Sobre las evaluaciones del proceso de implementación del Acuerdo Final II, se lee lo siguiente: “Aunque durante el período legislativo anterior, que incluyó sesiones extraordinarias hasta el 3 de julio, se presentaron las iniciativas, este concluyó sin que se aprobaran las leyes faltantes necesarias para la implementación. Son ellas las leyes para la creación del Sistema de Catastro Multipropósito, de Adecuación de Tierras, de reforma la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 152 de 1994) y de creación de la Jurisdicción Agraria. Termina entonces la legislatura, sin la aprobación de leyes que responden a necesidades claramente identificadas no solamente para el cumplimiento del Tercer informe trimestral de verificación de la implementación, sino también para el mejor desarrollo del sector rural colombiano. La falta de aprobación de estas leyes ha retrasado el avance de la Reforma Rural Integral –RRI-, comprometiendo su integralidad y generado incertidumbre sobre su desarrollo. En cuanto a la implementación de las políticas, se ha avanzado en la conformación del Fondo de Tierras o en la definición de los mecanismos de formalización, pero no se reportan aún acciones específicas de asignación de predios, ni de formalización bajo los parámetros de la normatividad establecida en cumplimiento del Acuerdo. Cabe resaltar, un avance en materia de la constitución de Zonas de Reserva Campesina, pues se aprobó la zona de Montes de María II, siendo la primera zona que se aprueba desde 2001”[4].
Entre tanto, la Comisión de la ONU que acompaña el proceso de implementación de lo firmado entre el Estado y la cúpula de las Farc, dan cuenta de lentos avances y de preocupaciones de los voceros del organismo multilateral. En uno de sus informes se lee: “El Secretario General destacó algunos avances en las medidas previstas en el Acuerdo de Paz dirigidas a encarar la violencia en las zonas de conflicto, tales como la creación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades, las organizaciones, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, y las medidas adoptadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El Secretario General señaló que estas medidas se encuentran en distintas etapas de implementación y enfatizó la importancia de fortalecerlas. Sobre el tema de la reincorporación, el Secretario General reiteró la importancia de acelerar el progreso en la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los y las excombatientes. El Secretario General toma nota del decreto promulgado el 4 de mayo que da acceso a la propiedad de tierras a excombatientes organizados en cooperativas y del hecho de que el Consejo Nacional de Reincorporación ha iniciado el proceso de adquisición de tierras para seis proyectos productivos. Si bien la vía hacia la adquisición de tierras por parte de excombatientes ya se ha definido, el reto es concretar el acceso a la tierra para los y las excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y otros asentamientos. El Secretario General también subraya la importancia de vincular estrechamente las actividades de reincorporación con el desarrollo local. Asimismo, el Secretario General resalta que la tarea ahora es la de “consolidar la paz” ya que continúa la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas, políticas y de seguridad para quienes han dejado las armas. El Secretario General resalta que es crítico devolverles la confianza en el futuro a todos los y las excombatientes que esperan que las instituciones cumplan con sus compromisos según el Acuerdo y que les proporcionen oportunidades socioeconómicas”[5].
Pero más allá de los informes reseñados y de otros no citados aquí, pero que circulan en la red internet, vale la pena señalar las circunstancias, los factores o las condiciones que no solo contribuyen a que se dé y se mantenga un lento e inestable proceso de implementación del Acuerdo Final (II), sino a que la consolidación de una paz estable y duradera no encuentre aún el anclaje social, cultural y político que se requiere para que sea, en el mediano y largo plazo, una realidad sistémica y una genuina aspiración para quienes comparten este mismo orden cultural.
Un primer elemento o factor contextual tiene que ver con la cultura de Estado[6]. Al no existir un consenso social y político alrededor de lo que es y debe ser el Estado, tanto ciudadanos como funcionarios de carrera y los que llegaron por decisión del Presidente Duque, han sido inferiores a la responsabilidad que debieron asumir desde el preciso momento en el que se dio la firma del Tratado de Paz. Es tal la fuerza de la tradición y de la inercia institucional, a lo que se suman las lecturas ideologizadas, que resulta prácticamente imposible que ministros, directores, funcionarios y ciudadanos en general se asuman, los primeros, como agentes de Estado y los segundos, como ciudadanos capaces de discernir alrededor de cuándo se trata de asuntos de gobierno y cuándo de compromisos de Estado.
Un segundo factor contextual o elemento alude a la no existencia de una política de paz de Estado. Por el contrario, diversos gobiernos enfrentaron procesos de diálogos de paz con las guerrillas con acciones y decisiones conducentes a lograr desmovilizarlas, sin que esa aspiración estuviera enmarcada en una política de Paz de Estado. A pesar de la continuidad de planes o programas de reinserción, era claro que jamás hubo una política de paz sostenida. Por esa línea argumental, se puede colegir que la búsqueda de la paz obedece a una(s) política (s) de gobierno(s), mientras que la guerra se ha asumido como una política de Estado.
