En tal contexto, a la posesión del presidente Maduro en enero pasado para un nuevo mandato, la oposición liderada por el simbólico “presidente interino”, Juan Guaidó, asume un plan concertado con el gobierno de EEUU y apoyo de sus nuevos gobiernos aliados -Colombia principalmente pero también Brasil-, que tuvo como punta de lanza el intento de penetrar caravanas desde el exterior, como hecho de fuerza contra el gobierno, so pretexto de llevar “ayuda humanitaria” a la población. El 23 de febrero fracasó esta acción, que buscó sin éxito desencadenar una deserción masiva del personal militar y policial y desencadenar con ello una dinámica hacia derrocar el gobierno. Sin embargo, sigue alta la tensión entre los dos bandos políticos enfrentados, que cuentan con importante movilización ciudadana en su respaldo.
Buscar una solución política democrática gobierno-oposición, con apoyo en actores diversos de la comunidad internacional, exige derrotar definitivamente el plan intervencionista de EEUU, apoyado por algunos aliados internacionales e internos en Venezuela. Es claro que EEUU va tras el control de los recursos petroleros y del poder político de Venezuela. Tal solución podría dar lugar a consensuar medidas de distinto orden para solucionar la grave crisis existente y permitir un nuevo proceso político entre el chavismo y las distintas vertientes opositoras. Por el contrario, pretender soluciones de fuerza llevaría a la violencia generalizada y a una posible guerra civil con desastrosos efectos. El gobierno colombiano de Iván Duque participa del plan intervencionista, propició la ruptura de relaciones con Venezuela y alienta la posición radical de escalar el conflicto, lo cual coloca en riesgo no solo la paz y la posibilidad de recuperar la convivencia y el bienestar en la hermana república venezolana, sino que obra en contra de la paz interna.
El contexto internacional: pulso entre potencias y pretensión de avance de la derecha
Venezuela y su crisis no escapan al influjo de los recientes cambios en el contexto mundial y regional. EEUU pugna con dificultades ante el inevitable avance de China como primera potencia económica que lo desplaza, Rusia busca consolidar su propio poder desafiando el cerco militar que le impuso la OTAN, la UE busca desmarcarse de la posición agresiva en lo político, lo económico y lo militar de EEUU que pone en riesgo el propio desarrollo del derecho internacional reciente. EEUU a la vez, empantanado en las guerras de intervención que ha propiciado en el medio oriente, sin poderlas resolver a su favor, rompió el acuerdo con Irán, fracasa en intentar otro con Corea del Norte y sabotea las acciones frente al cambio climático y la defensa de los derechos humanos.
Entonces, el presidente Trump con notorias dificultades externas e internas y alentado por el ascenso de gobiernos de derecha en la región, en particular con los de Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil, ve la oportunidad de intervenir con apoyo de la derecha venezolana, de forma que adopta un plan para de intervención en Venezuela que implica derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De lograrlo conseguiría un aliciente a sus serias dificultades que pronto lo podrían llevar a su destitución, pues tras haber sido elegido con irregularidades en su campaña y al masivo rechazo político y social por sus posiciones de derecha extrema y discriminadoras, se agregan el rechazo del Congreso a financiar el muro contra México, la perdida de la mayoría en la Cámara y la serie de denuncias, demandas y debates en su contra por sobornos, corrupción, escándalos sexuales y falsos testimonios.
“Trump está en una situación política difícil internamente porque apostó duro contra los demócratas con el cierre del gobierno, perdió y cayó diez puntos en las encuestas. Necesita un éxito pronto y, si además este le genera apoyo entre el electorado latino, decisivo en estados neurálgicos como Florida para lograr reelegirse, mucho mejor”[1].
Se ha cuestionado por qué el gobierno Trump que mantiene alianza y relaciones estrechas con gobiernos incluso dictatoriales -como el de Salmán bin Abdurlaizis en Arabia Saudita- o que busca acuerdos de entendimiento ahora con los gobiernos proclamados como comunistas -Corea del Norte y China-, se empeña en una confrontación total con el gobierno de Venezuela. Entre otras posibles respuestas, dos son referidas por su importancia: La del control de su “patio trasero” que lo lleva a atacar proyectos socialistas en la región, de forma que frenó la política de entendimiento de Obama Cuba y confronta a Venezuela y a Nicaragua. Y la del interés por el petróleo, razón confesada abiertamente estos días por su asesor de seguridad John Bolton en entrevista con Fox: “Sería una gran diferencia económica para Estados Unidos si conseguimos que compañías petroleras norteamericanas participen en la inversión y producción de petróleo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Estados Unidos. Hay mucho en juego”[2].
El interés en Venezuela no es gratuito pues se trata del país con mayores reservas de petróleo en el mundo y con un gran potencial en otros minerales. Se discute el contraste, por ejemplo, con Haití donde existe también una grave crisis política y social ante el movimiento que denuncia corrupción y señala de desvío de recursos oficiales al presidente Jovenel Moisel, que desbordó en asonadas en todo el país de la oposición y la violenta represión oficial con saldo de muertos, pero nadie habla de ello, ni lanza propuestas de solución, ni organiza misiones humanitarias a favor de su población. En contraste, como lo advierte un reconocido académico inglés, la riqueza petrolera le da alto significado de conflicto y despierta voraces intereses de repercusión mundial ante lo sucedido en Venezuela.
“El petróleo venezolano le da significado global a la crisis; ¿si este no existiera habría el mismo interés estratégico de otros países?”, es el cuestionamiento expuesto estos días por el investigador de la Universidad de Oxford, director del Centro de Estudios sobre Refugiados, Alexander Betts[3].
Pero por supuesto que Venezuela atraviesa una crisis compleja, cargada de factores y hechos acumulados, que llegaron a una polarización de posiciones y de poderes aguda desde 2017, cuando el presidente Maduro y su Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), tras perder las elecciones parlamentarias en la Asamblea Nacional, convocaron una Asamblea Constituyente de elección conjugada -general, territorial y social- que le favorece, de forma que esta Constituyente asumió los poderes legislativos y declaró el cese de funciones de la Asamblea Nacional. Desde allí se precipita una coyuntura crítica que no cesa, en medio de esta especie de dualidad de poder, en tanto se señala al ejecutivo de cooptar el poder judicial y el poder electoral, a la vez que promueve la conformación masiva de milicias populares y consejos locales “en defensa de la revolución bolivariana” y la oposición no acepta la suspensión y busca mantener el fuero institucional de la Asamblea Nacional.
Bajo estas condiciones EEUU y la UE han aplicado de forma unilateral y discrecional como potencias fuertes sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela. El secretario general la OEA Luis Almagro, bajo el argumento de supuesta violación de Venezuela a la Carta Interamericana pasa al activismo en respaldo a la oposición interna y se suma al intento de derrocamiento de su gobierno, situación que divide posiciones y anula la posibilidad de actuación positiva de este organismo intergubernamental regional. Al momento, EEUU con apoyo de un grupo de países suramericanos y centroamericanos con gobiernos de derecha y de Canadá, de forma que varios de ellos conformaron el Grupo de Lima, promueve una dinámica intervencionista contra Venezuela. Otros países con gobiernos de izquierda o de centro como Uruguay, México, Bolivia, Ecuador y Costa Rica se oponen a la intervención extranjera en Venezuela, proponen una solución política entre las partes y junto con la UE crearon el Grupo de Contacto Internacional para estimular tal propuesta. Entre tanto, Rusia y China apoyan al gobierno de Venezuela y mantienen con él activas relaciones y cooperación, a la vez que, junto con Turquía, Irán y otros países, se suman a la defensa de su soberanía y en rechazo a la injerencia y las amenazas de agresión de EEUU.
