– Cárcel, sin detención domiciliaria, a corruptos y prohibirles volver a contratar
con el Estado.
– Contratación transparente obligatoria en todo el país.
– Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.
– Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
– Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
El primer mandato estaba referido a la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. 11.437.502 de colombianos votaron Sí en la consulta a esta propuesta, pero la inmensa mayoría de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara, dijeron que no podían participar en la votación “porque sería legislar en causa propia”. El uribista José Jaime Uscátegui, le dio largas a la presentación de ponencia para primer debate y justificó la demora, y el consecuente vencimiento del plazo, manifestando que esta reforma “tendría un fuerte impacto en las condiciones laborales de miles de funcionarios públicos” En realidad lo que se busca es que los actuales congresistas y altos funcionarios del Estado y quienes se posesionen en 2022 se les fije un tope de 25 salarios mínimos legales. Hasta ahí sus alcances.
Se argumenta que no es de competencia del Congreso esta modificación porque su sistema de remuneración está establecido por el Artículo 187 de la Constitución que le quito esta responsabilidad a los congresistas al determinar que la asignación mensual de los mismos “se reajustará cada año en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos de la administración central, según certificación que expida la Contraloría General de la República”. Así mismo, la remuneración del Congreso, determina automáticamente la de otros funcionarios públicos, como Magistrados de las altas cortes, Procurador y Contralor, entre otros cargos.
Esta fórmula de reajuste anual en su aplicación práctica desbordó todo cálculo, pues incrementos extraordinarios realizados en la rama judicial, en procura de nivelar escalas salariales, así como los aumentos significativos de las remuneraciones de los miembros de la Fuerzas Militares y de Policía, de los trabajadores de la salud, de los maestros y de otros funcionarios públicos de la administración central nacional, incidieron en el promedio ponderado de tal manera que un congresista que en 1991 ganaba 13 salarios mínimos en la actualidad gana 40. Esto, por supuesto, es un despropósito que afecta significativamente las finanzas públicas. Lo justo es que, una vez se haya establecido el tope de 25 salarios mínimos, el porcentaje de incremento anual sea igual al índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
La otra propuesta, punto 7 de la consulta, que ya fue hundida es la que buscaba limitar a tres los períodos en corporaciones públicas, Aunque en la reforma política que avanza en el Senado se retomaba el tema, nada asegura que dicho punto sea aprobado por el Congreso, pues no se constata que haya voluntad política en tal sentido. Entonces, es de esperar que los congresistas no ignoren que la elevada votación alcanzada constituye un real mandato ciudadano que deben acatar y, en consecuencia, sea la voluntad incuestionable del “constituyente primario” la que se imponga.
El presidente apoyó la consulta anticorrupción, no obstante el rechazo que en la víspera hiciera el Senador Álvaro Uribe, por considerar que la misma se estaba instrumentalizando en su contra: “El dr. Petro me acusa de delitos de lesa humanidad, clama para que me lleven a la cárcel y para eso hace gastar 300.000 millones”. Esta posición falaz, fue respaldada por su partido el Centro Democrático que, desde el mismo momento de constatado el alto número de firmas (más de 4 millones) que exigían la convocatoria de la consulta, se comprometieron a participar. Incluso, incidieron en los cambios de fechas para su realización, causa principal de que el cálculo inicial de 25.000 millones se elevara a 300.000 millones. Nada más inconsecuente.
El Presidente, aunque no se logró el umbral, ante la contundencia del extraordinario caudal de votos afirmativos de la consulta, convoca a un gran acuerdo entre los partidos, incluida la oposición, alrededor de proyectos que asumen algunos puntos de la consulta, comprometiéndose a acompañarlos con mensaje de urgencia para su trámite expedito por el Congreso. Sin embargo, este compromiso no se cumple y el trámite de los proyectos queda al garete. De nada sirvió la reunión en la Casa de Nariño y la instalación de una Mesa Técnica.
El Gobierno dice que mantiene su compromiso, pero las declaraciones de la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez son evasivas. Y qué decir de la actitud evasiva del Presidente cuando en la propia reunión de Palacio se le pidió derogar la designación del homofóbico y fanático religioso Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Lo de Ordóñez es vergonzoso porque se trata de un exprocurador incurso en actos de corrupción, que se hizo reelegir repartiendo puestos y prebendas entre magistrados y congresistas. Así, el discurso del Presidente a favor de la consulta anticorrupción se queda en meras palabras. Actúa en coherencia con el espíritu de secta del CD.
Así mismo, este alinderamiento ideológico de secta que se manifestó en el respaldo incondicional al Ministro Carrasquilla por parte de toda la bancada del CD y sus más cercanos aliados, no obstante la contundencia de las evidencias presentadas durante el debate en el Congreso y un exhaustivo registro periodístico, que no fueron satisfactoriamente desvirtuadas, llevó al Presidente a mantener en el cargo su Ministro incurso en actos de corrupción para que prosiga la preparación a fuego alto de la reforma tributaria que ahora copa la agenda legislativa y que tanta desazón ha provocado en la mayoría del pueblo colombiano.
