En nuestra versión de novela-país la composición del gobierno nacional tiene una alta dosis de personajes secundarios o quizás irrelevantes como los antes descritos, pero con una gran capacidad de golpear un sistema de instituciones sin ningún tipo de limitante, ni pasando 7 veces por un curso de teoría del derecho les bastaría para entender por qué importa cuidar un sistema democrático.
En diferentes casos lo importante es el resultado para la imagen de la corte del Duque, lo relevante es el poder, irrelevante resulta la estabilidad de una frágil democracia para el ducado, sea insinuar que la Corte Constitucional no debía intervenir algunos temas, incitar el rompimiento de relaciones internacionales, proteger ministros implicados en posibles delitos contra la administración pública, tantos ejemplos que podríamos referir, nuestro caso de hoy un gobierno que se siente con legitimidad para negar el lugar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, negar el lugar de un Distrito y sujetos de distinta vertiente jugando con las instituciones como niños patéticos y envidiosos con crayolas.
Desde la noche del 10 de mayo en el momento en que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, anuncio públicamente la suspensión del Alcalde del Distrito de Medellín, la larga lista de pronunciamientos donde se advertía y criticaba la decisión del Ministerio Publico se podía resumir a groso modo en cuatro preguntas ¿Por qué volver a cometer el mismo error? ¿Por qué desconocer las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Por qué hacerlo días antes de las elecciones a la presidencia en primera vuelta? ¿Por qué no suspendían igualmente al General Eduardo E Zapateiro?
Siguiendo una particular por no decir cínica tradición de anunciar decisiones sin tener aun la redacción normativas de las medidas, siendo este un pequeño del magno ejemplo de respeto que se le brinda a los procedimientos y el debido proceso, ese día se suspenden dos alcaldes, uno por motivos políticos y de revancha (Medellín) otro para simular una falsa idea de equilibrio y justicia “imparcial” del órgano de control (Ibagué), opto por no entrar en detalles sobre las funciones de la Procuraduría General de la Nación y la Procuradora de turno, seria torpe gastar palabras haciendo llamados a la imparcialidad a una funcionaria que está al servicio de un gobierno, digamos una Ministra a sueldo que simula ser procuradora, en este caso como en muchos de la oposición no hay imparcialidad solo hay sesgo.
La decisión de la procuraduría se desarrolla en dos contextos que concurren, lo primero es la campaña a la primera vuelta por la presidencia de la república donde era de público conocimiento el respaldo de Quintero Calle a Gustavo Petro, afectando parcialmente los intereses del partido de gobierno en su bastión electoral, lo segundo es el fracaso (también desde lo jurídico) que tuvo el intento de revocatoria de mandato, que en su recta final no logro superar el proceso de rendición de cuentas por los malos manejos desde lo ético, político y financiero.
Estos dos temas que fueron concurrentes entre el mes de abril y mayo colocaron al gobierno en un camino de revancha, no les era admisible que un alcalde del segundo enclave económico del país apoyara al caudillo, los únicos facultados para intervenir en el escenario electoral eran ellos, nunca los otros, el goce de violar la ley y la constitución siempre estará reservado para los ungidos.
Para contexto del lector es pertinente un breve repaso de algunas de las decisiones que han marcado el caso del alcalde Quintero como lo son las siguientes, i) Suspensión por parte de la Procuraduría con el fundamento de participación en el escenario político de la contienda electoral, ii) Designación de un Alcalde (e) afin al régimen de Gobierno y no del movimiento político del alcalde electo, iii) la no procedencia de la medida cautelar solicitada en las acciones de tutela presentadas por la ciudadanía con la pretensión dejar sin efectos la medida de la Procuraduría, iii) Acumulación de procesos de tutela en el Consejo de Estado, pendientes por una decisión iv) Remisión por parte de la terna con la postulación de los nombres de las secretarias del despacho definidas por el movimiento Independientes, para ocupar de forma provisional el despacho en calidad de Alcaldesa (e) v) Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco de la medida cautelar del proceso que cursa en el despacho donde se suspende el nombramiento de Juan Camilo Restrepo, como alcalde (e), a lo cual le siguen la apertura de incidente de desacato ante el desafío público por parte del gobierno de desconocer la medida del tribunal y sostener a Restrepo en un cargo de forma ilegal e ilegítima, o mejor expresarlos en los términos que corresponde, desconocer la rama judicial y la separación de poderes.
