Una vez que el país conoció que había un Acuerdo inicial entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP para iniciar un proceso de conversaciones en La Habana, en agosto de 2012, con el apoyo del Rector de la UN en ese momento, el Profesor Ignacio Mantilla, iniciamos la conformación del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz (CPSDP), con el apoyo y colaboración de una treintena de colegas que igualmente desde tiempo atrás venían reflexionando sobre el tema, con la idea de contribuir en todo lo que estuviera a nuestro alcance con el proceso que apenas se iba iniciar. En noviembre del 2012, unas dos semanas después de iniciadas las conversaciones en La Habana, me llamaron desde allá para consultar si estábamos en disposición de colaborar, junto con la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, en organizar los Foros de participación ciudadana que se iban a realizar. Previa consulta con el Rector de la UN aceptamos inmediatamente esta tarea, que se situaba en la dirección de los objetivos que nos habíamos propuesto en el CPSDP.
Días después viajamos a La Habana, junto con el coordinador residente de Naciones Unidas y nos reunimos con la Mesa de Conversaciones para recibir las instrucciones del caso para la realización de los Foros de Participación Ciudadana. Posteriormente tuvimos reuniones bilaterales con cada una de las Delegaciones y allí, para mi sorpresa evidencié dos perspectivas diferentes. La Delegación de las FARC nos dijeron, se trata de seis temas de agenda que vamos a desarrollar y acordar en estas conversaciones. La Delegación del Gobierno nos dijo, se trata de cinco puntos la agenda y el de implementación a cargo del Gobierno. Parece un tema anecdótico, pero es interesante plantearlo de entrada, porque considero que desde siempre hubo diferencias de opiniones acerca de lo que se entendía acerca de la implementación, sus alcances y responsabilidades.
Dicho lo anterior y cuando se intenta hacer un balance acerca de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, considero que se debe partir de reconocer la derrota en el plebiscito por los sectores opuestos al mismo; esto es de gran relevancia porque justamente esas fuerzas políticas y sociales fueron las que posteriormente ganaron la competencia por la Presidencia de la República y por supuesto no era fácil esperar un compromiso con la implementación del Acuerdo de un Gobierno que justamente había sido elegido con las banderas de oponerse al mismo. Esto parecen olvidarlo algunos analistas y considero, por el contrario, que es un factor de gran relevancia, porque una cosa es que las salvaguardas constitucionales y legales, así como el franco apoyo de la comunidad internacional impidieron que se ‘hiciera trizas’ el mismo, pero no podíamos esperar un compromiso político en la implementación, más allá de lo que formalmente obligaban los mandatos normativos.
Igualmente, hay que mencionar algo que se tiende a omitir, como un factor en contra de la implementación del Acuerdo de Paz y es el abandono del mismo por parte de algunos líderes de las antiguas FARC –encabezados por el jefe negociador-, que si bien no logró que un puñado grande de los excombatientes acogieran los ‘cantos de sirena’ para regresar al uso de la violencia, sí impactó negativamente en un sector de la sociedad colombiana.
Y no podemos dejar de mencionar las complejidades de la implementación de los Acuerdos de Paz, en cualquier sociedad; no sólo porque normalmente los Acuerdos tienden a ser un catálogo de buenas intenciones y la implementación es el esfuerzo por volverlos realidad, total o parcialmente y adicionalmente porque implementar los Acuerdos conlleva dimensiones de orden presupuestal y comprometen la capacidad de gestión del Estado y ello efectivamente no es nada sencillo.
Debemos decir que ha habido incumplimientos del Estado -del Congreso, del Gobierno de Santos y del de Duque-, que se deben denunciar, pero no puede perderse la perspectiva de temporalidad de la implementación del Acuerdo, como lo concertaron en su momento el Gobierno Santos y las FARC, en el Plan Marco de Implementación, al establecer una temporalidad de quince años para esto –tres gobiernos adicionales al que firmó el Acuerdo y estamos al final del primero-.