El 28 de febrero pasado, en el Consejo de Seguridad de la ONU EEUU propuso a sus quince miembros aprobar una resolución que exigía a Venezuela convocar elecciones presidenciales con observadores internacionales y dejar ingresar “la ayuda humanitaria”, la cual fue vetada por Rusia y China. A la vez, Rusia propuso otra Resolución en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y en rechazo “a los intentos de intervención en sus asuntos internos”, a las amenazas en su contra de uso de la fuerza y con la propuesta de “una solución política y pacífica a la crisis” y con la propuesta de coordinar una ayuda para la población con el gobierno de Nicolás Maduro, la cual tampoco fue aceptada, en medio de la división de posiciones.
La revolución bolivariana está exigida a una solución democrática nacional
En 1999 Hugo Chávez fue elegido presidente y proclamó la revolución bolivariana, adoptó un programa de beneficio social y equidad. En 2002 sufrió un golpe de estado que impuso al empresario Pedro Carmona como presidente con apoyo de la oposición y de parte de los militares, quien suspendió la Asamblea Nacional, el Tribunal Superior de Justicia y Consejo Nacional Electoral. En pocos días Chávez recuperó el gobierno y Carmona se asiló en Colombia, con apoyo del presidente entonces Álvaro Uribe. Hugo Chávez fue reelegido en 2012 para un mandato de seis años, pero murió en 2013. El vicepresidente Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales ese año. Su programa político y social mantuvo beneficios a la población, pero se perpetuó el modelo dependiente de la exportación petrolera que se fue debilitando ante la presión del capital internacional en su contra. También salieron capitales nacionales y se relocalizaron empresas en el exterior, ante la oposición de élites tradicionales a las reformas. A la vez, se advirtió desde el gobierno una política gubernamental sectaria que impidió un margen amplio de alianzas y falta de iniciativa y maniobra para sortear dificultades y lograr alternativas viables. Sobrevino con el cerco comercial, las presiones y progresivas sanciones referidas de determinadas potencias, una crisis económica social fuerte y protestas periódicas de la oposición desde 2014, que en varias ocasiones han derivado en disturbios y tensiones, dando lugar a denuncias de casos de represión política contra figuras opositoras, a la vez que se intentó fraguar un nuevo golpe de estado.
En 2015 fue elegida la Asamblea Nacional como lo indicamos con mayoría opositora y el PSUV en minoría, pero el gobierno logró el control del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Para neutralizar la Asamblea Nacional el gobierno convocó en 2017 una Asamblea Constituyente, como nuevo poder ciudadano, alterno, que suspendió las funciones de la Asamblea Nacional. La oposición promovió sin éxito un referendo revocatorio en 2017, año en el que se presentaron diálogos gobierno-oposición con acompañamiento de expresidentes de tres países –España, Puerto Rico y Panamá- y buenos oficios del Vaticano. En la mesa de diálogo definieron temas y consiguieron acercamientos, pero no llegaron a acuerdos efectivos. La oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), de diversas tendencias, se dividió y su acción se debilitó.
En 2018 Maduro es reelegido, pero de manera que la mayoría de los partidos opositores se abstuvieron alegando falta de garantías, mientras participó un candidato opositor, sin embargo, la mayoría opositora que se marginó de la elección señaló de ilegítima la elección y consiguieron pronunciamientos en tal sentido de varios gobiernos. Al inicio de 2019, el 10 de enero, asumió el nuevo mandato presidencial de seis años Nicolás Maduro, pero se sucedieron declaraciones de rechazo a su posesión por EEUU, Colombia con el recién elegido presidente Iván Duque y de otros gobiernos de derecha. Se reactivó la movilización de la oposición, de forma que el pasado 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó como “presidente interino”. De inmediato el presidente Trump de EEUU lo reconoció como supuesto gobierno y luego sucesivamente lo hicieron otros gobiernos de América y de Europa. En lo corrido de este año la disputa política interna con reflejos y apoyos internacionales se intensifica, de forma que se suceden paralelamente marchas multitudinarias tanto de la oposición que rechazan al gobierno y lo señalan de “usurpación del poder” como en respaldo al presidente Maduro y a su proyecto político e institucional.
En estas circunstancias la crisis económica se torna profunda, con inflación gigantesca, escases de determinados productos básicos y medicamentos, extensión de la pobreza, sabotajes y sanciones económicas que agravan la situación. Se estima entonces que el flujo migratorio principalmente a Colombia o de tránsito pasando por Colombia hacia el sur del continente puede superar los dos millones de venezolanos, generando desgaste y pérdida de apoyo al gobierno venezolano. EEUU y sectores de la derecha internacional le apuestan al estrangulamiento económico de Venezuela, a costa de agravar las condiciones de vida de su población, en aras de propiciar el derrocamiento del gobierno. Éste, por su parte, mantiene un margen importante de apoyo y movilización popular, pero también un rechazo al parecer mayoritario, de forma que lanza en medio del real riesgo de agresión militar de EEUU una campaña de reclutamiento militar masivo en milicias populares y defiende con celo el respaldo de la Fuerza Armada y de la Guardia Nacional Bolivariana.
Pero es de advertir que el gobierno Maduro, el PSUD y su proyecto revolucionario tiene cuota importante de responsabilidad en la crisis, lo que implica el debate entre el proyecto de inclusión democrática de toda la sociedad y la crítica al viejo paradigma de profundización revolucionaria sobre presupuestos sectarios, de exclusión y de represión política a las vertientes contrarias[4]. También lo afectan la carencia de un programa sólido y sostenible y denuncias sobre corrupción. Para las izquierdas la discusión resulta particularmente importante, de fondo el entrelazamiento necesario entre socialismo, democracia y ambientalismo como asunto fundamental. Llama a recordar el viejo debate de la extraordinaria Rosa Luxemburgo al reclamar al proyecto socialista su compatibilidad con la democracia, en discusión con Lenin y su tesis de dictadura del proletariado. Es la misma discusión frente a la crisis del llamado “socialismo real” impuesto en la URSS y Europa Oriental, que derivó en expresiones de autoritarismo partidista y cierre de formas genuinas de democracia real, lo cual junto con otros factores lo llevaron a su fracaso. En tal sentido, en el debate se escuchan voces críticas desde vertientes de izquierda y progresistas frente al modelo y devenir de la revolución bolivariana, que además en sus resultados y desenlace implica un desafío ante sus posibilidades y un alto costo frente a sus errores para los proyectos del socialismo y de la izquierda en el ámbito internacional.
