lo anterior, en los últimos días se expresó un no rotundo de los partidos de gobierno, en cabeza de los expresidentes Pastrana y Gaviria, quienes se negaron a apoyar las pretensiones de ser elegido Contralor de la republica el candidato estrella del centro democrático; el ganadero José Félix Lafaurie Rivera; pero si acordaron recientemente repartirse en el futuro las posiciones de la procuraduría y de la fiscalía de manera proporcional entre Gaviria y Uribe.
La reunión de los expresidentes aludidos, con el expresidente Uribe en la pasada semana, tuvo como propósito hacer de la elección del Contralor un punto de partida para poder recomponer y consolidar una coalición de gobierno sostenible hacia el futuro; puesto que en lo poco que va corrido del presente gobierno parece esfumarse los apoyos en un mar de contradicciones.
En materia de iniciativas legislativas el actual gobierno ya presenta sus primeras derrotas tempranas. La ministra del interior se vio forzada a retirar sus propuestas de hacer trizas la reintegración de los excombatientes de las Farc, como quiera que su pretensión era la de provechar un acto legislativo para combatir la corrupción y colar en él un mico para que quienes hayan sido condenados por haber participado en grupos al margen de la ley no pudiesen ocupar cargos públicos ni contratar con el Estado, sin hacer ninguna claridad frente a los condenados por delitos políticos.
De la misma manera, la ministra del interior se vio en la obligación a decirle al país que la candidata uribista Claudia Ortiz, ya no iba a ser nombrada como la nueva directora de la Unidad Nacional de Protección, lo anterior como respuesta a la presión nacional y a la denuncia de que este personaje expresaba los mas profundos odios contra el proceso de paz y los actores reinsertados que hoy hacen transito pacífico y desarmados a la sociedad, y que requieren la especial protección del Estado.
Por su parte, el ministro de hacienda Carrasquilla, quien parece obedeciera más a los intereses del capital financiero y al neoliberalismo, prepara ya su andanada de impuestos que agravaran más las condiciones económicas de los asalariados en Colombia, como si la tenaza de impuestos con la que se despidió el presidente Santos no fuera ya suficiente para menoscabar el bolsillo de los trabajadores.
De igual forma, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se retractó de su posición con respecto a la consulta anticorrupción que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de agosto e invitó a su partido a votarla. Así lo dejo entrever a través de un trino el pasado 19 de agosto donde invito a los colombianos a salir este domingo 26 a votar la consulta anticorrupción. Lo anterior, contrasta con la intención de algunos miembros de su partido de mantenerse en no apoyar hoy como gobierno lo que ayer prometieron como candidatos en campaña electoral.
Todo lo anterior lo que nos indica es que aún no se ha podido consolidar una coalición mayoritaria que pueda poner en funcionamiento el gobierno que permita el desarrolla de las iniciativas legislativas del presidente Duque, sin que medie la presión clientelar de los intereses partidarios. Entre mas transcurra el gobierno, mayores serán las exigencias de mermelada de la politiquería para mantener el respaldo al gobierno.
De otro lado, lo que sí está consolidado es la gran alianza parlamentaria de los sectores del progresismo entorno a la oposición al gobierno de Duque. Los acuerdos de Robledo, Petro y la bancada de los verdes, auguran unos importantes debates de control político; y seguramente, en alianza estratégica con las Farc como movimiento político y con importantes sectores de los partidos tradicionales que en el pasado apoyaron el proceso de paz, se avanzara en la defensa e implementación de los acuerdos de La Habana. No hay que olvidar que el nuevo estatuto de la oposición es una garantía muy importante producto del acuerdo de La Habana que reinventa el protagonismo de los partidos alternativos en el poder legislativo que hará más respetable la actividad del disenso en el Congreso.
De tal manera, que no le será fácil la capacidad de maniobra del Uribismo como bancada para impedir que se avance en el proceso de pacificación en Colombia, ni son muy factibles en un futuro sus pretensiones de volver trizas el proceso de paz. Todos los días se prevé mayores tensiones en los respaldos políticos en el legislativo si se pretende sacar adelante una agenda legislativa en contra de los intereses populares.
Aunado a lo anterior, ya se vislumbran las primeras acciones de movilizaciones ciudadanas en defensa del interés popular. Serán grandes jornadas sindicales, campesinas y ciudadanas que se avecinan y que notificaran en las calles al gobierno Uribista que el pueblo colombiano no está dispuesto a permitir un retroceso hacia la guerra, ni mucho menos, una política de tierra arrasada para resolver los grandes conflictos sociales que nos aquejan.
De tal manera, que la opción popular es el ejercicio combinado de la política como una actividad parlamentaria y una práctica colectiva que, mediante la movilización ciudadana, presione las grandes conquistas que requiere un proceso de transición democrática en Colombia.
Héctor Alonso Moreno: Profesor Universidad del Valle
Foto tomada de: Verdad Abierta
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