Si intentamos hacer un balance general de aspectos positivos y negativos –aclarando que no es la pretensión de este artículo de opinión hacer un análisis detallado y exhaustivo, para lo cual hay información suficiente de los organismos encargados del seguimiento-, podríamos resaltar en el campo de lo positivo dejado por el Acuerdo en estos primeros cinco años de su implementación lo siguiente:
i) la guerrilla más numerosa y mejor armada de la historia del conflicto colombiano se desmovilizó, hizo su proceso de desarme y se entregaron las armas, municiones y explosivos a la Misión de la ONU a la cual se le asignó esta tarea;
ii) se inició y ha avanzado, no sin dificultades, el proceso de reincorporación de los excombatientes, en lo político, lo económico, lo social. Según fuentes del Gobierno siguen vinculadas al Registro Nacional de Reincorporación 12.400 personas. Se debe resaltar la formación del Partido Político Comunes –previamente se denominó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, que como sucede en muchos casos no está exento de sus tensiones y dificultades internas propias del mismo proceso de tránsito de una estructura jerárquico-piramidal propia de una guerrilla como lo era las FARC, a una situación en la cual salen a flote los debates, diferencias y tensiones propias de un colectivo de esta naturaleza. Como estaba establecido en el Acuerdo, al Partido Comunes, previa participación en las elecciones, se le hicieron entrega de las diez curules –cinco en Cámara de Representantes y cinco en Senado para el período 2018-2022- para dar expresión a la representación política de esta antigua insurgencia. La Universidad Nacional, junto con la Universidad del Rosario y el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) adelantaron un Diplomado sobre Gestión en el Congreso, para dar capacitación básica tanto a los que iban a ocupar las curules como a sus unidades de apoyo legislativo.
Igualmente debemos decir que la Universidad Nacional realizó el Censo Nacional socio-económico de los miembros de la comunidad FARC, que sirvió de una especie de ‘línea de base’ para iniciar los procesos de reincorporación social y económica; posteriormente se han realizado otros ejercicio censales.
iii) se aprobó por el Congreso de la República el Estatuto de Oposición, acordado por los partidos políticos –con la sola excepción de una fuerza política-, el cual entró en vigencia a partir del 20 de julio de 2018; esto materializó un pendiente que existía desde la expedición de la Constitución de 1991;
iv) se puso en marcha el funcionamiento de las distintas entidades creadas en el Acuerdo y que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), ahora denominado Sistema Integral de Paz (SIP), que son la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión Especial de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón del conflicto (UBPD), las cuales han venido cumpliendo con sus tareas misionales, con gran eficacia y entusiasmo. La Comisión de la Verdad está cercana a terminar su mandato y por consiguiente a la entrega de su Informe al país, el cual será, sin duda, un documento de la mayor importancia;
v) se pusieron en marcha las instancias establecidas en el Acuerdo, la CISIVI y el CNR, pero claramente no exentas de tensión en la medida en que se han dado diferencias de interpretación acerca del rol a cumplir por las mismas;
vi) se empezaron a poner en funcionamiento las emisoras comunitarias previstas en el Acuerdo para que cumplan tareas de contribuir a la difusión del mismo y a la reconciliación local;
vii) en el caso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), el Gobierno reporta a 99.097 familias campesinas vinculadas que han sustituido 18.151 hectáreas de coca;
viii) igualmente se formularon los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pedets), con una metodología de participación social en los 170 municipios seleccionados y el Gobierno estima en 9,32 billones de pesos la inversión hecha en dichos municipios, bajo diversas modalidades presupuestales. Sin embargo, allí hay una gran controversia por cuanto si bien es real la realización de obras en dichos municipios, la controversia es si esto refleja una estrategia de desarrollo territorial en cada una de estas regiones Pedets o más bien se trata de una sumatoria de obras que no necesariamente reflejan esa estrategia transformadora que se buscaba;
ix) Igualmente el Gobierno reporta un total de 27 procesos de reparación colectiva culminados y en lo relativo a reparaciones individuales se informa de 318.795 indemnizaciones y un total de 190.904 víctimas individuales que accedieron al programa de acompañamiento. El Registro Único de Víctimas llegó a la cifra de 9’153.078, de los cuales en los 170 municipios PEDETs están 2’941.123