Así, por ejemplo, la analista sobre los asuntos internacionales, independiente y de visión progresista Arlene Tickner, señala que más allá de posturas políticas independiente e ideológicas, la crisis en Venezuela exige considerar soluciones viables a las condiciones de vida de la población y al restablecimiento de reglas democráticas consensuadas con el conjunto de la sociedad, en aras de recuperar la opción del estado de derecho: “Desde hace rato, el conflicto en Venezuela dejó de ser entre izquierda y derecha, y se convirtió en una legítima búsqueda de condiciones de vida dignas, y retorno al estado de derecho y la democracia”[5]. E igualmente, con postura muy crítica el reconocido jurista y analista de enfoque progresista Rodrigo Uprimny señala al gobierno de Maduro de responsable de negar la separación de poderes públicos, base del autoritarismo: “Mi primera convicción es que el gobierno de Maduro es una dictadura, pues acabó la separación de poderes y anuló la Constitución de 1999 al elegir amañadamente una asamblea constituyente todopoderosa, sin garantías electorales, por su persecución a los opositores y su control sobre el poder judicial y sobre los órganos electorales”[6].
Intervencionismo de EU con apoyo en nuevos aliados y disfraz de “ayuda humanitaria”
En 2018 el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington convocó a funcionarios del Departamento de Estado y a opositores internos e internacionales del gobierno de Venezuela para intercambiar sobre acciones dirigidas a su derrocamiento, incluidos varios embajadores de países suramericanos, siendo particularmente activa la Embajada de Colombia con el embajador del nuevo gobierno Francisco Santos. Juan Guaidó fue una de las personas presentes en este espacio, quien en diciembre de ese año estuvo en Colombia y en Brasil concertando preparativos del plan contra el gobierno de Venezuela con estos gobiernos[7].
Como hecho de abierta intromisión en asuntos internos de otro país, con fines subversivos y cual si se tratara de un mensaje para sus funcionarios subordinados, el 4 de febrero de este año el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo llamó a los militares venezolanos a desconocer a su presidente Nicolás Maduro y le “exigió” al propio presidente Maduro “dejar entrar la ayuda que el pueblo venezolano necesita desesperadamente”[8]. Trump y su gobierno la apostaron entonces abiertamente al plan de derrocamiento. Hicieron llamados a la insubordinación de las tropas en Venezuela, llamados a la población a derrocarlo y amenazaron con considerar la intervención militar. En sus declaraciones repetidamente Trump afirmó: “El envío de militares es una opción”. El asesor de seguridad Jhon Bolton amenazó a Maduro con encarcelarlo en Guantánamo, lanzó el provocador mensaje amenazante de enviar cinco mil marines a Colombia como parte del cerco contra Venezuela y en otra acción al extremo provocadora: “Bolton le manda un mensaje muy claro a Maduro: aquí hay una posible negociación o una situación parecida a la de Noriega”[9]. De forma inmediata EEUU, Canadá y progresivamente países del Grupo de Lima reconocieron a Juan Guaidó como “presidente interino”.
Ante los agresivos hechos el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exigió la salida de su territorio del personal diplomático de EEUU, país que a la vez tiene designado un “enviado especial para Venezuela”, Elliott Abrams, quien expresó que no había ninguna posibilidad de solución política o diplomática con el gobierno de Venezuela: “el tiempo para un diálogo con Maduro ya pasó”[10]. Los primeros días de febrero el asesor de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton, como si fuera mandatario de Venezuela, llamó a los militares venezolanos a respaldar a Guaidó “a cambio de una amnistía”, en términos de que “los militares que acepten la transición no serán perseguidos por EEUU”. Entonces, otro funcionario de EEUU de alto nivel, Mauricio Claver-Carone, fue designado para coordinar el “cerco humanitario” contra Venezuela, para intentar penetrar caravanas con transporte de algunas ayudas a ese país, sin contar con las autoridades de ese país, sino como hecho de fuerza con el respaldo del gobierno colombiano y de la oposición en Venezuela.
EEUU a tono con el plan en marcha definió en lo económico redirigir las ganancias de las empresas venezolanas estatales petroleras PDVSA y su filial de distribución de combustible en EEUU CITGO, por concepto de venta de petróleo venezolano estatal, a una cuenta privada a favor de Juan Guaidó, quien anunció que conformaría una nueva Junta Directiva de CITGO. En lo militar el comandante del Comando Sur de EEUU viajó a Bogotá a reunirse con el gobierno de Colombia y en Cúcuta, en plena frontera, dio declaraciones, con vergonzoso acompañamiento de altos mandos militares colombianos, de amenaza a Venezuela y su gobierno, si interferían en la penetración planeada de la supuesta “ayuda humanitaria”, por supuesto encubriendo los propósitos estratégicos y de todo orden del plan en marcha y su objetivo central de contribuir como pieza decisiva en el derrocamiento del presidente Maduro, so pretexto de llevar “ayuda humanitaria médica y en alimentos”. Entre tanto, Cuba hizo la denuncia del movimiento de la flota naval de EEUU en el Caribe, con claros movimientos militares con objetivo hacia Venezuela.
Es decir, mediante la conjugación de presión política, diplomática, económica y militar, a tituló de “cerco humanitario”, obró el intento de penetración por la fuerza a territorio venezolano en caravanas de camiones organizadas por EUU, con apoyo principalmente del gobierno de Colombia por Cúcuta, del gobierno de Brasil por la Amazonía, de otros aliados en las islas del Caribe y de la movilización opositora de venezolana con liderazgo de Guaidó, bajo la consigna de derrocar el gobierno de Venezuela. Mauricio Claver-Carone declaró: “Un cerco humanitario que terminará por doblegar al gobierno”, “la ayuda va a entrar”, “vamos a rodear a Venezuela con ayuda humanitaria. Es decir, una especie de cerco humanitario en el que estamos trabajando con Brasil, Colombia y el Caribe. Esa es la etapa en la que estamos ahora. Luego entraremos a otra etapa en la que definiremos que hacer para que ingrese”. “Su caída es irreversible”, “estamos en un momento diferente, Duque y Bolsonaro son aliados claves de EEUU”[11].
Dadas las situaciones de violencia social, violencia política y de guerra interna recurrente en Colombia y en varias partes del mundo, son notorios los desarrollos convencionales, planes y protocolos existentes para los casos de asistencia, ayudas o misiones humanitarias que se emprenden con concurso de la comunidad internacional. En el ABC de lo humanitario son claros asuntos como el que la acción humanitaria tiene como propósito atender víctimas de conflictos armados o desastres naturales, bajo principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, respetando la soberanía de los estados, coordinando para el efecto con los gobiernos respectivos y en los casos de conflictos bélicos con las partes en contienda, en aras de tener como propósito claro e insustituible garantizar las posibilidades de atención de tales víctimas. En tal sentido y como era de esperarse, la ONU se declaró al margen del “operativo de cerco humanitario” organizado unilateralmente por EEUU y sus aliados, además como hecho de fuerza contra otro Estado, lo que es ajeno a la naturaleza de la acción humanitaria. En consecuencia, fue acertado su argumento de no poder participar por cuanto no se daba la condición de: “garantizar el cumplimiento de su misión de acuerdo con los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia”. Por su parte, en el mismo sentido el CICR, órgano humanitario convencional por excelencia, con amplia experiencia y primera autoridad en la materia en el mundo, quien actúa en coordinación con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Luna Roja, con claridad de manera conjunta declararon:
El movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Colombia reafirma que con el fin de garantizar el cumplimiento de su misión exclusivamente humanitaria y de acuerdo con los Principios Fundamentales de Imparcialidad, Neutralidad e Independencia, no pueden participar en las iniciativas de entrega de asistencia planteadas para Venezuela desde Colombia, sin que exista un acuerdo previo con el Movimiento. Asimismo, en cumplimiento con nuestra misión, continuaremos con el apoyo humanitario a la población vulnerable en territorio colombiano incluyendo población migrante, en coordinación con los socios del Movimiento”[12].
