- Fue inaugurada la era de la democracia participativa en el plano nacional.
- Los sectores alternativos lograron liderar una agenda de reformas fundamentales que el país respaldó.
- Ante la imposibilidad institucional de adelantar las reformas fundamentales que el país reclama, se abre paso el camino de la democracia participativa.
A manera de contexto.
Digamos lo obvio, la Consulta Popular Anticorrupción (CPA) no superó el umbral establecido por la ley (33% del censo electoral) para convertirse en un mandato ciudadano de obligatorio cumplimiento para los poderes públicos, sin embargo nadie puede reivindicar su resultado como un contramandato o un fracaso. A pesar de su resultado, la CPA tiene una gran importancia, por varias razones, entre ellas destacamos las siguientes:
- La consulta tiene su principal valor democrático por ser una iniciativa ciudadana, convocada por más de 4 millones de colombianos que apoyaron su realización.
- A pesar de haber sido impulsada desde algunos sectores del Partido Alianza Verde, no fue leída como una acción partidista, ni se requirió de la personería jurídica de un partido para su impulso.
- La figura de la consulta popular no contó con ningún tipo de apoyo estatal para quienes lo impulsaron, y no contó con el apoyo de los sectores económicos o gremiales. Su realización descansó en el voluntariado y el apoyo ciudadano genuino, que le da una gran legitimidad e importancia.
Primera Tesis: Fue inaugurada la democracia participativa en lo nacional.
27 años después de proclamada la Constitución de 1991, la promesa del tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa, se había quedado en ilusiones, como acertadamente lo calificó la Misión de Observación Electoral, MOE, en 2012, en su valioso estudio “Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia – 20 años de Ilusiones”. Por ello resulta un hito histórico que la Consulta Popular Anticorrupción, sin haber pasado el umbral de la participación del 33% del censo electoral, logró superar la votación del presidente Iván Duque, quien fue elegido con apenas el 28.2% del censo electoral.
También resulta meritorio que la CPA lograra que las 7 preguntas superaran el 32% del censo electoral, pues su antecedente comparable es el Referendo Constitucional impulsado por el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien solamente logró que una de las 15 preguntas superara el umbral del 25% del censo electoral del momento.
Independientemente del resultado en términos de la lucha contra la corrupción, el ejercicio liderado por Claudia López y Angélica Lozano, con miles de voluntarios ejerciendo su derecho ciudadano, rompe una inercia y el imaginario según el cual la democracia participativa era una mera ilusión, quedando oficialmente inaugurada la democracia participativa 27 años después de proclamada la constitución, pues ahora está demostrado que si es posible utilizar estos mecanismos con posibilidades de éxito.
Hoy podemos decir que la tal democracia participativa si existe, gracias a la CPA.
Segunda Tesis: Los sectores alternativos lograron liderar una agenda de reformas fundamentales que el país respaldó.
En el conjunto de la historia republicana nacional, y estamos próximos a la celebración de los 200 años de vida independiente, han sido muy pocas las iniciativas de reformas surgidas desde la ciudadanía, al margen de los partidos políticos (tanto de la derecha como de la izquierda), que logren concitar la unidad de la nación en torno a un propósito, la lucha contra la corrupción. Ese es el acierto de Claudia López y Angélica Lozano quienes demuestran que el país les cabe en la cabeza y han aprendido a tomarle el pulso a la opinión nacional, por ello ganaron una significativa credibilidad al liderar la CPA.
Quizás el evento que más similitud podría tener con la Consulta Popular Anticorrupción, podría ser el “Movimiento por la Séptima Papeleta” cuyo desenlace fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, que logró unificar a los sectores más progresistas de la sociedad colombiana, en procura de una transformación política que sacó a Colombia del modelo feudal y la convirtió en un Estado más democrático, participativo, incluyente, laico y basado en el respeto de la dignidad humana.
Pero a diferencia del movimiento de la Séptima Papeleta, donde las directivas de los partidos tradicionales se sumaron a la iniciativa de los jóvenes, en la CPA los partidos tradicionales de las elites políticas (Conservadores, Liberales, Cambio Radical), no la apoyaron y por el contrario el partido Centro Democrático hizo abiertamente propaganda en contra de la iniciativa.
El histórico resultado de la primera vuelta presidencial, en donde los sectores alternativos obtuvieron cerca de 9 millones y medio de votos, el resultado de la Consulta Popular Anticorrupción que logró movilizar por el SI en las 7 preguntas a más de 11 millones 660 mil colombianos, sin contar con ningún tipo de financiación estatal o incentivo para participar, han demostrado que existe un sector de la sociedad colombiana que puede ser liderado por los sectores alternativos, dejando la histórica tarea de ser oposición y dejar constancia para la historia. La CPA colocó a un sector del centro político a liderar el país, y por primera vez demostró que es posible imponerle a la clase política una agenda de reformas desde la ciudadanía, con propuestas progresistas capaces de lograr los ajustes que fortalezcan el Estado de Derecho y debiliten los privilegios de sus elites.
El ejercicio piloto fue exitoso, a pesar de no haber logrado superar el umbral, los sectores alternativos pueden liderar las transformaciones que nuestra nación clama, sabemos que la agenda está ligada a la lucha contra la corrupción y la eliminación de los privilegios que las elites han institucionalizado para sí, en detrimento del interés general y de las mayorías cada vez más vulnerables y excluidas.