Un tercer elemento o factor contextual guarda relación con un error que se cometió y que está asociado al discurso de la paz: no supimos darle el lugar simbólico a aquello de buscar la reconciliación entre los colombianos. Y fue así, porque al dejar la petición de perdón casi exclusivamente en las Farc, el grueso de la sociedad y cada uno de los colombianos no se sintió ni convocado, ni involucrado y mucho menos co-responsable de lo que había sucedido en más de 50 años de conflicto armado interno[7]. Es el caso de los crímenes y delitos perpetrados por los paramilitares en connubio con miembros de la fuerza pública y con líderes del Establecimiento: el silencio es sepulcral en esta materia. Por ese camino, los crímenes y los errores políticos cometidos por guerrilla de las Farc se asumieron como imperdonables para una sociedad que jamás comprendió las circunstancias históricas y contextuales que hicieron posible el levantamiento armado en los años 60. A lo que se suma la otoñal incapacidad de millones de colombianos de reconocer y señalar responsabilidades sociales, culturales, políticas y económicas en las élites del Establecimiento y por esa vía, asumirse como ciudadanos críticos de un Estado de Cosas Inconstitucional que nos acompaña desde los inicios de la República.
Un cuarto factor contextual y original tiene que ver con el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Y no tanto por el resultado, sino por el sentido del mismo, que permitió no solo reconocernos como una sociedad aún no preparada para la resolución de los conflictos de manera pacífica, sino para construir escenarios de paz, sobre la base de haber comprendido la naturaleza sistémica y compleja del conflicto armado interno. Hasta el momento, prima más el odio hacia los ex guerrilleros y a todo lo que “hieda” a izquierda, que la necesidad de reconciliarnos sobre la base de que cada uno de nosotros asuma responsabilidades por los silencios que guardamos ante la barbarie que se extendió por más de 50 años y que afectó la vida de comunidades campesinas, afros e indígenas. Vale la pena recordar a Zuleta, quien decía “…que una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”[8].
Un quinto elemento o circunstancia contextual guarda estrecha relación con la operación de los medios masivos[9] y el consecuente ejercicio del periodismo. El cubrimiento ideologizado que del proceso de paz adelantado en La Habana entre el Gobierno de Santos, en nombre del Estado, y las Farc, hicieron noticieros como RCN[10] y Caracol, al que se suman varios espacios radiales y las posturas editoriales ambivalentes de medios escritos como El Tiempo y El País, terminaron por alimentar no solo la ignorancia que de la historia política tienen millones de colombianos, sino la animadversión hacia todo lo que oliera a paz, izquierda, diálogos, consensos y reconciliación.
Y una sexta y última circunstancia alude a las responsabilidades no asumidas por intelectuales[11], universidades privadas y públicas y agentes de la sociedad civil con talantes democráticos y pacifistas. Los anteriores agentes de poder no fueron capaces de unirse y constituir un bloque ciudadano, civil e institucional con miras a defender no solo lo acordado en Cuba y firmado en el teatro Colón, sino para exigirle al gobierno de Duque respetar la palabra empeñada y el carácter estatal con el que deviene el Acuerdo Final (II). Por el contrario, el silencio y la incapacidad para unirse en torno a un concepto de Paz ampliado y fruto de un fuerte cuestionamiento a nuestra historia y orden cultural, son el espejo de una sociedad escindida y empobrecida culturalmente.
Así las cosas, la inercia institucional, social, económica y política, pero sobre todo, el orden simbólico, terminarán coadyuvando a los esfuerzos que hoy hace el actual Gobierno para incumplir con lo acordado con las Farc. Y para aquellos que buscan y hacen siempre una lectura optimista, les digo lo siguiente: la actual administración cumplirá con aquellos que no comprometa los intereses de una élite que claramente es co-responsable de lo sucedido durante 50 años de guerra interna. Esa misma élite será responsable de lo que se vendrá para el país ahora que sus miembros, junto al gobierno de Duque, hacen ingentes esfuerzos para negar la existencia del conflicto armado[12] con el ELN y por esa vía, retornar a la tesis negacionista que impuso Uribe Vélez en su Política de Defensa y Seguridad Democrática. Al final, veremos una paz a la colombiana, esto es, frágil y de acuerdo con el talante ético y moral de nuestro orden cultural.
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[1] Véase: https://www.alainet.org/es/articulo/195757
[2] Ejemplos: Claudia Ortiz, en la Agencia de Desarrollo Rural; y recientemente, la llegada de Darío Acevedo Carmona a la dirección del CNMH. A la primera, se le cuestiona su idoneidad; y al segundo, se le critica que defiende la tesis negacionista del conflicto armado interno.
[3] Véase: https://www.alainet.org/es/articulo/196730
[4] Véase: https://www.cinep.org.co/images/csivi/Tercer-Informe-Trimestral-Secretara-Tcnica.pdf
[5] Véase: https://colombia.unmissions.org/comunicado-tercer-informe-del-secretario-general-al-consejo-de-seguridad-sobre-la-misi%C3%B3n-de
[6] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/01/cultura-de-estado-y-paz.html
[7] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/03/el-conflicto-armado-interno-marginal.html
[8] Zuleta, E. (1998). Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos. Cali. Fundación Estanislao Zuleta. p. 33.
[9] Véase: http://elpueblo.com.co/el-papel-de-la-prensa-en-los-dialogos-de-paz/
[10] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0523/articulo08.html
[11] Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0522/articulo02.html
[12] Véase: https://laotratribuna1.blogspot.com/2015/02/disquisiciones-sobre-los-origenes-del.html
Foto tomada de: Biblioteca Luis Ángel Arango
Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
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