A propósito de este tipo de circunstancias, precisamente como hecho de fuerza en las décadas recientes existe un debate internacional que cuestiona los hechos de instrumentalización de las misiones, acciones y operativos humanitarios con propósitos políticos y militares, de forma que hay desarrollos recientes que legislan, definen protocolos de actuación y advierten y previenen en tal sentido. Hay denuncias también de hechos donde dictadores, partes en guerra, Estados, gobiernos o incluso entidades civiles y humanitarias, han incurrido en irregularidades al respecto, que son fuertemente reprobadas. Basta citar esta consideración de un texto difundido en años recientes a nivel internacional que hace referencia al respecto de tal instrumentalización: “…pese a las apariencias, la ayuda humanitaria también mata, es corrupta, competitiva y mezquina, financia guerras, empeora la situación de las víctimas a las que socorre y culpa a los demás con sus propios defectos”[13].
Fracaso del ingreso forzado de las caravanas que estimularían el golpe de Estado
En tal contexto, al parecer EEUU, el presidente Duque de Colombia, Guaidó y algunos de los otros aliados para la aplicación del plan intervencionista referido, llegaron a creer en la posibilidad de que este “cerco humanitario” podría desatar incluso de inmediato el derrocamiento del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Expresamente declararon que esto sería posible, de forma que en aplicación del plan conjugaron al menos tres elementos: 1. Direccionar la más masiva movilización posible de la oposición política en Venezuela hacia las fronteras, con el objetivo de configurar una avalancha incontenible que permitiera forzar el ingreso de las caravanas, trasgrediendo la institucionalidad y los puestos de guardia fronterizos venezolanos. 2. Llamar a la deserción masiva a la Fuerza Armada (FA) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 3. Conseguir imponer bajo el pretexto de las “ayudas” de EEUU y otros países con las caravanas una nueva red institucional de distribución en los estados venezolanos, atrayendo la movilización permanente de la población tras la carnada frente a sus evidentes necesidades de “hacer entrega de la ayuda humanitaria”.
Al calor de la movilización del 3 de febrero, Guaidó declaró: “…ahora yo creo que tenemos todas las variables para producir la transición lo más pronto posible. Eso puede ser cuestión de horas o meses. Hoy creo que contamos con el 95% de las variables para producirla”[14]. “El día es el 24 de marzo”, proclamó Guaidó con referencia a la penetración de las caravanas por las fronteras, llamó a la FA a permitir el ingreso de “ayuda humanitaria” y le ofreció una “amnistía” si pasaba a respaldarlo. Sus intervenciones frecuentes llamaron a derrocar al gobierno y a la movilización nacional para “presionar la entrega de la ayuda humanitaria”. Le hacían eco profuso los gobiernos aliados en el plan, importantes medios de comunicación y prensa, sus supuestos “embajadores” y el supuesto “Tribunal Supremo de Justicia” en el exilio, el cual en comunicación definió apoyo incluso a la invasión militar que podría producirse: “autorizó formar una coalición militar internacional para que lleve la ayuda humanitaria”.
Es claro en la aplicación del plan que Guaidó no descarta la utilización de una intervención militar extranjera. El 8 de febrero en entrevista a AFP ante la pregunta de si se consideraba recurrir a la intervención armada contra el gobierno de Venezuela, tácitamente respondió que efectivamente era partidario de considerar esta opción: “Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario”[15].
Guaidó fue enfático en repetidas declaraciones en afirmar que la “ayuda humanitaria”: “pasará como sea, lo aseguro, ya lo verán”. Su “representante internacional” Léster Toledo declaró a la prensa internacional que “la forma en que vamos a pasar esta ayuda es junto al pueblo venezolano. Gente y más gente haciendo el corredor humanitario una realidad”[16]. “Les aseguro que no van a ser meses ni semanas, sino días para que los camiones entren a Venezuela”, afirmó la diputada venezolana opositora Gaby Arellano, designada por Guaidó de la “ayuda humanitaria” de EEUU[17]. Colombia, Brasil y Puerto Rico fueron los epicentros para concentrar y enviar la “ayuda humanitaria”. En Colombia el gobierno designó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para recoger y acopiar en Cúcuta las ayudas previstas. “Es una operación humanitaria que se está dando entre el gobierno de EEUU, el de Colombia y el interino de Juan Guaidó”, declaró a la prensa su director Eduardo José González.
En la concentración del 12 de febrero en Caracas que los medios de prensa estimaron en unas doscientas mil personas, Guaidó proclamó: “El próximo 23 será el día que entrará la ayuda humanitaria, no hay duda, tendremos que ir en caravanas, en movilización, es una orden para la Fuerza Armada”, luego aclaró ante la BBC y repetidamente ante muchos medios de prensa internacionales que había una red de al menos 600 mil personas organizadas pero que esperaba podría llegar a ser un millón, para conformar cadenas humanitarias que ingresarían la ayuda, que esperaba organizar “una avalancha humanitaria” y expresó que “impedir que entre la ayuda humanitaria convierte al régimen en casi genocidas porque es un delito de lesa humanidad”[18]. “Entra porque entra”, aseguró repetidamente a los medios de prensa[19].
Entre tanto, el presidente Maduro, dadas las condiciones, alternó la asistencia a las masivas concentraciones en apoyo a su gobierno con la revisión de las principales guarniciones militares y de la movilización de cincuenta mil milicianos en los territorios. En sus intervenciones declaró: “Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, fabricada desde Washington para intervenir”, señaló responsabilidad en la escasez y carestía de productos al bloqueo comercial y las sanciones económicas impuestas contra su gobierno. “Es un juego macabro, los apretamos por el cuello y les hacemos pedir migajas”.
El día previo, el 22 de febrero, se realizó el promocionado Concierto en Cúcuta con numerosos cantantes venezolanos y de distintos países, anunciado en solidaridad con el pueblo venezolano, pero expresamente dedicado a justificar y promover la asistencia masiva al “operativo humanitario” contra el gobierno venezolano. Los medios de comunicación señalaron que se había habilitado en la frontera un lugar con capacidad de asistencia hasta de 800 mil personas y a la vez informaron que habrían asistido unas 200 mil personas, parte de ellas colombianas como usualmente es de esperar ante el cartel de artistas presentes y la condición de gratuidad, y otra parte de ellas personas venezolanas migrantes o que pasaron la frontera, algunas de estas con pancartas y activismo opositor a su gobierno. Algunos artistas atacaron incluso con grosería al gobierno venezolano mientras otros fueron más prudentes y otros enviaron mensajes a favor de la paz y la solución de la crisis existente.