Entre los aspectos negativos y pendientes a destacar están:
I) el asesinato de los ex combatientes de FARC en cifras cercanas a las 280 personas; excombatientes que se desarmaron y confiaron en que su vida sería protegida por el Estado y evidentemente no se ha hecho –así fuera un excombatiente asesinado ya sería preocupante y la cifra es por supuesto alarmante-; sin duda, este es el principal y más sensible punto de preocupación de la comunidad internacional y debería serlo del Gobierno y la sociedad en su conjunto. A esto se agregan los cientos de líderes sociales igualmente asesinados. En relación con este punto es importante recordar cómo el Estado colombiano, tanto en el anterior Gobierno como en el actual no hicieron su tarea adecuadamente; y ¿cuál era esa tarea? En primer lugar copar los territorios con una estrategia que implicara presencia de Fuerza Pública y lo más importante, iniciar procesos locales y/o regionales de construcción de Estado en los territorios para de esa manera construir legitimidad social, impedir la siembra de cultivos de uso ilícito y asociado a esto poder controlar y combatir los grupos ilegales dedicados a esta actividad delincuencial y dar una protección real a los líderes sociales y a los excombatientes;
ii) el escaso desarrollo en implementación del punto de Reforma Rural Integral, punto inicial del Acuerdo por lo sensible del mismo. Es verdad que el Gobierno inició la elaboración de un ‘piloto’ del Catastro Rural Multipropósito, con financiación del BID, que es sin duda un tema central para el desarrollo de las políticas relacionadas con el sector rural; sin embargo los programas de restitución de tierras, asignación de tierras a campesinos y demás grupos sociales demandantes, han tenido resultados muy precarios hasta el momento;
iii) otro gran pendiente es la Reforma Política Electoral que fue ‘hundida’ en el Congreso en su primera presentación; esperamos que el nuevo Congreso que se elija en 2022 aboque nuevamente esta iniciativa, una vez inicie sus sesiones a partir del 20 de julio de 2022; no olvidemos que eso no es una reforma para beneficiar al Partido Comunes, no, es para hacer más clara y transparente la competencia política electoral para todos los actores que intervienen en la misma. Igualmente las dieciséis (16) curules a Cámara de Representantes para las víctimas de las regiones más golpeadas por el conflicto, cuyo futuro estuvo embolatado, finalmente por decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se lograron aprobar y tendremos en marzo próximo, en las elecciones de Congreso, la elección de los primeros representantes de víctimas de los territorios altamente afectados por el conflicto armado;
iv) si bien el Acuerdo establecía un conjunto de mecanismos para propiciar una cultura de convivencia, respeto y reconciliación, desafortunadamente hasta el momento no es mucho lo realizado; ahora se está planteando desde el Ministerio del Interior la expedición de unas normas para estimular la convivencia. En este campo es mucho lo que está pendiente por hacerse;
v) partiendo de lo señalado, que el tiempo establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo fueron quince años, es de la mayor importancia que las fuerzas políticas y sociales amigas de la paz hagan el esfuerzo por elegir gobierno, tanto en 2022 como en 2026 que expresamente se comprometan con la implementación integral del mismo, porque de ello va a depender mucho el que se pueda dar el empujón definitivo al proceso de implementación o se siga flotando como ‘corcho en remolino’.
Por último, hay que decir que se necesita que el siguiente Gobierno retome con seriedad la posibilidad de un proceso de conversaciones con el ELN, para buscar una superación concertada del conflicto armado. Por supuesto, ello supone que en el campo del ELN igualmente hayan avanzado en la reflexión política necesaria para valorar que lo más conveniente para el país y para ellos mismos, como fuerza política, es que se decidan a dar el paso de transitar el camino de dejar las armas previo un proceso de acuerdos con el gobierno y la sociedad, de abandonar su política de ‘resistencia’ y asumirse como una fuerza social y política que puede contribuir mucho a la democratización del país y a apoyar, desde la civilidad activa las luchas sociales en esa dirección.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular de la Universidad Nacional. Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la UN.
Foto tomada de: Semana.com
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