Tomemos notas: esto empieza
El acuerdo que se firmó el 14 de diciembre de 2018 entre el gobierno colombiano y la articulación de organizaciones estudiantiles y de maestros que impulsan una movilización por la educación superior se puede catalogar como un hecho político trascendental, fundamentalmente por dinero y fiscal, sí, pero de base como un acontecimiento ciertamente político. Éste dice tanto hacia afuera, al mundo político y a la ciudadanía colombiana, como hacia dentro del mismo sector educativo. De esto hay que tomar notas: esto apenas empieza.
Quizá, dicen algunos, no sea para hacer fiesta porque todavía las sumas no dan los números satisfactorios, pero de todas maneras hay razones para creer que es un sí se puede. Es un hecho político con incidencia en las formas de hacer política, en la mirada de la situación del servicio educativo y en las puntadas que se dan para comprender el derecho a la educación:
Notas respecto de la forma de hacer política: En el proceso, por parte de organizaciones estudiantiles, de docentes y de instituciones de diverso espectro, se han evidenciado generosidad; estudio y argumentos; trabajo en equipo; coherencia; manejo de redes informáticas y de medios de comunicación; y de base, una movilización social genuina, nacional y constante.
Es (porque se espera que continúe), un hecho político con rostros nuevos y frescos, por supuesto con el respaldo de docentes y expertos: es de una nueva generación que sabe estudiar, sustentar, comunicar y coordinar; que no se amilana ni apoltrona; que escucha y aprende a trabajar en equipo con los suyos, con maestros, técnicos, agremiaciones y tendencias proselitistas e ideológicas. También es un logro de dirigentes de éstos porque están siendo generosos y no se les ha visto disputarle a aquellos el protagonismo, como ha sido lo común en organizaciones sectoriales y partidistas. Es un avance, a mitad de cuentas porque falta camino, de la generosidad, la audacia y la sindéresis, y un retroceso de egos, de radicalismos y de mesianismos.
Los números son muy importantes (este dinero en tanto tiempo, que alcanza para esto), lo mismo que ciertas reformas ofrecidas (ley 30, ICETEX, regalías), pero lo es más la dinámica conseguida, la que tiene como desafío el consolidarse y crecer hasta llegar a definir las políticas públicas estructurales, porque cuando no se tiene el gobierno es mucho lo que vale el poder, en este caso el de la movilización social, así expresado sin ambages: el poder de la Movilización social.
Se ha dicho que el dinero reclamado en la movilización existe, y eso se está comprobando porque se hará aparecer sin quebrar al Estado; que lo que faltaba era la voluntad del gobierno, se dijo. Sobre esto hay que señalar que el gobierno sí tiene una voluntad, y es la de seguir encaminando todo hacia la privatización, pero que con la presión social, ésta actitud se pudo romper en ciertos enunciados hasta ahora. También podría decirse que el mismo gobierno, que hablaba ayer de “realidad fiscal” para decir No a todo, hoy debió adecuar su discurso a lo que llamó un “acuerdo responsable”. Es probable que internamente se hayan convencido de la necesidad de “ceder”, tanto para detener el creciente desprestigio en encuestas de percepción ciudadana, como por haber encontrado, con los argumentos de la otra parte, algunas fuentes de recursos que regularmente se destinan en propósitos menos sociales y más clientelistas (regalías, excedentes y recursos no invertidos, becas, impuesto a cooperativas, entre otros). Sirvió para medir fuerzas y debilidades políticas, las del gobierno y su partido; como también para afinar miradas a los recursos y sus flujos.
El hecho político resulta histórico al poner en evidencia la perspectiva con la que el establecimiento ha determinado financiar al sector educativo, que no ha pasado de apenas mantener, con una pobre sobrevivencia, lo ya instalado. Puso en evidencia la precaria comprensión sobre la necesidad de la educación en las regiones y para todas las personas como el derecho fundamental que es. Pruebas de ello están en que ya van varias décadas en las que no se crea una nueva universidad estatal mientras día a día, y en todas las regiones, brotan universidades e instituciones privadas de capacidades muy limitadas, todo eso al tenor de las leyes del mercado. Ni siquiera eso quieren leer con atención quienes administran al Estado, los que sí han conseguido que cada vez sea menor la inversión per cápita por cada estudiante, esto en detrimento de la calidad de programas, en aumento del hacinamiento y en precariedad en edificios, suministros y equipos.
Notas respecto del sector educativo en general: fue un acierto mantener el paro nacional del estudiantado universitario, con apoyo parcial de docentes, luego del acuerdo bilateral entre el gobierno y los rectores de las universidades públicas del 26 de octubre del presente año. Aunque en ese acuerdo inicial ya se había conseguido el compromiso por recursos para deudas y sostenimiento, el hecho de exponer con cifras y propuestas unas exigencias con mayor alcance, al fin logró un escalón muy superior al conquistar significativamente más que lo que obtuvieron los primeros.
