Con la decisión de desconocer los canales diplomáticos corrientes, el presidente Duque ha armado un tremendo lío internacional cuyo desenlace acarrea costos incalculables para las relaciones internacionales del país y la política doméstica, con un balance difícil de establecer en las condiciones actuales.
Ciertamente, la solicitud del gobierno colombiano a Cuba pone a este país en una situación complicada por cuanto su rechazo a entregar a miembros del ELN que tienen circulares rojas de Interpol puede hacer aparecer a este país como patrocinador del terrorismo. Sin embargo, al respetar el protocolo, Cuba tendrá más apoyo internacional que Colombia al desconocerlo, tal como quedó evidenciado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reunido el 23 de enero el cual, si bien repudió el acto terrorista cometido por el ELN, pidió al Gobierno colombiano no abandonar el intento de llevar a cabo un proceso de paz con esta organización, lo que significa que también pidió respetar el protocolo en cuestión pues lo primero no va sin lo segundo. Colombia, por el contrario, corre el riesgo de no volver a encontrar el apoyo de la comunidad internacional cuando requiera la ayuda de garantes o facilitadores para reanudar el diálogo y emprender una negociación que tarde o temprano tendrá que darse.
La actitud del gobierno colombiano parece descabellada e irreflexiva. Tal vez lo sea, pero si se la relaciona con su política de acercamiento, cuando no de acatamiento a la política del presidente Trump hacia Cuba y Venezuela, adquiere cierto sentido, al menos en términos hipotéticos. Forzar a Cuba a entregar a Colombia los negociadores del ELN so pena de no ser considerada su protectora, es impedir que encuentren en Venezuela el refugio que les ha sido habitual y neutralizarlos de alguna manera. De otro lado, el asociar la lucha contra el terrorismo a la defensa de la democracia en una Venezuela gobernada por un dictador insensible al dolor que causa a su pueblo, sitúa a Colombia del lado de los “buenos” y le permite gozar de la benevolencia de países que abogan por la caída del régimen de Maduro.
En el plano interno, el anuncio de construir una política pública contra el terrorismo puede ser una oportunidad para construir unos consensos mínimos para enfrentar los desafíos que se presentan al país y mejorar la imagen del presidente y las instituciones que hasta el momento no logran concitar el apoyo masivo de una ciudadanía agobiada por los escándalos de corrupción e impunidad que no cesan y siembran la desconfianza en el colectivo. Sin embargo, el anhelado apoyo de la población, necesario para mejorar la gobernabilidad de un gobierno huérfano de seguidores convencidos, atento ya a las elecciones regionales que se celebrarán en octubre, se diluye en un contexto polarizado y agitado por las pasiones. Unas pasiones que la animadversión del expresidente Uribe hacia su sucesor no deja de atizar en vez de apelar a la razón. Las críticas a las negociaciones que adelantó Juan Manuel Santos con las FARC son frecuentes y se han convertido en un leit motiv de quienes no se resignan a lo pactado con la que fuera la guerrilla más antigua de América. Baste con recordar lo que escribió el senador Uribe en su cuenta de Twitter sin que pasaran tres horas del atentado en la Escuela de Policía: “¡Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo!”.
La irresponsabilidad y la torpeza política del ELN lograron que el Gobierno encontrara en la lucha contra el terrorismo un recurso para regresar a la Seguridad Democrática y retrasar una salida política a las violencias que afectan al pueblo colombiano.
Hacer trizas el tratado de paz con las FARC no es posible porque la comunidad internacional no le quita los ojos, pero entorpecerlo y desfigurarlo si lo es. El incumplimiento del gobierno en aspectos esenciales de lo pactado es patente y las señales que envía permanentemente generan incertidumbre.
El asesinato de líderes sociales que abogan por sus comunidades y las amenazas que se ejercen sobre aquellos que luchan por la autonomía en sus territorios, sin que se adelante una política efectiva para impedirlas, el nombramiento del general (r) Leonardo Barrero como director del plan de protección a líderes sociales, a pesar de las acusaciones que sobre él pesan por intentar obstruir investigaciones sobre “falsos positivos”, la lentitud de la política de restitución de tierras, así como la devolución del manejo de los parafiscales a Fedegán, hacen pensar que la prometida reconciliación está muy lejana con este gobierno que ha preferido endurecer el tono a buscar vías de entendimiento entre los colombianos.
No cabe duda de que la priorización de la seguridad como lema de gobierno y tema electoral se convertirá en uno de los principales asuntos del debate político en los próximos meses y en un problema prioritario que dividirá más que unirá a los colombianos.
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: OnCuba
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