La aplicación de este pacto de paz en todos sus acápites es decisiva para consolidar una fase posbélica en el país. Sin embargo, algunos sectores políticos, de poder y de opinión se oponen a este acuerdo de paz y buscan menoscabar sus posibilidades a todo nivel, con incidencia en ámbitos estatales, gubernamentales y de la sociedad. Aún en Colombia no se dirime de manera definitiva e irreversible el dilema entre los proyectos de perpetuar guerra y la violencia sociopolítica generalizada y el de construir una “paz estable y duradera”, como se consignó en el referido pacto de paz.
En ese orden la disputa entre consolidar u oponerse o menoscabar en todo lo posible la paz es particularmente intensa. En particular la JEP ha sufrido desconocimientos, ataques infundados y se menoscabó su alcance y competencia frente a “terceros” civiles y funcionarios implicados en graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. La propaganda en su contra la señala de manera falsa de ser diseñada y actuar en beneficio de las FARC. Cuando su propósito es impartir justicia centrada en la restauración de los derechos de las víctimas y de la sociedad, con relación a todos los actores del conflicto y la violencia política comprometidos con graves violaciones. Su actuación apunta a superar la impunidad estructural reinante en las instituciones de justicia, especialmente en lo referido a las más graves violaciones. Tales graves violaciones como lo demuestran todos los diagnósticos establecidos implican al Estado y sus agentes, a los paramilitares que por lo regular actuaron asociados o con la permisividad del Estado, a grupos guerrilleros insurgentes o milicianos y a personas y sectores de la sociedad comprometidas con ellas.
En el trámite de la aprobación del Acto Legislativo No 1 de 2017 y de la Ley 1922 de 2018 que dieron base constitucional y legal a la JEP respectivamente, si bien de manera global se creó esta institución y funciona positivamente en la actualidad, su competencia fue recortada en su posibilidad y alcance como lo referimos, con respecto a los responsables de graves violaciones desde la sociedad y funcionarios o exfuncionarios, de manera que su postulación a la JEP quedó como hecho voluntario desde ellos, generando el riesgo de que en muchos casos se prolongue la impunidad existente en la justicia ordinaria al respecto. Así mismo, esta ley aprobó una norma que podría dar lugar a excluir del tratamiento por la JEP de los miembros de la Fuerza Pública, con lo cual prácticamente fracasaría el propósito global de justicia, verdad y reparación para las víctimas y la sociedad, circunscribiéndola solo a la judicialización de las FARC. Se espera que ante la demanda presentada de esta norma la Corte Constitucional asuma la corrección del caso declarándola inconstitucional. Así también lo solicita con acierto la Procuraduría General.
En este contexto el pasado cuatro de octubre se presentó una situación grave e inaudita cuando la Fiscalía allanó y sustrajo información de reserva de la JEP, de su proceso Caso 001 de investigación de graves violaciones e infracciones atribuibles a las FARC. Precisamente en acción hecha por el Fiscal que investiga a tres funcionarios de la JEP, a Martha Lucía Zamora, directora administrativa, y a los abogados Luis Ernesto Caicedo y July Milena Henríquez, contratistas, por presunto favorecimiento a miembros de las FARC, ordenó sustraer información de dicho expediente, lo que constituye una actuación arbitraria, indebida y por fuera de cualquier cause de cooperación convenida y organizada que debe existir entre entes estatales y en particular de la justicia.
Con razón la JEP a través de su presidencia rechazó el hecho y difundió un comunicado sobre lo sucedido en términos precisos que dejan en claro su gravedad: “Esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz. Igualmente, es claramente intimidatoria en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso”[1].
Al ser indefendible tal actuación, el Fiscal General, con posterioridad, declaró que revocaba tal decisión, de forma que se supone que la información no habría quedado en depósito en la Fiscalía, sino que habría sido devuelta a la JEP. Sin embargo, la declaración del Fiscal General no se atiene a la veracidad de los hechos, pues afirma que se “anticipó”, es decir que no habría posibilitado que sucediera lo que realmente sucedió: “Cuando supe de la exigencia de copias de primera investigación, me anticipé a exigir que se revocara esa decisión, que me pareció invasiva”[2]. No obstante, reconoció el hecho como indebido, “invasivo”, pero sin ser expreso ni pedir disculpa y rectificación pública. Y esto porque ante un hecho de tal magnitud, ¿acaso podría pensarse que fue a discreción de un fiscal subordinado sin su conocimiento?, pues en todo caso le corresponde asumir la responsabilidad directa de lo ocurrido.