A la fecha no se tiene el nombramiento de alguna de las secretarias del despacho postuladas en la terna, sumado a la aclaración de la decisión del Tribunal de entender que la decisión del despacho no se traduce en el regreso inmediato al cargo de, Quintero Calle, a corte del 31 de mayo la procuradora Cabello levanto la suspensión de los Alcaldes de Ibagué, San Juan de Nepomuceno y Timana, dejando como única figura relevante a, Quintero Calle, bajo los efectos de la suspensión, en pocas palabras dejando a la cuidad de Medellín sin Alcalde.
Esto es un brusco resumen de lo preponderante en materia jurídica de este caso, ahí es donde nos ubicamos para interpelar el lugar de la institucionalidad en los imaginarios del gabinete de gobierno, donde sus formas, métodos y propósitos lo único que logran es afectar una administración distrital, sacando a la cuidad de la ejecución de un Plan de Desarrollo e incorporándola en una lógica de disputas de un Gobierno Nacional que se cae a pedazos en credibilidad e imagen, la disputa por Medellín no es la disputa por su democracia interna, estas decisiones tienen un contexto donde poco o nada importa el video del cambio en primera o dejar ver el tarjetón electoral, lo que si les importa es no tener control sobre los rumbos de la política y la narrativa de la cuidad ad portas de un cambio de régimen político.
La decisión de, Margarita Cabello, carece de principios y fundamentos normativos, carente de proporcionalidad siendo unos de los principios que pudo orientar este caso, una anulación sustancial del principio de igualdad que predica “Donde existe la misma razón aplicar la misma disposición” es claro que no fue ni la misma razón y menos la misma disposición con el General del Ejército intimidando a un candidato a la Presidencia, los constantes pronunciamientos de un Presidente de la Republica o eso finge ser o de muchos alcaldes reunidos en una congregación de municipios identificándose y ratificando su apoyo al fusible electoral de turno.
Al Gobierno poco le importo los efectos en el funcionamiento de la administración publica de suspender un alcalde de una capital días antes de una primera vuelta presidencia, poco le importo los argumentos sesgados empleados para justificar una suspensión, para ser realistas poco le importa la participación en política, lo relevante es que era una participación en apoyo a un candidato diferente a su sequito.
Poco les ha importado desconocer un precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poco le importo desconocer una decisión de medida cautelar de un Tribunal Administrativo, un gobierno al que poco o nada le importa el respeto a la autonomía judicial y los jueces, poco le ha importado desconocer una ley que le reclama el nombramiento desde una terna y no desde el capricho, para resumir un gobierno que prefiere usar la Constitución como recurso de limpieza sanitario del baño del presidente, siendo este el mismo gobierno que se rasga las vestiduras por las decisiones que se adoptan en Medellín cuando se entra en legitima pugna con algunos sectores del empresariado o cuando esa misma alcaldía visibiliza los contextos de violencia y conflicto de los falsos positivos con vallas, es un gobierno cuya única institucionalidad a proteger es aquella que sirve a los interés del gobierno.
La gravedad de esta sumatoria de formas de desconocer el ordenamiento jurídico repercute en la forma como socialmente se recibe un discurso que desinstitucionaliza procesos, si algo tienen en común los fascistas, tanto los vergonzantes como los airosos es su urgente necesidad de borrar los contenidos de las democracias, convertir las instituciones en sujetos y esos sujetos en mecanismos, no importa la memoria institucional, las metas o indicadores, poco importa los planes de inversión, menos aún importa las afectaciones que esto puede desatar en la atención de los servicios a la ciudadanía.
Para el Gobierno Nacional lo determinante de Medellín nunca ha sido ese falso mito de la cuidad que asimilan a una tasa de plata, para estos lo determinante es derretir la “plata”, les vale huevo la taza, para no extenderme más prefiero retomar un breve fragmento del artículo “Cuándo nacen las dictaduras” del Columnista Augusto Trujillo Muñoz, “En Colombia nos falta ciudadanía participante y activa, pero nos sobra dirigencia inepta, con ínfulas de una solvencia que no tiene y sin experiencia en el manejo del Estado”.
A la democracia le faltan demócratas.
Abdiel Mateus
Foto tomada de: Vanguardia
Deja un comentario