Los índices de prevalencia en el consumo de cocaína ratifican la emergencia internacional de nuevas regiones que están siendo aprovechadas por las empresas ilegales de drogas (Véase Gráfico No.1):
Gráfico No. 1
Prevalencia anual estimada de uso de cocaína entre población de 15 a 64 años, 2016.
Fuente: UNODC World Drug Report 2018 Analysis of Drug Markets
Nótese el crecimiento importante de la demanda en Australia y África, la emergencia de Europa oriental y sur y el inicio de Asia como lugar demandante de cocaína, amén de la consolidación de todo Norteamérica y Europa occidental.
Este tipo de situaciones está revolucionando las rutas internacionales y está optimizando el comportamiento de las organizaciones distribuidoras transnacionales, convirtiendo a Brasil como el principal punto de reexportación de cocaína colombiana hacia África pero también, para atender mercados de Europa occidental y oriental usando esa vía. Así mismo Brasil se disputa con Estados Unidos la reexportación hacia Australia y es otra ruta usada para acceder a Asia, otro mercado en auge en esta mundialización de la demanda de cocaína. El punto de reexportación en esta vía son los Emiratos Árabes. Suráfrica pinta como otro lugar óptimo en la nueva geopolítica de la cocaína por su equidistancia frente a Asia y Oceanía.
El nuevo escenario ha conducido a que las nuevas estructuras empresariales estén cada vez más lejos de los viejos carteles, caracterizados por un mando vertical y afianzados culturalmente, en su origen nacional o local. La globalización de la cocaína también revoluciona las vías de acceso consolidando cada vez más el uso marítimo (70%) frente a las vías aéreas (15%) o terrestres (15%).[2] Este comportamiento afecta incluso el paso continental por México donde se registra una caída vertiginosa de uso terrestre que era del 70% en 2013 a sólo un 39% en 2016. Canadá parece ser un bastión estratégico en esta reconfiguración del mercado mundial desde donde se introduce cocaína a EU tanto para el consumo interno como para reexportar a Oceanía. El uso marítimo ha generado que lugares como República Dominicana, Puerto Rico, San Andrés (Colombia) recobren una actividad inusitada como en los viejos años 80 y parte de los 90 no sólo frente a EU sino en la distribución global.
Mientras todo esto sucede en el mundo, en Colombia se registra un debate que carece de una mirada transnacional del problema, que desconoce la complejidad de actores, y que se usa buscando restablecer el vínculo entre drogas e insurgencia como la quintaesencia del asunto, aspirando a una retroalimentación de narrativas que a la vez suministren réditos políticos locales.
La persistencia del conflicto sigue alimentándose del narcotráfico como economía de guerra con efectos que van desde la defensa del status quo afianzado por la contrareforma agraria exitosa, el asesinato de líderes sociales, hasta la búsqueda de beneficios privados en la prestación de múltiples servicios a narcotraficantes invisibilizados y que hacen parte del engranaje comercial internacional de orden ilegal. Pero las medidas estatales privilegian carriles distintos: se recurre al terror por la “amenaza al consumo infantil de drogas”[3], también a narrativas francamente delirantes de que la cocaína no puede salir ya de las fronteras nacionales y por tanto se promociona internamente y se habla con toda la irresponsabilidad posible de un escenario de epidemia en el consumo de drogas sin siquiera someter a crítica la debilidad estadística que caracteriza el tema del consumo en Colombia. Las valoraciones erráticas también alcanzan a las posturas críticas que, sin dar una sola evidencia, sobre interpretan la explicación de la presencia de estructuras mexicanas en suelo colombiano, que serían – para esta mirada – los reemplazos de grupos colombianos propiciando un hipotético enfrentamiento entre esas organizaciones y el gobierno de EU en suelo colombiano.
También hoy en día, en el intento por vincular narcotráfico en términos ideológicos, se busca establecer un nexo selectivo con el poder militar de Venezuela de modo que medidas radicales como la fumigación, cumpliría el papel que desarrollaba cuando se pretendía reducir a cero las ganancias de las antiguas FARC, al asociar cultivos de uso ilegal con su poder armado. Es una puerta abierta a las pretensiones intervencionistas de EU.
El vínculo de Venezuela con las drogas hay que verlo en términos continentales. Hay una larga historia que involucra la responsabilidad de diferentes gobiernos de Brasil en toda la zona norte con compromisos de estructuras de seguridad regionales y poderes locales; así mismo, el histórico rol del lavado de activos de Panamá; la corrupción retroalimentada con narcotráfico en Guatemala, El Salvador, Honduras o México; el lavado de activos y la vigencia de “zonas grises” en Argentina que envuelve la institucionalidad o más aún, en el caso colombiano el rol que ha jugado el narcotráfico en el despojo de tierras que estructuras paramilitares financiadas con esos recursos de origen ilegal, han jugado siempre al servicio de poderes emergentes que han logrado un gran peso político en Colombia. Ejemplos todos de una situación de crisis profunda de las aspiraciones a la construcción de un Estado moderno con una ética civil al mando en Latinoamérica. Izquierdas y derechas son co responsables en la ausencia de planteamientos serios frente al problema de las drogas: a modo de ejemplo, el desperdicio de las burocracias de UNASUR en asumir una mirada regional del problema y que hoy cobra más vigencia que nunca, es elocuente.
