Mandato contra el régimen corrupto

1. Mandato obligante para autoridades, funcionarios y ciudadanos

Lo que sucedió este 26 de agosto es un acontecimiento histórico de inmensas proporciones. Once millones seiscientos setenta mil (11.670.000) colombianos se pronunciaron a plena conciencia en contra de la corrupción que carcome al país y constituyeron un Mandato Político que obliga a todas las instituciones y a los ciudadanos a tenerlo siempre en mente para adoptar medidas eficaces que respondan a este clamor nacional. Se llegó mucho más lejos de lo que algunos pronosticamos con angustiosa expectativa.

A la hora del balance se habla de antecedentes. Se recuerda que nadie contó en marzo de 1990 la Séptima Papeleta que fue metida en las urnas desde la extra institucionalidad; que el voto por la constituyente logró en mayo del mismo año seis millones de votos contados por la Registraduría por orden de un decreto de Estado de Sitio (que le ordenó  realizar una encuesta de una pregunta pues la constitución vigente prohibía las consultas o plebiscitos); por su lado el mandato ciudadano por la paz  logró en octubre de 1997 diez millones de votos que fueron contados en virtud de otro decreto. Todos fueron mandatos obligantes, surgidos desde abajo de la sociedad, que marcaron una inflexión trascendental en la historia de Colombia y desencadenaron procesos cuyas consecuencias siguen marcando el nuevo siglo.

En esta crónica no hay que olvidar que a diferencia de lo que ocurrió este 26 de agosto de 2018, las anteriores experiencias de participación popular no tenían umbral y se realizaron coincidiendo con elecciones territoriales o a la presidencia que facilitaron la logística y la publicidad. Y, como lo ha señalado un editorial del diario El Nuevo Siglo, aunque faltó poco para el umbral de 12.140.342 millones de votos, no se puede soslayar el carácter de mandato del pronunciamiento en la Consulta contra la corrupción, ni de la obligación del Congreso de dar trámite a los proyectos que tienen semejante respaldo. Este es el hecho político que trataran de disminuir los magos del clientelismo encargados de advertir que ese voto no es obligante  ni vinculante porque su sabiduría extraordinaria recuerda que 11,6 no es igual a 12.2.

Esos 11,6 millones de ciudadanos ultra conscientes se pusieron en acción silenciosamente como parte de una profunda corriente ética y política que está creciendo en Colombia. La conciencia democrática contra la Clepto-cracía irrumpió a pesar de la oposición de los jefes de los partidos del nuevo bloque de gobierno que fue expresa desde el uribismo y soterrada desde los demás; se sentían aludidos y a la vez autocensurados para salir en sus regiones a gritar “cojan al ladrón”. Los medios de comunicación, con contadas excepciones, le dieron la espalda a la convocatoria y en el mejor de los casos salvaron la ropa con alguna nota de última hora. No hubo campaña pedagógica desde la institucionalidad aunque el Presidente Iván Duque llamó a votar en contravía con su mentor y sus copartidarios.

Y a decir verdad faltó militancia desde los partidos de izquierda y las organizaciones sociales en las regiones. En las que tienen predominio rural, como Choco o la Amazonía, sólo llegaron las voces desde la convocatoria nacional de los verdes y las ondas de la indignación ante tanta corruptela y abandono social del Estado. En el Cauca se estuvo cerca del umbral y en Popayán se registro un alto porcentaje del 41,4, lo mismo en el Tolima con 38,8% en Ibagué. En Antioquia fue débil la campaña del fajardismo pero Medellín estuvo cerca del umbral con 32,5%; en la Costa Caribe  que brilló por la abstención del 77%, parece que la Colombia Humana brilló por su ausencia. (ver anexo).

Con todo y todo, lo que se expresó fue mucho más que un voto de opinión: fue un voto de conciencia de sentido político, resultado de indignación ante la realidad de los corruptos de todo tipo pero también es fruto de una reflexión colectiva de profundo significado. El pronunciamiento muestra el rechazo no solo a la corrupción de los caciques políticos locales y nacionales que han convertido el Estado en feudo para sus intereses y para hacer contratos y negocios fraudulentos.