Desde mi óptica, además de antijurídica, la pretensión de obtener una personería jurídica para el grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana, va en la dirección opuesta a la unidad, y genera una dispersión que en el 2022 podría poner en peligro la existencia misma del Polo Democrático Alternativo, y por supuesto de la Colombia Humana. Si Gustavo Petro y Jorge Robledo son capaces de construir una alternativa política de unidad desde la izquierda, podrían estar llamados a liderar la unidad de los sectores alternativos. Debería contemplarse la posibilidad de construir un partido o expresión política de segundo piso, que tenga unos acuerdos básicos para transitar el camino de la unidad, y así poder superar su tradicional posición de oposición y empezar a liderar una agenda nacional de transformaciones que los partidos de las elites y el Congreso no quieren realizar.
Tercera Tesis: Ante la imposibilidad institucional de adelantar las reformas fundamentales que el país reclama, se abre paso el camino de la democracia participativa.
En primer lugar, considero que las reformas que todos los directivos de los partidos propusieron para la lucha contra la corrupción en la mesa de unidad liderada hábilmente por el Presidente Iván Duque, no pasaran en el Congreso de la República, y si llegaren a pasar, saldrían sin dientes, volviéndolas inocuas, pues los primeros interesados en que la situación de corrupción se mantenga, son los congresistas que disfrutan de un conjunto de prebendas y beneficios a los cuales no están dispuestos a renunciar.
No creo que el presidente Iván Duque y el Centro Democrático tengan la credibilidad y las mayorías para pasar las reformas que requiere el país, empezando por la reforma política, la reforma a la justicia, las reformas y medidas que hagan más transparente la administración pública e incentiven el control social de las inversiones, para acabar o disminuir la situación generalizada de la corrupción.
El actual Congreso de la República mayoritariamente se eligió mediante las maquinarias y prácticas clientelistas de los partidos tradicionales, a pesar de haber un leve incremento en la elección de congresistas de la izquierda y los sectores independientes, las mayorías obedecen a prácticas electorales y casas políticas ligadas al ejercicio corrupto de la administración pública y la intervención indebida de dineros privados.
Existe en Colombia un régimen político que no permite hacer las reformas necesarias para que se pueda implementar el Estado de Derecho, lo que hace inviable el ejercicio de los derechos ciudadanos, por ello el camino que tiene la sociedad está enmarcado entre la protesta social o el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, recientemente inaugurados por la Consulta Popular Anticorrupción.
Todo parece indicar que luego de este ejercicio de iniciativa y participación ciudadana, los colombianos están dispuestos a recobrar el poder del “Estado de Derecho” y el “Estado Social de Derecho” mediante la iniciativa ciudadana y el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Recuérdese que la máxima expresión de este poder es la Convocatoria de una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, para lo cual se deben ejercitar por lo menos tres mecanismos de participación ciudadana, el primero una ley de iniciativa ciudadana, para que no sea armada a la medida de los políticos y sean ellos los que se elijan o apoyen a las mismas elites, una consulta popular donde la ciudadanía decide si desea que se realice una asamblea nacional constituyente, y finalmente una elección de delegatarios a dicha asamblea constituyente.
Para iniciar la reflexión sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, habría que plantear de entrada tres cosas: La primera, no sería una asamblea para que reforme toda la constitución, sino para que realice por lo menos tres reformas: La política, la de la justicia y la de transparencia y lucha contra la corrupción, también se podrían incluir una reforma a la educación y una reforma a la salud. La segunda, hoy existe una tercera parte de la población que participa electoralmente y no está conforme con las elites políticas y sus privilegios, que podrían permitir construir unas mayorías al interior de la mencionada Asamblea. La tercera, en la asamblea no se podrán recortar los derechos y sus mecanismos de protección para restringirlos, como en el caso de la acción de tutela. Con esas limitaciones la Corte Constitucional haría control previo de constitucionalidad para garantizar que no se desborde el mandato de los delegatarios, quienes son elegidos con un mandato preciso y limitado.
A manera de corolario.
Es menester que durante los próximos meses los sectores alternativos, evalúen cuales son los niveles de unidad necesarios para construir unas reglas de juego que puedan ser probadas en las elecciones de 2019, pero que sirvan de antecedente para llegar unificados a las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, si de lo que se trata es de renovar las elites tradicionales de la política colombiana.
Es necesario retomar los valores de la democracia participativa, y hacer pedagogía y promoción de los mecanismos de participación ciudadana, como el camino para renovar las elites políticas tradicionales y devolverle la política a los ciudadanos y sus derechos e intereses.
Ante una sociedad apática y resignada a los privilegios de las elites políticas actuales, debemos mostrar la importancia de la Consulta Popular Anticorrupción y el camino que abre para la renovación de las prácticas y las elites políticas, donde los voluntarios y los ciudadanos son la primera fuerza viva, antes que los partidos las candidaturas y los intereses individuales.
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Miguel Antonio Galvis: Analista político, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, y director ejecutivo de la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos.
Foto obtenida de: Las Chivas Del llano
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