A pesar de que parece elemental, hay que volver a revisar la estrategia de reducción de la oferta. Lo que se puede observar es una confusión generalizada. A modo de ejemplo, usar la sustitución de cultivos como garante de reducción de la oferta es un contrasentido. El concepto de desarrollo alternativo asume los cultivos de uso ilícito como un síntoma de exclusión, marginalidad y pobreza sobre todo en zonas rurales. Siendo así, los indicadores de éxito de la política dirigida a esos territorios son la mejora de infraestructura, mercados sostenibles, diversificación productiva, acceso a recursos fundamentales para su inclusión social y económica como la tierra, el crédito y los mercados. En consecuencia, la creación de condiciones óptimas para la sostenibilidad de las alternativas productivas y de recuperación ambiental son la prioridad. No obstante, la política de echar por delante acuerdos de erradicación, evidencian que lo prioritario es reducir áreas y la creación de condiciones para hacer sostenibles las alternativas, lo consecuente. Todo esto en períodos de corta duración que en ningún lugar del mundo han logrado éxito alguno. Tailandia, considerado como el país de mostrar en estas materias, se propuso transformaciones en sus zonas excluidas en cinco años, período en el cual se crearon las condiciones óptimas que han permitido la sostenibilidad del abandono o la erradicación de los cultivos de opio. El cortoplacismo ha afectado las buenas intenciones de quienes buscan dispositivos más que políticas.
Como esta perspectiva se hace inviable, el acecho del prohibicionismo guerrerista con narrativas propias de una conciencia natural [4] no se hace esperar blandiendo la bala de plata en la “solución” del problema: fumigar, buscando de nuevo impactos de corto plazo sin vincular en sentido estricto, el profundo problema social, económico y de exclusión que está en la base de estos escenarios. La deuda del Estado colombiano en dar garantías de seguridad a las comunidades que buscan salir de los cultivos de uso ilícito debería ser la prioridad más que su criminalización. La demanda de fumigaciones aéreas sólo agrava las necesidades de la población cultivadora, incrementa su vulnerabilidad, desplaza los cultivos a nuevas zonas contaminando esas áreas tanto por la aspersión del veneno como por la reinstalación de su procesamiento, desordena temporalmente el suministro de psicoactivos y no resuelve el problema de la complejización del mercado internacional de cocaína.
En el contexto de los vacíos de una política criminal eficaz contra la economía ilegal de las drogas, en Colombia el estado perdió la guerra contra los bienes del narcotráfico tanto por corrupción de las instancias que manejan esos bienes, como por las estrategias de bloqueo de la extinción de dominio. De acuerdo con una investigación periodística,
se “estableció que de los 24.463 predios de la mafia y de corruptos que están en manos del Estado, 11.009 fueron entregados con ocupaciones ilegales… La cifra no es despreciable, porque todo el inventario de esos activos, incluidas haciendas, aviones, reses, sociedades y hasta obras de arte, valen 7,7 billones de pesos, la misma cifra que el gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento. Y los invadidos superan los 2 billones de pesos”.[5]
Este tipo de manejos se mantienen bajo restricción en cuanto al acceso de información generando niveles de bajo conocimiento y débil conciencia de su importancia a nivel de la opinión pública. Las discusiones públicas versan más sobre medidas centradas en las partes de mayor vulnerabilidad social de la cadena de las drogas declaradas ilegales. Mientras tanto en los niveles de mayor criminalidad y ganancias dentro del circuito de drogas se observan prácticas que terminan siendo medios de protección por omisión a la vez que se tolera el rol político y de seguridad de sectores emergentes del narcotráfico y de la corrupción, que buscan a toda costa legalizar sus ganancias extraordinarias. Con ello se ponen en evidencia los sesgos de las burocracias que responden más a la permisibilidad de las zonas grises, órdenes clandestinos o arreglos ilegales que borran las fronteras entre legalidad e ilegalidad y configuran un modelo institucional y un tipo de Estado que refleja la vigencia de sectores emergentes que afianzan prácticas culturales mafiosas que permean al conjunto de la sociedad. No obstante, se observa la funcionalidad del estigma y los discursos criminalizantes que recaen sobre productores de materia prima y consumidores de drogas.