Hecho positivo en este período crítico ha sido que el gobierno de Venezuela llama al diálogo al propio presidente de EEUU, recurre a instancias de la ONU en denuncia de la situación y respondió con un concierto paralelo en la zona venezolana de la frontera con el lema “manos fuera de Venezuela”, a la vez que concertó de manera genuina el otorgamiento de una ayuda que incluía apoyo humanitario médico y medicinal mediante cooperación de Rusia, a la vez que amplio la red de distribución de alimentos gratuitos para la población en distintas regiones incluidas las fronteras.
Llegado el “día D” del plan golpista referido, el 24 de febrero pasado, EEUU había enviado poderosos aviones miliares de carga con personal militar ese país y la ayuda anunciada. En el operativo estuvo Guaidó acompañado de los presidentes Duque de Colombia, Piñeres de Chile y Abdo de Paraguay. Desde temprano grupos de manifestantes en las ciudades venezolanas limítrofes Ureña y San Antonio intentaron llegar a la frontera, pero al ser impedido su paso por la GNB desataron ataques contra ellas, a través de pedreas y bombas incendiarias. Se registraron ese día en esa frontera, según los reportes, 16 deserciones de guardias venezolanos, que cruzaron la frontera y se entregaron a la fuerza pública colombiana, pero no los miles o al menos centenares esperados de militares y guardias, de manera que insistentemente la prensa colombiana hablaba también de que llegarían en aviones varios generales venezolanos desertores, lo cual nunca sucedió.
Del lado colombiano concurrieron ese día en cada uno de los tres puentes fronterizos, en el área metropolitana de Cúcuta, según las profusas imágenes trasmitidas, grupos de dos o tres mil personas manifestantes, siendo uno de ellos organizado en dos filas el que acompañó a los camiones cargados que ocuparon la parte colombiana del Puente de Tienditas. Al declararse el cierre de la frontera por el gobierno venezolano las respectivas guardias de la GNB, con dispositivos policivos y sin presencia militar, custodiaban el paso en los puentes y puestos fronterizos. Fueron conminadas a desertar y abandonar el dispositivo de guardia, pero al no hacerlo fueron atacadas con piedras y bombas incendiarias desde el lado colombiano, pero por grupos entonces ya muy reducidos de algunos jóvenes venezolanos y colombianos, que como lo constataron tomas de televisión y posteriores reportes, estando presente la Policía Nacional colombiana fue permisiva ante estos grupos de atacantes que traían gasolina, botellas y piedras para lanzarlos contra la GNB.
El lanzamiento de tales artefactos desde la parte colombiana produjo el incendio del primero de los camiones de la caravana, estacionado también en el lado colombiano, por lo cual los conductores de los demás camiones por temor de sufrir igual consecuencia los retiraron de nuevo hacia Cúcuta. Así fracasó el intentó de entrar por la fuerza y contra los dispositivos policiales de seguridad de las autoridades venezolanas por parte de las muy reducidas caravanas con supuesta “ayuda humanitaria”. Con información muy fragmentaria sobre hechos que deben aclararse, se difundió la noticia de que en la Amazonía, frontera Venezuela-Brasil, también fracasó en intento de ingreso forzado de otra caravana con igual propósito, pero de forma que en un choque similar producido por opositores venezolanos, habrían muerto dos personas indígenas. Entre tanto, en el Caribe nada sucedió.
Solución política democrática, riesgos de agresión militar y de guerra civil
El dilema es claro: o una solución política democrática entre las partes en conflicto, es decir el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política movilizada en su contra, o desconocimiento de esta opción y escalamiento del conflicto hasta intentar derrocar este gobierno por vía de hecho, con posible recurso de agresión militar de EEUU con apoyo de aliados subordinados -como Colombia y Brasil- y posible derivación de este intento en una insurrección o guerra civil. Al respecto, la solución será entre venezolanos, pero dadas las circunstancias el apoyo internacional es necesario, pero una alternativa democrática y en derecho exige que no sea con injerencia indebida, ni de imposición ni a través de una especie de ultimátum.
Para una salida política con el concurso de una facilitación y si es preciso de una intermediación, con actuación hacia las partes implicadas en el conflicto político y social existente en Venezuela, es necesario atenerse para todas las actuaciones al respeto debido al Principio de No Intervención: “Principio que prohíbe atentar contra la soberanía de un Estado o contra la responsabilidad de un Estado encargado de mantener o restablecer el orden público y de defender la unidad nacional y la integridad territorial del estado mediante el uso de todos los medios legítimos. También está prohibida toda intervención, directa o indirecta, en un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de un Estado”[20].
El expresidente uruguayo Pepe Mojica cuya voz tiene tanta ascendencia internacional, responsable del seguimiento al acuerdo de paz en Colombia, propone la solución política democrática interna en Venezuela entre todos los sectores y matices en juego en ese país, de forma que se evite la guerra y convoca a la UE y los países de la región ante el peligro intervencionista de EEUU, a la vez que con justeza advierte lo injusto y desacertado que resulta el poner en riesgo en el contexto de esta problemática a la paz en Colombia tras las décadas de violencia política y guerra sufridas:
“No tiene sentido discutir de legitimidades o legalidad sino de realidad dramática ante tal disyuntiva de paz o guerra. Se impone la política de voluntad de negociar, que no es necesariamente dialogar sino evitar acorralar, o decir te doy para que me des. Lo único posible y necesario es más democracia, plural, que reconozca la existencia de todos. Existen varias oposiciones, hay chavismo opositor, están los partidos tradicionales, en el propio gobierno existen más que matices. Negociar un proceso electoral, libre, con participación de todos, la ONU debería estar presente y dar garantías (…) Acudimos a Europa para que no se vea Latinoamérica inmersa en un conflicto de base geopolítica porque hay intereses en EEUU que no pueden permitir que China siga avanzando. La disputa que avanza entre Rusia y EEUU. El peligro de un nuevo paso intervencionista. Un grito desesperado: no cruzarnos de brazos ante la posibilidad de un conflicto. Sería muy penoso que la frontera colombiana sea utilizada, para un conflicto, ya Colombia ha tenido demasiada desgracia en su historia con años y décadas y décadas de guerra para caer en un conflicto que algunos tontos pueden considerar pasajero…[21].
En una solución política en Venezuela con apoyo en el ámbito internacional, resulta fundamental el papel de la ONU que ha asumido la posición debida, reconoce al gobierno de Venezuela y puede, dadas las diversas posiciones con respecto a lo sucedido en Venezuela conseguir desde el Consejo de Seguridad, sus instancias y con el Secretario General, una posibilidad constructiva hacia consensos de solución. En tal sentido incluso EEUU, Rusia y China podrían llegar a ser factor convergente hacia la solución política en tal dinámica de este organismo intergubernamental mundial.
El ultimátum de España, Francia y Alemania -todos países en profunda crisis interna y de gobernabilidad- fracasó al enviarle al gobierno de Venezuela la orden de “convocar elecciones inmediatas” sin sentido de realismo, ni actitud diplomática y con postura también injerencista. Sin embargo, en la UE solo 19 de los 28 respaldaba al “presidente interino” Guidó, mientras otros como Italia, Grecia y Austria se oponían a tal reconocimiento, de forma que ese reconocimiento no fue posible como tal por la UE. Así las cosas, la UE en positivo se diferencia del plan agresor de EEUU al proyectarse al Grupo de Contacto, que junto con los otros países de región referidos envió una ”delegación técnica” para hablar con el gobierno de Venezuela y con la oposición que lidera al momento Guaidó, en aras de la posibilidad de contribuir a una solución política gobierno-oposición en Venezuela. También hablan de ayudar hacia “la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria”, lo que resultaría positivo si se hace bajo tales parámetros y en coordinación con el gobierno de Venezuela y con todos quienes quieran genuinamente cooperar en tal sentido[22].
El Grupo de Lima fracasó en el intento de negar como parte de la solución al gobierno de Venezuela y sumarse a la movilización para su derrocamiento mediante el “cerco diplomático, político y humanitario” que de hecho ha estado articulado también en lo es también económico y militar, de forma que fracasada la táctica de estimular el golpe con la intromisión a la fuerza de la supuesta “ayuda humanitaria”, quedó sin iniciativa de actuación, aunque de forma positivamente varios países que lo integran se pronuncian por la una salida no militar, lo que en consecuencia debería llevarlos a rechazar con la amenaza de agresión de EEUU con cuenta con apoyo activo de Colombia en sus preparativos.
De otra parte, la propuesta del presidente Trump compartida por el vicepresidente Mike Pense, por el presidente Duque que la promueve en la región y repetida por Guaidó y acogida en la Declaración de Bogotá a finales de febrero pasado por el Grupo de Lima, sobre pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que enjuicie al presidente Maduro por “crímenes de lesa humanidad y por genocidio”, no solo parece inviable sino que raya en lo absurdo si se contextualiza su implicación con relación a quienes lo proponen y a la competencia que le asiste a este tribunal internacional.
Al respecto, basta decir que Colombia tiene más de nueve millones de víctimas de graves violaciones a los DDHH causadas con principal responsabilidad del Estado a partir de hechos que aún no cesan; tras dos guerras civiles consecutivas en el curso de siete décadas y con vigencia hasta el presente se registran en nuestro país más de medio millón de homicidios, más de 80 mil desapariciones forzadas, más de seis millones de desplazados forzados y más de medio millón de exiliados y refugiados en el exterior, la mayoría de ellos en Venezuela. Se han denunciado y documentado parte importante de tal magnitud de casos, pero se han producido solo algunos pocos fallos judiciales, de forma que la justicia internacional e interna ha establecido ocurrencia de crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con expresiones que aún no cesan, lo cual lleva a que Colombia esté bajo observación por la CPI. Por su parte, EEUU ha cometido en condiciones de impunidad guerras de agresión recientes en Nicaragua, El Salvador, Afganistán, Irak, Siria y otros países causando millones de muertos, desplazados y refugiados en las décadas recientes y con impactos vigentes, además de producir detenciones masivas, torturas y otras conductas de graves violaciones, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que lo responsabilizan ante el derecho vigente, pero que al no ser parte del tratado de la CPI elude tales responsabilidades.
Entre tanto, por fortuna a diferencia Venezuela no está afectada de violencia política generalizada ni de guerra interna, aunque sí de un conflicto político y social intenso que ha derivado en “tensiones y disturbios internos” a la luz del DIH[23], por lo cual con respecto a determinados casos existen responsabilidades necesarias de establecer bien que comprometan a autoridades u organismos estatales o gubernamentales o de grupos o personas comprometidos con determinados hechos que pueden estar haciendo de una u otra de las partes del conflicto social y político en curso. También se señalan al respecto detenciones arbitrarias, detenciones por motivos políticos, casos de maltratos o posible tortura e incluso de homicidios y peligrosa actuación de grupos armados civiles que podrían en el peor de los casos derivar en situaciones tan graves como las registradas en Colombia por varias décadas. Sin embargo, a la luz del derecho internacional en Venezuela, a diferencia de Colombia y de EEUU, no se configuran por fortuna casos de crímenes de agresión internacional ni crímenes de lesa humanidad, ni crímenes de guerra ni genocidio, que son los delitos de competencia de la CPI.
Sin embargo, denotando ignorancia o también señalamientos de mala fe al respecto, pero desde el derecho internacional vigente haciendo el ridículo, se escuchan a Trump, sus asesores, a Duque y a su canciller Holmes Trujillo y a Guaidó y sus aliados y activistas, señalar de comisión de “crimen de lesa humanidad” e incluso de “genocidio” al presidente y al gobierno de Venezuela, con referencia paradójicamente a la acción de defensa legítima de la soberanía y la integridad territorial de su país, al no haber permitido el ingreso por la fuerza, mediante hechos de asonada y como parte de un plan de agresión en su contra, las referidas caravanas de supuesta “ayuda humanitaria”. Y además causa verdadera indignación el que muchos medios de comunicación, prensa y sectores de opinión copien y difundan este absurdo, aunque en frecuentes casos desde actores que lo hacen con clara intencionalidad política descalificadora, en medio de una crisis y un conflicto que incluso de esta y de otras formas también los involucra.
Pero la salida política exige entonces que cese el plan de agresión de EEUU de su gobierno y su ataque con apoyo en los llamados “halcones”[24], con una estrategia que en su país no tiene apoyo de todo el partido Republicano ni del Partido Demócrata ni de la amplia oposición democrática existente. Es preciso romper en consecuencia con la concepción de estos voceros de EEUU que llegar a señalar de forma criminalizante al recurso al diálogo y a la solución político diplomática que orienta por la Carta de la ONU ante los conflictos de impacto internacional en su capítulo sexto. Así, Mauricio Claver-Carone declaró al respecto de quienes proponen la solución dialogada pacífica: “son una minoría que se está quedando del lado de la gente que está involucrada en actividades ilegales, en el lado incorrecto de la historia”[25].
“Estados Unidos debe apartarse, so riesgo de empeorar todo, y que, quiéralo o no Guaidó y el Grupo de Lima, no hay camino distinto al diálogo y la negociación”[26]. “El que Trump y Bolsonaro –misóginos, racistas, homófobos y defensores de la tortura- figuren entre los grandes protagonistas de la restauración de la democracia y de los derechos humanos es terrorífico, al igual que el enviado especial estadounidense, Elliot Abrams, defensor reconocido de las dictaduras centroamericanas, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien manifiesta abiertamente su deseo de forzar un cambio de régimen en la “troika de la tiranía” (Venezuela, Nicaragua y Cuba)”[27].