La gente que salió a votar tiene en su mente casos como el de Odebrecht que es el ejemplo de una multinacional que se alía con empresarios locales de la más alta alcurnia para pagar sobornos a funcionarios públicos y robarse entre todos una parte importante de las inversiones. En el imaginario colectivo están en la misma bolsa Odebrecht, Salucoop, Interbolsa, Reficar, el puente de Chirajara, las dobles calzadas y túneles en eterna construcción, los contratos ejecutados sin estudios serios y  altos sobre costos en hidroituango, la cifra del 85% de grandes empresarios que confiesan sobornar sistemáticamente para lograr contratos, los evasores de impuestos que hacen trampas desde paraísos fiscales, las grandes fortunas que evaden con doble contabilidad, los que se enriquecen con sus familias aprovechando cargos públicos, los que se apoderan de empresas y entidades del Estado para robarse lo público.

No es poca cosa que irrumpa en la escena nacional una sanción  política y moral al régimen corrupto, al sistema dominante de la Clepto-cracia.

 

1. ¿El voto anticorrupción fue engañoso?

El senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, y otros políticos como el exprocurador Alfonso Gómez han dicho que la consulta fue un engaño porque repite normas ya existentes, ocultaba apetitos electorales de sus promotoras/es o, como dijo José Obdulio Gaviria con su pluma poética “¡Esos moles de papel impreso, carísimo, transportados en avión!¡Esos gastos infinitos para una consulta que no era consulta y que iba para ninguna parte!”.

El argumento de los costos de la Consulta es otro ejemplo de populismo tributario. Y no porque el costo fue de diez pesos ($10) por potencial votante, sino que escoge como ángulo de ataque un argumento que pretende tocar el bolsillo de la gente para colocar en la balanza un decimo de pan y una acción política sobre un asunto de interés colectivo: es un argumento esencialmente corrupto pues llama la atención sobre diez pesos para no afrontar el robo sistemático de billones de pesos que son impuestos de todos los colombianos. Con ese argumento de los costos carísimos lo que quieren algunos críticos (sin contar los despistados) es tener la plata a su alcance para otros menesteres mientras atacan presupuestos para las consultas populares o recortan gastos en cultura, arte, pedagogía democrática, educación pública,  promoción de la salud y participación ciudadana.

Los ataques por el protagonismo de las promotoras más visibles, Claudia López y Angélica Lozano, son de poca monta pues es de la naturaleza de la acción política la visibilidad de quienes toman iniciativas legislativas o en cualquier convocatoria a la población. Lo que se les debe pedir a los políticos es que emulen en protagonismo con causas de beneficio colectivo y  que no hagan política para enriquecimiento propio o de sus patrocinadores o patronos ocultos. El debate de fondo debe comenzar con el debate al contenido e implicaciones de las convocatorias y por la pertinencia de los mecanismos participativos como la consulta, referendo o plebiscito.

Desde otro ángulo Carolina Sanín, ilustrada hipercrítica, acusa a la consulta por atacar la corrupción y no a las causas estructurales de la inequidad y la explotación, la cuestiona por ser inocua y contribuir a la despolitización dirigiendo la ira ciudadana contra el Congreso, los partidos políticos que son soportes de la democracia, por ser “populismo punitivo” que “moviliza a la gente para pedir penas más que comprometerse con un cambio profundo en las estructuras sociales”. Carolina Sanín acepta la concepción de la corrupción como un asunto moral de individuos y en lugar de considerar la realidad actual de las instituciones de elección popular se sitúa en la abstracción  del diseño liberal de la democracia representativa. Para ella señalar que los partidos tradicionales o los partidos del régimen son unas maquinas al servicio del crimen contra lo público, o que el Congreso ha sido convertido en una cueva de traficantes de negocios privados, o que buena parte de las instituciones han sido cooptadas y capturadas por mafias o por grupos privados legales o ilegales, no solo desvía la atención de los problemas estructurales sino que supuestamente lleva al autoritarismo que incluye descalificar las instituciones democráticas consideradas en su estado ideal imaginario.  La profesora Sanín cae en un sofisma de diversión que consiste en evitar la política concreta para hacer malabares abstractos. Sin quererlo al pedir que se olvide el ataque a la corrupción evita el debate a la aproximación neoliberal  que entiende la corrupción como una anomalía propia de la intervención del Estado en la economía o en la producción de bienes públicos o servicios.