Mientras esto siga sucediendo no hay solución medianamente posible a los efectos perversos de las políticas que se narran como de drogas, pero que en realidad contienen muchos intereses privados en escenarios de alta concentración de la riqueza y que buscan perpetuarse.
Conclusiones
- Hemos puesto un escenario internacional de expansión del mercado de cocaína con características promisorias para las empresas ilegales de distribución internacional y que suministran el psicoactivo colombiano prácticamente sin competencia.
- Esto supone una revolución en el carácter de las organizaciones, tipo de consorcios, rutas, sitios de reexportación, instrumentos de trasiego y los mecanismos de lavado donde finalmente se realiza el movimiento económico. Supone también la fortaleza sin precedentes de grupos sociales emergentes que se están enriqueciendo con esa expansión.
- La discusión en Colombia tiende a subestimar este escenario que es el núcleo del problema. Las narrativas de medios de comunicación, pronunciamientos de funcionarios y decisiones de política, ponen en el centro a los cultivos de uso ilícito como el núcleo del narcotráfico y complementariamente, se toman medidas más cercanas a un populismo punitivo y que violan derechos fundamentales contra los consumidores de drogas.
- Si bien las fumigaciones son un aspecto que golpea a los productores, al medio ambiente y sabemos que no resuelven el problema, ellas no pueden ser el eje de la discusión sino la política que busca justificarla, es decir la estrategia de reducción de la oferta y más allá, el involucramiento de los usos de las políticas que es lo que explica por qué las estrategias antidrogas se siguen replicando a pesar de que ellas “no funcionan”.
- Colombia carece de una política criminal sobre drogas declaradas ilegales y las decisiones como en el actual gobierno, hacen parte de medidas que buscan mejorar imagen o mandar mensajes a Washington afirmándose en narrativas que estadísticamente no sustentan la supuesta correlación entre crecimiento de áreas de coca en Colombia y su problema de salud pública de drogas. Las narrativas de las drogas asociadas al régimen venezolano buscan otro nicho de convergencia en materia de seguridad y control político.
- Como se ha observado en el panorama internacional de los mercados de cocaína, el problema es transnacional compromete múltiples regiones y por tanto su tratamiento debe ser multilateral. Contra esta evidencia, el gobierno colombiano adopta un alineamiento frente a Estados Unidos avalando las falsas correlaciones entre crecimiento de la coca y los problemas de uso en EU. Se ha tomado entonces una vía errática e impredecible que puede tener altos costos para Colombia, abandonando un proceso que podría dar más luces en el mediano y largo plazo sobre una política mundial que se necesita construir y que asuma las evidencias que se obtengan desde una mirada rigurosa y detallada sobre los usos recreativos, buscando el menor daño posible de psicoactivos como la cocaína y de las políticas que la regulan.
- Colombia ha perdido su guerra contra el narcotráfico en la ineficacia de las medidas sobre extinción de dominio, verdadero núcleo del problema desde el punto de vista económico y de política criminal. De ese costoso fracaso emergen preguntas sobre el gran poder de quienes controlan el área gris entre legalidad e ilegalidad afectando el sistema de justicia, incidiendo económicamente en la actividad política, comprometiendo las pretensiones de un Estado liberal moderno como fin, a la vez que se aproxima a una configuración preocupante sustentada en el ejercicio privado de la violencia, en el no reconocimiento a reglas de juego y la vigencia de la corrupción que le es afín. Acabar con el narcotráfico no es tan sencillo como fumigar tal como lo cree el ministro de la defensa de Colombia.
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Ricardo Vargas M.
Foto obtenida de: La Opinión
[1] Australian Criminal Intelligence Commission “Illicit drug data Report 2016-2017” y UNODC World Drug Report 2018 Analysis of Drug Markets.
[2] UNODC, Ibidem.
[3] La impunidad en el uso de recursos públicos del PAE por parte de políticos locales, la reiteración y crecimiento del drama de las niñas prostitutas en la autopista de Medellín o la muerte por hambre de niños wayú, entre múltiples ejemplos, deja entrever que sólo se trata de un uso político del tema. Véase Revista Semana “Así se habrían cartelizado las empresas en licitaciones del PAE”, enero 23 e 2019. 1https://www.semana.com/educacion/articulo/como-va-la-investigacion-a-empresas-por-licitaciones-del-pae/598950. Lozano Mabel, “Las niñas prostitutas de la autopista de Medellín” El País, marzo 28 de 2019. https://elpais.com/elpais/2019/03/22/planeta_futuro/1553264871_913393.html
[4] Véase un excelente ejemplo en Botero, Guillermo “Es el narcotráfico, no la aspersión aérea”, periódico El Tiempo, marzo 21 de 2019
[5] “La invasión de 11 mil tesoros de la mafia en manos del Estado febrero 17 de 2019”
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