Tampoco será posible la solución con base en la negación de la interlocución con el gobierno de Venezuela, tratándose de una de las partes del conflicto, como lo propone el Grupo de Lima y gobiernos de derecha de América, lo que haría inviable superar el conflicto con el concurso de los actores involucrados e independiente de los espacios y formas originales que su resolución pueda adoptar. En ese sentido, es preciso discutir, por ejemplo, con la referencia a “la salida posible” hecha por el editorial de El Espectador, cuando al abogar por la solución pacífica, política, de acuerdo amplio, pretende excluir de la solución al gobierno de Maduro, para hacerlo de forma difusa e incoherente con una solución sólida con “sectores del oficialismo”: “…la única salida viable tiene que ser aquella que pase por el apego a las normas internas, que permita una transición pacífica, diseñada por todos los partidos políticos que adversan la dictadura (…) tienen que caber no solo los opositores a Maduro, sino todos aquellos que desde el oficialismo deseen terminar de una vez con la hecatombe que se vive en Venezuela”[28].
Asimismo, en la solución el gobierno de Maduro debe reconocer las problemáticas, asumir responsabilidades y estar dispuesto a concertar e implementar propuestas de solución. La oposición debe tener garantías, le asiste el derecho de hacer exigencias y propuestas ante el gobierno y las instituciones, pero no debe ligarse al plan de agresión intervencionista contra su país y debe actuar en la legalidad sin propiciar la violencia. Tampoco la solución podría basarse en profundizar la represión desde el gobierno ni en un tratamiento de simple judicialización, sino desde una perspectiva que puede acudir a figuras del derecho transicional y experiencias de los acuerdos de paz, sobre lo cual algunas declaraciones del gobierno y de otros sectores plantean posibilidades. Es el caso, por ejemplo, que con razón y en derecho la Contraloría General de Venezuela investiga a Guaidó por recibir en cuentas personales o privadas recursos estatales del exterior, por violar la prohibición que tenía de salir del país y lo podrían enjuiciar por participar en el plan golpista con EEUU y Colombia, pero sin duda, juzgarlo y encarcelarlo profundizaría la crisis, de manera que su situación como muchas otras se podrá resolver positivamente, en el marco de las soluciones a construir entre las partes.
El problema venezolano no se reduce a las críticas o demandas al gobierno como tampoco a atribuir toda la problemática a la presión de EEUU y aliados contra Venezuela. Bien lo ilustra el prestigioso excandidato presidencial demócrata de izquierda de EEUU Bernard Sanders en su difundido mensaje: “Todavía hay millones de personas del mundo que siguen creyendo que la crisis que padece actualmente Venezuela es por culpa de Nicolás Maduro y no del brutal bloqueo económico impuesto por los EEUU, al no tener nuevamente el gran acceso y control del petróleo y de sus recursos naturales. Pero así son los medios de comunicación, te hacen odiar al oprimido y amar al opresor”[29].
El expresidente Ernesto Samper que tuvo la oportunidad de ejercer como secretario de UNASUR acompañó el diálogo político anterior hacia una solución gobierno-oposición que tuvo acompañamiento internacional. Desde tal experiencia se pronuncia por una “alternativa justa”
ante la actual crisis venezolana que en su opinión puede incluir elementos como: elecciones anticipadas, transición, estabilización económica, equilibrio constitucional y verdad con justicia. Advierte que “la imposición a la fuerza del “presidente interino” escalaría la polarización actual y agravaría, en el mediano plazo, la desinstitucionalización que hoy se vive en el país”[30].
“Lamentablemente, la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo sobre los temas que habían aprobado sus propios voceros en la mesa, sumada a la actitud ciega del sector radical del equipo económico del gobierno, impidió que se desarrollaran estos acuerdos, los cuales hubieran devuelto el país a la normalidad que se estaban buscando”[31]. Coincide en recomendar que el Grupo de Contacto, la UE y el Vaticano con el papa Francisco, pueden alentar la solución dialogada, para un acuerdo nacional entre las partes. “El dilema no puede ser más claro: el camino de la paz o el camino de la guerra; las urnas y la democracia o la fuerza y la violencia”[32].
En igual sentido, se pronunció el experimentado excanciller y exmilitar Julio Londoño, quien llama al gobierno colombiano a no involucrarse en una intervención militar en Venezuela: “que se devolvería inexorablemente contra nosotros, en una eventual confrontación armada doméstica en ese país (…) seguramente resultaríamos peligrosamente comprometidos”[33].
El presidente Duque el 13 de febrero pasado se reunió en Washington con el presidente Trump, de forma que declaró que compartía con Trump el “objetivo de liberar a Venezuela de la dictadura”, expresando ambos de forma contraria a la lógica política y al derecho que supuestamente era “un crimen de Maduro” no permitir que se le impusiera el operativo de supuesta “ayuda humanitaria”. Además, Trump regañó a Duque por estar “atrasado en la lucha contra los cultivos ilícitos” y ante la insistente pregunta de los periodistas internacionales a ambos presidentes sobre si EEUU intervendría militarmente y desplegaría tropas en Colombia, Duque guardó silencio de forma indigna, mientras Trump, cual si fuera quien gobierna en Colombia declaró: “Ya veremos, hay diversas opciones y posibles soluciones…, ya veremos por cual optamos”[34].
De forma general la política y actuación del presidente Iván Duque ha sido desacertada, hace parte del plan de intervención, al punto que se fue a la frontera a alentar la acción de fuerza contra el gobierno del hermano país, a título de liderar en la región el “operativo de cerco humanitario”, poniendo la institucionalidad colombiana a su servicio y rebajado su calidad de estadista a la de activista de dicho plan que actuó de forma grosera, infundada y provocadora. Así, en la frontera
junto a Guaidó, Piñera y Abdó, acompañaron de cerca al puñado de activistas que agredían a la GNB con permisividad de la fuerza pública colombiana.
Finalmente, hay que recabar sobre el peligro que significa la equivocada política del uribismo asumida por el presidente Duque, en tanto nos está llevando al igual que bajo la presidencia de Álvaro Uribe a atizar conflictos internacionales, tensiones con los países fronterizos y en el caso actual a la ruptura de relaciones con Venezuela. Política que expone la paz en la región, la paz en la frontera y la costosa paz interna en buen grado consolidada: “Esos juegos de guerra son riesgosos. Una conflagración militar terminaría afectando de manera grave la vida de los colombianos. (…) Duque dice que está descartada la intervención militar, empiezan a acumularse acciones e indicios preocupantes. Pacho Santos, incluso antes que los norteamericanos, dijo que no se descartaban las acciones militares, algo que reafirmó el presidente Trump”[35].
Por tanto, razón le asiste a la Declaración de la Bancada Alternativa por la Paz, de oposición al gobierno de Iván Duque en el Congreso, y suscrita también por importantes organizaciones sociales al afirmar: “Rechazo a cualquier acción que implique la participación de Colombia en una confrontación armada con Venezuela, bajo el amparo del gobierno de EEUU. (…) Ese rechazo incluye la posibilidad de que militares de EEUU utilicen nuestro suelo, nuestro mar o nuestro espacio aéreo, como teatro para operaciones bélicas contra el hermano país”. Rechazo a la posición del presidente Trump al amenazar militarmente a Venezuela y la “actitud permisiva del gobierno de Colombia”, y la demanda de la solución política democrática en Venezuela con apoyo de la comunidad internacional[36].
