La decisión del presidente Duque de impugnar seis de los ciento cincuenta y nueve artículos de la norma estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya examinada por la Corte Constitucional, es una continuación de la campaña emprendida en redes sociales, vallas, medios escritos contra los magistrados y altos funcionarios que no se amoldan a la voluntad de su tutor. Como el Procurador General de la Nación duramente criticado, no solamente por rechazar las objeciones del presidente Duque, sino por llamar al orden a la directora de la Agencia de Desarrollo Rural por incurrir en falta disciplinaria por favorecer al candidato del partido de gobierno en el departamento de Boyacá para las próximas elecciones locales de octubre.
En una acción estratégica, la Corte Constitucional anunció que haría el examen definitivo de la ley estatutaria de la JEP después de que el Congreso tramite las objeciones del presidente de la República, pero esta circunstancia solamente aplaza la confrontación con el primer mandatario y sus seguidores.
En efecto, si el Gobierno no obtiene la mayoría absoluta en el Congreso, Duque no tiene opción distinta a firmar la ley sin modificación alguna. Pero si sucede lo contrario, escenario que no se puede descartar, el proyecto de ley debe ir a la Corte Constitucional que, muy seguramente, rechazará las modificaciones que considere improcedentes, lo que dará lugar al vaticinado choque de trenes dado que el presidente se ha ido en contra del Estado de derecho.
Un posible resultado de la confrontación que atrae la atención de la ciudadanía es lo que acaba de suceder en el partido Cambio Radical respecto del apoyo o rechazo del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno al Congreso.
Al término de las elecciones legislativas, Cambio Radical planteó una alianza con el Partido Liberal para actuar en conjunto desde la posición de partidos independientes. Consecuente con sus planteamientos, Germán Vargas Lleras, jefe del partido, anunció su oposición al proyecto del Gobierno, pero la defección del senador Luis Eduardo Díazgranados salvó el quórum al Gobierno y con ello el primer debate del proyecto. Posteriormente a la votación, Díazgranados le expresó a Vargas Lleras que había obedecido las directrices de su mentor, el barranquillero Fuad Char. Quedó así al descubierto la puja por la jefatura de Cambio Radical y la fractura en su seno, protagonizada por quienes quieren apoyar al gobierno del presidente Duque y los que quieren conservar su independencia.
Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP han quedado en el campo del Congreso donde su desenlace incidirá en su gobernabilidad. Ahora bien, no todos los escenarios le son favorables a Duque. La votación de las objeciones obligará a los congresistas que destapen sus cartas y sus efectos impactarán en el orden de prioridades del Ejecutivo. En la actualidad, el escenario más candente e incierto lo protagonizan los indígenas en el Cauca que reclaman el cumplimiento de repetidos compromisos nunca respetados. El paro indígena que cuenta con el apoyo de comunidades campesinas y maestros, y que ha causado millonarias pérdidas económicas, ha abierto otro frente de confrontación al Gobierno tanto en el terreno como en el Congreso.
El objetivo confeso del Centro Democrático es modificar de raíz el Acuerdo de Paz con las FARC y es teniendo este hecho en mente como deben interpretarse las jugadas del Ejecutivo las cuales terminan por afectar a las víctimas del conflicto armado que dice son su prioridad. A lo ya mencionado cabe agregar la denuncia de Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros quien considera que el proyecto de reforma a la Ley de Víctimas de la senadora María Fernanda Cabal lo que pretende es legalizar el despojo de tierras de los últimos treinta años a favor de empresarios terratenientes.
La política del Gobierno ha sido atacar todo lo que no le place, particularmente el Acuerdo de Paz, así deba ir en contravía del Estado de derecho, pero frente a él se pronuncian la oposición, la calle y los organismos multilaterales, comenzando por la ONU que ha instado al Estado colombiano a actuar con rapidez para despejar el camino de la reconciliación.
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Rubén Sánchez David
Foto obtenida de: El Heraldo
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