Tienen razón quienes dicen que es equivocado y confusionista limitar el ataque a la corrupción o centrarlo en los sueldos de los congresistas y en el robo de lo público que hacen los partidos del régimen y los caciques políticos: algo de razón tiene la profesora Sanín y otros que advierten sobre ese riesgo. Los altos salarios de algunos funcionarios públicos pueden discutirse desde criterios de equidad/eficiencia y no se pueden confundir con un robo al erario. En cambio la corrupción ha sido de la esencia de los partidos tradicionales desde su origen y se ha perfeccionado como pieza clave del sistema. Pero no puede aceptarse que por combatir la corrupción de los políticos no se ataque lo determinante que son los modelos de acumulación de poder y de riqueza en Colombia basados en la corrupción y la violencia que es su inseparable compañía. Contra la idea de la corrupción como simple acto inmoral, anomalía en lo público o mal del Estado intervencionista, se afirma que es un factor de producción y reproducción de la economía privada y del poder capturado para intereses de lucro o de empresarios.

¿La consulta anticorrupción choca contra ese modelo corrupto-violento o desvía la atención hacia otra parte? Por el contenido del voto en sus siete puntos y sobre todo por el imaginario que movilizó a 11,6 millones de votantes por el SI o las razones de los que de forma abierta o silenciosa promovieron la abstención, puede decirse que la consulta es un cuestionamiento al conjunto del sistema corrupto. La gente se movilizó a conciencia y libre para expresar la indignación contra el robo sistemático de lo público por políticos y grandes empresas contratistas que se alimentan del asalto al presupuesto y a los bienes colectivos.

Es posible que muchos quisieron exigir una sanción a los jefes y a los partidos que han estado en el poder y se han aliado con negociantes para robar y hacer clientelismo, pero al mismo tiempo la inmensa mayoría ha tenido en mente los nombres de los escándalos emblemáticos de la corrupción y la realidad de un sistema que está en todas partes y en especial en los grandes contratos, en la evasión de impuestos y en la captura del Estado para hacer leyes que permiten el traslado sistemático de activos del Estado y riqueza nacional a los bolsillos de unos pocos conglomerados. Es obvio que el sentimiento anticorrupción tiene representaciones distintas en sectores sociales, grupos de edad, regiones y niveles educativos o de organización social o política, pero la indignación por un punto lleva a la indignación  por otros y a la reflexión sobre el conjunto.

La discusión sobre la oportunidad y contenidos de consultas, referendos y plebiscitos se intensificó en 2016 con la deplorable idea que tuvo el Presidente Juan Manuel Santos de someter a refrendación popular los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC: se convocó un plebiscito que parecía referendo y que en definitiva metió al país y a la paz en una trampa antidemocrática cuyo desenlace seguimos padeciendo. La Consulta Anti corrupción salió mejor librada aunque le faltó el milímetro final para pasar el difícil umbral. Todos los puntos fueron marcados con un SI siguiendo la consigna de marcar 7 veces en cada tarjeta de voto, pero es probable que la mayoría lo haya hecho mecánicamente con un mantra: tacho y tacho siete veces a estos corruptos desgraciados (valen otras expresiones). El sentido de ese voto no está en la letra menuda de cada pregunta sino en la protesta general contra toda corrupción. Las consecuencias finales de la convocatoria y de la respuesta ciudadana son positivas y democratizantes, pero ello no niega que estos mecanismos de participación tienen que ser utilizados sin permitir que a nombre de Plebiscitos y Consultas se meta un rosario de buenas intenciones como las 320 páginas del Acuerdo Final.

El resultado de la consulta anticorrupción nos sorprendió a quienes subvaloramos la corriente profunda que está creciendo como fuerza transformadora en Colombia. También sorprendió a los poderes hegemónicos del sistema y es evidente que se eleva a un nuevo plano la pugna por canalizar y capitalizar el sentimiento de protesta de la gente más consciente de las causas comunes y democráticas que fue la que concurrió a las urnas este 26 de agosto. La lucha contra la corrupción tomó tanta fuerza que hasta los corruptos se meten en la multitud para camuflarse y para reducir a su mínima expresión las medidas, controles, contenidos, alcances o sanciones. A la hora de la verdad se alinearán las intenciones e intereses de quienes quieren el Estado mínimo y el robo máximo por un lado y, por el otro, las demandas de  quienes desde todas las vertientes queremos reales transformaciones en defensa de lo público y de las riquezas colectivas. Esas son las nuevas y mejores batallas.

Y una aclaración para mis amigos/@s radicales: la anticorrupción no reemplaza ni a la revolución ni a las reformas totales que tenemos en mente, es solo un capitulo, bien importante,  del mamotreto programático.

III. Anexos: