De conseguir que se comprenda que la cultura de un país la definen su ambiente natural y las relaciones, vocaciones y educación de su gente en una sinergia muy estrecha, se cambiará el sentido de lo que se cree debe ser la escuela en sus diferentes niveles y complejidades, que por lo que hoy se examina y reclama termina siendo limitado a asuntos de funcionalidad o sobrevivencia de un aparato, para pasar a tomarla en su sentido estratégico asociado a la formación humana de las personas. Se necesita un giro para valorar la educación como una fuerza dinámica que examina y transforma de manera constante la sociedad, que no la deja quedar estancada, que la cuestiona, la investiga y le muestra salidas a cada uno de sus problemas y desafíos. Entonces no se trata tanto de la sobrevivencia de un aparato, como de la resignificación de una acción, que quizá tenga que ser pensada de nuevo desde los niveles iniciales hasta los que se llama de “educación superior” y de articulación con la vida productiva. Así, cada persona desde sus niveles individuales y de acción colectiva será reconocida como partícipe en la transformación social, no apenas como instrumento de la prolongación de una manera de hacerse y de hacer.
Por supuesto que es imperativo estudiar las finanzas y exigir en los presupuestos estatales la plena garantía del servicio educativo con niveles de buena calidad para la matrícula actual y algo de proyección de ella, eso nadie lo niega, sin embargo, eso no basta; si es necesario reinventar, esta movilización podría ser un acicate para proceder a ello. De no hacerlo, con un puñado de millones cualquier gobernante dejaría sin argumentos el reclamo de fondo, atendería una fiebre, pero el asunto estratégico seguiría su cauce como hasta ahora: sin ser abordado.
Limitar la lectura a aumentar la inversión para superar un déficit y seguir haciendo lo mismo permite sólo mantener el estado de cosas, que es lo que siempre se ha hecho: incluyendo a algunos pocos y algunas cosas, se ignora a la mayoría y la mayoría de cosas. Es inadmisible que se asuma que el derecho a la educación se va limitando y recogiendo apenas en quienes se mantienen, mal o bien, dentro de un aparato escolar desarticulado[1]. ¡Los presupuestos se proyectan apenas sobre la matrícula de jardines, colegios, institutos y universidades estatales, esto como si los millones de personas en edad escolar que no están en ellos hubiesen renunciado voluntariamente a su derecho a la educación y a la vida digna! En Colombia no hay políticas públicas consecuentes con la noción de derecho a la educación, las hay para irlo negando particularmente a quienes más requieren el apoyo estatal: a los más “quedados”, a quienes están más lejos, a quienes sufren más carencias, a quienes hacen menos méritos, a quienes tienen obligaciones que no les correspondería, a quienes son indisciplinados. Tenemos un modelo de exclusión programada que hace recaer la “culpabilidad” en quienes quedan por fuera, no en el Estado y la sociedad. ¿En la práctica para qué es lo que más sirven las pruebas del ICFES sino para justificar la exclusión? El establecimiento se lava las manos y los condenados en esa figura resultan siendo los estudiantes que no alcancen un puntaje en una competencia desigual, sus maestros, sus instituciones educativas y sus familias. Es un modelo perverso que, a propósito de la movilización por la educación superior, debería ser rechazado de manera categórica.
El giro es, entonces, asumir sin duda alguna que el derecho a la educación es por la dignidad del ser humano, lo que implica que Estado, sociedad, familias e instituciones y actores directos del hecho educativo, busquemos, de manera deliberada, la formación para ser autónomos, situados y participativos en el marco de un proyecto de nación con una cultura en un ambiente natural, con aspiraciones, vocaciones identificadas y desarrolladas y con relaciones ojalá democráticas y pacíficas en condiciones de justicia y equidad. Ser autónomos para ser dueños de sí, de las propias decisiones y de las consecuencias de ellas respecto de los demás; situados para conocer en qué punto de la historia, del planeta y de las dinámicas sociales se está y se debe actuar; y, participativos precisamente para actuar haciendo aportes en la configuración de la humanidad sea creando, produciendo y tomando decisiones con los demás, y eso aplica para todos los colombianos.
Como la educación es una estrategia para una construcción de cultura desde cada persona en sus ambientes naturales y artificiales, el reto será por unas instituciones y dinámicas que entiendan y transformen las culturas, que en esencia son las formas de vivir. Los efectos de los colegios se ven en bases fundamentales como conocimientos, capacidades, valores y actitudes de las personas, los que se espera sean potenciados en los niveles de educación superior para tener una cultura de la solidaridad y la convivencia pacífica a partir de la creación y la producción en todos los campos. La pertinencia de las políticas públicas en educación se evidencia, mediada por un sistema educativo, en la vida de las personas y de las comunidades. Esa articulación de sistema educativo no se ha logrado en Colombia: tenemos una secuencia por aparatos desarticulados, pues la educación inicial (0 a 5 años) tiene unas lógicas y una legislación que no se entienden, y hasta se chocan, con las de la educación preescolar, básica y media (3 a 16 años), y estas no dialogan con las de la educación superior, y, como rueda suelta, está la educación para el trabajo y desarrollo humano, que antes se denominaba educación no formal. Luego de la promulgación de la Constitución Política de 1991, van tres planes decenales de educación clamando por la organización de un sistema nacional y por el reconocimiento cierto del derecho a la educación sin que de parte del Estado se hayan hecho esfuerzos por ello.
Por la educación superior
Se parte de reconocer que las universidades estatales, que son 32 entre nacionales y regionales, con sus directivos, docentes y estudiantes han expuesto de manera coordinada su situación y se han establecido como un gran interlocutor del Gobierno nacional para reclamar ante el incumplimiento de obligaciones y compromisos de éste. Han tasado en más de $18 billones los recursos necesarios para los años siguientes del nuevo gobierno, lo cual implica atender déficits en materia de deudas y de infraestructura, y por supuesto, emprender investigaciones de más calado y audacia para cumplir mucho mejor de lo que actualmente hacen en materia de aportes de ciencia e innovación para el país. En las universidades públicas se lee una postura de seriedad para salvaguardar y potenciar un entramado de instituciones que le cumplen a sus territorios, que son la plataforma para asumirnos como país de regiones, multicultural y diverso por múltiples factores.
De esta movilización que es reclamo justo y necesario, se espera que también tenga mucho de mirada interna y autocrítica por parte de las mismas universidades públicas, pues quedan en evidencia desafíos por la pertinencia, la transparencia y la independencia de la politiquería y por la coherencia como servicio público aspiracional en un proyecto de nación, de región y de localidad. Que el movimiento lleve a resignificarse con vuelo de universalidad, en los sentidos teleológicos y también geográficos, no escasamente a seguir luchando por la sobrevivencia como instituciones burocratizadas, privatizadas y clientelizadas, en las que lamentablemente han caído varias. Con preocupación es importante registrar que en algunos departamentos la dirección de universidades públicas se ha convertido en botines de politiquería con todo lo que eso implica. Es la ocasión también para sacudirse de ese flagelo tan común en otras esferas tomadas por la cultura política corrupta.
A manera de cierre, no sobra llamar a la audacia e inteligencia para enfrentar el diálogo con el Gobierno nacional, que es muy probable que se comprometa con algo para no comprometerse con lo esencial. Aunque lo digan con eufemismos políticamente correctos, el argumento gubernamental está en que, como respuesta ante la movilización, se hará lo que permita “la realidad fiscal”, es decir, nada estructural y significativo para proyectar la educación como debería ser, apenas para poner a sobreaguar universidades y colegios. Con estos argumentos de “realidad” quedará en evidencia que en la dirección del país no hay una “comprensión aspiracional” sobre el sentido de la educación, y ahí está el vacío de visión que puede ser trabajado por agentes de movilización social.
Además de salvar la actual figura de Universidad en lo que de ella resulte pertinente, el desafío mayor es instalar con la movilización social la noción de derecho a la educación, y desde allí instalar una pretensión de mundo y un proyecto de nación por construir.
___________________________________________________________________________
Fernando A. Rincón Trujillo: Consultor en políticas públicas
Foto obtenida de: UNIMINUTO Radio
[1]En Colombia, aproximadamente la mitad de jóvenes en edad universitaria de pregrado (17 a 21 años) no accede a la educación superior, y la mitad de ellos paga en instituciones privadas. Más de 2 millones no pasan de la educación media cualquiera que sea la razón. Con esto, el Estado se desentiende de más de 3 millones de jóvenes.
Deja un comentario