La decisión del presidente deja al descubierto el objetivo del gobierno, muchas veces negado, pero ahora imposible ocultar. Se trata de echar por tierra lo pactado con las FARC.
Más allá de los argumentos que expuso Duque, ya resueltos en su momento por la Corte Constitucional, lo que augura un choque de trenes, y del embrollo jurídico que ha dividido al mundo de los jurisconsultos, quedó claro en el ambiente que presentará una reforma constitucional para modificar el acto Legislativo 01 de 2017.
Si el presidente anunció su intención de reformar la Constitución es porque ha concebido un escenario que va más allá de lo argumentado para objetar la ley estatutaria de marras, y aunque la teoría de la conspiración no goce de aprecio en el mundo académico, puede ayudar a atar cabos para brindar una explicación a lo que a muchos ha dejado inquietos.
La teoría de la conspiración deriva de la atribución de todos los males que afectan el orden público a individuos subversivos, cuya capacidad de seducción y coacción empuja a las masas a desafiar el orden legítimo sin razón aparente, pero con resultados funestos porque están bien planeados.
En este orden de ideas, para apreciar el alcance del anuncio del presidente de objetar la ley estatutaria de la JEP es importante tener en cuenta varios factores que apuntan a un objetivo que cada día queda más claro: evitar que se conozca toda la verdad, condición medular de la justicia transicional, de la reconciliación y de una paz duradera.
En primer lugar, aunque es claro que el Gobierno no cuenta con una coalición de partidos fuerte en el Congreso, le apuesta a dos posibles desenlaces. En el primero de ellos, el Congreso, deseando salvar el proyecto, accede a aceptar las objeciones del presidente, vulnerando el principio de la cosa juzgada y pasando por encima de la Corte Constitucional. En el segundo, si no hay acuerdo entre Cámara y Senado, el proyecto se archiva. En ambos casos el Gobierno se sale con la suya. Queda un tercer escenario, no imposible pero más difícil de concretar y es el de la oposición triunfante en el Congreso.
La decisión adoptada por el presidente implica que en principio la norma no pueda ser aplicada integralmente mas no su parálisis. Patricia Linares, la presidenta de la JEP ha sido clara al afirmar que mientras se surte el trámite en el Congreso, la JEP seguirá operando con lo que tiene, es decir, el Acto Legislativo 01 que Duque quiere reformar y que viene operando desde el 15 de enero de 2018. El resultado final depende, empero de lo que suceda en el Congreso y en este escenario lo que allí suceda es favorable a la apuesta del Gobierno.
En el sendero de ocultar la verdad e, inclusive, de darle vida a una nueva narrativa sobre el conflicto armado que cambie la caracterización de los actores, la teoría de la conspiración invita también a tener en cuenta los nombramientos de los directores del Centro de Memoria Histórica y del Archivo Nacional. Ambos han sido criticados por las teorías que han hecho públicas levantando una polvareda de críticas de expertos reconocidos.
Finalmente, argumentar que la JEP ha sido concebida para promover la impunidad favoreciendo a las FARC es olvidar que la JEP se creó para juzgar a todos los que se vieron involucrados en el conflicto, incluyendo a actores del Estado y actores privados que promovieron o financiaron crímenes y ejecuciones extrajudiciales. Que cuando de víctimas se habla no solamente deben contabilizarse las causadas por las FARC.
Bien sabido es que la historia la escriben los vencedores y que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Así mismo, que cuando de justicia se habla lo primero que viene a la mente es la ley del Talión. Sin embargo, lo que en Colombia se ha intentado es superar estos hechos asumiendo que solamente conociendo la verdad se producirá la catarsis que conducirá a la reconciliación. ¿Será posible algún día?
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Rubén Sánchez David: Profesor, Universidad del Rosario
Foto obtenida de: Demo Ikuna
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