De inmediato la ONU se pronunció en defensa de la autonomía y las posibilidades de la JEP y llama a que no se recorte su competencia frente a integrantes de la Fuerza Pública. La CEV y la UBPD en pronunciamiento conjunto llamaron la atención a la Fiscalía General para que se preserven las debidas relaciones de respeto, autonomía y cooperación debida entre órganos estatales, ante lo cual hay que subrayar además que la Ley 434 de 1998 exige la cooperación debida entre entes gubernamentales y estatales en lo relativo a las acciones orientadas a la construcción de la paz. En contraste, el presidente Iván Duque tácitamente en varias declaraciones dio a entender lo que ni el propio Fiscal General ha dicho, que supuestamente el problema radicaría en la JEP, con insinuaciones indebidas e inoportunas contra los magistrados: “los magistrados deben pronunciarse a través de la jurisprudencia y no a través de espectáculos” -hecho irreal y con tufo de censura-, “también deben ser humildes cuando reciben observaciones de otro ente y que alertan sobre riesgos que pueden estarse presentando en las estructuras de las jurisdicciones”, “no se puede “satanizar” el papel investigativo de los órganos que la Constitución ha creado para cumplir esa misión”[3] -con tácita toma de partido a favor del ataque de la Fiscalía a la JEP.
Desde el ámbito político y social fueron numerosos los pronunciamientos. La Cumbre Nacional Mujeres y Paz declaró: “Como veedoras de la implementación del Acuerdo Final de Paz, consideramos inaceptable la intromisión a los procesos que lleva a cabo la Jurisdicción Especial de Paz, en el marco de su autonomía judicial y constitucional. Es por eso que exigimos a la Fiscalía General de Nación y a la Presidencia de la República, respeto por esta y otras instituciones creadas para la implementación del Acuerdo Final de Paz”[4].
El exjefe negociador del Gobierno Nacional que lideró la posibilidad histórica de este pacto de paz entre el Estado -que no solo el Gobierno- y la guerrilla insurgente de más impacto y significación, las FARC EP, declaró respaldo a la JEP y al sistema integral que la explica. Advirtió de conjunto que el acuerdo de paz en la actualidad afronta riesgos altos, que se hacen evidentes, de forma que entre otras propuestas que ha hecho para defender su posibilidad llamó la atención para se deje de atacar de forma injustificada a la JEP y a que se le entregue la información solicitada por parte de la Fiscalía, para que pueda actuar de manera adecuada.
“La JEP viene siendo vapuleada (…) en la aplicación de la extradición hay un hecho nuevo: la JEP determina la fecha. Hay un interés nacional en esto, no puede pedírsele que dictamine a ciegas”[5].
Precisamente el hecho que alude, la solicitud de un juez de EEUU de extraditar al dirigente a las FARC Santrich, cobra gran importancia y sin duda como lo han discutido muchas voces, configura el problema que más impacto negativo ha causado en la dinámica de la incorporación de las FARC a la vida política y social. En las últimas semanas quedó en claro algo que se revela inaudito, no existen pruebas ni expediente de la justicia colombiana contra Santrich, el Fiscal General procedió a aprobar su captura tan solo con un pedido de la justicia de EEUU. Sólo se conoce del reconocido montaje hecho por la DEA con la pretensión de incriminarlo en un supuesto delito que como tal no llegó a ocurrir. La JEP, para obrar en consecuencia con este caso ha solicitado la información requerida sin que se le haya allegado lo necesario al respecto.
“Mediante un auto del 12 de septiembre pasado, la JEP le pidió a la Fiscalía de manera inmediata el envío del expediente completo para conocer las pruebas documentales contra el exguerrillero (Santrich). La Fiscalía no respondió de inmediato la urgente solicitud. Después, su respuesta mostró la grave lesión que tiene nuestra soberanía nacional, pues las pruebas contra Santrich están en una corte de Estados Unidos. Que las pruebas no estén en manos de la JEP nos obliga a creerles ciegamente tanto a la Fiscalía como a los Estados Unidos”[6].