Buena razón tiene la columnista Cristina de la Torre, cuando dice: “Después de tanto vaivén, de tanta calculada ambigüedad, se despoja el presidente de la piel de oveja para desnudar su más puro pedigrí reaccionario: el proyecto de reforma tributaria. Asalto a la mesa de los pobres y a la flaca bolsa de la clase media, llenará con ello el hueco de nuevas exenciones a los multimillonarios. Como si les faltaran. Otros $12 billones cercenados sin anestesia a las rentas del trabajo, en favor de las rentas del capital. Si apuntara al 1 % de las familias que acaparan el 21,6 % del ingreso nacional y pagan impuestos irrisorios, o ninguno; si fuera esta reforma progresiva —como en cualquier democracia— recaudaría en el acto decenas de billones y más aún en el mediano plazo. Cifras que Álvaro Uribe tapa mientras dice oponerse al IVA del pupilo, como abrebocas de campaña electoral. Fue el propio expresidente el primero en intentar la introducción del IVA en 2003; y en 2006 concedió gabelas de escándalo a grandes firmas nacionales y extranjeras. A zonas francas y mediante contratos de estabilidad fiscal, que Duque retoma. (El Espectador, 13 de Noviembre de 2018)
Así las cosas, los congresistas seguirán percibiendo sus elevados salarios y no habrá ley que los obligue a rebajarlos. Quedará en veremos la cárcel sin detención domiciliaria para los corruptos y la prohibición de volver a contratar con el Estado, y los propios congresistas prolongarán en el tiempo la adopción de pliegos tipo en la contratación pública. Así, las cosas seguirán igual.
Más aún, en el Presupuesto Nacional recién aprobado, se establece una quinta parte del Presupuesto de la inversión regional para ser definido en su asignación por los senadores y representantes, que, sin duda alguna, constituye una institucionalización de la “mermelada”. A propósito del Presupuesto Nacional se dice que fue calculado teniendo como base, entre otros factores, el precio de 55 dólares el barril de petróleo, cuando se calcula que para 2019 puede estar en 80 o más dólares, que significarían ingresos adicionales entre 16 a 20 billones. Esto superaría los 14 billones del faltante del actual gobierno para cumplir sus metas.
El contralor Edgardo Maya cuantificó la “mermelada” (nombre que se le da a los recursos para obras regionales que se han repartido entre los congresistas para asegurar su sumisión). La investigación cubre el periodo entre 2004 y 2018. Solo tiene en cuenta 6 años de los gobiernos de Álvaro Uribe y los 8 de Juan Manuel Santos. El total asciende a 57 billones de pesos distribuidos así: Álvaro Uribe Vélez, 19 billones; Juan Manuel Santos, 37 billones.
“El dato más interesante es que Juan Manuel Santos creó esas partidas, con el nombre de “cupos indicativos”, cuando era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. El objeto era que los congresistas pudieran llevar obras a sus regiones sin la corrupción que tenían los antiguos auxilios parlamentarios. El entonces senador Álvaro Uribe los demandó por inconstitucionales con el argumento de que esos auxilios habían sido prohibidos y que Santos los estaban resucitando con otro nombre. La Corte Constitucional falló en contra de Uribe, quien después de perder esa batalla, al igual que Santos, los utilizó para manejar su gobernabilidad. Hoy los tales cupos indicativos se desviaron de su intención original y son causa de tanta corrupción como en su momento los auxilios parlamentarios”. (Revista SEMANA, Confidenciales)
La constituyente del Senador Macias
Según el senador Macias: “tramitar vía Congreso verdaderas reformas es imposible” y suelta la propuesta de convocar una constituyente que, en la coyuntura actual, suena a disparate, a risible locura, pero no; tiene el sello del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe.
En realidad el CD, que durante la campaña electoral y teniendo como referente la derrota del “Sí a la Paz” aquel nefasto 2 de octubre, mantiene su obsesión de hacer trizas los acuerdos de paz. Pero las cosas como están no les favorece en el corto, mediano ni largo plazo: la oposición está representada en más de 8 millones de votos con miras a fortalecerse en las elecciones del próximo año; la protesta social se manifiesta en las calles de manera pacífica pero multitudinaria; la comunidad internacional no pierde de vista y exige el cumplimiento de los acuerdos; la verdad y la justicia ganan protagonismo en el plano nacional. Su angustia es tal que los lleva a jugar a la “oposición” a su propio gobierno y a plantear salidas desesperadas como la insulsa constituyente de Macías.
Del propio seno del CD surge la voz del proponerte de “hacer trizas los acuerdos de paz”, Fernando Londoño, que le propone al Presidente: “(….) Cierre ese engendro de la Corte Constitucional, epicentro de Golpes de Estado, de normas espurias que corrompieron la Nación, como la del libre desarrollo de la personalidad y muchas otras semejantes o peores (…..)¿Para qué diablos sirve la Defensoría del Pueblo? ¿No ha visto que sus funciones duplican las de la Procuraduría General de la Nación …” (…..) Prohíba consultas, referendos, cabildos abiertos y cerrados. No siga hablando y gastando plata en el embeleco sin orillas del posconflicto. Y no le aumente 14 magistrados a la JEP. Quítele 28, que da lo mismo suprimirlos que mantenerlos. (…..)”
Para concluir, cabe preguntarse si Calígula cometió un disparate al nombrar cónsul a su caballo Incitatus, o lo hizo con la clara intención de que desde el mismo momento de su posesión repartiera coces a diestra y siniestra para formar el mierdero que le brindaría posibilidades de ganar tiempo para salir de la situación apremiante que lo agobiaba.
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Jorge Luis Villada López
Foto obtenida de: Violeta Stereo
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