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[1] “La apuesta de Trump en Venezuela”, Álvaro Forero Tascón, El Espectador, 11 de febrero de 2019.
[2] “Grito de libertad”, informe especial, revista Semana, edición 1918, 3-10 de febrero de 2019, página 27.
[3] “La migración de Venezuela debería ser una oportunidad de desarrollo para Colombia”, Poly Martínez, El Tiempo, 13 de febrero de 2019, página 1.14.
[4] Organismos intergubernamentales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han producido pronunciamientos críticos e informes en materia de derechos humanos sobre Venezuela, en los cuales reconocen la existencia de casos de violaciones que comprometen a entes gubernamentales, al igual que lo han hecho entes de derechos humanos de especial tradición y reconocimiento como Amnistía Internacional. Dada la grave, masiva y prolongada crisis en derechos humanos registrada en Colombia durante varias décadas, aún no resueltas, este tipo de organismos y organizaciones especializadas cuentan con especial reconocimiento y credibilidad desde las víctimas, las organizaciones sociales y la oposición política en nuestro país.
[5] “Venezuela: más allá de la ideología”, Arlene B. Tickner, El Espectador, 6 de febrero de 2019, página 7.
[6] “Convicciones y perplejidades sobre Venezuela”, El Espectador, 10 de febrero de 2019, página 39.
[7] “Así planeó Colombia la estrategia contra Maduro”, Cesar Sabogal, El Espectador, 3 de febrero de 2019.
[8] “Guaidó pide a los militares que dejen entrar la ayuda”, El Tiempo, 7 de febrero de 2019, página 1.6
[9] El Espectador, 2 de febrero de 2019, página 24.
[10] “Grupo de Contacto reconoce crisis en Venezuela e insta a “elecciones creíbles”, El Tiempo, 8 de febrero de 2019, página 1.9.
[11] “El camino por el que vamos con Venezuela es irreversible: EEUU”, entrevista con Mauricio Claver-Carone, por Sergio Gómez Maseri, El Tiempo, Whashington, 10 de febrero de 2019, página 1.22.
[12] “Declaración conjunta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Luna Roja en Colombia, CICR, Bogotá, 4 de febrero de 2019.
[13] RAICH, Jordi, El espejismo humanitario, la especie solidaria al descubierto, Random House Mondadori, S.A., Barcelona, 2004. (Texto contraportada).
[14] “Guaidó: “Tenemos las variables para producir la transición lo más pronto posible”, entrevista con Juan Giuaidó, Andreina Itriago, Agencia Anadolu, Caracas, El Espectador, 4 de febrero de 2019, página 2.
[15] Citado en El Espectador, 10 de febrero de 2019, página 6.
[16] Declaración en El Espectador, 10 de febrero de 2019, página 6.
[17] “Esto es un proceso y no se da de la noche a la mañana”, Jesús Mesa Mosquera, El Espectador, 12 de febrero de 2019, página 7.
[18] Agencia EFE, Caracas, Venezuela.
[19] “Maduro promete bloquear “show” de ayuda humanitaria”, El Tiempo, 9 de febrero de 2019, página1.12.
[20] Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), Ginebra, 8 de junio de 1977. Citado por: VERRI, Pietro, Diccionario Derecho Internacional de los Conflictos Armados, CICR, Tercer Mundo Editores, Ginebra, Bogotá, 1998, página 76.
[21] Mensaje del expresidente de Uruguay Pepe Mojica, DW en español, www.pulzo.com/amp/nacion/critica-venezolanos-que-lamentan-maduro-pero-aplaudian-uribe-PP464445
[22] Es de recordar en tal sentido el hecho dramático e inaceptable que revelaron las imágenes de los reducidos grupos hostiles que en forma de asonada desde el lado colombiano arrojaban piedras y bombas incendiarias contra la GNB, sin que la Policía de Colombia lo impidiera, de forma que con evidencia produjeron el incendio del primer camión de la caravana que intentó penetrar por la fuerza a Venezuela, de forma que entre tales personas activas en tal ataque varias portaban chalecos con el emblema humanitario de Cruz Roja y otros otro chaleco adaptado para la jornada también con alusión a “ayuda humanitaria”, lo cual fue protestado en un comunicado público por el CICR y la Cruz Roja Colombiana, por ser uso abusivo del emblema de protección humanitaria, asociado al delito de traición o perfidia en DIH.
[23] Protocolo II, adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, de 1977.
[24] Mike Pompeo, John Bolton y Elliott Abrams, son tres “halcones” de la ultraderecha de EEUU relacionados con las políticas y las medidas de agresión militar en Nicaragua, El Salvador, Afganistán, Irak y Siria, partidarios de la salida militar e implicados en responsabilidades de esta potencia en graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Pompeo fue director de la CIA siendo responsable del espionaje masivo a gobiernos extranjeros, Abrams fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por genocidio en El Salvador y Bolton fue responsable de justificar como subsecretario de Estado la invasión a Irak con base en las mentiras sobre existencia en este país de armas de destrucción masiva.
[25] “Grupo de Contacto reconoce crisis en Venezuela e insta a “elecciones creíbles”, El Tiempo, 8 de febrero de 2019, página 1.9.
[26] “Venezuela: más allá de la ideología”, Arelene B. Tickner, El Espectador, 6 de febrero de 2019, página 7.
[27] “Venezuela: más allá de la ideología”, Arelene B. Tickner, El Espectador, 6 de febrero de 2019, página 7.
[28] “El camino de salida para Venezuela”, editorial, El Espectador, 4 de febrero de 2019, página 16.
[29] Bernard “Bermie” Sanders, mensaje circulado por redes sociales, febrero de 2019.
[30] Como secretario de UNASUR alentó con los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá, un diálogo entre el presidente Maduro y la oposición, el cual avanzó en identificar tres asuntos; necesidad de la estabilización económica, acuerdo para convocar elecciones generales con posibilidad de renovar mandatario, legislativo y convocar a un referendo y reforma constitucional para evitar la concentración de poderes por el ejecutivo. El punto económico avanzó hacia canales de ayuda social básica y humanitaria en lo relativo a medicinas con apoyo de Caritas, con disposición al respecto del Vaticano.
[31] “Venezuela: entre la guerra y la paz”, Ernesto Samper Pizano, El Tiempo, 10 de febrero de 2019, página 1.13.
[32] “Venezuela: entre la guerra y la paz”, Ernesto Samper Pizano, El Tiempo, 10 de febrero de 2019, página 1.13.
[33] “Y la frontera vibró”, informe especial, Semana, edición No. 1921, 24 febrero-3 de marzo, 2019, página 20.
[34] “Intervención militar sigue abierta, Venezuela y narcotráfico: eje de diálogo Duque-Trump”, Lorena Arboleda Zárate, El Espectador, 14 de febrero de 2019, página 5.
[35] “Cañando, cañando, la guerra va llegando”, Humberto de la Calle, El Espectador, 3 de febrero de 2019, página 34.
[36] Carta de bancadas de congresistas del Polo Democrático, Partido Alianza Verde, Colombia Humana, UP, MAIS y numerosas organizaciones sociales colombianas.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: eluniversal.com
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