En resumen, la JEP debe investigar frente a los distintos actores del conflicto responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos de su competencia, es decir lo relativo a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, de forma que si no hay reconocimiento de responsabilidad por los implicados procede a acusarlos frente al Tribunal de Paz. Se instalaron sus cargos directivos, sus salas, grupos de asesoría y de trabajo. Avanza como institución en la apertura progresiva de diez unidades regionales. Realiza acciones con diversos sectores de víctimas ocasionadas en los contextos de arbitrariedad, violencia política y conflicto bélico. Realiza investigaciones en consecuencia con los casos abiertos y priorizados por los magistrados. Según el director de su Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, se adelantan acciones en respuesta al momento con relación a más de 300 solicitudes de las víctimas de las FARC y de la Fuerza Pública[7].
Por tanto, hay que evitar por todos los medios legales y con la decidida movilización política, social y ciudadana que se debilite el proyecto de paz. Poner atención al llamado del jefe negociador del Estado y del Gobierno cuando afirma que “el acuerdo puede fracasar”[8]. La debida defensa de la JEP, el apoyo a la CEV y a la UBPD, así como a la aplicación integral del pacto de paz y al logro de una paz completa que incluya al pacto pendiente con la última insurgencia en guerra, el ELN, es un reto nacional ineludible. Reconocer en ello el reto político que le asiste al conjunto del Estado, al Gobierno nacional, al Congreso, a los organismos de control y a la ciudadanía.
Positivo papel si cumple la Comisión de Paz del Senado, que ha propiciado reuniones con la Fiscalía General y con la JEP y ahora en conjunto con ambas y con asistencia del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación, en aras de alentar un tratamiento positivo en la relación de estos organismos y con miras a preservar el sentido propio de la implementación del acuerdo de paz y con él la implementación positiva del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La paz ya tiene logros históricos desde la Constitución Política de 1991, el pacto de paz referido suma de manera muy importante, decisiva y es digno reconocer en tal sentido los múltiples esfuerzos que se entretejen y los compromisos pendientes que habrán de surtirse positivamente. En tal perspectiva, tampoco ayuda la declaración del Fiscal General, que ante la actitud de cumplimiento que en general y forma clara han tenido al respecto los exintegrantes de las FARC EP[9], busca cuestionarlos y poner en duda en todo momento y ante cualquier circunstancia sobre su compromiso histórico, el cual incluso se registra en contraste con los incumplimientos e incoherencias de la parte estatal y gubernamental, cuanto afirma: “Para hacerla realidad (la paz) debemos empezar por reconocer que las partes no han cumplido con convicción sus compromisos…”[10].
Y también vale advertir al respecto, que precisamente la JEP en cumplimiento de su competencia, desarrolla el referido Caso 001 por graves violaciones contra los principales exdirigentes de esta guerrilla, de forma que les recuerda que los beneficios transicionales están condicionados a los compromisos con las víctimas, la verdad, la reparación y que requiere el seguimiento a su actuación integral y transparente con la implementación del acuerdo suscrito. De tal forma, al momento están conminados por la JEP para presentar en término perentorio los respectivos informes de su actuación en la vida civil a favor de la paz y el proceso de reintegración colectiva de la población excombatiente amnistiada a la vida civil.
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Álvaro Villarraga Sarmiento: Fundación Cultura Democrática
Foto obtenida de: Kienyke
[1] Declaración de la presidente de la JEP, Patricia Linares, Bogotá, DC, 4 de octubre de 2018.
[2] “Mis bienes y los de mi familia están todos declarados en Colombia”, entrevista de Yamid Amad a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General, El Tiempo, 7 de octubre de 2018, página 1.4.
[3] “Los consejos que el presidente Duque les dio a las cortes”, El Tiempo, 9 de octubre de 2018, página 1.3.
[4] “Cumbre de mujeres rechaza actuaciones de la Fiscalía con la JEP”, El Espectador, 6 de octubre de 2018, página 8.
[5] “Señor presidente”, Humberto de la Calle, El Espectador, 7 de octubre de 2018, página 42.
[6] “¿El proceso de paz está en manos del fiscal?”, Medófilo Medina, El Espectador, 6 de octubre de 2018, página 4.
[7] “Vamos a investigar en territorio, a pesar del presupuesto”, El Espectador, 9 de octubre de 2018, página 8.
[8] “Señor presidente”, Humberto de la Calle, El Espectador, 7 de octubre de 2018, página 42.
[9] Con excepción de un margen notoriamente minoritario de disidencias o descomposición delincuencial, que en buen grado se deben a tales incumplimientos y a la incertidumbre en materia de seguridad y garantías que lamentablemente se registra con responsabilidad estatal.
[10] “¿En manos de quién está el proceso de paz?”, Néstor Humberto Martínez, El Espectador, 11 de octubre de 2018, página 6.
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