En gracia de discusión, valdría decir que los rectores consiguieron una base importante sobre la cual se apalancó lo acordado finalmente: aquí, entonces, siendo magnánimos, tuvo algo de bueno la división de fuerzas. Se reconoce que los rectores fueron respetuosos de la movilización, y eso resultó muy beneficioso pues no pusieron a estudiantes y docentes en la picota pública por no regresar a clases y finalizar el semestre calladitos.
Ahora, cuando se habla de haber obtenido compromisos políticos y administrativos para disponer $5,8 billones de pesos en los próximos 4 años, lo cual es de por sí histórico dados los antecedentes, este hecho queda como una motivación para llegar a los $18 billones que se exigían al empezar los paros; queda abierto el partidor a las nuevas candidaturas a la Presidencia. Y ese cálculo no se quedará en los 12 billones restantes: con esta movilización es necesario asumir que el derecho a la educación es de las nuevas generaciones, y que no basta con asegurar los recursos para quienes regularmente han podido acceder a las universidades e instituciones tecnológicas y técnicas, pagando en la mayoría de los casos en establecimientos de no suficiente calidad.
Queda el reto de hacer las proyecciones para que todos los jóvenes ingresen y culminen su bachillerato y accedan a la educación superior; es necesario un giro en la comprensión del derecho a la educación, y por ende, giros de dinero más grandes para atenderlos a todos, esto recordando que actualmente estudia menos de la mitad de quienes deberían cursar sus estudios superiores, y que la mitad de quienes ingresan, desertan antes de graduarse por diferentes causas, las principales de ellas, la falta de recursos y de condiciones y de ofertas para estudiar en sus regiones.
A propósito de retos, el inmediato, como ya lo han anunciado dirigentes estudiantiles, es mantener la veeduría y la movilización social permanente en torno del cumplimiento de los acuerdos por cada una de las partes (gobierno, legisladores, instituciones de educación superior, docentes y estudiantes), pero, y aquí un giro en los acontecimientos: aprovechar la movilización para completar de agendar en el imaginario de la ciudadanía y en los planes de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad la noción integral de derecho a la educación.
Para esto es recomendable que, además de las agrupaciones y dirigentes estudiantiles y de docentes que actualmente desempeñan un papel protagónico, también se preparen, organicen y expresen como interlocutores legítimos y con poder de movilización, ante el Estado y la sociedad, la gran variedad de sindicatos, asociaciones, foros, academias, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y otras formas que toman los actores cotidianos de la educación, la ciencia y la tecnología.
Este hecho político es un precedente vital para que el sector educativo se articule como se ha venido esperando desde hace décadas en la aspiración de constituir un sistema nacional de educación, que es mucho más que la coordinación meramente operativa y legal entre los aparatos de escolaridad en sus diferentes niveles de educación inicial, preescolar, básica, media, educación para el trabajo y desarrollo humano y educación superior. Es una oportunidad especial para, apoyando a la educación superior, pasar a involucrar a todo el país político y al educativo en el gran propósito de instalar, por fin, después casi tres décadas de la constitución del 91, la noción del derecho a la educación. Como instrumentos para mantener esa tarea, estarían la actual movilización cada vez más amplia, lo mismo que las figuras de planes decenales y los foros educativos que ordena la ley 115 de 1994, y que todos los años deben realizar el Ministerio y las secretarías de educación territoriales. Es un llamado a “tomarse” propositivamente esos escenarios, esto con argumentos, propuestas audaces y cifras concretas, porque sí se puede.
Notas respecto de las universidades estatales: si bien las beneficiadas directamente con el acuerdo son las universidades estatales en su financiamiento y proyección, con recursos nuevos y recuperando para ellas dinero valioso que estaba ya destinado para las universidades privadas poderosas, también serán ellas las que deben ser observadas con mucha atención.
De poco servirá si las esperadas nuevas inyecciones de recursos en los siguientes 4 años, se van por los huecos de la corrupción, politiquería y clientelismo que efectivamente existen en muchas de ellas. Para nadie es un secreto que los poderes políticos de los gobiernos regionales tienen su representación en las direcciones de las universidades, y que no hay que hacerse muchas ilusiones porque cambien sus costumbres, sea con o sin nueva financiación.
Con esto, la movilización social que logró algo importante como interlocutora del Gobierno Nacional, tiene el desafío de convertirse en interlocución y veeduría también dentro de las universidades: de ellas lo mínimo que se espera es su reposicionamiento con limpieza, audacia, conocimientos, pertinencia y contribución con las nuevas generaciones y con las regiones y el país. Se espera que haya dureza ante probables incumplimientos del gobierno, pero también que la haya ante probables desvíos dentro de las propias universidades.
Así, el mejor fin para este capítulo es el que no termina aquí. Que el fin de esta movilización sea mantenerla; un primer paso obliga los siguientes.
Fernando A. Rincón Trujillo, Consultor en políticas públicas.( [email protected])
Foto tomada de: El País
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