Después de intensos debates la Comisión Primera del Senado logró aprobar en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2018. En él se aprobó la eliminación del Consejo Nacional Electoral y su remplazo por un Tribunal Electoral adscrito al Consejo de Estado. Así mismo, la paridad de género que comenzaría en las elecciones de 2019 con la participación mínima del 33 por ciento de mujeres en la conformación de las listas, de modo que en 2022 todas las circunscripciones y listas para los cuerpos colegiados de elección popular estén conformadas de manera paritaria e intercalada entre géneros. También contempla el texto aprobado la organización democrática de los partidos y movimientos políticos, la financiación primariamente oficial de las campañas políticas, la limitación de períodos a congresistas, concejales y diputados a solo tres períodos, y retomar las listas cerradas a partir de 2019. La selección de los candidatos a cargos públicos de elección directa se haría de conformidad con la ley y los estatutos de las respectivas organizaciones, y en el proceso de selección los precandidatos estar inscritos como militantes un año antes de la elección. No se podría recurrir al mecanismo de recolección de firmas para participar en una elección si habiendo pertenecido a un partido no se renuncia al mismo dos años antes de la etapa de inscripciones para la respectiva elección. Finalmente, “Solo podrán inscribir candidatos para cargos y corporaciones públicas los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento de los votos válidos de la respectiva circunscripción”.
En paralelo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el proyecto de reforma constitucional presentado por Cambio Radical que permitiría a los actuales alcaldes y gobernadores prorrogar su período hasta 2022, con la intención de unificar las elecciones nacionales, regionales y locales para coordinar de forma más eficiente los presupuestos y planes de desarrollo.
Lo aprobado en el Senado tiene como propósito aparente “propiciar el fortalecimiento del régimen de bancadas y los procesos de democratización interna” para asegurar una mayor coherencia con los principios doctrinales de la organización a la que se pertenece. ¿Pero qué decir cuando la ausencia de coherencia proviene de las directivas de los partidos como aconteció en el Partido Liberal en las últimas elecciones lo que ha llevado a su escisión? En realidad, el cierre de las vías para participar en las elecciones por fuera de los partidos existentes levanta una barrera que obstaculiza el ejercicio de la competencia y la democracia.
Más horripilante es la propuesta – abiertamente inconstitucional – de unificar períodos de alcaldes y gobernadores con el período del presidente de la República. No solamente contraviene lo que el constituyente primario estableció después de arduas discusiones en la Asamblea Constituyente de 1991, sino que también restringe el juego democrático. Quiso el constituyente entrecruzar los períodos de elección popular para asegurar un equilibrio institucional evitando la “ley de arrastre” que convierte a alcaldes y gobernadores en fórmulas políticas del presidente, así como favorecer el derecho a participar en el poder político así se tengan intereses políticos diferentes a los de las maquinarias políticas y del primer mandatario. Los electores, además, eligieron a alcaldes y gobernadores por un período de cuatro años y extender ese período sin su consulta es cambiar las reglas de juego quebrando la democracia.
Se argumenta la necesidad de recuperar un tiempo que pierden los mandatarios locales con la Ley de Garantías que impide la contratación directa durante tres meses antes de la elección de presidente y armonizar los planes territoriales con el plan nacional, pero la extensión de los mandatos de las autoridades actuales es lo que más afecta la legitimidad de las mismas. Tan absurda e inconveniente es la iniciativa de posponer las elecciones del año entrante y prolongar el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores que se ha creado un bloque parlamentario contra ella, compuesto por congresistas de Cambio Radical, La U, conservadores, liberales y uribistas que aducen que impide el surgimiento de nuevos liderazgos y el remplazo de viejas tradiciones políticas.
Lo que sucede en el Congreso es un indicio del fortalecimiento del presidencialismo que el constituyente quiso limitar para ampliar la democracia y potenciar la autonomía territorial. Empero, lo que más ha generado ampollas es la prolongación del mandato de las actuales autoridades regionales y locales por cuanto supone un cambio de reglas de juego, en otros términos, debilitar las instituciones generando más animadversión hacia una clase política que irrespeta lo acordado.
De hecho, lo aprobado en el Senado en materia de reforma política, así como la unificación de períodos, más que permitir un mejor funcionamiento de la competencia partidista y la identificación del plan nacional de desarrollo con los planes locales, cierra las puertas a las minorías políticas que aspiran llegar al poder. Vendrán más debates y puede suponerse que difícilmente se llegará a un consenso que permita llegar a la octava y última ronda a partir de lo que se ha planteado. Los ciudadanos han dejado de ser entes pasivos.
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Rubén Sánchez David
Foto obtenida de: Foco Económico
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